Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00283-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00283-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00283-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00283-01
Accionante: José Efraín Rojas Gómez y otros1
Accionado: Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Autos emitidos
dentro de proceso de reparación directa. Admitió respecto de un demandante y
ordenó desglose de la demanda respecto de los demás para que se tramitara de
manera separada por cada uno / REVOCA AMPARO, PARA DECLARAR
IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación en la causa por activa. Los poderes
allegados no satisfacen el presupuesto de especificidad.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 13 de mayo de 2025 por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
al amparo reclamado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 5 de mayo de 2025, el señor Osman Hipólito Roa Sarmiento, quien manifestó
actuar como apoderado judicial del señor José Efraín Rojas Gómez y de las demás
110 personas que integran la parte demandante en el proceso ordinario en el que se
dictaron las decisiones judiciales acusadas, promovió acción de tutela contra el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia2.
2.
Solicitó se dejaran sin efectos los autos de 4 y 25 de abril de 2025 emitidos dentro
del proceso de reparación directa 3 incoado contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación,
encaminado a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la omisión
administrativa de adelantar el respectivo trámite para reconocerles y pagarles la
prima territorial correspondiente al aumento salarial del 20% por antigüedad,
consagrada en la Ordenanza 13 de 1947, durante el tiempo en que estuvo vigente.
1 110 personas. Son los mismos quienes integran la parte demandante en el proceso ordinario.
2 También invoca los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, economía procesal y eficacia.
3 Expediente 11001-33-36-033-2024-00355-00.
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Accionante: José Efraín Rojas Gómez y otros
Accionado: Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá
3.
Mediante las providencias de 4 de abril de 2025 se admitió el medio de control
únicamente respecto del señor José Efraín Rojas Gómez y se ordenó el desglose de
dicha demanda por los restantes 110 integrantes del extremo activo. Se consideró
que la demanda presentada por las 111 personas no superaba los presupuestos
legales para que se presentara la acumulación subjetiva de pretensiones. Aunque la
demanda tiene un objeto común (reparación por omitir pago de prima de antigüedad),
las circunstancias fácticas en las que se fundan las pretensiones son distintas para
cada uno de los demandantes. Por ende, se deduce también que los demandantes
no se servirán de unas pruebas comunes ni se advierte una relación de
interdependencia. En esa medida, se ordenó desglosar la demanda y requerir al
apoderado de la parte actora para que presentara de manera individual el libelo
introductorio para cada uno de los integrantes enlistados del 2 al 111 del cuadro en
que se relacionaban sus nombres, para que se surta el respectivo reparto.
4.
En la otra providencia emitida ese día, se examinaron los requisitos de admisión
de la demanda respecto del señor José Efraín Rojas Gómez, los cuales cumplió, por
lo que se dispuso admitirla.
5.
Contra dichas decisiones judiciales la parte actora interpuso recursos de
reposición, los cuales fueron despachados de manera desfavorable. En cuanto a la
decisión de desglose, se reiteró que aunque las 111 personas que formularon la
demanda pretendan una indemnización por la omisión administrativa en adelantar el
correspondiente trámite para reconocer y pagar la prima de antigüedad estipulada
en la Ordenanza 13 de 1947, lo cierto es que los hechos debían ser analizados frente
a cada demandante, máxime cuando el único contexto en el que se encuentran de
manera igual es el vínculo con la entidad, pero en distintas épocas y circunstancias,
como son la antigüedad, salarios, vinculaciones y pruebas (contratos, vinculaciones,
ascensos).
6.
En lo relativo a la determinación de admitir la demanda únicamente frente al señor
Rojas Gómez, se sostuvo que se examinaron todos los presupuestos para su
admisión, y en todo caso, los argumentos se dirigían a cuestionar el desglose
ordenado.
7.
La parte actora indicó que las providencias acusadas incurrieron en defecto
sustantivo, pues se desconocieron los artículos 165 y 306 del CPACA, así como el
88 y 148 del CGP, al igual que las tesis jurisprudenciales y doctrinales relacionadas
con la procedencia y admisibilidad de la figura de la acumulación de pretensiones,
que tiene por objeto que en un solo proceso se resuelvan el máximo de súplicas que
un demandante pueda tener contra un mismo demandado y, cuando la demanda sea
presentada por varias personas, se pueda obtener en una sola sentencia la solución
a todas sus peticiones.
8.
Aclaró que si el artículo 165 del CPACA permite que en una demanda se acumulen
pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, las relativas a
2
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contratos y de reparación directa, con mayor razón se pueden acumular pretensiones
de varios demandantes contra uno o varios demandados, para cuya procedencia, de
acuerdo con la remisión estipulada en el artículo 306 ibidem, se debe acudir al CGP.
9.
Conforme al artículo 88 del CGP, para que proceda la acumulación subjetiva de
pretensiones no se deben cumplir todos los requisitos allí estipulados, sino que basta
con que se presente uno de ellos. Por ende, no era necesario analizar si las
pretensiones tenían una relación de dependencia entre sí o si debían servirse de las
mismas pruebas, como lo hizo la autoridad judicial accionada.
10.
En ese sentido, en su caso se cumplían los presupuestos legales para dicha
acumulación, pues (i) se trata de varios demandantes contra un mismo demandado;
(ii) provienen de la misma causa y versan sobre el mismo objeto, dado que era
personal educativo (docentes) que buscaba el reconocimiento y pago de los
perjuicios causados por la omisión de no cancelarles la prima territorial por
antigüedad establecida en la Ordenanza 13 de 1947; (iii) existe conexidad, porque
se deben tramitar por igual procedimiento y el juez competente es el mismo para
todos los casos; y (iv) no se excluyen entre sí.
11.
De igual modo, se desatendieron los artículos 7 y 11 del CGP y 103 del CPACA,
así como la normativa y jurisprudencia, que precisa que la acumulación de
pretensiones propende por el desarrollo de tres principios de la función administrativa
consagrados en el artículo 209 Superior, estos son, eficacia, economía y celeridad.
Para soportar su tesis hace referencia a providencias dictadas por el Consejo de
Estado4, en las que se ha indicado que la acumulación subjetiva de pretensiones es
procedente para garantizar principios de carácter constitucional.
12.
Asimismo, adujo que acaeció defecto fáctico porque no se valoró de manera
correcta el contenido integral de la demanda y los argumentos expresados en los
recursos de reposición interpuestos contra los autos de 4 de abril de 2025, en razón
a que en el proceso ordinario se reúnen las exigencias legales para la aplicación de
la figura de acumulación invocada.
B. Sentencia de primera instancia
13.
Mediante sentencia de 13 de mayo de 2025, la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al amparo
constitucional reclamado. Se precisó que el apoderado de la parte actora aportó
prueba de reclamaciones administrativas relacionadas con el reconocimiento de la
prima de antigüedad para muchos de los accionantes, de lo que se deduce que para
ellos el presunto perjuicio causado por la Administración no se predica de una
omisión, sino de un acto administrativo, ficto o expreso, por lo que la demanda de
este grupo deberá tramitarse bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento
4 Sentencias de 24 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-04369-01 (AC), C. P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; 12 de febrero de 2015, C. P. María Elizabeth García González; y 23 de octubre de 2014, expediente
11001-03-15-000-2014-01980-00.
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del derecho y por el juez natural de dicha causa. En ese sentido, se configuró la
indebida acumulación de pretensiones entre los dos grupos de demandantes, esto
es, aquellos cuyos agravios se originaron en una omisión administrativa y los que
emanan de un acto administrativo, por lo que la orden de desglose en esos términos
es procedente.
14.
Dilucidado lo anterior, consideró que no se configuraba la indebida acumulación
subjetiva de pretensiones en el grupo de actores que no cuentan con acto
administrativo. Se cumplen los requisitos para que proceda dicha acumulación,
porque (i) si bien las circunstancias fácticas de los demandantes no son idénticas, lo
cierto es que comparten una causa común, en tanto sus pretensiones de reparación
se justifican en la presunta omisión de las entidades demandadas de adelantar los
trámites para garantizar el pago de la prima de antigüedad consagrada en la
Ordenanza 13 de 1947; (ii) guardan identidad de objeto, toda vez que se pretende el
desagravio de la anterior omisión y aunque se genera una divergencia en la cuantía
del lucro cesante, ello no se traduce en una diferencia en las pretensiones; (iii) como
las súplicas se enmarcan en el medio de control de reparación directa, la demanda
debe tramitarse bajo el mismo procedimiento y por el mismo juez, por lo que existe
dependencia entre los demandantes; y (iv) la falta de correspondencia de pruebas,
se relaciona con la determinación de la cuantía del lucro cesante, por lo que no
implica un obstáculo para la acumulación subjetiva de pretensiones.
15.
Con base en lo anotado, dejó sin efectos las providencias objeto de reproche
constitucional y le ordenó a la autoridad judicial accionada que, “(…) en el término
de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera un
auto de reemplazo en el que decida sobre la admisión de la demanda instaurada por
los accionantes, entendiendo que en el sub examine procede la acumulación
subjetiva de pretensiones en dos grupos de accionantes, según su causa: aquellos
que cuentan con acto administrativo ficto o expreso y los que no”.
C. La impugnación
16.
La parte actora impugnó el ordinal segundo de la decisión adoptada en primera
instancia. Advirtió que se realizó un análisis diferente a lo pretendido con la acción
de tutela, que conllevó que se considerara que debía desintegrarse el extremo activo
del proceso ordinario en dos grupos, el de las personas cuyos presuntos perjuicios
se predicaban de una omisión administrativa y los que emanaban de un acto
administrativo (expreso o presunto).
17.
En ese sentido, el estudio del a quo debía supeditarse a lo pedido y debatido en
este asunto constitucional, lo que no incluía el análisis sobre el medio de control
adecuado o si había o no reclamaciones administrativas o acto ficto o presunto, sino
exclusivamente si procedía o no la acumulación subjetiva de pretensiones.
18.
Además, indicó que lo referente a si el medio de control pertinente es el de
4
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reparación directa o nulidad y restablecimiento del derecho, es una discusión propia
de instancias judiciales dentro del proceso ordinario y no de la acción de tutela. Al
separarse el grupo actor en dos, se reabrió un debate jurídico que no era el objeto
del presente trámite constitucional, máxime cuando el juez natural de la causa ya
efectuó ese control de legalidad, al inadmitir la demanda y no hacer advertencia
alguna del medio de control incoado, por ende, se definió tramitarlo como reparación
directa, porque se pretende el resarcimiento de los perjuicios derivados de una
omisión de las entidades demandadas, con independencia si se aportaron o no
reclamaciones administrativas.
19.
En conclusión, se debe reconsiderar la decisión adoptada por el a quo, en el
sentido de que no debe ordenarse la separación de dos grupos, sino que el amparo
constitucional debe conllevar que se profiera un auto de reemplazo en el que se
decida sobre la admisión de la demanda, entendiendo que procede la acumulación
subjetiva de pretensiones dentro del medio de control de reparación directa sin
diferenciar dos grupos de accionantes.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
F. Análisis del caso concreto
21.
La Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el presupuesto de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa.
22.
Frente al aludido requisito no se evidencia que el a quo hubiere efectuado
pronunciamiento alguno, lo que resultaba indispensable para determinar si el
abogado que promovió la presente acción estaba habilitado para ejercer dicha
actuación en nombre de las personas que manifestaba representar judicialmente, lo
cual no se acredita en este trámite. Los poderes aportados no satisfacen los
requisitos exigidos para el efecto, situación que impedía que en primera instancia se
analizara el cumplimiento de los presupuestos generales y específicos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues para ello se
debía verificar en primer lugar si quien la presentó estaba legitimado para ese fin,
como se expone a continuación.
23.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
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estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional
que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
24.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia
defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados
para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos haya autorizado6.
25.
En cuanto al ejercicio de la acción de tutela por medio de la figura del
apoderamiento judicial, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se habilita
siempre que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina
poder; (ii) el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una
sola vez y con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para
la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”7; y (iii) el destinatario
del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional8.
26.
La Corte Constitucional también ha precisado que el poder otorgado para
presentar una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.
27.
De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento
es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.
6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
7 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.
8 Estos requisitos también fueron reiterados en la sentencia T-024 de 2019
6
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28.
En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,
además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el
abogado debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.
29.
En el sub lite se tiene que el abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento presentó la
demanda de tutela manifestando actuar como apoderado judicial de las 111
personas que conformaron la parte demandante del proceso ordinario en el que se
dictaron las decisiones judiciales objeto de censura constitucional. Para tal efecto
aportó por cada persona un “contrato de mandato profesional”, los cuales fueron
conferidos 25, 26, 27, 30 y 31 de julio y 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de
agosto de 2024.
30.
En dichos documentos se indicó que la sociedad Roa Sarmiento Abogados S.A.S.,
representada por el aludido abogado, celebraba con cada una de las anteriores
personas, “contrato de MANDATO para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES”, que se regía, entre otras, por las siguientes cláusulas:
<<PRIMERA: OBJETO: El MANDATARIO se obliga con el MANDANTE a la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS, para iniciar,
adelantar y/o continuar con las acciones necesarias por los derechos que se deriven
del reconocimiento o no de las denominadas PRIMAS TERRITORIALES,
EXTRAORDINARIAS Y/O EXTRALEGALES DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y/O MUNICIPIO DE CHÍA Y/O MUNICIPIO DE FACATATIVA
Y/O MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y/O MUNICIPIO DE GIRARDOT Y/O
MUNICIPIO DE MOSQUERA Y/O MUNICIPIO DE SOACHA Y/O MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRÁ Y/O CUALQUIER ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO al cual el
MANDANTE tenga derechos para reclamar de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos para hacerlo y/o soportes documentales a que haya lugar, que
determinará el MANDATARIO a favor del MANDANTE, sin que por esto el
MANDATARIO garantice el éxito del mandato. (…) QUINTA: FACULTADES DEL
MANDATARIO: (…) d) Con este documento, el MANDANTE faculta al
MANDATARIO, de manera expresa y especial para presentar ACCIONES DE
TUTELA, por la vulneración de los derechos fundamentales del MANDANTE y/o
confiera poder o sustituya al profesional del derecho que este considere idóneo para
hacerlo. (…)>>
31.
Visto lo anterior, para esta Sala los mandatos aportados no cumplen los
presupuestos que habilitan el apoderamiento judicial en materia de tutela, pues no
atienden el principio de especificidad. Los documentos se limitan a otorgar la facultad
a una firma de abogados, representada legalmente por el abogado Osman Hipólito
Roa Sarmiento, para que en nombre de la persona que lo suscribe adelante las
acciones necesarias para obtener el pago de la prima territorial legal o extralegal a
que tuviera derecho. Entre dichas actuaciones, la presentación de tutelas con el fin
de proteger las garantías superiores del mandante.
32.
Con base en el contenido de dichos documentos se tiene que estos no son
especiales ni específicos. No se otorgaron para un objeto concreto. Por el contrario,
se advierte que son los mismos mandatos que el abogado Osman Hipólito Roa
7
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Sarmiento presentó junto con la demanda ordinaria, es decir, fueron conferidos antes
de que se dictaran las decisiones judiciales atacadas (4 y 25 de abril de 2025).
33.
Lo anterior, impidió que se cumplieran los presupuestos de especificidad, en la
medida en que no se indicó la autoridad contra la que iba dirigida la acción de tutela
ni las providencias objeto de reproche ni la referencia del proceso en el que fueron
proferidas ni los derechos fundamentales cuya salvaguarda se pretendía.
34.
Ciertamente, la facultad otorgada en dicho acto es tan amplia que permite que el
profesional del derecho pueda promover diferentes acciones de tutela con objetos
distintos en nombre y representación de sus mandantes, en un claro
desconocimiento del principio de especificidad que rige en los procesos de tutela.
35.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este mecanismo
constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad”9.
36.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia, que surgen de su naturaleza jurídica y de los
elementos especiales que la componen.
37.
En consonancia con lo anterior, la exigencia de especificidad no resulta
desproporcionada ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la luz del
marco normativo y jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos para habilitar
el apoderamiento judicial en los procesos de tutela. Sin mencionar, que un abogado
que pretenda representar a otra persona en un proceso judicial debe tener claro el
alcance de las facultades concedidas y, en igual sentido, está obligado a acreditar la
especificidad de su encargo profesional, pues justamente se trata de un poder
especial. Admitir la omisión en su delimitación, implica considerar el mismo como un
poder general y, consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone
la ley, como que su otorgamiento se haga por escritura pública10.
38.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia impugnada, para declarar la
improcedencia del trámite constitucional en razón a la falta de legitimación en la
causa por activa.
39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
9 Sentencia T-417 de 2013.
10 Código General del Proceso, Artículo 74.
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Accionante: José Efraín Rojas Gómez y otros
Accionado: Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió al amparo constitucional reclamado, para en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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