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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00113-01

Fecha
7 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00113-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00113-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00113-01
Accionante: Luis Alberto Martín Uni
Accionados: Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
otros

Tema: Acción de tutela contra providencia. Incidente de desacato. Cumplimiento de
orden de tutela. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de la cual negó el amparo
solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Luis Alberto Martín Uni, por intermedio de apoderada, pretende que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados
por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al proferir
los autos del 21 de enero y 6 de febrero de 2025 proferidos en el incidente de
desacato con radicado 11001-33-35-017-2024-00385-00, y por la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y la AFP Porvenir, por no
cumplir la sentencia de tutela del 27 de noviembre de 2024.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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Que el 27 de noviembre de 2024 el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, mediante sentencia de tutela, amparó sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso y ordenó a Colpensiones1 y a la AFP
Protección S.A. resolver la solicitud que presentó relacionada con el traslado del
régimen pensional y afiliación a ese fondo, pese a lo cual aquellos se limitaron a
efectuar argumentos evasivos y formales, sin abordar el fondo del asunto, con lo
cual incumplieron lo ordenado.

Que interpuso incidente de desacato, pero el 21 de enero de 2025 dicha autoridad
judicial se abstuvo de dar apertura porque consideró que se acató la sentencia,
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado de
plano.

Que el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá i) incurrió
en un defecto fáctico porque ignoró las pruebas que demostraban el incumplimiento
por parte de Colpensiones y Protección S.A.; ii) efectuó una interpretación restrictiva
de la orden judicial y iii) desconoció los precedentes constitucionales que obligaban
a garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.

Que resulta inaceptable que el juez haya considerado que las respuestas de
Colpensiones y de la AFP Protección S.A. fueron de fondo, pese a que el primero
se limitó a indicar que ya figuraba como pensionado y el segundo reconoció la
existencia de un error administrativo que ya había sido corregido, pero que exigía
que el afiliado presentara una nueva solicitud ante Colpensiones, pues con ello no
obtuvo una solución definitiva ni la materialización del derecho fundamental que le
fue amparado.

Que la negativa de abrir el incidente de desacato desconoce el principio de
efectividad de las órdenes judiciales y afecta el acceso efectivo a la administración
de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, con lo cual se
configura un defecto sustantivo.

Que la falta de cumplimiento por parte de las administradoras de los Fondos de
Pensiones junto con la negativa del juez de abrir el incidente de desacato conllevó
la vulneración de sus derechos fundamentales.

PRETENSIONES

Que se ordene i) al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
abrir inmediatamente el incidente de desacato que interpuso en contra de
Colpensiones y la AFP Protección S.A., con el fin de garantizar el cumplimiento
efectivo de la orden judicial proferida previamente, y ii) a Colpensiones y a
Protección S.A. otorgar una respuesta oportuna, clara, de fondo y ajustada a
derecho sobre la solicitud de traslado del régimen pensional

1 Se aclara que la orden de tutela se dictó únicamente respecto a Colpensiones.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 27 de febrero de 2025 el magistrado sustanciador de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción y
ordenó notificar a las autoridades accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por
intermedio de su titular, indicó que no vulneró algún derecho fundamental del
accionante, sino que, por el contrario, adoptó la decisión controvertida en esta sede
con respeto por el precedente judicial y conforme a la valoración de las pruebas
presentadas por las partes.

Que se abstuvo de aperturar el incidente de desacato porque Colpensiones emitió
una respuesta clara, precisa y congruente frente a la solicitud de trasladada
radicada el 23 de septiembre de 2024, la cual fue debidamente notificada al correo
registrado.

Que no puede aceptarse la tutela como un mecanismo de protección alternativo,
pues ello generaría el riesgo de hacer nugatorias las competencias de las
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones y de propiciar un desborde institucional, transgrediendo los principios de
seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces de la República.

Colpensiones y la AFP Protección S.A. guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de marzo de 2025 la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó el amparo porque consideró que no estaba
demostrado que el Juzgado aquí accionado hubiera incurrido en defecto fáctico, en
la medida que analizó la respuesta allegada por Colpensiones y determinó que con
ella se cumplió la orden de tutela, consistente en que esa administradora resolviera
de fondo la solicitud del 23 de septiembre de 2024 y, si era procedente, iniciara el
procedimiento de la petición ante la AFP Protección S.A.

Que una situación distinta era que el actor no estuviera de acuerdo con la
contestación de Colpensiones, para lo cual contaba con otros mecanismos
judiciales.

Concluyó que el despacho judicial acertó al negar la apertura del incidente de
desacato, ya que obraba prueba de la respuesta y la notificación de esta, la cual,
pese a que no fue favorable a lo pretendido, no implicaba una vulneración de los
derechos fundamentales reclamados.

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IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia, para lo cual sostuvo que en ella se validó una
respuesta meramente formal de Colpensiones, con lo que se desconoció el
verdadero alcance de la orden de tutela que consistía en resolver de fondo la
solicitud de traslado pensional que presentó y, de ser procedente, adelantar el
trámite ante la AFP Protección S.A.

Que las pruebas dan cuenta de que esta última reconoció un error en su sistema,
donde se le reportó como pensionado o en trámite de pensión, lo cual
posteriormente fue aclarado indicando que ello no era así, lo que habilitó a la AFP
Protección S.A. para el trámite de traslado, motivo por el que solicitó a Colpensiones
reiterar la solicitud de traslado del afiliado para corregir ese yerro y culminar el
procedimiento.

Que, a pesar de ello, este último nuevamente le trasladó la carga, exigiéndole
radicar una nueva solicitud y, con ello, desconociendo que el trámite ya estaba en
curso y que la omisión era imputable exclusivamente a las administradoras.

Que en la sentencia impugnada también se incurrió en un defecto fáctico, por limitar
su análisis a la existencia de una supuesta respuesta de Colpensiones, sin analizar
su contenido, suficiencia y eficacia jurídica frente al mandato de la sentencia de
tutela.

Que el traslado del régimen pensional no es un simple trámite administrativo, sino
que implica la afectación directa de su derecho a la seguridad social, y que la falta
de una respuesta de fondo le impide planificar su retiro laboral, acceder a mejores
condiciones pensionales y ejercer libremente su derecho a escoger el régimen
pensional que le conviene.

Solicitó, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, que i) se de
apertura al incidente de desacato en contra de Colpensiones y la AFP Protección;
ii) se ordene a Colpensiones reactivar y concluir de inmediato el trámite de traslado
de régimen pensional, dando cumplimiento a lo expresado por la AFP Protección,
sin dilaciones ni nuevos requisitos y iv) las demás necesarias para restablecer sus
derechos.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si

4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-072 de 2018.

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este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

El señor Luis Alberto Martín Uni impugnó la sentencia porque considera que la
respuesta otorgada por Colpensiones fue meramente formal, por lo cual aceptarla
para efectos de entender cumplida la orden de tutela implica la configuración de un
defecto fáctico, desconoce el verdadero alcance de esta y conlleva el traslado de
cargas, pues se le impuso el deber de radicar una nueva solicitud de traslado del
régimen pensional, pese a que ese trámite ya estaba en curso y a que el yerro
cometido en este no le era imputable, con lo cual se presenta una afectación directa
de su derecho a la seguridad social.

Esta Subsección, en iguales términos que los definidos en primera instancia,
encuentra cumplida la totalidad de exigencias generales de procedencia, pues i) el
asunto goza de relevancia constitucional; ii) la acción se presentó con inmediatez;
iii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iv) se identificaron claramente los
hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y v) no se trata
de una sentencia de tutela. Además, no se alegó una irregularidad procesal, por lo
que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada con esta. Se procederá,
entonces, al estudio de los disensos expuestos.

En sentencia del 27 de noviembre de 2024 el Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá concluyó que Colpensiones no había resuelto la solicitud
de traslado de régimen pensional y posterior afiliación solicitada por el hoy
accionante el 23 de septiembre de 2024, por lo cual amparó sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso y ordenó a esa administradora que, en
el término de 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia, resolviera
dicha solicitud y le notificara debidamente esa decisión y, si fuera procedente,
iniciara el procedimiento de la petición ante Protección S.A.

En relación con el cumplimiento de esa orden, mediante auto del 6 de febrero de
2025, el Juzgado referido se abstuvo de iniciar incidente de desacato porque
evidenció que el 19 y el 27 de diciembre de 2024 Colpensiones le informó al señor
Luis Alberto Martín Uni y a su apoderada que su solicitud de traslado no fue
aceptada por parte de Protección S.A. bajo la causal «En trámite de Pensión o
Pensionado en el Régimen de Ahorro Individual RAIS», comunicación que fue
enviada en esa última fecha, lo que evidenciaba que Colpensiones expidió una
respuesta clara, precisa y congruente con lo pedido.

En ese proveído, la jueza analizó la comunicación del 14 de enero de 2025 emitida
por Protección S.A., en la que este informó que, por un error en el sistema, la
solicitud de traslado fue rechazada de forma errónea, pero ello no demostraba el
incumplimiento de la orden de tutela por parte de Colpensiones, pues esta
administradora otorgó respuesta. Al respecto, resaltó que una resolución de fondo
a una solicitud no implicaba que debía accederse a lo pedido por el interesado, de
conformidad con la Sentencia T-230 de 2020.

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Lo expuesto permite evidenciar que la autoridad judicial aquí accionada valoró las
pruebas relativas al cumplimiento de la orden de tutela contenida en la sentencia
del 27 de noviembre de 2024, las cuales daban cuenta de que Colpensiones, única
administradora a la que le dio la orden, contestó la petición radicada el 23 de
septiembre de 2024 por el hoy actor, en los términos previstos en el fallo.

En efecto, la jueza no solo analizó la respuesta otorgada por aquella y la respectiva
notificación, sino que, conforme al desacuerdo del accionante, también examinó la
comunicación del 14 de enero de 2025 de Protección S.A., por lo que no se observa
la estructuración del defecto fáctico alegado, con mayor razón cuando el actor no
especificó cuál prueba puntual dejó de valorarse o se analizó indebidamente, sino
que manifestó su desacuerdo con la conclusión probatoria a la que llegó el Juzgado.

Al respecto, debe resaltarse que ciertamente, como lo afirmó el Juzgado accionado,
el máximo tribunal constitucional ha reiterado que no puede entenderse que la
obligación que se desprende de brindar una respuesta de fondo, en virtud del
derecho de petición, implica la definición de si debe ser favorable o no a lo
peticionado, pues ello escapa del núcleo esencial de ese derecho8.

En ese entendido, aun cuando el accionante no está de acuerdo con la decisión
adoptada por Colpensiones respecto a su solicitud de traslado, lo cierto es que la
competencia de la autoridad judicial que decidió el incidente de desacato se limitaba
a establecer si aquella cumplió o no lo ordenado en la sentencia de tutela, esto es,
otorgar una respuesta a la solicitud de traslado y, solo en caso de ser procedente,
iniciar el procedimiento de la petición ante Protección, lo cual realizó, pero esta
última le indicó que ello no era posible, por lo cual rechazó la solicitud, lo cual no
podía reprocharse a Colpensiones, quien, se itera, acató lo ordenado, conforme lo
definió la jueza de la causa.

Por último, se observa que el accionante, en la impugnación, solicitó que se
ordenara a Colpensiones reactivar y concluir de inmediato el trámite de traslado de
régimen pensional, dando cumplimiento a lo expresado por la AFP Protección, sin
dilaciones ni nuevos requisitos; sin embargo, se trata de una pretensión que no se
planteó desde el escrito de tutela, en el cual la discusión se centró únicamente en
el acatamiento de la orden dada en el fallo, por lo cual frente a aquella las
accionadas no pudieron ejercer su derecho de defensa, lo que impide un
pronunciamiento sobre el particular.

En esa medida, se confirmará la sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante la cual se negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

8 Al respecto, ver, entre otras, sentencias: T-521 de 2020 y T-292 de 2022 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante la cual se negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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