Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00171-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2025-00171-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
3 de julio de 2025
Radicación: 25000 23 15 000 2025 00171 01
Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000 23 15 000 2025 00171 01
Accionante: MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA GARZÓN
Accionado: JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ
Tesis: Hay lugar a declarar la falta de legitimación en la causa
por activa frente a una acción de tutela promovida contra
los autos que negaron la inaplicación de la sanción
impuesta a un funcionario en el trámite de un incidente
de desacato por incumplimiento de una orden judicial,
cuando quien promueve la solicitud de amparo no es el
funcionario sancionado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 7 de abril de 2025 por la Subsección C,
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón, actuando como coordinador
jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, promovió acción
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000 23 15 000 2025 00171 01
Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
de tutela en contra del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de
Bogotá, con ocasión de los autos proferidos el 9 de agosto de 2024 y el
24 de febrero de 2025, en el trámite incidental de la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: TUTELAR nuestros derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y DERECHO A
LA IGUALDAD, los cuales han sido vulnerados por el JUZGADO
VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA
D.C. – SECCIÓN SEGUNDA por auto de fecha 9 de agosto de 2024
en el cual se niega la solicitud de inaplicación de la Sanción al
Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON quien se
desempeña como Director de Sanidad Militar - Ejército Nacional
dentro del proceso No. 11001-33-35-026-2024-00090-00.
SEGUNDO: Solicito que se REVOQUE el auto de fecha 24 de
febrero de 2025 en el cual se niega la solicitud de inaplicación de
la Sanción del señor Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL
PINZÓN quien se desempeña como Director de Sanidad Militar-
Ejército Nacional, con fundamento en las razones de hecho y de
derecho promovidas dentro del presente escrito de tutela.
TERCERO: En concordancia con la solicitud anterior, me permito
solicitar respetuosamente DECLARAR EL CUMPLIMIENTO del
fallo de tutela, toda vez que esta Dirección de Sanidad Ejército ha
realizado las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a las
órdenes impartidas por el Despacho accionado. Por lo anterior,
solicito se archive el trámite constitucional No. 11001-33- 35-026-
2024-00090-00 por las razones expuestas […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, el 1 de abril de 2024, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá profirió fallo en la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00, en el
que se amparó el derecho fundamental de petición del señor Alex Suárez
Joya y, en consecuencia, ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
Nacional dar respuesta de fondo a la petición presentada por el señor
Suárez Joya el 15 de febrero de 2024.
Manifestó que el señor Suárez Joya presentó incidente de desacato, al
que se le impartió el trámite correspondiente y el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá consideró que la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional no había cumplido la orden impartida en el
precitado fallo de tutela, por lo que, mediante providencia de 3 de mayo
de 2024, le impuso una sanción de un salario mínimo mensual legal
vigente al señor Luis Hernando Sandoval Pinzón en calidad de director
de Sanidad del Ejército Nacional.
Relató que, por auto del 15 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción impuesta al señor
Sandoval Pinzón.
Señaló que, aunque no hubo vulneración de los derechos fundamentales
del señor Suárez Joya porque, según afirmó, la entidad no conoció la
petición, al revisar los anexos de la acción de tutela presentada encontró
una comunicación del 13 de febrero de 2024 a la que se le dio respuesta
de manera clara, precisa y congruente mediante escrito identificado con
el radicado nro. 2024325001716041 del 2 de julio de 2024.
Indicó que, conforme la respuesta otorgada al señor Suárez Joya, solicitó
al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá que declarara
el cumplimiento de la orden judicial impartida en el fallo de tutela y
dejara sin efectos la sanción impuesta al señor Sandoval Pinzón.
Anotó que, por auto del 9 de agosto de 2024, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá negó la solicitud de inaplicación de
la sanción impuesta.
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Expuso que, a través de escritos presentados el 23 de septiembre de
2024, 25 de octubre de 2024 y 18 de febrero de 2025, solicitó de manera
reiterada la inaplicación de la sanción al considerar que se había dado
cumplimiento a lo resuelto en la acción de tutela identificada con el
radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00; sin embargo, el juzgado
accionado, por auto del 24 de febrero de 2025 dispuso negar
nuevamente la inaplicación de la sanción impuesta y, en tal sentido,
estarse a lo resuelto en el auto del 9 de agosto de 2024.
Alegó que “(…) se desconoce la motivación que tiene el despacho para
inaplicar sanción, teniendo en cuenta que nos encontrábamos frente a
una orden compleja (bajo el contexto de la inexistencia y/o
desconocimiento del derecho de petición en las bases de datos de la
Dirección de Sanidad Militar) y no se encuentra demostrada la negligencia
o el dolo para cumplir la sentencia de tutela, del mismo modo, se
informaron las gestiones que se realizaron, estas encaminadas a
garantizar los derechos del accionante, las cuales deben ser valoradas
integralmente por el Despacho (…)”2.
Sostuvo que “(…) la decisión del Juzgado Veintiséis Administrativo de
Oralidad de Bogotá D.C. – Sección Segunda incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente constitucional como quiera que, se
desconoció los pronunciamientos de las altas cortes relacionados con que
es precedente el levantamiento de las sanciones impuestas por desacato
a orden de tutela en los casos en que se acredita el cumplimiento así sea
extemporáneo o aún después de que se surte la consulta, toda vez que,
la finalidad del incidente de desacato “no es la imposición de la sanción
en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del
cumplimiento de la sentencia” (…)”3.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
3
Ibidem.
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Explicó que “(…) el Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN, no obró
de manera dolosa o culposa, y bajo esa perspectiva, es menester
resaltarle al Despacho, que de acuerdo al principio de oportunidad se
puede dar aplicabilidad a la ponderación de los intereses del estado,
propios de brindar justicia a las partes, por lo cual mediante acción
constitucional el accionante tuvo el amparo de sus derechos
fundamentales, pero es evidente que esta entidad tuvo que realizar
diversos trámites para cumplir de forma eficaz y eficiente (…)”4.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, aseveró que “el presente asunto tiene relevancia constitucional
atendiendo a que el Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de
Bogotá D.C. – Sección Segunda, al proferir auto de fecha 09 de agosto de
2024 y 25 de febrero del 2025 (…) vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, administración de justicia y seguridad jurídica de la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional”5.
Agregó que “(…) esta Dirección de Sanidad del Ejército Nacional considera
que, el Juzgado Veintiséis Administrativo del Oralidad de Bogotá D.C.-
Sección Segunda incurrió en una irregularidad procesal al proferir auto de
09 de agosto de 2025 y 25 de febrero de 2025 dentro de la tutela
interpuesta por el señor ALEX SUAREZ JOYA amparando sus pretensiones;
irregularidad que derivó en la afectación de los derechos fundamentales
al debido proceso, administración de justicia, al patrimonio, al derechos
de defensa, a la igualdad y seguridad jurídica del aquí accionante, bajo el
entendido que en la providencia impugnada se configura una vía de hecho
por defecto sustantivo o material (…)”6.
Finalmente arguyó que “(…) se han vulnerado los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
5
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
derecho de petición, ya que la sanción impuesta y confirmada en el
incidente de desacato se ha mantenido sin una justificación adecuada,
desconociendo precedentes aplicables y obstaculizando el ejercicio de
garantías constitucionales esenciales. Por lo tanto, se hace necesaria la
intervención de la justicia constitucional para restablecer estos derechos
y ordenar la inaplicación de la sanción impuesta (…)”7.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 25 de marzo de 20258 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por auto del 26 de marzo de 20259
avocó su conocimiento y dispuso notificar10 al Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá, como parte accionada.
De igual forma, requirió al señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón para
que allegara “el poder que lo autoriza para actuar en la presente acción
de tutela en nombre del director de sanidad del Ejército Nacional, Coronel
Luis Hernando Sandoval Pinzón, empleado que fue sancionado por el
incumplimiento de la acción de tutela 11001-33-35-026-2024-00090-
00”11.
7
Ibidem.
8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
9
Ibidem.
10
Esta orden se cumplió el 26 de marzo de 2025. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025
00171 01.
11
Aparte del auto del 26 de marzo de 2025 dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B por medio del cual avocó el conocimiento
de la acción de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
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3.2. El titular del Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de
Bogotá, en calidad de juez encargado del juzgado accionado, rindió
informe12 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela.
Adujo que “(…) las decisiones de instancia no fueron arbitrarias o
contrarias a derecho, y menos que no se hubiere garantizado el debido
proceso a las partes, pues (…) dichas determinaciones fueron notificadas
a las partes y se encuentran debidamente ejecutoriadas (…)”.
3.3. El señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón, en calidad de
coordinador jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional,
presentó escrito13 en el que manifestó que aportaba “Acto Administrativo
– Orden Semanal nro. 045 y Acta de Posesión Personal Militar nro. 031
que me autoriza para actuar en la presente acción de tutela en nombre
del director de sanidad del Ejército Nacional, Coronel Luis Hernando
Sandoval Pinzón, empleado que fue sancionado por el incumplimiento de
la acción de tutela 11001-33-35-026-2024-00090-00”.
Junto con el mencionado escrito, allegó la documentación anunciada, en
la que se evidencia lo siguiente14:
(i) Orden semanal nro. 045:
“[…]
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
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(…)
[…]”.
(ii) Acta de posesión:
Junto con el acta de posesión, se anexó el siguiente documento:
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 7 de abril de 202515, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- Reconocer personería para actuar en
representación del señor Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón,
al doctor Miguel Cervantes Saavedra Garzón (…), quien concurre
como oficial coordinador de tutelas de la Dirección de Sanidad
Militar.
SEGUNDO.- NEGAR la tutela presentada por el señor Coronel Luis
Hernando Sandoval Pinzón contra el Juzgado 26
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
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Para ello, inicialmente, en el acápite del fallo denominado “Trámite
procesal”, indicó que “el 31 de marzo de 2025, el señor Miguel Cervantes
Saavedra Garzón allegó el acta de posesión en el cargo de oficial de
coordinador de tutelas que ocupa en la Dirección de Sanidad Militar”.
Posteriormente, en las consideraciones señaló que, de los medios de
prueba aportados y revisada la actuación judicial adelantada por el
juzgado accionado en la etapa posterior a la imposición de la sanción, no
encontró vulnerados los derechos fundamentales del señor Luis Hernando
Sandoval Pinzón.
Explicó que, “(…) el Tribunal ha examinado en forma detallada el
transcurrir del proceso previo a la imposición del desacato, que surtió el
grado de consulta y fue confirmado en toda su extensión. Así entonces,
en el asunto bajo estudio no se encuentra demostrado una actuación
ilegítima de la autoridad judicial, pues según el artículo 27 del Decreto
2591 el juez constitucional está facultado para sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan el fallo de tutela. Tampoco
advierte la Sala un actuar arbitrario del Juzgado 26 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, pues requirió en diferentes oportunidades a la
hoy accionante para que cumpliera con el fallo de tutela, pese a ello, se
abstuvo a cumplir sin justificación alguna (…)”.
Resaltó que “(…) sólo fue hasta el 02 de julio de 2024 que la Dirección de
Sanidad del Ejército Militar, cumplió con el fallo de tutela, esto es, tres
meses después del fallo de primera instancia; providencia que ordenó a
la hoy accionante que, en un término de cuarenta y ocho horas posteriores
a la notificación del fallo de tutela, emita respuesta de fondo, clara y
congruente a la petición del señor Alex Suárez Joya, situación que no
ocurrió (…)”.
Precisó que “(…) El señor Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón indicó
que el incumplimiento se derivó porque en el sistema de la entidad no
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estaba registrada la solicitud, y tuvo que buscar en los anexos de la acción
de tutela para encontrar el documento, y así dar una respuesta; todas
esas alegaciones pudo exponerlas con la debida y atenta comparecencia
dentro del trámite incidental, y no lo hizo. Las excusas tardías en el marco
de esta acción no son de análisis ahora, como bien lo orienta la Corte
Constitucional. Así pues, la Dirección de Sanidad del Ejército Militar tuvo
la oportunidad para cumplir los requerimientos realizados en el trámite
del incidente de desacato y no lo hizo, por ende, la acción de tutela no es
el mecanismo para premiar su negligencia y descuido (…)”.
Agregó que el señor Sandoval Pinzón alegó que, acorde a distintas citas
jurisprudenciales, si se observa el cumplimiento de un fallo de tutela de
forma extemporánea, incluso después de decidida la consulta, es posible
levantar las sanciones impuestas en el incidente de desacato.
Al respecto, advirtió que “(…) no acierta en esa afirmación la accionante,
puesto que al estudiar y analizar las sentencias de las Altas Cortes, no
existe decisión alguna que indique que se deben levantar las sanciones
de desacato cuando el accionado cumple el fallo de tutela de forma tardía;
por el contrario, el juez constitucional debe realizar un estudio sobre la
procedencia de la acción de tutela contra el auto del trámite incidental de
desacato y prever si hubo vulneración a derecho fundamental alguno
(…)”.
Por último, arguyó que “(…) en virtud de los argumentos fácticos, jurídicos
y probatorios expuestos con antelación, la Sala encuentra demostrado
que no existe vulneración alguna alegada en el trámite posterior al
desacato, en particular en la negativa a levantar la sanción, a la que
efectivamente no hay lugar, porque esa sanción fue impuesta con causa
legal el desconocimiento a orden judicial. No hay prueba alguna que se
hayan vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, fue su
actuar negligente y descuidado en cumplir los requerimientos ordenados
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por el juez de instancia la hizo ser merecedora no solo de la sanción por
desacato que alcanzó firmeza, sino de la negativa al levantamiento de la
sanción, para lo que, el juzgado de conocimiento fue explícito y su
decisión bien razonada. Desató toda una diligente actividad judicial de
control y por el hecho de que no accedió a su pretensión de exoneración
de la sanción, no vulnera sus derechos fundamentales (…)”.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el señor Miguel
Cervantes Saavedra Garzón, en calidad de coordinador jurídico de la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, presentó escrito de
impugnación16 en el que, inicialmente, reiteró parte de la situación fáctica
expuesta en el escrito de tutela inicial.
Posteriormente, insistió en que “(…) para que proceda el levantamiento e
inaplicación de la sanción impuesta por desacato se debe verificar el cabal
cumplimiento de la orden tutelar, cuestión que ya se ha demostrado en
varias ocaciones (sic) por parte de la Dirección de Sanidad del Ejercito al
Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C – Sección
Segunda. Se trae a colación la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida
por la Sección Cuarta de ese alto tribunal con ponencia del consejero
Milton Chávez García, dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-
04579-01, decisión por medio de la cual se ampararon los derechos del
Presidente de Colpensiones y se confirmó la sentencia de primera
instancia por medio de la cual se dieron órdenes precisas a éste Despacho
de decidir nuevamente sobre la inaplicación de la sanción impuesta en
esa oportunidad a través de incidente de desacato a órdenes de tutela a
la autoridad incumplida (…)”.
16
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Finalmente, aseguró que “(…) se han vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y derecho de petición, ya que la sanción impuesta y confirmada
en el incidente de desacato se ha mantenido sin una justificación
adecuada, desconociendo precedentes aplicables y obstaculizando el
ejercicio de garantías constitucionales esenciales. Por lo tanto, se hace
necesaria la intervención de la justicia constitucional para restablecer
estos derechos y ordenar la inaplicación de la sanción impuesta (…)”.
5.2. Por auto del 22 de abril de 2025 se concedió la impugnación17 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto de ese mismo día,
al despacho de la Consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón (E2)18.
5.3. Por auto del 9 de mayo de 202519, el despacho de la Consejera de
Estado Nubia Margoth Peña Garzón (E2) ordenó remitir el expediente de
la presente acción de tutela al despacho ponente de esta providencia, en
razón a que el proyecto registrado en Sala del 8 de mayo de 2025 no fue
aprobado.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199120, en concordancia con el numeral 5 del artículo
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
18
Ibidem.
19
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
20
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201521, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 22, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201923, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 diciembre
de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:
6.2.1. En sentencia del 1 de abril de 2024, proferido por el Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá en la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00, se
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del
señor ALEX SUAREZ JOYA, respecto de la petición de 15 de
febrero de 2024, por las razones expuestas previamente.
SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL
EJÉRCITO NACIONAL – MEDICINA LABORAL, a que en un
término de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación
de esta providencia, emita respuesta de fondo, clara y congruente
frente a la petición de fecha 15 de febrero de 2024 del accionante.
No obstante, en caso de no resultar la autoridad competente para
ello, deberá remitir la petición objeto de amparo a la autoridad,
área o dependencia que lo sea siguiendo lo reglado en el art. 21 de
la Ley 1755 de 205 e informar a este despacho.
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
23
“Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913”.
24
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por la parte actora y de las actuaciones
registradas en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI de la acción de tutela
identificada con el radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00.
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
TERCERO: NEGAR el amparo de los demás derechos invocados
por la activa, por lo expuesto en precedencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.2. Por auto proferido el 3 de mayo de 2024, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR QUE EXISTE DESACATO por parte
del DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL,
coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN, frente a la orden
judicial impartida mediante proveído de fecha 06 de diciembre de
2023 (sic), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: IMPONER al DIRECTOR DE SANIDAD DEL
EJERCITO NACIONAL, coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL
PINZÓN, sanción pecuniaria consistente en multa de UN (01)
S.M.M.L.V. de conformidad con lo dispuesto por el Art. 52 del
Decreto 2591 de 1991, art. 203 de la Ley 270 de 1996; modificado
por el Artículo 20 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con el
Acuerdo No. PSAA10-6979 de 2020, a partir de la vigencia de la
Ley 1285 de 2009, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
(…)
TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente o por el medio más
expedito esta providencia a las partes.
CUARTO: REQUERIR al DIRECTOR DE SANIDAD DEL
EJERCITO NACIONAL, que acredite el cumplimiento del fallo de
tutela emitido dentro del presente trámite constitucional […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
6.2.3. Por auto proferido el 15 de mayo de 2024, la Subsección A, Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 3 de mayo de 2024 dictado
por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá.
6.2.4. Mediante escrito del 2 de julio de 2024, identificado con el radicado
nro. 2024325001716471 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DISAN-1.5, el oficial de Gestión Jurídica de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional solicitó que (i) se declarara la carencia actual de objeto
en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 33 35 026
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2024 00090 00, debido a que, dicha dirección había dado cabal
cumplimiento a la orden judicial emitida; y (ii) se dejara sin efectos la
sanción impuesta en auto del 3 de mayo de 2024 y, en consecuencia, “no
ejecutar las medidas impuestas en contra del señor Coronel LUIS
HERNANDO SANDOVAL PINZÓN, consistente en una multa por el valor
equivalente a un (01) SMMLV”.
6.2.5. Por auto del 9 de agosto de 2024, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá negó la precitada solicitud de
inaplicación de la sanción impuesta por desacato.
6.2.6. Mediante escritos radicados25 el 23 de septiembre de 2024, el 25
de octubre de 2024 y el 18 de febrero de 2025, el oficial coordinador de
tutelas de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional reiteró la solicitud
de inaplicación de la sanción impuesta al señor Luis Hernando Sandoval
Pinzón, en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional.
6.2.7. Por auto del 24 de febrero de 202526, el Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso negar las anteriores
solicitudes y estarse a lo resuelto en el auto del 9 de agosto de 2024.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón,
en calidad de coordinador jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, promovió acción de tutela pretendiendo la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que considera
vulnerados con ocasión de los autos proferidos el 9 de agosto de 2024 y
24 de febrero de 2025 por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
de Bogotá, por medio de los cuales se negaron las solicitudes de
25
Visto en los índices 36, 37 y 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00.
26
Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00.
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
inaplicación de la sanción impuesta al señor Luis Hernando Sandoval
Pinzón, en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional, por
desacato de la orden judicial impartida en el fallo de tutela del 1 de abril
de 2024.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en sentencia del 7 de abril de 2025 dispuso, por una parte,
“Reconocer personería para actuar en representación del señor Coronel
Luis Hernando Sandoval Pinzón, al doctor Miguel Cervantes Saavedra
Garzón (…), quien concurre como oficial coordinador de tutelas de la
Dirección de Sanidad Militar”27; y por otra, negar la solicitud de amparo.
A su turno, el señor Saavedra Garzón presentó escrito de impugnación en
el que reiteró la situación fáctica y los fundamentos expuestos en el
escrito de tutela inicial, e insistió en que “se han vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y derecho de petición, ya que la sanción impuesta y confirmada
en el incidente de desacato se ha mantenido sin una justificación
adecuada, desconociendo precedentes aplicables y obstaculizando el
ejercicio de garantías constitucionales esenciales. Por lo tanto, se hace
necesaria la intervención de la justicia constitucional para restablecer
estos derechos y ordenar la inaplicación de la sanción impuesta”28. (Se
destaca).
En ese sentido, la Sala considera que se debe revocar el fallo proferido
por el a quo y, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa
por activa por las razones que pasan a explicarse.
27
Aparte del fallo de tutela de primera instancia. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025
00171 01.
28
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2025 00171 01.
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En relación con la legitimidad para interponer una acción de tutela el
artículo 86 de la Constitución Política establece lo siguiente: “(…) toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (…)”. (Se destaca).
A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que, “(…) la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos (…)”.
Frente a los legitimados para solicitar la protección de derechos
fundamentales la Corte Constitucional ha dicho29 que, “en lo que hace
relación a la legitimación en la causa por activa, la misma jurisprudencia
ha precisado que, aun cuando solamente el titular de un derecho
fundamental se encuentra habilitado para acudir a la acción de tutela, la
Constitución y la ley contemplan la posibilidad de que la solicitud de
protección sea promovida, no solo por quien considera vulnerados o
amenazados sus derechos, sino también, por quien demuestre tener un
interés legítimo para actuar a su nombre. Bajo esos parámetros,
interpretando el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y
10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha considerado que se
configura la legitimación en la causa, por activa, en los siguientes
casos: (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio
nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es
promovida por quien tiene la representación legal del titular de los
29
Corte Constitucional. Sentencia T – 176 del 14 de marzo de 2011. M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
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derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial
del afectado, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) igualmente,
en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del
afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa
de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un
enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o
mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a
nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por
el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador
General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales”. (Se destaca).
Posteriormente, en sentencia T-292 de 202130, al citar la sentencia T-531
de 2002, la Corte Constitucional indicó que “(…) el apoderamiento judicial
es una subespecie de la representación, que “(i) [consiste en] un acto
jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) Se concreta en
un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder
para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv)
el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses
en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoción
de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos
tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con
tarjeta profesional (…)”. (Se destaca).
30
Corte Constitucional. Sentencia T-292 del 30 de agosto de 2021. M.P. Paola Andrea
Meneses Mosquera.
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En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional anotó lo siguiente31:
“[…] 32. La Corte también ha advertido que el ejercicio de la
representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de
apoderamiento especial y concreto o en un poder de carácter
general. Al respecto, ha señalado que “la falta de poder especial
para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado
judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros
asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo
constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos
casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de
legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los apoderados
judiciales en sede tutela tienen el deber de acreditar tal calidad,
ello no obsta para que el juez de tutela, en ejercicio de sus
facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los
derechos fundamentales invocados.
33. En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela debe
observar las siguientes reglas: (i) el poder debe constar por escrito
y éste se presume auténtico, (ii) el mandato puede constar en un
acto de apoderamiento especial o en uno de carácter general, (iii)
quien pretenda ejercer la acción de tutela mediante apoderado
judicial debe conferir facultades expresas para el ejercicio de esta
acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un abogado con tarjeta profesional
vigente […]”. (Se destaca).
Ahora, acerca de las consecuencias que genera la desatención de una
orden de tutela y los requisitos que deben estar cumplidos para que sea
posible imponer una sanción, es pertinente destacar que el artículo 52 del
mencionado Decreto 2591 de 1991 prevé que quien incumpla una orden
de tutela incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta seis (6)
meses y multa de hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales
vigentes; dicha sanción será impuesta previo trámite incidental, luego de
consultada con el superior para que decida si debe o no revocarse.
A su vez, para imponer la respectiva sanción es necesario que concurran
tanto el elemento objetivo como el subjetivo, para ello deberán estar
presentes los aspectos propios del régimen sancionatorio, verbigracia, los
31
Ibidem.
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grados y modalidad de la culpa o negligencia con que haya actuado el
funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o
atenuación de la conducta, y el derecho de defensa y contradicción.
De lo señalado se colige que, cuando se pretenda controvertir una
providencia proferida dentro del trámite incidental, quien está legitimado
para presentar la acción de tutela es el funcionario sancionado, ya sea a
nombre propio o a través de apoderado judicial, no otro funcionario de la
misma entidad a la cual pertenece, dado que la sanción tiene una
naturaleza personal y no institucional.
En el caso concreto, el sancionado es el señor Luis Hernando Sandoval
Pinzón, en calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional; sin
embargo, la acción de tutela fue promovida por el señor Miguel Cervantes
Saavedra Garzón, en calidad de coordinador jurídico de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional.
En el auto que avocó conocimiento de la presente solicitud de amparo, el
a quo requirió al señor Cervantes Saavedra Garzón para que allegara el
poder que lo facultaba para actuar en nombre del señor Sandoval Pinzón.
En respuesta a dicho requerimiento, el señor Saavedra Garzón aportó dos
documentos; uno denominado “ORDEN SEMANAL NRO. 045 DE LA
DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO PARA LA SEMANA
COMPRENDIDA DEL 90 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
EN BOGOTÁ D.C.”, en el que se nombró al señor Saavedra Garzón como
“Oficial Coordinador tutelas medicina laboral DISAN Ejército”; y otro,
correspondiente al acta de posesión, el cual tenía un anexo en el que se
relacionan las funciones a desempeñar en el respectivo cargo.
Las funciones a cargo del señor Saavedra Garzón como coordinador
jurídico de tutelas de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, son
las siguiente:
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De la precitada relación de funciones, no se evidencia que el señor
Saavedra Garzón esté facultado expresamente, en los términos señalados
por la Corte Constitucional, para promover la presente acción de tutela
en nombre del señor Luis Hernando Sandoval Pinzón, director de Sanidad
del Ejército Nacional, quién fue sancionado en el trámite incidental de la
acción de tutela nro. 11001 33 35 026 2024 00090 00.
Bajo dicho contexto, al no estar acreditado en el expediente que el señor
Sandoval Pinzón haya conferido poder al señor Saavedra Garzón para que
promoviera en su nombre la presente solicitud de amparo, es pertinente
declarar la falta de legitimación en la causa por activa.
Por lo tanto, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
revocará el fallo proferido el 7 de abril de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
negó la petición de amparo, para en su lugar, declarar la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Miguel Cervantes Saavedra
22
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Garzón, en calidad de coordinador jurídico de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, para interponer la presente tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 7 de abril de 2025
por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, DECLARAR
LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA en la acción
de tutela interpuesta por el señor Miguel Cervantes Saavedra Garzón, en
calidad de coordinador jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, por las razones señalas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto
23
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Accionante: Miguel Cervantes Saavedra Garzón
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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