Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2025-00308-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00308-01
Accionante: MÓNICA JAZMÍN MONTERO RODRÍGUEZ
Accionados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se confirma el fallo impugnado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra los numerales
5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia de 22 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana, a la igualdad, al
mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la seguridad social, al trabajo, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a “[…] la solidaridad […] a la
estabilidad laboral reforzada […] al precedente constitucional, […] a la doble
impugnación, a la no discriminación, violencia de género […]”, cuya vulneración le
atribuyó a la Fiscalía General de la Nación1, al Fiscal 376 Seccional de la Unidad
de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá y al Ministro del Trabajo por la presunta mora judicial
en la denuncia penal núm. “[…] 110016000050202051682 […]” y en el proceso
disciplinario núm. 11001-25-02-000-2024-04690-00 y las omisiones de dar
respuesta a la petición de 31 de julio de 2024 y tramitar las quejas presentadas el
9 de julio de 2020, el 11 de julio de 2024 y el 26 y 30 de marzo de 2025.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
1 Se precisa que en el escrito de tutela se identifican como causantes de la vulneración de los derechos de la
accionante las siguientes dependencias de la Fiscalía General de la Nación: Secretaría Técnica y Comité de
Convivencia del Nivel Central, Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín y Comité
de Género.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
2.1. Relató que estuvo vinculada con la Fiscalía General de la Nación entre el 2 de
mayo de 1995 y el 30 de abril de 2009, entre el 24 de agosto de 2015 y el 6 de mayo
de 2025, en el cargo de Fiscal delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados, adscrita a la Dirección Especializada para los delitos contra los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
2.2. Indicó que entre junio de 2017 y marzo de 2022 estuvo de licencia temporal por
incapacidad médica y mediante el dictamen núm. 52070913 – 11106 de 19 de junio
de 2019, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez calificó como enfermedades
laborales los diagnósticos: “[…] Trastorno mixto de ansiedad y depresión […]” y “[…]
Reacción al estrés agudo […]”.
2.3. Señaló que durante el tiempo de su incapacidad evidenció presuntas
irregularidades en el pago de los subsidios por incapacidad médica y los aportes al
sistema integral de seguridad social integral.
2.4. Manifestó que el 14 de abril de 2020 presentó una denuncia por la presunta
corrupción al interior de la entidad en el pago de los subsidios por incapacidad
médica y los aportes al sistema general de seguridad social.
2.5. Indicó que la investigación fue asignada a la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad
de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá con número de radicación
110016000050202051682 y a la fecha no se ha resuelto.
2.6. Señaló que el 9 de julio de 2020 presentó queja en contra de los señores José
Ignacio Angulo Murillo y Graciela Yáñez Ordoñez ante el Comité de Convivencia
Laboral de la Fiscalía General de la Nación por un presunto acoso laboral y mediante
el Oficio núm. 20203000008041 de 8 de agosto de 2020 le informaron que se ordenó
el archivo de la queja.
2.7. Expuso que el 1.° de abril de 2024 su abogado solicitó el impulso procesal de la
denuncia núm. 110016000050202051682 y no obtuvo respuesta.
2.8. Informó que el 6 de agosto de 2024 presentó la queja disciplinaria núm. 11001-
25-02-000-2024-04690-00 contra la Fiscal 376 Seccional de la Unidad de Delitos
contra la Administración Pública de Bogotá por la mora en la denuncia penal
mencionada supra, la cual fue repartida a la magistrada Martha Inés Montaña
Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá.
2.9. Manifestó que el 11 de julio de 2024 presentó al Comité de Convivencia Laboral
de la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la
Nación queja contra el señor Huber Antonio López Morales por presunto acoso
laboral.
2.10. Indicó que el 31 de julio de 2024 solicitó información sobre la queja presentada
el 11 de julio de 2024 y a la fecha no le han dado información.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
2.11. Indicó que, mediante la Resolución núm. 01950 de 17 de marzo de 2025, la
Fiscalía General de la Nación dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad, desconociendo la Circular núm. 017 de 2024 expedida por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que regula el procedimiento
para la terminación del nombramiento en provisionalidad de los servidores
públicos que se encuentran bajo la protección especial del Estado por ser madre
cabeza de familia.
2.12. Sostuvo que el 26 de marzo de 2025 presentó queja en contra del señor José
Ignacio Angulo Murillo al Comité de Convivencia laboral de la Fiscalía General de la
Nación por presunto acoso laboral.
2.13. Afirmó que el 30de marzo de 2025 presentó queja ante el Ministerio del
Trabajo en contra de varios servidores de la Fiscalía General de la Nación y
desconoce el trámite impartido.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Como consecuencia de lo relatado, comedidamente solicito a la
Judicatura que, mediante fallo que haga tránsito a cosa juzgada, se sirva
amparar mis derechos fundamentales tales como el derecho de petición, la
dignidad humana, la solidaridad, la igualdad, al mínimo vital, a la salud,
a la vida digna, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social,
el derecho al trabajo en condiciones dignas, al precedente
constitucional, al debido proceso, al derecho de defensa, a la doble
impugnación, a la no discriminación, violencia de género, al acceso a la
administración de justicia.
Para que el fallo no sea ilusorio, respetuosamente le solicito al señor juez de
tutela que:
a) CONMINE al Secretaria Técnica y todos los integrantes del Comité de
Convivencia Laboral del Nivel Central, para que le den trámite a las quejas
que oportunamente formulé por acoso laboral contra señor José Ignacio
Angulo Murillo y contra la señora Graciela Yáñez Ordoñez ex subdirectora
regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, el 9 de
julio de 2020, dado que las acciones y omisiones de los denunciados siguen
teniendo consecuencias actualmente, es decir, que den estricto cumplimiento
al artículo 9 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral, esto es que cite a
audiencia de conciliación a las partes.
b) CONMINE al Secretaria Técnica y todos los integrantes del Comité de
Convivencia Laboral del Nivel Central, para que le den trámite a la queja
que por acoso laboral oportunamente formulé contra señor José Ignacio
Angulo Murillo el 26 de marzo de 2025. Es decir, que den estricto
cumplimiento al artículo 9 de la ley 1010 de 2006 de acoso laboral, esto es
que cite a audiencia de conciliación a las partes.
c) CONMINE al Secretario Técnico y a todos los integrantes del Comité
Seccional de Convivencia Laboral de Medellín, a donde radiqué desde el
11 de julio de 2024 queja por presunto acoso laboral contra el señor Huber
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
Antonio López Morales ex encargado de la subdirección regional de apoyo
noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, para que le den trámite a
esa queja y me informen si dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
trigésimo octavo de la resolución No. 1234 de 2021, es decir, si comunicaron
a las autoridades competentes sobre la existencia de presuntos delitos en los
que la víctima es la suscrita accionante, que de conformidad con la resolución
1234 de 2021 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la conformación y
funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Fiscalía General
de la Nación, y se dictan otras disposiciones", que establece:
[…]
Y para que respondan la petición del 31 de julio de 2024, en el que solicito
información sobre el trámite impartido a la queja por presunto acoso laboral
contra señor Huber Antonio López Morales
d) CONMINE a la doctora Claudia Patricia Guantiva Vanegas, titular de la
Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública en Bogotá D.C., autoridad que adelanta la denuncia formulada por la
suscrita accionante, con radicación 110016000050202051682 desde abril de
2020, para que responda la petición que mi abogado le presentó el 1 de abril
de 2024, me informe el estado de la investigación, me escuche en ampliación
de denuncia, me permita el acceso al expediente digital que conforma el
proceso penal que tuvo origen en la denuncia presentada por la suscrita
accionante, con el fin de verificar la labor investigativa llevada a cabo en cinco
(5) años y proceda sin más dilaciones a proferir la decisión que en derecho
corresponda, sobre los hechos denunciados hace cinco (5) años por la suscrita
accionante.
e) CONMINE al Ministerio de trabajo en cabeza de Antonio Sanguino Páez,
para que se pronuncie sobre la queja presentada por la suscrita accionante el
30 de marzo de 2025.
f) CONMINE al Señor Presidente de la Comisión de Género de la FGN, para
que con enfoque de género se pronuncie sobre los hechos objeto de esta
acción constitucional.
g) CONMINE a la doctora Martha Inés Montaña Suárez, Magistrada de la
Comisión seccional de disciplina de Bogotá, para que avoque la queja
disciplinaria que le fue asignada hace más de 8 meses, esto es desde el 6 de
agosto de 2024, con radicado 11001250200020240469000 y le imprima el
trámite que corresponde […]”. [Sic para toda la cita y negrilla y mayúscula
original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 13 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la acción de tutela contra los accionados.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las accionadas se allegaron los
siguientes informes:
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
5.1. La Fiscalía General de la Nación - Coordinación de la Unidad de
Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos
solicitó la desvinculación de la Fiscal General de la Nación y declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela porque “[…] se evidencia que en ningún
momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante […]”.
5.2. La
Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo
Noroccidental aportó los siguientes documentos: (i) la Resolución núm. 01950 de
17 de marzo de 2025, por medio de la cual se efectúa un nombramiento en periodo
de prueba en la planta global de la Fiscalía General de la Nación y se da por
terminado un nombramiento en provisionalidad, (ii) Oficio núm. 20250380017821
de 30 de abril de 2025 que corresponde a la comunicación de la ejecución de la
Resolución núm. 01950, y (iii) Oficio núm. 20236000003473 de 9 de mayo de
2023, por medio de la cual se autorizó trabajo en casa para la servidora Mónica
Jazmín Montero Rodríguez.
5.3. La Fiscalía General de la Nación – Secretaría Técnica y Presidente del
Comité de Convivencia Laboral del Nivel Central indicó que la queja de 9 de
julio de 2020 fue sometida a consideración del Comité en la reunión ordinaria de 31
de julio de 2020, el cual concluyó que “[…] la situación presentada por la quejosa no
correspondía a hechos que pudiesen configurar acoso laboral en los términos de la
Ley 1010 […]” y frente a la señora Graciela Yáñez Ordoñez “[…] encontró que para
efectos de tener mayor claridad era necesario pedir información a la quejosa para
que especificara, en concreto, cuáles hechos consideraba constitutivos de acoso
laboral […]”, decisión que fue comunicada a la accionante “[…] sin que se hubiese
recibido respuesta alguna […]”.
5.4. Señaló que respecto de la queja de 20 de marzo de 2025 contra el señor José
Ignacio Angulo Murillo, el Comité decidió “[…] que las partes puedan dialogar sobre
el diferendo, fi (sic) el día 21 de mayo a las 9 de la mañana para que, a través de
conferencia virtual, tengo lugar la reunión de concertación entre convocante y
convocado […]”.
5.5. Por lo anterior solicitó negar las pretensiones de la tutela.
5.6. LaFiscalía General de la Nación – Secretario Técnico del Comité de
Convivencia Seccional Medellín manifestó que la queja de 11 de julio de 2024
fue archivada porque “[…] se allego (sic) a la carpeta, la Resolución 6503 del 6 de
agosto de 2024, emanada de la Dirección Ejecutiva, acto administrativo mediante
el cual se da por terminado el nombramiento en provisionalidad del Doctor Huber
Antonio López Morales […] indicado que cuando una de las partes involucradas
se encuentre desvinculada definitivamente de la entidad, no se realizará el
procedimiento establecido y las quejas se archivarán […]”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
5.7. Precisó que aunque no encontró la petición presentada por la accionante el 31
de julio de 2024, procedió a emitir una respuesta con el fin de informar el estado,
trámite y las decisiones adoptadas frente a la queja indicada.
5.8. La Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública de Bogotá solicitó su desvinculación por considerar que no existe
legitimación en la causa por pasiva. Igualmente hizo una síntesis de las
actuaciones adelantadas en la denuncia penal núm. 110016000050202051682 e
indicó que fue archivada el 13 de mayo de 2025.
5.9. La Magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá solicitó negar la solicitud de tutela por considerar
que “[…] La omisión que se ha presentado, no es resultado de un obrar
desentendido, descuidado o desidioso en el cumplimiento de las funciones que el
cargo de MAGISTRADA DE LA COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE BOGOTA, me impone; sino respuesta necesaria de la congestión y
excesiva carga laboral que registra el despacho del cual soy titular […] A la fecha,
se están tramitando procesos correspondientes a radicados asignados en época
anterior al No. 2024-4690, de interés de la actora, específicamente procesos
tramitados contra abogados que datan de los años 2022 y 2023; y en lo que atañe
a procesos contra funcionarios, empleados judicial y otros, se está comenzando
el estudio de procesos repartidas a mediados del año 2024, aproximadamente
[…]”.
5.10. El Ministerio del Trabajo solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado porque “[…] el Derecho de Petición presentado fue resuelto el 19
de mayo de 2025 […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 22 de mayo de 2025, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho
fundamental “[…] a la estabilidad laboral reforzada […]” de la accionante.
7. Al respeto dispuso:
“[…] 1. Amparar transitoriamente el derecho fundamental a la estabilidad
laboral relativa de la actora, Mónica Jazmín Montero Rodríguez, mientras la
jurisdicción de lo contencioso administrativo decide definitivamente el proceso
que deberá instaurar.
Sin embargo, por las especiales circunstancias del caso, la orden de reintegro
dada en esta sentencia, se condicionará en primer lugar, a que la actora de
tutela no lo haya solicitado ni haya sido ordenado en otra acción de tutela,
caso en el cual se estará a lo allí resuelto; en segundo lugar, se hará a un
empleo en el cual no haya prioridad legal para mantener en dicho cargo a otro
empleado nombrado en provisionalidad, que sea sujeto de especial
protección; y en tercer lugar, que la actora desee y acepte el reintegro a un
empleo para el cual posea aptitud legal y laboral para desempeñarlo, es decir,
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
donde se acojan las restricciones médico laborales dadas en el certificado
médico de aptitud laboral con énfasis en osteomuscular, expedido el 10 de
octubre de 2024 por Colsanitas – Salud Ocupacional.
2. Ordenar a la Fiscal General de la Nación o a quien haga sus veces, que a
través de la dependencia competente, dentro del término de quince (15) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a nombrar a la actora,
Mónica Jazmín Montero Rodríguez, en un cargo igual al que desempeñaba
en esa entidad o en otro similar, compatible con las restricciones laborales
que le fueron prescritas, en una de las vacantes disponibles al momento de la
notificación de la presente decisión judicial, o en una de las vacantes en
provisionalidad que se llegaren a presentar en el futuro, si dentro del señalado
término, no tuviere alguna disponible.
Se precisa a la Fiscal General de la Nación (FGN) que, de vincularse
nuevamente a la accionante en las condiciones antes anotadas, su
permanencia en provisionalidad estará supeditada a que el cargo que llegue
a ocupar sea posteriormente provisto en propiedad mediante sistema de
carrera, para lo cual la FGN, previa desvinculación, deberá adoptar las
medidas afirmativas expuestas en esta sentencia en favor de la actora de
tutela, siempre y cuando al momento de la vinculación se mantengan las
condiciones especiales exigidas en la jurisprudencia constitucional que
ameriten este trato preferencial, de acuerdo a lo desarrollado en la parte
motiva de esta providencia.
3. Advertir a la señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez, que, en tanto el
amparo que se concede es transitorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo
8 del Decreto 2591 de 199166, deberá presentar la demanda respectiva ante
el juez de lo contencioso administrativo, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes contados “a partir del fallo de tutela” presente; de no hacerlo,
cesarán los efectos de esta sentencia.
4. Instar a la Fiscal General de la Nación o a quien haga sus veces, que a
través de la dependencia competente, en adelante, antes de proceder con los
nombramientos de la lista de elegibles de quienes superaron las etapas del
concurso de méritos FGN 2022, identifique con todo rigor los cargos que están
siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte
en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de
conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia.
Finalmente, la Sala debe precisar que las órdenes que se imparten en la
presente sentencia permanecerán vigentes mientras la autoridad judicial
competente decida de fondo y de manera definitiva la demanda que presente
Mónica Jazmín Montero Rodríguez, en contra de la Nación - Fiscalía General
de la Nación, siempre que ella acuda a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para discutir sus pretensiones.
5. Declárase carencia actual de objeto de la acción de tutela interpuesta
contra la Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín,
en relación con la petición presentada por la actora de tutela el 31 de julio de
2024, por haberse superado el hecho que motivó la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la accionante.
6. Declárase carencia actual de objeto de la acción de tutela interpuesta
contra el Ministro del Trabajo, respecto de la petición presentada por la actora
de tutela el 30 de marzo de 2025, por haberse superado el hecho que motivó
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
7. Negar la acción de tutela presentada por la actora, respecto de la
Secretaría Técnica y Presidente del Comité de Convivencia del Nivel Central,
respecto del no trámite de la queja por acoso laboral presentada el 9 de julio
de 2020 por la actora contra José Ignacio Angulo Murillo y contra Graciela
Yáñez Ordoñez, y respecto de la queja del 26 de marzo de 2025 presentada
contra José Ignacio Angulo Murillo.
8. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Secretaría
Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín, por la falta de trámite
de la queja presentada el 11 de julio de 2024 contra Huber Antonio López
Morales, ex encargado de la Subdirección de Apoyo Noroccidental de la FGN.
9. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Fiscal 376
Delegada de Bogotá, por falta de tramite a la denuncia formulada con
radicación 110016000050202051682 desde abril de 2020.
10. Negar la acción de tutela presentada por la actora, contra la Magistrada
Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
por la falta de trámite a la queja disciplinaria instaurada el 6 de agosto de
2024. Sin embargo, se Exhorta a la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que, a la menor
brevedad posible, dé el trámite correspondiente a esta queja […]”. [Negrilla
original del texto]
8. Como fundamento de la decisión el juez de primera instancia indicó lo siguiente:
“[…] Examinada la actuación de la Fiscalía General de la Nación a través del
Director Ejecutivo, contenida en la Resolución 01950 del 17 de marzo de
2025, se encuentra que la Resolución, se sustenta en la expedición de las
listas de elegibles del concurso de méritos FGN 2022. Al respecto debe
señalarse que la motivación del retiro del servicio de la actora es razonable y
consecuentemente, no se evidencia, prima facie, la utilización abusiva y
arbitraria de una facultad legal para encubrir un trato discriminatorio,
relacionado directamente con las condiciones de vulnerabilidad que alega la
accionante.
Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la sala, se configuran
circunstancias que, sí convierten a la actora en sujeto de especial protección
constitucional, y que en consecuencia, evidencian su condición de
vulnerabilidad. Pues nótese que tal como se explicó en el acápite de las
pruebas, la actora de tutela aportó el certificado de discapacidad múltiple,
expedido por el Ministerio de Salud - Secretaría de Salud de Medellín, el 18
de julio de 2022, con un porcentaje de discapacidad del 61.67% […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, para la Sala es claro que la entidad accionada desconoció
los postulados jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional,
destinados a prever en la medida de lo posible, el mayor margen de protección
a favor de aquellos funcionarios públicos nombrados en provisionalidad, que
ostentan la calidad de sujetos de especial protección constitucional, antes de
proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos. Con
ello, la Fiscalía General de la Nación, vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral relativa o intermedia de la accionante […]”.
[…]
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
“[…] En primer lugar, respecto del no trámite de la queja por acoso laboral
presentada el 9 de julio de 2020 por la actora contra José Ignacio Angulo
Murillo y contra Graciela Yáñez Ordoñez, tal como quedó expuesto, a las
quejas si se le dio el trámite correspondiente.
Y respecto de la queja del 26 de marzo de 2025 presentada contra José
Ignacio Angulo Murillo, la sala encuentra que desde la presentación de la
misma, ha tenido actuaciones tales cómo, cinco día después de presentada
la queja, esto es, el 3 de abril de 2024, se pidió el pronunciamiento del
convocado, que fue allegado el 21 de abril siguiente (allegó prueba de su
dicho que reposa en el expediente samai); posteriormente, y menos de un
mes después, el caso fue incluido en el orden del día de la reunión
extraordinaria del comité para ser tratado el 16 de mayo de 2025; y que en tal
reunión por unanimidad el Comité decidió citar a las partes el 21 de mayo de
2025, para que puedan dialogar sobre el diferendo […]”.
[…]
“[…] La sala, tampoco evidencia que la Secretaría Técnica y al Presidente del
Comité de Convivencia Seccional de Medellín, le hayan vulnerado a la actora
sus derechos fundamentales, respecto del no trámite a la queja presentada el
11 de julio de 2024 contra Huber Antonio López Morales, teniendo en cuenta
que como quedó expuesto, a la misma si se le dio trámite y se dispuso el
archivo de la queja, motivo suficiente para negar la tutela contra la Secretaría
Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia Seccional de Medellín.
Por otra parte, respecto de la petición que presentó el 31 de julio de 2024,
ante la Secretaría Técnica y al Presidente del Comité de Convivencia
Seccional de Medellín, advierte el despacho que con ocasión a la
presentación de esta acción de tutela, se dio respuesta a la solicitud
presentada por la accionante el 31 de julio de 2024, en consecuencia,
respecto de dicha solicitud, la sala considera que debe aplicar la figura del
hecho superado […]”.
[…]
“[…] Analizadas las pruebas allegadas, no se evidencia que la Fiscal 376
Seccional de Bogotá Delegada 376 de la Unidad de Administración Publica
(sic), le haya vulnerado a la actora de tutela sus derechos fundamentales,
contrario a lo expresado en el escrito de tutela, la queja interpuesta fue
tramitada, se dispuso el archivo el 13 de mayo de 2025, esto es, el mismo día
en que fue admitida la presente solicitud de amparo, y la Fiscal allegó prueba
de ello, motivo suficiente para negar la solicitud de tutela […]”.
[…]
“[…] Analizadas las pruebas allegadas, no se evidencia que la Magistrada
Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial,
le haya vulnerado a la actora de tutela sus derechos fundamentales; además,
pese a que manifestó que no le ha dado trámite a la queja, probó que es por
motivo que escapan a las capacidades humanas, como lo es la alta
congestión que enfrenta su despacho. En consecuencia, se debe negar la
tutela respecto de esta pretensión.
No obstante lo anterior, se exhortará a la a la Magistrada Martha Inés Montaña
Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que a la menor
brevedad posible, dé el tramite (sic) a la queja presentada por la actora […]”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
[…]
“[…] Durante el traslado de la acción de tutela el Ministerio del Trabajo -
Director Territorial Antioquia, manifestó que es cierto que la actora de tutela
presentó ante el Ministerio de Trabajo derecho de petición el 30 de marzo de
2025, con asignación de radicado N°. 2EE2025410600000037964; que el
Ministerio de Trabajo dio respuesta con oficio número
08SE2025740500100006326, el cual fue enviado el 19 de mayo de 2025, al
correo electrónico monicaj.monteror@hotmail.com, suministrado por la
accionante […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia para que se
revocaran los numerales: “[…] 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del fallo de la referencia […]”.
10. Señaló que el juez de primera instancia no se pronunció respecto de la
pretensión relacionada con “[…] CONMINAR al Comité de convivencia laboral del
nivel central de la Fiscalía General de la Nación y al Equipo Interdisciplinario,
integrado por la Dirección Ejecutiva, la Subdirección de Talento Humano,
Bienestar y Salud Ocupacional, y el CTI de la F.G.N., para que procedan a aplicar
sin más dilaciones el Protocolo para la prevención y el Protocolo para la
prevención y activación de la Ruta de Atención en casos de Violencia basada en
Género, Acoso y Violencia sexual o Discriminación en el Ámbito Laboral, en favor
de la suscrita accionante, esto para evitar que me sigan causando perjuicios
irremediables […]”.
11. Frente al numeral 6 de la providencia cuestionada expuso que “[…] La queja
se presentó en el Ministerio de trabajo el 30 de marzo de 2025, más de un mes
de antelación a la fecha( 06 05 2025) en que se materializó la terminación del
nombramiento en provisionalidad de la suscrita accionante con la F.G.N., tiempo
suficiente para que ese Ministerio hubiera iniciado la investigación administrativa
en contra de los servidores de la F.G.N. […] Ya fue expedida la resolución No.
03766 del 26 de mayo de 2025, por medio de la cual la F.G.N., da cumplimiento
al fallo de tutela proferido por el juzgado 14 administrativo oral de Medellín, ya fue
notificada y aceptado el nombramiento por l suscrita accionante y están realizando
los trámites para la respectiva posesión, por tanto lo que procede ahora, es que
el juez de tutela le ordene al Ministerio de trabajo que ahora si, de inicio al
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO contra los servidores de la
F.G.N., que participaron en la terminación del nombramiento en provisionalidad
de la suscrita accionante en el cargo de Fiscal Especializada […]”. [Sic para toda
la cita]
12. Respecto del numeral 7 señaló que se debe dar “[…] trámite a las quejas que
oportunamente formulé por acoso laboral contra señor José Ignacio Angulo Murillo
y contra la señora Graciela Yáñez Ordoñez ex subdirectora regional de Apoyo
Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, el 9 de julio de 2020, y la queja
contra el encargado actualmente de la subdireccioón (sic) nacional de talento
11
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01
Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
humano de la F.G.N. José ignacio Angulo Murillo, de fecha 26 de marzo de 2025.
dado que las acciones y omisiones de los denunciados siguen teniendo
consecuencias actualmente […]”.
13. Indicóque “[…] El 29 de mayo de 2025 […]” asistió a la audiencia de
concertación. Sin embargo, advirtió que “[…] esa audiencia de concertación está
viciada de nulidad […]” por no haber contado con “[…] el quórum decisorio […]”.
14. Manifestó que presentó petición el 25 de mayo de 2025 ante el Comité de
Convivencia Laboral del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación
relacionada con la audiencia de concertación que se llevaría a cabo. Precisó que
“[…] Inconforme con la respuesta ofrecida desde la presidencia de Comité de
Convivencia laboral del nivel central de la F.G.N, y no siendo una decisión del
Comité de Convivencia laboral del nivel central de la F.G.N, en pleno, repliqué en
memorial del 26 de mayo de 2025, en el que interpuse recurso de reposición y
apelación frente a la negación de mis peticiones, recursos que desconozco el
trámite que le fue dado […]”.
15. En cuanto al numeral 8, relacionado con la queja presentada el 11 de julio de
2024 contra Huber Antonio López Morales, señaló que “[…] si el acusado por
presunto acoso laboral ya no está vinculado laboralmente con la F.G.N., el Comité
Seccional de Convivencia Laboral de Medellín de la F.G.N., está obligado a remitir
la queja con todos los anexos a la Comisión seccional de disciplina de Antioquia
y no lo ha hecho y tampoco ha remitido la queja por presunto acoso laboral contra
Huber Antonio López Morales, a la Fiscalía General de la Nación para que se
investiguen los presuntos delitos denunciados […]”.
16. En relación con el numeral 9 sostuvo que “[…] Hoy 30 de mayo de 2025, ni la
suscrita accionante, ni su abogado conocen el texto de la decisión de archivo,
tampoco al abogado le fue notificado la respuesta al derecho de petición
presentado el 1 de abril de 2024 y tampoco hemos tenido acceso al expediente
digital que conforma la investigación penal con radicación
110016000050202051682, por lo que la vulneración al derecho de petición,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, principios de celeridad,
eficacia y eficiencia siguen siendo vulnerados por parte de la doctora Claudia
Patricia Guantiva Vanegas, titular de la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de
Delitos contra la Administración Pública en Bogotá D.C. […]”.
17. Frente al numeral 10 expuso que “[…] no se compadece lo resuelto por el a
quo, cómo así que justifica una mora judicial de nueve (9) meses, como si el
destinatario del servicio al acceso a la administración de justicia, tenga la
obligación de soportar la decidia (sic), la congestión judicial y ello no merezca si
quiera (sic) un reproche, un allamado (sic) de atención, una orden para que de
una vez por todas avoque la queja disciplinaria que le fue asignada en agosto de
2024 a la citada magistrada […]”.
12
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00308-01
Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
VIII. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. El Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación solicitó la nulidad de
todo lo actuado “[…] por haberse vulnerado flagrantemente el debido proceso en
tanto se omitió la vinculación procesal de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía
General de la Nación, autoridad administrativa que detenta competencia funcional
para cumplir la Sentencia proferida por ese Honorable Tribunal y también sobre el
acto administrativo cuestionado en sede de tutela […]”.
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IX.1. Competencia de la Sala
19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
IX.2. Cuestiones previas
IX.2.1. Manifestación de impedimento
20. El Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López manifestó encontrarse
incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.° del artículo 56 de
la Ley 906 de 31 de agosto de 20047, por las siguientes razones:
“[…] Lo anterior, en consideración a que entre los accionados en el presente
asunto es el Comité de Convivencia Laboral del Nivel Central de la Fiscalía
General de la Nación; y todos sus miembros, el cual, de conformidad con la
Resolución 00309 de 2024 expedida por la Fiscalía General de la Nación (que
modifica el artículo cuarto del Capítulo II de la Resolución No. 0-1234 de 11
de agosto de 2021), se encuentra conformado así:
“(...) Artículo Cuarto. Conformación de los Comités de Convivencia Laboral.
En la Fiscalía General de la Nación funcionará un (1) Comité de Convivencia
Laboral en el Nivel Central y un (1) Comité de Convivencia Laboral en cada
Dirección Secciona/, integrados por una pluralidad de miembros según el
número de servidores adscritos, de acuerdo con la conformación prevista en
el presente artículo.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le
adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
El Comité de Convivencia Laboral de Nivel Central estará integrado por los
siguientes miembros permanentes, quienes tendrán voz y voto:
1. Fiscal General de la Nación o su Delegado quién actuará como su
representante.
2. Vicefiscal General de la Nación o su Delegado quién actuará como su
representante.
3. Director(a) Ejecutivo(a) o su Delegado quién actuará como su
representante.
4. Subdirector(a) de Talento Humano o su Delegado quien actuará como su
representante.
5. Cuatro (4) representantes de los servidores con sus respectivos suplentes.
(...)” (Se destaca)
En consecuencia, y teniendo en cuenta que mi hermano, Alejandro Giraldo
López, se desempeña como Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la
Nación, entidad que hace parte del extremo pasivo del presente litigio,
manifiesto mi impedimento para participar en el trámite del proceso y en la
decisión que en este se adopte […]”. [Negrilla y cursiva original del texto]
21. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión considera que en esta oportunidad
se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en el artículo 56
numeral 1° de la Ley núm. 906 de 31 de agosto de 20048, aplicable en virtud del
artículo 39 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, porque la Resolución núm. 01950
de 2025, cuestionada dentro de la acción de tutela de la referencia, fue suscrita
por Alejandro Giraldo López en calidad de Director Ejecutivo de la Fiscalía General
de la Nación y se controvierten las acciones y omisiones del Comité de
Convivencia Laboral del cual hace parte.
22. Por lo anterior, se aceptará el impedimento manifestado.
IX.2.2. Solicitud de nulidad
23. El Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación solicitó la nulidad de
todo lo actuado dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia, “[…] por
haberse vulnerado flagrantemente el debido proceso en tanto se omitió la
vinculación procesal de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación,
autoridad administrativa que detenta competencia funcional para cumplir la
Sentencia proferida por ese Honorable Tribunal y también sobre el acto
administrativo cuestionado en sede de tutela […]”.
24. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las providencias que se
dicten en el trámite de la acción de tutela se “[…] notificarán a las partes o a los
intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito o eficaz […]”.
Igualmente, el artículo 5.º del Decreto 306 de 1992 señala que “[…] de
8
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, todas las providencias
que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes
o a los intervinientes […]”.
25. La Corte Constitucional ha considerado que:
“[…] 36. Desde la Sentencia T-411 de 1992 y de manera reiterada, la Corte
Constitucional ha señalado que las personas jurídicas de derecho privado,
nacionales y extranjeras, son titulares de algunos derechos fundamentales9. Uno
de esos derechos es el debido proceso10 que, como se verá a continuación, conlleva
el deber del juez de notificar en debida forma las providencias judiciales para
asegurar el respeto de los derechos a la defensa y al acceso a la justicia […]”.
[…]
“[…] 38. Cuando el juez de tutela se abstiene de vincular en debida forma a una de
las partes del proceso, se genera una irregularidad procesal que, en principio,
vulnera el derecho al debido proceso en la medida en la que “la admisión de la
demanda es de vital importancia ya que a través de este acto procesal se establece
el contacto inicial que tienen el juez, las partes y los demás intervinientes con el
material que obra en el proceso”11. Además, como se señaló antes, en función de
la remisión normativa consagrada en los decretos 1069 de 201512 y 306 de 199213,
la Corte entiende que las disposiciones del Código General del Proceso, relativas a
las nulidades, se aplican al trámite de tutela siempre que esas normas sean
compatibles con los principios que rigen la acción de tutela. En consecuencia, en
casos en los que el juez de primera instancia omitió vincular al proceso de tutela a
las partes o a los terceros con interés legítimo, por regla general, la Corte entiende
que se configura la causal dispuesta en el artículo 133-8 del Código General del
Proceso relativa a la ausencia de notificación del auto que admite la demanda al
demandado o a su representante […]”.14
26. Al respecto, la Sala advierte que la admisión de la tutela objeto de análisis se
realizó frente al “[…] Secretario Técnico y Comité de Convivencia del Nivel Central,
así como al Secretario Técnico y Comité de Convivencia Seccional de Medellín, y
el Presidente del Comité de Género, todas dependencias de la Fiscalía General
de la Nación, la Fiscal 376 Seccional de Bogotá, la Magistrada Martha Inés
Montaña Suárez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y el Ministro del
Trabajo. Téngase también interpuesta la presente acción contra la Fiscal
General de la Nación como máxima autoridad de la Fiscalía General de la
Nación […]”. [Negrilla fuera del texto]
9 Desde las sentencias T-463 de 1992 y T-141 de 1996, la Corte Constitucional ha reconocido que las
personas jurídicas extranjeras son titulares de ciertos derechos fundamentales y tienen legitimación en la
causa por activa para defenderlos por medio de la acción de tutela. En efecto, el derecho a recurrir a ese
mecanismo de defensa “no queda afacetado por la circunstancia de que la personería jurídica se hubiere
adquirido por fuera del país” (Corte Constitucional, T-141 de 1996).
10 Corte Constitucional. Sentencias T-411 de 1992, T-627 de 2017 y SU-041 de 2018, por medio de las cuales
se reconoció que las personas jurídicas, tales como la Sociedad Autopista del Sol S.A.S., el Consorcio Epsilon
Vial o la E.T.B., son titulares del derecho fundamental al debido proceso.
11 Corte Constitucional, A-363 de 2014, A-002 de 2017 y A-122 de 2022 por medio de los cuales se declaró
la nulidad de todo lo actuado en los respectivos expedientes desde el auto admisorio de la demanda por
indebida notificación de esa providencia judicial.
12 Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.1.1.3.
13 Decreto 306 de 1992, art. 4.
14 Corte Constitucional, Auto 064 de 30 de enero de 2023, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
27. Revisadas las constancias de notificación del auto que admitió la acción de
tutela se observa que dicha providencia se notificó a los correos electrónicos
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co, correos habilitados por la Fiscalía
General de la Nación para notificaciones judiciales.
28. En virtud de lo anterior, la Sala negará la solicitud de nulidad presentada por el
Director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación porque la acción de tutela
se notificó en debida forma a la entidad accionada que es la Fiscalía General de
la Nación al correo electrónico de notificaciones judiciales garantizándose el
derecho de defensa y contradicción.
IX.2.3. Solicitudes de desvinculación
29. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Fiscalía General de la Nación y la
Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de
Bogotá.
30. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.15
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].
31. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la Fiscalía General de la Nación
y la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública de Bogotá fueron accionadas en este proceso, por lo que les asiste el
interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.
32. Enese orden de ideas, se denegarán las solicitudes de desvinculación
elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
15 Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
16
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
IX.3. Problemas jurídicos
33. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado16, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si los accionados vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
34. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
IX.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
35. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
36. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
16 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
37. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
38. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
IX.5. Caso concreto
39. La señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana, a la igualdad, al
mínimo vital, a la salud, a la vida digna, a la seguridad social, al trabajo, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a “[…] la solidaridad […] a la
estabilidad laboral reforzada […] al precedente constitucional, […] a la doble
impugnación, a la no discriminación, violencia de género […]”, cuya vulneración le
atribuyó a la Fiscalía General de la Nación17, al Fiscal 376 Seccional de la Unidad
de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá y al Ministro del Trabajo por la presunta mora judicial
en la denuncia penal núm. “[…] 110016000050202051682 […]” y en el proceso
disciplinario núm. 11001-25-02-000-2024-04690-00 y las omisiones de dar
respuesta a la petición de 31 de julio de 2024 y tramitar las quejas presentadas el
9 de julio de 2020, el 11 de julio de 2024 y el 26 y 30 de marzo de 2025.
IX.5.1. Análisis del caso concreto
40. De conformidad con el escrito de impugnación, se observa que la controversia
consiste en determinar si le asiste razón al juez constitucional de primera instancia
frente a lo resuelto en los ordinales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en la sentencia de 22 de mayo
de 2025.
41. En ese sentido, la Sección solo estudiará los argumentos de la impugnación.
42. En el ordinal 5, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado de la acción de tutela en relación con la petición presentada por la
accionante de tutela el 31 de julio de 2024. Sin embargo, la accionante en su
escrito de impugnación manifestó no estar de acuerdo con lo resuelto.
17 Se precisa que en el escrito de tutela se identifican como causantes de la vulneración de los derechos de
la accionante las siguientes dependencias de la Fiscalía General de la Nación: Secretaría Técnica y Comité
de Convivencia del Nivel Central, Secretaría Técnica y Comité de Convivencia Seccional de Medellín y Comité
de Género.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
43. Esta Sección comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia. En efecto de los anexos allegados por el Secretario Técnico del Comité
de Convivencia Seccional Medellín se advierte que, durante el trámite de la
solicitud de tutela, mediante Oficio de 16 de mayo de 202518 se dio respuesta
clara, de fondo y congruente a la petición presentada el 31 de julio de 2024, la
cual le fue debidamente notificada a la accionante19.
44. En cuanto al ordinal 6, el juez de tutela de primera instancia declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela respecto de la queja
presentada por la accionante el 30 de marzo de 2025.
45. La accionante en su escrito de impugnación manifestó que “[…] La queja se
presentó en el Ministerio de trabajo el 30 de marzo de 2025, más de un mes de
antelación a la fecha( 06 05 2025) en que se materializó la terminación del
nombramiento en provisionalidad de la suscrita accionante con la F.G.N., tiempo
suficiente para que ese Ministerio hubiera iniciado la investigación administrativa
en contra de los servidores de la F.G.N. […] Ya fue expedida la resolución No.
03766 del 26 de mayo de 2025, por medio de la cual la F.G.N., da cumplimiento
al fallo de tutela proferido por el juzgado 14 administrativo oral de Medellín, ya fue
notificada y aceptado el nombramiento por l suscrita accionante y están realizando
los trámites para la respectiva posesión, por tanto lo que procede ahora, es que
el juez de tutela le ordene al Ministerio de trabajo que ahora si, de inicio al
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO contra los servidores de la
F.G.N., que participaron en la terminación del nombramiento en provisionalidad
de la suscrita accionante en el cargo de Fiscal Especializada […]”. [Sic para toda
la cita]
46. Al respecto se precisa que en la solicitud de 30 de marzo de 2025 la accionante
formuló la siguiente petición al Ministerio del Trabajo:
“[…] de manera respetuosa solicito al Director del Ministerio de Trabajo en
Antioquia, adelantar PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN
FORMA INMEDIATA en contra del doctor Carlos Humberto Moreno
Bermúdez, Subdirector de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de la
Fiscalía General de la Nación, los Integrantes Comisión Nacional de
Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, José Ignacio
Angulo Murillo, en calidad de Subdirector Nacional de Talento Humano de la
Fiscalía General de la Nación, Carlos Agustín Segura Ordoñez actual Jefe
Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional de la Fiscalía General de la
Nación y a Alejandro Giraldo López, actual Director Ejecutivo de la Fiscalía
General de la Nación, por haber expedido la resolución 01950 del 17 de marzo
de 2025, mediante la cual ordenó la terminación del nombramiento en
provisionalidad de la suscrita servidora, con discapacidad global múltiple de
61.67%, actualmente en proceso de calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral y ocupacional, con incapacidad permanente parcial
del 21.10%, es decir, en acreditada situación de debilidad manifiesta por su
18 Índice núm. 18. Documento denominado “98Recibememorial_RESPUESTAMONICAJAZMI(.pdf) NroActua
18”.
19 Índice núm. 18. Documento denominado “96Recibememorial_TRAZABILIDADENVIOCOR(.pdf) NroActua
18”.
19
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
condición de salud, sin que medie el permiso del Ministerio de Trabajo y por
el acoso laboral del que soy víctima por parte de la Fiscalía General de la
Nación […]”. [Negrilla original del texto]
47. En el Oficio núm. 08SE2025740500100006326 de 19 de mayo de 2025 se dio
respuesta a la solicitante en los siguientes términos:
“[…] Teniendo en cuenta lo antes manifestado, la entidad competente
para Investigar a los funcionarios públicos mencionados en su escrito
es la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Oficinas de
Control Disciplinario Interno y no esta entidad, no se realiza traslado a
la Fiscalía General de la Nación, ya que en su escrito de queja y en la
acción de tutela manifiesta haber puesto en conocimiento a dicha
entidad. […]”. [Negrilla original del texto]
48. En virtud de lo anterior, la Sala considera que (i) se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado porque durante el trámite de la acción de
tutela, el Ministerio del Trabajo dio respuesta clara, de fondo y congruente20 a la
petición presentada por la accionante el 30 de marzo de 2025, la cual fue
notificada al correo electrónico suministrado por la actora21; y (ii) no son de recibo
los argumentos expuestos en la impugnación porque la respuesta a dicha petición
se dio de conformidad con los supuestos fácticos y jurídicos existentes al momento
de su expedición, por lo que la nueva situación planteada por la accionante no
implica que exista falta de respuesta a la petición de 30 de marzo de 2025.
49. Frente al ordinal 7, se observa que el Tribunal negó las pretensiones de la
acción de tutela en lo relacionado con la falta de trámite de las quejas presentadas
el 9 de julio de 2020 y 26 de marzo de 2025.
50. En el escrito de impugnación la accionante expuso que se debe dar “[…]
trámite a las quejas que oportunamente formulé por acoso laboral contra señor
José Ignacio Angulo Murillo y contra la señora Graciela Yáñez Ordoñez ex
subdirectora regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación,
el 9 de julio de 2020, y la queja contra el encargado actualmente de la
subdireccioón (sic) nacional de talento humano de la F.G.N. José ignacio Angulo
Murillo, de fecha 26 de marzo de 2025. dado que las acciones y omisiones de los
denunciados siguen teniendo consecuencias actualmente […]”.
51. Indicóque “[…] El 29 de mayo de 2025 […]” asistió a la audiencia de
concertación. Sin embargo, advirtió que “[…] esa audiencia de concertación está
viciada de nulidad […]” por no haber contado con “[…] el quórum decisorio […]”.
52. Manifestó que presentó petición el 25 de mayo de 2025 ante el Comité de
Convivencia Laboral del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación
relacionada con la audiencia de concertación que se llevaría a cabo. Precisó que
20 Índice núm. 16. Documento denominado “83_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTA_DERECHO_DE(.pdf) NroActua 16”.
21 Índice núm. 16. Documento denominado “84_MemorialWeb_Respuesta-CONSTANCIADEENVIO(.pdf)
NroActua 16”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
“[…] Inconforme con la respuesta ofrecida desde la presidencia de Comité de
Convivencia laboral del nivel central de la F.G.N, y no siendo una decisión del
Comité de Convivencia laboral del nivel central de la F.G.N, en pleno, repliqué en
memorial del 26 de mayo de 2025, en el que interpuse recurso de reposición y
apelación frente a la negación de mis peticiones, recursos que desconozco el
trámite que le fue dado […]”.
53. Esta Sección comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia, en la medida en que, de conformidad con los documentos allegados por
la Secretaría Técnica y Presidente del Comité de Convivencia del Nivel Central de
la Fiscalía General de la Nación a las quejas se les impartió su respectivo trámite.
54. En efecto la queja presentada el 9 de julio de 2020 contra los señores José
Ignacio Angulo Murillo y Graciela Yáñez Ordoñez fue sometida a consideración del
Comité en reunión ordinaria de 31 de julio de 2020, el cual se ordenó su archivo
porque “[…] los hechos atribuidos corresponden a trámites administrativos en
cumplimiento de funciones inherentes del cargo que ocupa […]”22. Frente a la señora
Graciela Yáñez Ordoñez, se consideró necesario que la accionante “[…] precise
y concrete los hechos que en su sentir, probablemente constituyen acoso laboral
y que le atribuye a la servidora[…]”23, decisión que fue comunicada “[…] sin que
se hubiese recibido respuesta alguna […]”, por lo que también se procedió con su
archivo.
55. En la queja de 20 de marzo de 2025, el Comité informó que decidió por
unanimidad “[…] que las partes puedan dialogar sobre el diferendo, fi (sic) el día 21
de mayo a las 9 de la mañana para que, a través de conferencia virtual, tengo lugar
la reunión de concertación entre convocante y convocado […]”.
56. Frente a los reparos propuestos en el escrito de impugnación relacionados con
que la “[…] audiencia de concertación está viciada de nulidad […]” y la falta de
trámite a los recursos que interpuso, la Sala advierte que no hay lugar a su análisis
por cuanto corresponden a argumentos nuevos que surgen de situaciones nuevas
que no fueron planteadas en el escrito de tutela.
57. En el ordinal 8, el juez de primera instancia negó las pretensiones de la tutela
respecto de la queja presentada el 11 de julio de 2024 contra el señor Huber
Antonio López Morales.
58. La accionante en su escrito de impugnación manifestó que “[…] si el acusado
por presunto acoso laboral ya no está vinculado laboralmente con la F.G.N., el
Comité Seccional de Convivencia Laboral de Medellín de la F.G.N., está obligado
a remitir la queja con todos los anexos a la Comisión seccional de disciplina de
Antioquia y no lo ha hecho y tampoco ha remitido la queja por presunto acoso
22 Índice núm. 19. Documentos denominados “Recibememorial_RESPUESTADELCOMITEDE(.pdf) NroActua
19” y “Recibememorial_ACTA31JUL2020EXTRACT(.pdf) NroActua 19”.
23 Índice núm. 19. Documentos denominados “Recibememorial_RESPUESTADELCOMITEpd(.pdf) NroActua
19” y “Recibememorial_ACTA31JUL2020EXTRACT(.pdf) NroActua 19”.
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
laboral contra Huber Antonio López Morales, a la Fiscalía General de la Nación
para que se investiguen los presuntos delitos denunciados […]”.
59. Contrarioa lo expuesto por la accionante, la Sala considera que la queja
contra Huber Antonio López Morales fue tramitada, asunto distinto es que se
dispuso su archivo24 y en esa medida no compulsaron copias por presuntas
conductas disciplinarias o penales. En todo caso la accionante puede acudir a las
autoridades respectivas directamente.
60. En cuanto al ordinal 9, el juez de tutela de primera instancia negó la acción de
tutela respecto de la mora judicial en el trámite a la denuncia núm.
110016000050202051682.
61. Al respecto, en el escrito de impugnación la accionante señaló que “[…] Hoy
30 de mayo de 2025, ni la suscrita accionante, ni su abogado conocen el texto de
la decisión de archivo, tampoco al abogado le fue notificado la respuesta al
derecho de petición presentado el 1 de abril de 2024 y tampoco hemos tenido
acceso al expediente digital que conforma la investigación penal con radicación
110016000050202051682, por lo que la vulneración al derecho de petición,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, principios de celeridad,
eficacia y eficiencia siguen siendo vulnerados por parte de la doctora Claudia
Patricia Guantiva Vanegas, titular de la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de
Delitos contra la Administración Pública en Bogotá D.C. […]”.
62. Esta Sección comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia. En efecto hay lugar a negar la acción de tutela contra la Fiscal 376
Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá,
comoquiera que acreditó que le dio trámite a la denuncia formulada con radicación
número 110016000050202051682, frente a la cual el 13 de mayo de 2025 se
dispuso su archivo25.
63. Aunque la accionante manifiesta que no ha sido notificada de la decisión que
ordenó el archivo de la investigación, la Sala considera que la señora Mónica
Jazmín Montero Rodríguez puede acudir al Despacho de la Fiscal accionada para
de notificarse directamente o a través de su apoderado de la decisión que ordenó
el archivo26.
64. En lo relacionado con el ordinal 10, se observa que se negaron las
pretensiones de la tutela respecto de la mora judicial dentro del proceso
disciplinario núm. 11001-25-02-000-2024-04690-00.
24 Índice núm. 18. Documentos denominados “99Recibememorial_13CONSTANCIADEARCHIV(.pdf)
NroActua 18” y “Recibememorial_ACTA31JUL2020EXTRACT(.pdf) NroActua 19”.
25 Índice núm. 11. Documentos denominados “46Recibememorial_ARCHIVO13DEMAYO20251(.pdf)
NroActua 11”.
26 Ver https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-
ciudadano/consultas/#1536851620255-61ce92ac-374f
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
65. La accionante en su escrito de impugnación expuso que “[…] no se
compadece lo resuelto por el a quo, cómo así que justifica una mora judicial de
nueve (9) meses, como si el destinatario del servicio al acceso a la administración
de justicia, tenga la obligación de soportar la decidia (sic), la congestión judicial y
ello no merezca si quiera (sic) un reproche, un allamado (sic) de atención, una
orden para que de una vez por todas avoque la queja disciplinaria que le fue
asignada en agosto de 2024 a la citada magistrada […]”.
65. Alrespecto, la Magistrada Martha Inés Montaña Suárez de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá señaló que “[…] La omisión que se ha
presentado, no es resultado de un obrar desentendido, descuidado o desidioso en
el cumplimiento de las funciones que el cargo de MAGISTRADA DE LA
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTA, me impone;
sino respuesta necesaria de la congestión y excesiva carga laboral que registra el
despacho del cual soy titular […] A la fecha, se están tramitando procesos
correspondientes a radicados asignados en época anterior al No. 2024-4690, de
interés de la actora, específicamente procesos tramitados contra abogados que
datan de los años 2022 y 2023; y en lo que atañe a procesos contra funcionarios,
empleados judicial y otros, se está comenzando el estudio de procesos repartidas
a mediados del año 2024, aproximadamente […]”.
66. De conformidad con lo expuesto, la Sala no advierte que se haya vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante, en la medida en que acreditó que la
falta de trámite a la queja obedece a razones ajenas a su voluntad y diligencia de
la accionada, como lo es la alta congestión que enfrenta su despacho. En
consecuencia, se debe negar la tutela respecto de esta pretensión, tal como se
dispuso en el fallo impugnado.
67. Finalmente, la accionante señaló que el juez de primera instancia no se
pronunció sobre la pretensión relacionada con “[…] CONMINAR al Comité de
convivencia laboral del nivel central de la Fiscalía General de la Nación y al Equipo
Interdisciplinario, integrado por la Dirección Ejecutiva, la Subdirección de Talento
Humano, Bienestar y Salud Ocupacional, y el CTI de la F.G.N., para que procedan
a aplicar sin más dilaciones el Protocolo para la prevención y el Protocolo para la
prevención y activación de la Ruta de Atención en casos de Violencia basada en
Género, Acoso y Violencia sexual o Discriminación en el Ámbito Laboral, en favor
de la suscrita accionante, esto para evitar que me sigan causando perjuicios
irremediables […]”.
68. Al respecto, se observa que dicha pretensión fue propuesta en el escrito de
tutela como “[…] solicitud de medida provisional […]” y se resolvió mediante el
auto de 13 de mayo de 2025.
69. Por lo anterior, se confirmarán los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia
de 22 de mayo de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de impugnación en esta
oportunidad.
23
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Accionante: Mónica Jazmín Montero Rodríguez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero de Estado
doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el Director Ejecutivo
de la Fiscalía General de la Nación y las solicitudes de desvinculación presentadas
por la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía 376 Seccional de la Unidad de
Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia de 22
de mayo de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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