Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00992-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00992-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2024-00992-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO Y, EN SU LUGAR, SE
CONCEDE EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL SOBRE LA FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA,
MÍNIMO VITAL Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 2 de diciembre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia.
1
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al bueno nombre y honra, al mínimo vital
y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO
VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ2 al haber proferido la providencia de 24 de octubre de
2024, dentro del incidente de desacato identificado con el número
único de radicación 11001-33-35-022-2022-00464-00.
I.2.- Hechos
Refirió que el 26 de noviembre de 2022, tomó posesión del cargo
como director de Sanidad del Ejército Nacional.
Indicó que, mediante fallo de 19 de diciembre de 2022, el JUZGADO
tuteló el derecho fundamental a la salud de la señora YANDRA
2
En adelante el JUZGADO.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
MARÍA SIERRA ARÉVALO y ordenó al Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional que, en el término de cinco días contados a partir
de su notificación, activara los servicios médicos asistenciales,
mientras se definía la situación de salud de la mencionada señora.
Sostuvo que, mediante providencia de 13 de febrero de 2023, la
Sección Primera -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca modificó la anterior orden y, en su lugar, ordenó que
dichas gestiones se realizaran por intermedio de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional.
Adujo que la señora YANDRA MARÍA SIERRA ARÉVALO promovió
incidente de desacato contra la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional ante el presunto incumplimiento del fallo de tutela, por lo
que el JUZGADO dio apertura al trámite incidental en su contra, en
calidad de director de Sanidad del Ejército Nacional y, mediante
providencia de 1o. de marzo de 2023, lo sancionó con multa de cinco
(5) SMLMV.
Relató que, en providencia de 22 de marzo de 2023, al surtirse el
grado jurisdiccional de consulta, la Sección Primera -Subsección “B”-
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó la sanción por
la suma de dos (2) SMLMV.
Manifestó que, ante el incumplimiento del fallo de tutela, la señora
YANDRA MARÍA SIERRA ARÉVALO promovió incidente de
desacato nuevamente, por lo que, mediante auto de 20 de abril de
2023, el JUZGADO lo requirió para que, en calidad de director
general de Sanidad Militar, informara si dio cumplimiento a lo
ordenado y acompañara las pruebas que acrediten el acatamiento.
Sostuvo que, por lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de
lo actuado, aduciendo que es la Dirección General de Sanidad Militar,
y no el director de Sanidad del Ejército Nacional, la dependencia en
la que recae el deber de acatar el fallo, lo cual fue denegado en
proveído de 10 de mayo de 2023, en el que se ordenó requerirlo
nuevamente para que informara sobre el cumplimiento del fallo.
Refirió que el JUZGADO mediante auto de 23 de junio de 2023, le
impuso sanción de multa de tres (3) SMLMV y, además, denegó la
solicitud de inaplicación de la sanción formulada dentro del informe
rendido en el trámite incidental.
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Afirmó que mediante proveído de 6 de julio de 2023 la Sección
Primera -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al surtir el grado jurisdiccional de consulta, confirmó
la sanción impuesta.
Sostuvo que los días 31 de mayo y 13 de junio de 2024 requirió a la
señora YANDRA MARÍA SIERRA ARÉVALO para que allegara los
documentos requeridos con el fin de definir su situación de salud y el
16 de septiembre de 2024, la notificó de la calificación emitida por el
comité interdisciplinario de calificación de origen del subsistema de
salud de las Fuerzas Militares, por lo que, mediante memorial de 24
de septiembre de 2024, reiteró la solicitud de inaplicación de la
sanción.
Destacó que el JUZGADO, mediante auto de 24 de octubre de 2024,
denegó la solicitud de inaplicación de la sanción, con fundamento en
que el cumplimiento de lo ordenado no lo eximia de la sanción, pues
su comportamiento fue indebido y negligente frente a una orden
judicial.
I.3. Fundamentos de derecho
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
A juicio del actor, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada
incurrió en un desconocimiento del precedente judicial en cuanto a
la naturaleza del incidente de desacato y la inaplicación de las
sanciones judiciales así se encuentren confirmadas en el grado
jurisdiccional de consulta por el superior jerárquico.
Afirmó que, de conformidad con lo expuesto por la Corte
Constitucional3, el objeto del incidente de desacato no es la sanción
en sí misma, sino propiciar para que se cumpla el fallo de tutela, esto
es, un instrumento procesal que garantice de manera adecuada el
acceso a la administración de justicia.
Sostuvo que, por su parte, la Corte Suprema de Justicia4 ha sido
enfática en advertir que hay lugar a levantar la sanción cuando se
obedecen las disposiciones del fallador constitucional, de tal forma
que cuando se observa el cabal acatamiento de la orden, así sea
3
Corte Constitucional, sentencias T-652 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-760 de 2008, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-171 de 2009, T-01763 de 2012, auto 202 de 2013, T-00292 de 2014,
T-00096 de 2015, T-00407 de 2015, T-01621 de 2015, T-00106 de 2016, SU-424 de 2016, T- 3301 de
2016, T-00095 de 2017, T-157 de 2017, T- 2199 de 2017, SU- 034 de 2018, T-315 de 2020, T-05978
DE 2022, T-STP11462 de 2023 y T-01383 de 2023.
4
Sentencia de tutela del 18 de diciembre de 2013 Sala de Casación Civil (M.P Fernando Giraldo
Gutiérrez); Sentencia de tutela del 14 de febrero de 2014 Sala de Casación Civil (MP. Jesús Vall De
Ruten Ruiz); Sentencia de tutela del 11 de abril de 2014 Sala de Casación Civil (MP. Jesús Vall De Ruten
Ruiz); Sentencia de tutela de 30 de octubre de 2014 Sección Segunda Subsección B del Consejo de
Estado (CP. Gerardo Arenas Monsalve).
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extemporánea e incluso después de decidida la consulta, es del caso
levantar las sanciones respectivas.
Ahora, en cuanto a los pronunciamientos emitidos por el Consejo de
Estado5, sostuvo que la finalidad del trámite del incidente de
desacato no es otra que lograr el cumplimiento de la medida emitida
por el juez de tutela en procura de los derechos fundamentales y no
la imposición de una sanción por sí misma, por lo que la sanción
impuesta e incluso confirmada por el superior jerárquico, puede
modificarse e incluso revocarse, siempre que el cumplimiento se
realice antes que la misma se ejecute.
Aseveró que en casos similares al presente6, el Consejo de Estado y
la Corte Suprema de Justicia han fallado a su favor, atendiendo al
precedente judicial expuesto en precedencia.
5
Sentencia de tutela de 30 de octubre de 2014 Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado
(C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas, sentencia de 19 de
septiembre de 2023, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 26 de enero
de 2023, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello, radicación número 11001-03-15-000-2022-05978-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22 de agosto
de 2023, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación número 11001-03-15-000-2023-04317-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1o. de junio
de 2023, C.P. Milton Chaves García, radicación número 11001-03-15-000-2023-01383-00.
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I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia:
“[…] En consecuencia, solicito que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ordené al JUZGADO
VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE LA ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., dejar sin efecto el
auto del veinticuatro (24) de octubre de 2024, donde se negó la
solicitud de levantamiento de las sanciones judiciales impuestas
los pasados 1 de marzo de 2023, 23 de junio de 2023,
confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección B, los días 22 de marzo de 2023 y
6 de julio de 2023, de acuerdo a los precedentes judiciales
vinculantes y vigentes de las Honorables Corte Constitucional,
Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, que en
reiterados pronunciamientos han señalado que es procedente el
levantamiento de las sanciones judiciales por cumplimiento del
fallo de tutela, así estas se encuentren confirmadas por el grado
jurisdiccional de consulta, o su cumplimiento se haya dado
tardíamente, de conformidad con la sentencia SU 034 de 2018,
asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la
decisión judicial impartida a las autoridades encargadas
de la ejecución de cobro, para que estas den por
terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente
se adelanta en mi contra […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2024,
declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que el
actor no acreditó, siquiera de forma sumaria, los requisitos generales
y causas específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ni explicó en qué defecto incurrió la autoridad
judicial accionada, sino que se centró en señalar los motivos por los
cuales considera que se debió inaplicar la sanción impuesta por el
incumplimiento de los fallos proferidos en la acción de tutela.
Sumado a lo anterior, destacó que las providencias proferidas dentro
del referido incidente de desacato no resultan lesivas o
desproporcionadas por el lento e ineficaz actuar desplegado por el
sancionado en el cumplimiento de la orden de tutela, sanciones que,
además, fueron confirmadas por la Sección Primera -Subsección “B”-
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión de primera instancia, bajo los siguientes
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argumentos:
Adujo que, contrario a lo advertido por el a quo, la presente solicitud
de amparo sí contiene una suficiente carga argumentativa que
pretende demostrar el desconocimiento del precedente judicial,
especialmente, el dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-034 de 2018.
Refirió que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante fallo
de 27 de abril de 20237, amparó los derechos fundamentales en un
caso similar, para lo cual concluyó que se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al dejar de aplicar los
criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Finalmente, solicitó que se aplique el precedente constitucional
vinculante y vigente, toda vez que a la fecha se encuentra cumplido
el fallo en su integridad, por lo que, a su juicio, se deben volver a
analizar las situaciones fácticas y jurídicas dispuestas en la solicitud
de amparo y se ordene adoptar una decisión que en derecho
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-01197-
00.
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
corresponda, con el fin de proteger sus derechos fundamentales
invocados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”8.
8
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
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ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20189, esa Corporación señaló:
«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 24 de octubre de 2024, proferida
por el JUZGADO, dentro del incidente de desacato identificado con
9
M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
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el número único de radicación 2022-00464-00.
Al citado proveído le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al bueno nombre, honra, al mínimo vital
y al debido proceso, por estimar que se desconoció el precedente
judicial, especialmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
que ha dispuesto que el objeto del incidente de desacato no es la
sanción en sí misma, sino propiciar para que se cumpla el fallo de
tutela, de tal forma que cuando se observa el cabal acatamiento de
la orden, así sea extemporánea e incluso después de decidida la
consulta, es del caso levantar las sanciones respectivas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2024,
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia
comoquiera que la parte actora no acreditó los requisitos generales
y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ni explicó en qué defecto incurrió el
JUZGADO.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo,
para lo cual sostuvo que la presente solicitud de amparo sí contiene
una suficiente carga argumentativa a través de la cual pretende
demostrar el desconocimiento del precedente judicial,
especialmente, lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-034 de 2018.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que
debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de
ser así, establecer si el JUZGADO vulneró los derechos deprecados
e incurrió en el desconocimiento del precedente endilgado al proferir
el auto de 24 de octubre de 2024, dentro del incidente de desacato
identificado con el número único de radicación 2022-00464-00.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la
parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los
incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
además de que se alega la configuración de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra
ejecutoriada
En el caso sub lite, el auto de 24 de octubre de 2024, dictado por el
JUZGADO, se encuentra ejecutoriado, por lo que este requisito se
encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo
planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en
tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó
nuevas pruebas.
El actor alega que la orden de tutela fue cumplida en los términos
señalados en la sentencia de 13 de febrero de 2023 y, además, que
ha solicitado reiteradamente que no se aplique la sanción por
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desacato impuesta por el JUZGADO.
Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite
incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales y se alega la
configuración de al menos una de las causales específicas
(defectos)
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales
y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-
590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en el presunto yerro en que
incurrió la providencia que resolvió denegar la solicitud de
inaplicación de la sanción, incurriendo en desconociendo del
precedente constitucional en la materia; el actor identifica los hechos
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y derechos que estima lesionados; contra la decisión cuestionada la
ley no prevé un trámite para su impugnación, por lo que se encuentra
suficientemente acreditado el requisito de subsidiariedad; la acción
de tutela se interpuso en un plazo razonable 10; y la solicitud no se
dirige contra una sentencia de tutela.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en el desconocimiento del precedente judicial
endilgado por el actor.
La solución del caso concreto
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario
hacer un recuento del trámite surtido dentro del trámite incidental
objeto de estudio:
• La señora YANDRA MARÍA SIERRA ARÉVALO al estimar que
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no dio
cumplimiento al fallo de tutela de 13 de febrero de 2023, por
10
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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medio del cual el JUZGADO ordenó activar los servicios
médicos asistenciales hasta tanto se definiera su situación de
salud, promovió incidente de desacato.
• El JUZGADO dio apertura al incidente de desacato y, a través
de proveído de 1o. de marzo de 2023, le impuso sanción de 5
SMLMV al señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA, en calidad
de director de Sanidad del Ejército Nacional.
• La Sección Primera -Subsección “B”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al surtir el grado jurisdiccional
de consulta, en providencia de 22 de marzo de 2023, modificó
la sanción a la suma de dos (2) SMLMV.
• La señora YANDRA MARÍA SIERRA ARÉVALO promovió un
nuevo incidente de desacato, por lo que, mediante auto de 20
de abril de 2023, el JUZGADO requirió al señor EDILBERTO
CORTÉS MONCADA, en calidad de director de Sanidad del
Ejército Nacional, para que rindiera informe del cumplimiento
del fallo de tutela.
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• El señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA, en calidad de
director de Sanidad del Ejército Nacional, solicitó que se
declarara la nulidad de lo actuado, aduciendo que era la
Dirección General de Sanidad Militar y no el director de Sanidad
del Ejército Nacional la encargada de dar cumplimiento a la
orden de amparo, lo cual fue denegado en providencia de 10
de mayo de 2023.
• El JUZGADO mediante auto de 23 de junio de 2023 impuso al
señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA sanción de multa de
tres (3) SMLMV y, además, denegó la solicitud de inaplicación
de la sanción formulada dentro del informe rendido en el
trámite incidental.
• La Sección Primera -Subsección “B”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al surtir el grado
jurisdiccional de consulta, en auto de 6 de julio de 2023,
confirmó la sanción impuesta al señor EDILBERTO CORTÉS
MONCADA.
• El señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA, en calidad de
director de Sanidad del Ejército Nacional, mediante memorial
de 24 de septiembre de 2024, presentó solicitud de inaplicación
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de la sanción aduciendo que dio cabal cumplimiento a la orden
de tutela.
• En auto de 24 de octubre de 2024, el JUZGADO denegó la
solicitud de inaplicación de la sanción, bajo el siguiente
argumento:
“[…] Entonces, por todo lo anterior, este Despacho destaca el amplio
margen de morosidad en el que hubo incumplimiento de lo
sentenciado, sin que el peticionario justifique la mora o se pueda
inferir justificación alguna, lo que comporta la decisión de negar la
inaplicación de las sanciones impuestas a EDILBERTO CORTES
MONCADA, pues era durante el trámite del incidente de desacato, el
momento adecuado en el que podía el incidentado ejercer su derecho
de defensa y contradicción y no pretender, como ahora lo hace, que
el cumplimiento de lo sentenciado automáticamente lo exime de la
sanción que merece por su comportamiento indebido y negligente
frente a una orden judicial, cuando detentada la dirección de una
entidad pública, desconociendo los mandates constitucionales y
legales impuestos y que prometió cumplir cuando tomo posesión del
cargo que desempeño, máxime, cuando la tutelante ha tenido que
rogar durante el trámite incidental, en varias ocasiones, la
reactivación del incidente de desacato por que le fue desactivado el
servicio médico por parte de dicha dirección de sanidad.
Finalmente, se advierte al peticionario EDILBERTO CORTES
MONCADA, que se abstenga de reiterar peticiones que ya fueron
resueltas y se encuentran debidamente ejecutoriadas, so pena de
agotar procedimientos que culminen con sanciones a que haya lugar
[…]” (Destacado fuera de texto).
En el caso concreto, el actor alega que el JUZGADO incurrió en
desconocimiento del precedente judicial de la jurisprudencia emitida
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por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, especialmente, de la sentencia de unificación SU-034
de 3 de mayo de 201811, por cuanto no resulta válido denegar el
levantamiento de las sanciones argumentando su comportamiento
indebido y negligente frente a la orden judicial, por lo que aun cuando
se demostró el cabal cumplimiento del fallo de tutela, las sanciones
se encuentran en firme.
A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera
necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de
esta Corporación relacionada con la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato.
La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una
sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
11
Corte Constitucional. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de
2003, indicó:
“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
sancionado acatando […]” (Negrillas de la Sala).
La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-
512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018.
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
201512, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García
González.
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mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]” (Destacado fuera del texto).
Así las cosas, si hay cumplimiento íntegro a la orden impartida por el
juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de
objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.
Sobre el particular, la Corte en la sentencia SU-034 de 2018, la cual
el actor invoca como desconocida, sostuvo:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de
desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena
de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada13; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma14, sino que
13
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
14
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel
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ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados15.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato
el accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay
lugar a la imposición y/o aplicación de la sanción.
(…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a
que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar16 […]” (Negrillas de la Sala).
En la sentencia transcrita, la Corte Constitucional indicó que el
incidente de desacato tiene como objeto lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecutar, por lo que aun
cuando la desobediencia respecto de la sentencia conlleve
consecuencias como lo es la imposición de sanciones, el trámite
incidental no pretende castigar al renuente, sino inducir al
Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo,
15
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
16
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
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cumplimiento de la orden a través de una medida de reconvención.
En ese orden de ideas, el Alto Tribunal Constitucional dispuso que
negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma
se encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que
reiteradamente ha emitido esa Corte, en la medida en que la finalidad
de la sanción no es otra que conminar al obligado a garantizar el goce
efectivo del derecho tutelado.
Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar
que la autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la
jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad del
incidente de desacato, toda vez que denegó la solicitud de
levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma se
encontraba debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes allí
impuestas eran de obligatorio cumplimiento, absteniéndose de esta
forma de analizar el fondo del asunto, con el fin de verificar el
cumplimiento de la orden de tutela de 13 de febrero de 2023.
De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada se
detenga a revisar si, en efecto, la Dirección de Sanidad del Ejército
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Nacional dio cabal cumplimiento al fallo de tutela, tal como lo esgrime
el actor, aplicando los criterios expuestos por la jurisprudencia
constitucional respecto de la finalidad perseguida con el incidente de
desacato.
En este punto, es preciso traer a colación la providencia de 16 de
agosto de 201817, en la que esta Corporación, en un caso de similares
presupuestos, indicó:
“[…] La Unidad para las Víctimas, a través de su representante
legal, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta al señor Ramón
Alberto Rodríguez Andrade, con fundamento en los
pronunciamientos que en la materia ha reiterado la Corte
Constitucional e incluso el Consejo de Estado, en el sentido de
que el fin del incidente de desacato no es la sanción en sí
misma, sino lograr el cumplimiento de la orden dictada en
sede constitucional.
Con auto de fecha 22 de febrero de 2018, el Juzgado cuestionado
resolvió denegar dicha solicitud, en consideración a que en sede
del grado jurisdiccional de consulta el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia de 16 de enero de 2017 decidió modificar
la sanción de 5 a 1 salario mínimo legal mensual vigente, y que,
en virtud de ello, se debía atener a lo resuelto por el superior, toda
vez que dicha decisión se encontraba en firme. […]
En ese orden de cosas, a la luz de los postulados constitucionales
y de la nueva evidencia que demuestre el posterior cumplimiento
por parte de la entidad tutelada, se impone que el conductor del
trámite incidental, a estas alturas, declare la inaplicación de la
sanción, aun cuando su imposición hubiese estado justificada; y
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto
de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación núm: 11001-03-15-000-2018-02048-00.
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de tal suerte, así lo haga saber a los encargados de su ejecución.
Ello se explica también en que el desacato es un instrumento
persuasivo para el cumplimiento de la orden de amparo,
mas no una herramienta de carácter punitivo, por tanto, al
desaparecer los supuestos que dieron lugar a ella, resulta
incoherente mantener la vigencia de sus efectos en el orden
jurídico18 […]” (Resaltado fuera del texto original).
Conforme con lo expuesto en precedencia por la jurisprudencia
constitucional, la Sala resalta que no resulta de tal validez denegar
el levantamiento de la sanción argumentando el amplio margen de
morosidad en dar cumplimiento a la orden de amparo, así como la
firmeza de las sanciones, dado que el desacato no es un dispositivo
para castigar al renuente, sino para conminarlo a dar cumplimiento
efectivo al derecho tutelado mediante la sentencia de tutela, por lo
que usar el incidente de desacato como un instrumento sancionador,
desconocería su finalidad.
Así las cosas, la Sala considera que el JUZGADO incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, al dejar de aplicar los
criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al abstenerse
18
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T010 de 2012.
32
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de analizar de fondo las solicitudes elevadas por el actor, bajo el
argumento de que durante el trámite del incidente de desacato no se
cumplió con la orden de tutela y, además, las sanciones ya se
encontraban debidamente ejecutoriadas, por lo que al no haberse
demostrado en su debida oportunidad el cumplimiento del fallo de
tutela no era posible evitar la sanción impuesta.
Tal postura resulta contraria al criterio jurisprudencial analizado,
pues, como se vio, lo procedente era examinar las solicitudes de
levantamiento de la sanción elevadas por el actor, especialmente, la
última de estas, en la cual, a su juicio, demostró el total cumplimiento
de la orden de amparo, bajo la óptica de la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, para, de esta manera, concluir
que no existe razón alguna que justifique mantener unas sanciones
por desacato contra quien ha sido persuadido por la misma y ha
procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando
esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del
grado jurisdiccional de consulta.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
amparará los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
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proceso del actor y, en consecuencia, dejará sin efectos el auto de
24 de octubre de 2024 y ordenará al JUZGADO proferir una nueva
decisión, mediante la cual resuelva de fondo la solicitud presentada
por el señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA y verifique si resulta
viable levantar las sanciones impuestas a través de las providencias
de 1o. de marzo y 23 de junio de 2023, confirmadas y modificadas
en proveídos de 22 de marzo y 6 de julio de 2023, de conformidad
con los lineamientos constitucionales expuestos en
precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso del señor EDILBERTO CORTÉS MONCADA, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
34
Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el proveído de 24 de octubre de
2024, proferido por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
de Bogotá, dentro del incidente de desacato identificado con el
número único de radicación 11001-33-35-022-2022-00464-00 y, en
consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que en el término
de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, profiera una decisión de reemplazo mediante la cual
resuelva de fondo la solicitud presentada por el señor EDILBERTO
CORTÉS MONCADA y verifique si resulta viable levantar las
sanciones impuestas a través de las providencias de 1o. de marzo y
23 de junio de 2023, confirmadas y modificadas en proveídos de 22
de marzo y 6 de julio de 2023, de conformidad con los
lineamientos constitucionales expuestos en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00992-01
ACTOR: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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