Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00958-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2024-00958-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: JUZGADO CINCUENTA Y DOS ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
26 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a “[…] la falta de formación técnica y jurídica
del juez y de su equipo en materia socioambiental […]” y a la providencia de 13 de
septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos del Circuito de
Bogotá, dentro de la acción popular núm. 11001-33-42-052-2021-00290-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que presentó junto con los señores Ana Rodríguez Abril, Irma Llanos
Galindo, Adriana Mildred García, Luis Victoria Vargas, Hernando Rodríguez Abril,
Henry Jaramillo González y José Frank Quintero Gamboa la acción popular con el
número de radicado 11001-33-42-052-2021-00290-00 contra el Distrito Capital -
Secretaría Distrital del Medio Ambiente y la Empresa Metro, a través de la cual
solicitaron, entre otras “[…] Amparar los derechos fundamentales colectivos al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
medio ambiente sano, conexo con el de SALUD, VIDA, VIDA DIGNA, dado que no
se tienen estudios de FAUNA SILVESTRE desde todas sus familias faunísticas con
el suficiente rigor científico y ya que se van a realizar procedimientos nocivos para la
fauna como TALA, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, COMPACTACION DE
SUELOS CON MAQUINARIA , DESCAPOTE, REMOSION DE SUELOS,
OCUPACION DE CAUSE, ENDURECIMENTO DE SUELOS, PERFORACIONES
EN EL SUELO y SUBSUELO […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula original del
texto, y sic en toda la cita].
2.2. Precisó que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Cincuenta y
Dos del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto de 13 de
septiembre de 2021, rechazó la demanda.
2.3. Refirió que “[…] [e]l mencionado Juzgado, a pesar de su obligación de garantizar
la protección efectiva de los derechos colectivos, no cuenta con la formación
académica, experiencia técnica ni la experticia necesaria para abordar conflictos
socioambientales de alta complejidad […]”.
2.4. Agregó que la autoridad “[…] [n]o […] ha presentado evidencia de que se haya
acudido a peritos expertos en derecho ambiental o en materias técnicas pertinentes
para suplir la falta de experticia en estos litigios por parte del juez. Esta omisión
compromete gravemente la calidad de la decisión judicial y, por ende, vulnera el
derecho al debido proceso (Art. 29, C.P.) […]”.
2.5. Manifestó que“[…] [e]l mencionado Juzgado tampoco realizó una evaluación
adecuada ni postuló pruebas suficientes que permitieran establecer con precisión la
magnitud del daño socioambiental en el caso si no lo dejo a su libre albedrío, dejando
sin fundamento técnico las medidas adoptadas y generando una afectación grave a
los derechos colectivos […]”.
2.6. Finalmente, sostuvo que “[…] [l]a falta de formación técnica de los jueces que
atienden conflictos socioambientales no solo vulnera el debido proceso, sino que
también genera desigualdad en el acceso a la justicia (Art. 13, C.P.). Esto afecta
especialmente a las comunidades vulnerables, como las poblaciones rurales,
indígenas, campesinas, que dependen directamente de los recursos naturales y
cuyos derechos colectivos son objeto de protección en este tipo de litigios […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la justicia, a la igualdad y a la protección de los
derechos colectivos, en el marco del proceso 11001334205220210029000, por
la falta de formación técnica y jurídica del juez y de su equipo en materia
socioambiental.
3
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
2. Que se ordene al Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá - Segunda
Oralidad demostrar si, para el desarrollo de este proceso, se adoptó la
intervención de peritos técnicos especializados en conflictos socioambientales
de alta complejidad. En caso de no haberse adoptado dicha medida, se ordene
anexar las hojas de vida del juez, auxiliares y demás personal de despacho, para
verificar su formación y experiencia en materia socioambiental.
3. Se ordene al Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá - Segunda
Oralidad presentar un informe detallado del conflicto socioambiental demandado,
incluyendo su comprensión técnica del mismo, las medidas adoptadas para
garantizar la protección de los derechos colectivos involucrados, y su experiencia
previa en la resolución de conflictos de naturaleza similar.
4. Que, subsidiariamente, se remita el caso a una instancia judicial con formación
técnica y experiencia demostrable en la resolución de conflictos
socioambientales, a fin de garantizar una eventual revisión y la correcta
administración de justicia en el caso.
5. Que, en el marco del proceso judicial, se requiera al despacho remitir la
carpeta digital del proceso RAD 111001334205220210029000, incluyendo todas
las pruebas, documentos, y actuaciones realizadas, para verificar las medidas
adoptadas en garantía del acceso efectivo a la justicia y el debido proceso […]”.
[Negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 18 de noviembre de 2024, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela.
5. El Despacho sustanciador en segunda instancia, mediante auto de 13 de diciembre
de 2024, dispuso: “[…] poner en conocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente
del Distrito Capital de Bogotá, de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y de los señores
Ana Rodríguez Abril, Irma Llanos Galindo, Adriana Mildreth García, Luz Victoria
Vargas, Vladimir Lenin Rodríguez Abril, Henry Jaramillo González y José Frank
Quintero Gamboa, la causal de nulidad prevista en el artículo 133, numeral 8. del
Código General del Proceso […]”.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
6.1. El Juez Cincuenta y Dos del Circuito de Bogotá informó que el accionante
presentó acción popular en contra del Distrito Capital – Secretaría Distrital del Medio
Ambiente y Empresa Metro la cual fue rechazada mediante auto de 13 de
septiembre de 2021, al advertir que cursaba otra acción popular con identidad de
partes y objeto.
4
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
6.2. Señaló que la decisión de rechazo fue notificada el mismo día que se profirió el
auto, sin embargo, la parte actora “[…] guardó silencio, es decir, no presentó algún
medio de impugnación frente a la citada decisión, por lo que la decisión quedó en
firme […]”.
6.3. Por último, solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de inmediatez.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente
la presente acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el
análisis del Tribunal era incorrecto por la persistencia de la vulneración, por el
descubrimiento reciente del problema estructural y por la relevancia de los derechos
afectados.
9. Por último, señaló que “[…] Las falencias estructurales del sistema judicial
colombiano en litigios ambientales afectan gravemente el debido proceso, el acceso
efectivo a la justicia y los derechos colectivos al ambiente sano. La falta de formación
técnica de los jueces, la omisión en el uso de peritos y la ausencia de medidas
correctivas han perpetuado la desprotección de derechos fundamentales y
colectivos. Este caso subraya la necesidad urgente de implementar reformas
estructurales que garanticen una justicia especializada en conflictos
socioambientales […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en una “[…] la falta de formación técnica y jurídica del juez y
de su equipo en materia socioambiental […]”.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. Elseñor Ericsson Ernesto Mena Garzón solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a “[…] la falta de formación técnica y jurídica
del juez y de su equipo en materia socioambiental […]” y a la providencia de 13 de
septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Cincuenta y Dos del Circuito de
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.
7
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Bogotá, dentro del medio de la acción popular núm. 11001-33-42-052-2021-00290-
00.
21. La Sala debe precisar que aunque el accionante manifiesta que el motivo de su
inconformidad obedece a la “[…] falta de formación técnica y jurídica del juez y de su
equipo en materia socioambiental […]” del Juzgado Cincuenta y Dos del Circuito de
Bogotá; se observa que la inconformidad del accionante deriva específicamente de
la expedición del auto de 13 de septiembre de 2021, a través del cual se rechazó la
demanda de acción popular núm. 11001-33-42-052-2021-00290-00.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
requisito de inmediatez de la decisión que rechazó la acción popular mencionada.
VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
23. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración10. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”11.
24. Al respecto, la jurisprudencia constitucional12, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad
que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que
podrían comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se
convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el
principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de
examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la
citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos” […]”13. [Negrilla
fuera del texto].
10
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
11
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
13
Ibidem.
8
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”14. [Negrilla
fuera del texto].
26. La jurisprudencia constitucional15 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular16, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”17.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Sentencia T-584 de 2011.
16
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
17
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
9
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
27. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la presente
acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se
debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello en razón a que
la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo razonable
se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia acusada por vía
de tutela.
28. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente poner de relieve que:
(i) la providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada
por estado de 13 de septiembre de 202118, y (ii) la presente solicitud de amparo se
interpuso a través de la plataforma habilitada en la página web de la Rama Judicial
“Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea”, el día 18 de noviembre de
202419.
29. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 18 de noviembre de 2024,
la Sala observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.
30. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, dictada
por la Corte Constitucional.
31. Sinperjuicio de lo anterior, se debe señalar que tampoco se advierte la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante por “[…] la falta de
formación técnica y jurídica del juez y de su equipo en materia socioambiental […]”.
32. Al respecto, el artículo 15 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 20 señala:
“[…] Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las
Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades
públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas,
de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.
En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil […]”. [Subrayado
fuera del texto].
33. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
18
Índice 00004 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 11001-33-42-052-2021-00290-00.
19
Índice 00001 de SAMAI, acta individual de reparto, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-00958-00.
20
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
10
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00958-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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