Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00110-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000 23 15 000 2025 00110 01
Accionante: Rada Aesthetic & SPA Ltda. en liquidación
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá
Acción: Acción de tutela
Tema: Radicación del recurso de apelación por medios
electrónicos y debido proceso
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 11 de marzo de 2025, por la Subsección “C” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo
solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Rada Aesthetic & SPA Ltda. en liquidación, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Bogotá, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
1. Que se dé trámite a la presente solicitud de tutela.
2. Que se ordene a la accionada dar respuesta a mi solicitud, en un término
razonablemente, prudencial y breve.
3. Se estudie de una manera completa el expediente de la referencia por su
despacho, para que observe de manera palpable la vulneración de los
derechos fundamentales hechos a mi representada, y la incursión en
omisiones de la accionada.
4. Se tutelen los derechos fundamentales mencionados en el transcurso de este
escrito.
5. Que se ordene a la autoridad judicial accionada, impulsar el proceso.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 25000 23 15 000 2025 00110 00.
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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00110 01
Accionante: Rada Aesthetic & SPA Ltda.
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante informó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia el 21 de marzo de 2024, en el proceso identificado
con el radicado núm. 11001 33 34 005 2020 00260 002, la cual fue notificada el 1 de abril
de 2024.
Señaló que, en contra de la anterior decisión, interpuso recurso de apelación; sin
embargo, advirtió que, debido a fallas o cambios en el sistema de radicación de los
juzgados administrativos, el recurso no fue recibido por el despacho de conocimiento.
Sostuvo que solicitó al respectivo juzgado que diera trámite al recurso de apelación, ante
lo cual este respondió que la alzada no reposaba en el aplicativo SAMAI.
Manifestó que interpuso acción de tutela, la cual fue rechazada por no haber aportado el
respectivo poder, razón por la cual, en esta oportunidad, promueve nuevamente la
solicitud de amparo.
Asimismo, indicó que, como hecho nuevo, el 1 de agosto de 2024, el apoderado de la
Secretaría Distrital de Ambiente presentó ante el juzgado accionado una solicitud de
constancia de ejecutoria de la sentencia. No obstante, el Despacho incurrió en una
inexactitud al señalar que dicha constancia se expidió el 29 de febrero de 2024, pese a
que la solicitud fue presentada el 1 de agosto de 2024 y, en realidad, la constancia fue
expedida a mediados de septiembre de 2024.
Como fundamento, indicó que la acción de tutela se erige como el medio judicial más
idóneo para lograr el impulso oficioso de la actuación judicial, cuya demora compromete
gravemente los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, además de configurarse un perjuicio irremediable.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de febrero de 20253 y correspondió por reparto a la
Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
por auto del 26 de febrero de 20254 la admitió y dispuso notificar5 al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bogotá.
De igual forma, se requirió al citado juzgado para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado núm. 11001 33 34 005 2020 00260 00.
3.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá6 allegó informe en el que
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto negar las
2 Promovido por la hoy accionante en contra de la Secretaría distrital de Ambiente de Bogotá.
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000
23 15 000 2025 00110 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000
23 15 000 2025 00110 00.
5 Esta orden se cumplió el 26 de febrero de 2025. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000 23 15 000 2025 00110 00.
6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000
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pretensiones de la demanda ante la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.
Indicó que la sentencia de primera instancia fue debidamente notificada y que el término
para interponer el recurso de apelación transcurrió conforme a la ley.
Expuso que, aunque la parte accionante afirmó haber presentado el recurso dentro del
término, lo cierto es que lo remitió a un canal inadecuado (correo electrónico), cuando ya
se encontraba en funcionamiento el sistema obligatorio de radicación a través de la
ventanilla virtual del aplicativo SAMAI, razón por la cual el recurso no fue conocido ni
podía ser tramitado por el despacho.
Resaltó que la implementación del aplicativo SAMAI fue debidamente informada a los
usuarios de la administración de justicia, mediante distintos mecanismos de publicidad,
incluyendo comunicaciones automáticas que indicaban el canal correcto para radicar
memoriales. En ese sentido, consideró que la accionante conocía o debía conocer el
procedimiento adecuado, y que su omisión en utilizarlo correctamente es imputable
exclusivamente a su propia conducta.
En cuanto a la inconsistencia en la fecha de la constancia de ejecutoria, el despacho
reconoció que se trató de un error involuntario; sin embargo, adujo que dicha imprecisión
no afecta la validez ni la firmeza de la sentencia, dado que no se interpuso en debida
forma el recurso de apelación dentro del término legal. Por lo tanto, no se configura
vulneración alguna de derechos fundamentales por este hecho.
Finalmente, concluyó que la acción de tutela resulta improcedente por incumplir el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que la parte accionante no agotó
correctamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial. En ese sentido, advirtió
que la tutela no puede ser utilizada para subsanar errores procesales ni para revivir
oportunidades vencidas, por lo que solicitó que se declare su improcedencia o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de la acción.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal, mediante sentencia del 11 de
marzo de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que no cumple
con el requisito general de inmediatez.
Para ello, expuso que el presunto hecho vulnerador de los derechos fundamentales de la
parte accionante data del 4 de abril de 2024, fecha en la cual se radicó el recurso de
apelación a un correo electrónico no habilitado para ello.
En ese sentido, anotó que, para la fecha de presentación de la solicitud de amparo, esto
es el 25 de febrero de 2025, habían transcurrido once (11) meses, lapso que excede el
plazo razonable para acudir al mecanismo constitucional.
Resaltó que, en este caso, no se tenía en cuenta el hecho alegado respecto de
septiembre de 2024, relativo a la expedición de la constancia de ejecutoria, toda vez que
este se deriva del anterior y constituye una circunstancia meramente consecuencial.
Sostuvo, además, que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad, en la
medida en que la sociedad accionante no desplegó ningún medio de defensa dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto, explicó que le
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correspondía verificar si el recurso de apelación había sido recibido por el juzgado o si
no fue tramitado debido a la advertencia previa y concomitante sobre la deshabilitación
del buzón electrónico al cual fue remitido. Asimismo, señaló que debía constatar o
cuestionar la falta de trámite del recurso que consideró haber radicado.
Para tales efectos, bastaba con que el apoderado consultara la plataforma SAMAI desde
cualquier lugar y mediante cualquier dispositivo tecnológico, en cualquier momento, o que
realizara el debido seguimiento al proceso, como corresponde a los usuarios de la
administración de justicia. Igualmente, debía hacer uso de los mecanismos procesales
idóneos para cuestionar la constancia de ejecutoria y promover ante el juez natural una
decisión respecto del no trámite del recurso.
Adujo que, no obstante, en lugar de acudir a dichos mecanismos dentro del proceso
ordinario, optó por interponer la acción de tutela, mecanismo excepcional y subsidiario,
sin acreditar, además, la configuración de un perjuicio irremediable que justificara su
procedencia.
Adicionalmente, evidenció en el expediente digital que la notificación de la sentencia de
primera instancia, efectuada el 1 de abril de 2024, fue remitida a los correos electrónicos
de la accionante con la advertencia expresa sobre el canal adecuado para la radicación
de memoriales, en los siguientes términos: “Apreciado usuario, en cumplimiento del
Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, se informa que el medio dispuesto
para la radicación de demandas, memoriales, solicitudes de acceso virtual a los
expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros, es la ventanilla de atención virtual
(…)”.
Señaló que, lo anterior demostraba que tanto la aquí accionante como su apoderado
fueron debidamente informados del canal correcto para la radicación de memoriales,
incluidos los recursos. Sin embargo, hicieron caso omiso de dicha advertencia, lo cual
refuerza la improcedencia del amparo solicitado, en tanto el término de ejecutoria de la
sentencia transcurrió sin actuación alguna por su parte, debido a omisiones imputables a
su propia conducta.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte accionante presentó
impugnación, en la cual solicitó revocar la decisión adoptada en sede de tutela y, en su
lugar, conceder el amparo de los derechos invocados.
Indicó que el recurso de apelación fue allegado oportunamente; sin embargo, el juzgado
accionado no lo incorporó ni tramitó de manera diligente.
Señaló que las fallas en la organización de la Rama Judicial, derivadas del cambio de
buzones electrónicos, no pueden sacrificar el derecho sustancial, máxime cuando el
memorial contentivo del recurso fue remitido un día antes de la modificación de las
direcciones electrónicas para la radicación de escritos.
Agregó que la autoridad judicial accionada reconoce que el recurso de apelación fue
enviado al correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo que
cualquier interpretación que desconozca su radicación, con fundamento en que no se
realizó a través de la plataforma SAMAI, resulta contraria al principio de prevalencia del
derecho sustancial.
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Adujo, además, que la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, en tanto la
vulneración del derecho al debido proceso se mantiene en la actualidad y,
adicionalmente, porque la constancia de ejecutoria de la sentencia fue expedida en
septiembre de 2024, habiéndose presentado la tutela dentro de los seis (6) meses
siguientes.
Finalmente, sostuvo que realizó el debido seguimiento al proceso y que encomendó la
radicación de memoriales a la empresa de vigilancia judicial LITIGANDO.COM, razón por
la cual no puede afirmarse que desatendió sus cargas procesales, en la medida en que
dichas labores fueron delegadas en un tercero especializado.
5.2. Por auto proferido el 5 de marzo de 2026 se concedió la impugnación7 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 9 de marzo de 20268.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 9, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201510, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
6.2.1. La sociedad accionante, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, con el propósito de
obtener la nulidad de la Resoluciones núm. 03080 de 29 de septiembre de 2018 y núm.
01275 de 31 de mayo de 2019, mediante las cuales se le impuso sanción a la accionante.
A dicho proceso se le asignó el radicado núm. 11001 33 34 005 2020 00260 00.
7 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000
23 15 000 2025 00110 00.
8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000
23 15 000 2025 00110 01.
9 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
10 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
11 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
13 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 33 34 005 2020 00260 00.
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6.2.2. Mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, notificada el 1 de abril de 2024, el
juzgado negó las pretensiones de la demanda.
6.2.3. Inconforme con dicha decisión, el accionante presentó recurso de apelación el día
4 de abril de 2024 a la dirección electrónica correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
alzada que no fue objeto de conocimiento por parte del juzgado accionado.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Con base en la situación fáctica expuesta, y en atención a que corresponde al juez de
tutela en segunda instancia determinar si la decisión impugnada debe confirmarse,
modificarse o revocarse, la Sala procede a examinar si en el presente caso se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en particular, el requisito
de inmediatez.
6.3.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
En lo que respecta al requisito general de inmediatez, es preciso indicar que la acción de
tutela no está sujeta a un término perentorio para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe ser
interpuesta: “en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta
vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento
judicial de aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)”14.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la razonabilidad del
término para interponer la acción de tutela debe evaluarse a partir de diversos criterios,
tales como: “la diligencia del interesado en la defensa de sus derechos, la eventual
afectación de derechos de terceros, la estabilidad jurídica, la complejidad del conflicto, el
equilibrio de las cargas procesales y la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o
debilidad manifiesta.” 15
Sobre el requisito de inmediatez la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
66. Inmediatez. Como presupuesto de procedencia la inmediatez “exige que la
tutela se presente en un plazo razonable, contado desde el momento de la
supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo
sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la
Constitución)”.16 En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo
dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento constitucional
de protección inmediata de derechos fundamentales.
67. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que la acción de
tutela no se puede presentar en cualquier momento, de lo contrario podría afectar
la seguridad jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección
inminente. Por este motivo, aunque no hay regla rigurosa y precisa del término
para determinar la inmediatez, el juez de tutela debe analizar las circunstancias
particulares de cada situación y determinar qué se entiende por plazo razonable
caso a caso.17 En esta medida, la Corte Constitucional ha establecido algunos
criterios para este fin: “(i) la diligencia del interesado en la defensa de sus
derechos; (ii) la eventual afectación de derechos de terceros; (iii) la estabilidad
14 Corte Constitucional. Sentencia T-020 de 27 de enero de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 18 de abril de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
16 Cfr., Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019.
17 Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015, reiterada por la Sentencia T-112 de 2018.
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jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el equilibrio de las cargas procesales
y (vi) la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”.18
68. El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción es fundamental para
establecer el carácter apremiante de la situación amenazadora del derecho,
porque un retraso excesivo e injustificado permite concluir que ni si quiera el titular
de los derechos reconoce la condición de urgencia de su situación, lo cual
desvirtúa la urgencia de intervención del juez constitucional y la naturaleza
inmediata de la acción de tutela19.
6.3.2. Caso concreto
En el presente asunto, la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de reproche fue notificada el 1 de abril de 2024 y el
4 de abril de 2024, la sociedad accionante recibió, como respuesta automática al recurso
presentado, el siguiente correo electrónico:
A su turno, se advierte que el juzgado accionado expidió constancia de ejecutoria de la
referida sentencia, en la cual se indicó que esta quedó en firme el 17 de abril de 2024.
En ese contexto, la Sala considera que el presunto hecho vulnerador se concreta en la
falta de trámite del recurso de apelación, el cual fue radicado el 4 de abril de 2024, fecha
en la que, además, se le informó a la parte accionante el canal adecuado para la
recepción de memoriales; sin embargo, la acción de tutela fue presentada el 25 de febrero
de 2025, esto es, transcurridos más de diez (10) meses desde la ocurrencia del hecho,
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-217 de 2017, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.
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sin que se advierta justificación alguna que explique la tardanza en su interposición, razón
por la cual no se cumple con el requisito de inmediatez.
Ahora, frente al argumento del accionante según el cual la vulneración se mantiene en el
tiempo o que el término debe contabilizarse desde la expedición de la constancia de
ejecutoria, la Sala advierte que no es de recibo, comoquiera que el hecho presuntamente
vulnerador se concretó en la falta de trámite del recurso de apelación, circunstancia
conocida por el accionante desde el momento en que recibió la respuesta automática el
4 de abril de 2024, y no la fecha de expedición de ejecutoria del fallo de primera instancia.
De ahí que el lapso transcurrido hasta la interposición de la acción de tutela resulte
claramente irrazonable, sin que se advierta justificación válida para dicha inactividad.
Finalmente, en cuanto a la alegada delegación del seguimiento del proceso en una
empresa de vigilancia judicial, la Sala no comparte la justificación expuesta en la
impugnación, por cuanto las cargas procesales radican en cabeza de la parte interesada
y no pueden ser trasladadas a terceros para efectos de exonerar su cumplimiento. En
consecuencia, cualquier omisión en la radicación o seguimiento del recurso debe ser
asumida por el accionante, sin que resulte procedente invocar dicha circunstancia para
justificar la procedencia de la acción de tutela.
En consecuencia, la Sala concluye que la presente acción de tutela resulta improcedente
por incumplir el requisito general de inmediatez. En ese sentido, se confirmará la
sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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