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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00155-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00155-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de la cual declaró improcedente la acción. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00155-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00155-01
Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
Accionados: Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá

Tema: Acción de tutela contra providencias. Inaplicación sanción. Legitimación en la
causa por activa. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 31 de marzo 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de la cual declaró
improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón, en nombre propio, pretende que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y petición, los cuales considera vulnerados por el Juzgado
Veintiséis Administrativo de Bogotá, con los autos del 18 de octubre de 2024 y 4 de
marzo de 2025, mediante los cuales se negó la inaplicación de la sanción impuesta
en la acción de tutela con radicado 11001-33-35-026-2022-00272-00.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 16 de agosto de 2022, el Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá profirió
sentencia de tutela, en la que amparó los derechos fundamentales a la vida,
dignidad humana, salud, debido proceso e igualdad del señor Deivy Florentino Ayala
Hualpa y ordenó al Ejército Nacional que realizara el examen de retiro, conforme al
artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, y practicara todos los exámenes y valoraciones

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correspondientes y dependiendo de los resultados del primero de los mencionados
convocara la Junta Médico Laboral.

Que el 28 de septiembre de 2022, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
emitió informe de cumplimiento, en el cual puso en conocimiento del Juzgado que
contactó telefónicamente con el accionante, le envió el formato para el
diligenciamiento de la ficha médica, documento indispensable para iniciar con el
proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral que debía diligenciar en
el Establecimiento de Sanidad Militar, y lo conminó para que adelantara las
actuaciones bajo su responsabilidad.

Que el 22 de noviembre de 2022, el Juzgado dio traslado de dicho informe al actor
y requirió a la Dirección de Sanidad del Ejército para que se pronunciara al respecto,
por lo cual el 14 de diciembre de 2022, la Oficina Jurídica informó al despacho
judicial los avances en el proceso de calificación del señor Ayala.

Que el 31 de enero de 2023, el Juzgado abrió incidente de desacato en contra del
director de Sanidad del Ejército y el 17 de febrero de 2023, le impuso al señor
brigadier General Edilberto Cortes Moncada, director para esa fecha, una sanción
de 1 SMMLV.

Que el 16 de marzo de 2023. la Dirección de Sanidad del Ejército solicitó la
inaplicación de la sanción impuesta y aportó informe de cumplimiento, en el que se
señalaron las acciones adelantadas, incluyendo la programación de las citas
médicas, pero el 4 de julio de 2023 el Juzgado negó la petición y requirió el
acatamiento integral de la orden judicial.

Que el 18 de octubre de 2023, se comunicó a la autoridad judicial que el accionante
asistió a las citas médicas programadas y que el especialista en cirugía general
determinó la necesidad de realizar una intervención de extracción de ganglio, para
establecer el diagnóstico y las secuelas.

Que el 9 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023 y el 21 de mayo de 2024, se
informaron los avances en el proceso de calificación y en esa última fecha se solicitó
que se declarara que estaba adelantando todas las gestiones para cumplir lo
ordenado, se vinculara a la directora del Establecimiento de Sanidad Militar del
Grupo de Caballería Mecanizado núm. 3 y se exhortara al accionante para que
atendiera las responsabilidades a su cargo.

Que el 30 de agosto de 2024, se solicitó la inaplicación y suspensión de la sanción
impuesta, debido a que se estaban implementando todas las medidas para acatar
el fallo, pero no había sido posible culminar la etapa de los conceptos médicos.

Que el 18 de octubre de 2024, el Juzgado declaró improcedente la solicitud y el 25
de septiembre, 30 de octubre, 26 de noviembre y 18 de diciembre de 2023 se
presentaron informes de cumplimiento y peticiones de inaplicación de la sanción.

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Que el 12 de febrero de 2025, se informó al juez que el 15 de enero de ese año se
llevó a cabo la Junta Médica Laboral, y el 20 de febrero, se amplió el informe y se
expuso que el acta ya le había sido notificada al actor.

Que el 4 de marzo de 2025, el Juzgado decidió estarse a lo resuelto en providencias
anteriores respecto a la solicitud de suspensión, revocatoria, inaplicación e
inejecución de la sanción y compulsó copias ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá respecto a su actuación.

Que de los autos proferidos desde el año 2024 se tuvo conocimiento por la revisión
del expediente en el programa de gestión judicial SAMAI, pues no fueron notificados
al correo electrónico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

Que en los autos del 18 de octubre de 2024 y 4 de marzo de 2025, la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial de las altas
cortes sobre la procedibilidad de inaplicación de las sanciones por cumplimiento,
aun cuando se hayan confirmado por el superior.

Aludió a las sentencias T-171 de 2009, SU-034 de 2018, SU-043 de 2018, T-315 de
2020 y SU-424 de 2016 y los autos del 22 de noviembre de 2018 (T-00213-2012),
10 de marzo de 2021 (T-695/14), 29 de enero de 2019 (T-01763/12), 9 de noviembre
de 2020 (T-2616/15), 8 de abril de 2020 (T-389/17), 27 de junio de 2018 (T-
00292/14), 16 de julio de 2018 (T-00096/15), 13 de noviembre de 2018 (T-
00407/15), 6 de mayo de 2019 (T-01621/15), 9 de agosto de 2018 (T-00106/16), 22
de abril de 2021 (I-3301/16), 13 de noviembre de 2018 (T-00095/17), 14 de febrero
de 2020 (T-157/17) y 26 de abril de 2020 de la Corte Constitucional; la sentencia
del 18 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia (12SI); y la sentencia
del 30 de octubre de 2014 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

PRETENSIONES

Que se revoquen y dejen sin efectos los autos mediante los cuales se negó la
inaplicación de la sanción impuesta en la tutela y se ordene al Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá proferir una decisión de reemplazo, en la que aplique el
precedente judicial, e informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las
autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que den por terminado el
proceso adelantado contra el brigadier general Edilberto Cortes Moncada.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 18 de marzo de 2025 el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la acción y corrió traslado
al Juzgado accionado.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, por intermedio de su titular,
indicó que las providencias en las que se resolvió desfavorablemente la solicitud
reiterativa de inaplicación de la sanción pecuniaria de desacato impuesta al
brigadier general Edilberto Cortés Moncada se fundamentaron en las pruebas, las
normas aplicables y la jurisprudencia y fueron notificadas debidamente a las partes.

Que no ha incurrido en una acción u omisión que haya quebrantado los derechos
fundamentales del accionante, por lo cual pidió declarar la improcedencia de la
acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera Subsección B, declaró improcedente la acción por falta de legitimación en
la causa por activa, ya que el accionante pretendía que se levantara la sanción que
se impuso al brigadier general Cortés Moncada, pero no actuaba como su
apoderado o agente oficioso.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que sí está legitimado
en la causa por activa, pues aun cuando la sanción no le fue impuesta directamente,
fue el coordinador del Área Jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército, mayor
Edward Jair Jiménez Rodríguez, quien solicitó la inaplicación de esta el 21 de mayo
de 2024, y actualmente él ocupa dicho cargo.

Que posteriormente presentó solicitudes e informes de cumplimiento ante el
Juzgado accionado que fueron desatendidas injustificadamente, lo cual afecta sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, y el 18 de octubre de 2024, se declaró improcedente de plano la solicitud
que presentó como coordinador jurídico de la DISAN del Ejército sin estudiar las
nuevas pruebas aportadas.

Que el hecho de que no se le haya impuesto la sanción no excluye su legitimación
para instaurar la acción, ya que debe protegerse su derecho a ser oído en
condiciones de igualdad y a que sus solicitudes deban ser debidamente valoradas
y resueltas.

Concluyó que tiene un interés directo, actual y personal en la protección de los
derechos fundamentales que motivaron la solicitud de inaplicación de la sanción.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las
pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) legitimación en la causa por
activa y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Legitimación en la causa por activa

En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales.

A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se estableció la legitimidad
para el ejercicio de la acción de tutela y se previó que esta puede ser presentada:
1) directamente por la persona que considera vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales; 2) a través de su representante legal; 3) por medio de
apoderado judicial; 4) por agente oficioso y 5) mediante el defensor del pueblo y los
personeros municipales.

En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada asunto concreto si quien
presenta la acción de tutela se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de
no ser así deberá declararlo en la sentencia, evento en el que no habrá lugar a
analizar el fondo del asunto.

Caso concreto

En síntesis, el accionante impugnó la sentencia porque consideró que sí está
legitimado en la causa por activa, a pesar de que a él no fue a quien se le impuso
la sanción por desacato de la orden de tutela del 16 de agosto de 2022, teniendo en
cuenta que actualmente ocupa el cargo de coordinador y presentó peticiones para
que se inaplicara aquella.

Revisado el expediente de la acción de tutela en la que se accedió al amparo que
dio lugar a la sanción que se discute en esta sede, se advierte que fue al brigadier

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general Edilberto Cortés Moncada a quien el Juzgado Veintiséis Administrativo de
Bogotá impuso la sanción de desacato en el auto del 17 de febrero de 2023.

Por lo anterior es dicho brigadier el que estaría legitimado para reclamar la
protección de sus derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.

Debe recordarse que la declaratoria de desacato y la consecuente sanción conlleva
un juicio de responsabilidad subjetivo, por lo cual se requiere que esté acreditada la
negligencia de la persona encargada de cumplir el fallo. En esa medida, resulta
evidente que la persona legitimada para buscar la protección de sus derechos
fundamentales por la negativa de levantar una sanción de desacato no es otra que
aquella frente a quien recayó esta y respecto de la cual se adelantó dicho análisis
subjetivo de responsabilidad.

En relación con el argumento de la impugnación consistente en que sí se cumplía
dicho requisito, dado que fue el actor quien presentó las últimas solicitudes para la
inaplicación de la sanción, se precisa que desde mediados de 2023 el oficial de
gestión jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército, Edward Jair Jiménez
Rodríguez, fue quien pidió la inaplicación de la sanción impuesta al brigadier general
Edilberto Cortés Moncada cuando fungía como director de Sanidad Militar,
peticiones que fueron resueltas mediante autos del 4 de julio de 2023, 19 de febrero
de 2024 y 16 de mayo de 2024.

Si bien es cierto el 25 septiembre de 2024, el 30 de octubre de 2024, el 26 de
noviembre de 2024, el 12 y 20 de febrero de 2025, el hoy accionante, en su
condición de coordinador de Tutela Medicina Laboral de la DISAN, solicitó
nuevamente dicha inaplicación, lo cual fue resuelto el 18 de octubre de 2024 en el
sentido de declararla improcedente, y, el 4 de marzo de 2025, en el entendido de
que debía estarse a lo resuelto en providencias anteriores, no lo es menos que lo
pretendido a través de esta acción es que se levante la sanción impuesta a un
tercero, y no se refiere a una vulneración de los derechos del actor como sujeto
procesal.

Se resalta además que el accionante no está actuando como apoderado judicial o
agente oficioso del directamente afectado, por lo cual no está legitimado en la causa
por activa.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 31 de marzo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
mediante la cual se declaró improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través
de la cual declaró improcedente la acción.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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