Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2025-00312-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: HENRY ANDRÉS CÓRDOBA MALDONADO
Autoridad: PROCURADURÍA SÉPTIMA JUDICIAL II PARA
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL EN ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Requisitos de la solicitud previstos
en la Ley 2220 de 2022. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL-Inadmisión de la solicitud y desistimiento por falta de
subsanación. CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE-Alcance del artículo 104 de la Ley 2220 de 2022.
TEMERIDAD EN TUTELA-Reiteración injustificada de una acción de tutela promovida por la misma persona con
identidad sustancial de partes, hechos y finalidad. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Imposibilidad de reabrir
por vía de tutela un debate ya resuelto de manera definitiva en sede constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante, el señor Henry
Andrés Córdoba Maldonado contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, que
negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 14 de mayo de 2025, el señor Henry Andrés Córdoba Maldonado, actuando en
nombre propio, promovió acción de tutela contra la Procuraduría Séptima Judicial II
para Asuntos Administrativos de Bogotá, con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas por
dicha autoridad en el trámite de una solicitud de conciliación extrajudicial presentada
el 5 de febrero de 2025. En particular, cuestionó la negativa a expedir la constancia
de asunto no conciliable y la declaratoria de desistimiento de la solicitud por falta de
subsanación de los requisitos formales.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:
«PRIMERO. Se tutelen mis derechos fundamentales vulnerados por
PROCURADURÍA SEPTIMA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE BOGOTÁ D.C., al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, entre otros.
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene a la PROCURADURÍA SEPTIMA
JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ D.C. expedir la
constancia de asunto no conciliable dentro de la solicitud de conciliación presentada
05 de febrero de 2025, siendo convocada la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL – CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE, según los argumentos arriba expuestos».
2. Hechos relevantes
El 5 de febrero de 2025, el señor Henry Andrés Córdoba Maldonado, por intermedio
de apoderado judicial, presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación, dirigida contra la Comisión Nacional del Servicio
Civil (CNSC) y la Universidad Libre, con el propósito de controvertir, mediante nulidad
y restablecimiento del derecho, varios actos administrativos expedidos en el marco
del Proceso de Selección No. 2509 – Aerocivil, Primera Fase, relacionados con los
resultados de pruebas y la resolución de reclamaciones formuladas dentro del
concurso de méritos.
La solicitud de conciliación tuvo como pretensión principal la nulidad de los actos
administrativos del 12 de septiembre de 2024, del 16 de octubre de 2024 y del 6 de
noviembre de 2024, mediante los cuales se publicaron los resultados de las pruebas
escritas, se resolvió una reclamación presentada por el accionante y se dio respuesta
a un alcance de dicha reclamación dentro del citado proceso de selección,.
Mediante auto del 14 de febrero de 2025, la Procuraduría Séptima Judicial II para
Asuntos Administrativos de Bogotá inadmitió la solicitud de conciliación extrajudicial,
al advertir la ausencia de una fórmula conciliatoria y de una estimación razonada de
la cuantía. En consecuencia, concedió el término legal para la subsanación de tales
aspectos.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
Vencido el término otorgado sin que se presentara escrito de subsanación, la
autoridad accionada, mediante providencia del 24 de febrero de 2025, declaró
desistida la solicitud y la tuvo como no presentada.
El 26 de febrero de 2025, el apoderado del accionante presentó recurso de
reposición contra el auto que tuvo por no presentada la solicitud de conciliación y, de
manera simultánea, solicitó la expedición de una constancia de asunto no conciliable,
con fundamento en el artículo 104 de la Ley 2220 de 2022.
Mediante providencia del 28 de febrero de 2025, la Procuraduría Séptima Judicial II
para Asuntos Administrativos de Bogotá resolvió no reponer la decisión que declaró
desistida la solicitud de conciliación y negó la expedición de la constancia solicitada.
Posteriormente, el accionante presentó adición, en la que alegó la ausencia de un
pronunciamiento de fondo sobre la naturaleza conciliable o no del asunto sometido
a consideración. Dicha solicitud, junto con la reiteración de la petición de expedición
de la constancia de asunto no conciliable, fue resuelta desfavorablemente por la
autoridad accionada mediante providencia del 18 de marzo de 2025.
El accionante sostuvo que la controversia planteada no era susceptible de
conciliación, por cuanto la controversia versa sobre asuntos laborales, en específico,
se refería a un concurso de méritos de carrera administrativa regulado por actos
administrativos de carácter general, con posibles efectos sobre derechos de terceros
no vinculados al trámite y sin contenido económico conciliable.
3. Fundamentos de la acción
El demandante sostuvo que la autoridad accionada omitió realizar un
pronunciamiento de fondo sobre la naturaleza conciliable o no del asunto, a pesar de
que dicho análisis constituía un presupuesto material previo conforme al artículo 104
de la Ley 2220 de 2022, y se limitó a decidir con fundamento en exigencias formales
de subsanación.
Afirmó que la controversia planteada no era conciliable, por cuanto se refería a un
concurso de méritos de carrera administrativa, regulado por actos administrativos de
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
carácter general, con reglas obligatorias e inmodificables, cuyo alcance trascendía
su situación particular y podía afectar derechos de terceros no vinculados.
Indicó que el asunto carecía de contenido económico o indemnizatorio, por lo que no
resultaba viable proponer fórmula conciliatoria ni estimar cuantía alguna, y que
cualquier eventual acuerdo exigiría la expedición o modificación de actos
administrativos generales, lo cual excedía el ámbito legal de la conciliación
extrajudicial.
Alegó que la negativa a expedir la constancia de asunto no conciliable le impidió
acceder efectivamente a la jurisdicción contencioso administrativa, al tratarse de un
requisito de procedibilidad, lo que configuró una barrera injustificada para la tutela
judicial efectiva.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela era procedente por cumplirse los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y porque la continuidad del concurso de
méritos hacía necesaria la intervención del juez constitucional para evitar la
consolidación de una situación lesiva de sus derechos fundamentales.
4. Trámite de primera instancia
Mediante auto del 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección E admitió la acción de tutela, ordenó notificar al
Procurador Séptimo Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá para que,
dentro del término improrrogable de dos (2) días contados a partir de la notificación,
ejerciera su derecho de defensa y aportara las pruebas que estimara pertinentes.
En los escritos de contestación, el Procurador Séptimo Judicial II Administrativo y
la Procuraduría General de la Nación solicitaron negar el amparo solicitado por el
accionante, al considerar que no se configuró vulneración alguna de derechos
fundamentales.
Ambas autoridades coincidieron en señalar que la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada por el accionante fue inadmitida por incumplir los requisitos
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
legales previstos en la Ley 2220 de 2022, y que, ante la falta de subsanación dentro
del término concedido, fue declarada desistida y no presentada. Indicaron que, en
ese contexto, se resolvió el recurso de reposición interpuesto y se negó la expedición
de la constancia de asunto no conciliable, al no cumplirse los presupuestos legales
para ello.
Sostuvieron que el análisis sobre el carácter conciliable del asunto exigía, como
presupuesto previo, el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de
conciliación extrajudicial, lo cual no ocurrió en el caso concreto. En ese sentido,
afirmaron que no resultaba jurídicamente viable emitir un pronunciamiento de fondo
sobre la naturaleza del asunto ni expedir la constancia solicitada.
Asimismo, señalaron que si el accionante consideraba que el asunto no es
conciliable, podía acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa,
para que este definiera la procedencia del medio de control correspondiente, sin que
se configurara vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia.
Adicionalmente, el Procurador Séptimo Judicial II Administrativo puso de presente la
existencia de una acción de tutela previa promovida por el accionante por los mismos
hechos, resuelta de manera desfavorable, y formuló su inconformidad frente a la
actuación del apoderado judicial del tutelante, al considerar que incurrió en
conductas reprochables desde el punto de vista disciplinario, por lo que solicitó la
compulsa de copias ante la autoridad competente.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación enfatizó que la acción de tutela
no podía emplearse para sustituir las funciones propias del Ministerio Público dentro
de un trámite legalmente reglado ni para controvertir decisiones adoptadas con
fundamento en la ley, y sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la procedencia excepcional del amparo constitucional.
Mediante sentencia del 28 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E negó el amparo solicitado, al
concluir que la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos de
Bogotá actuó conforme a la Ley 2220 de 2022 y no vulneró los derechos
fundamentales invocados.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala consideró que la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 5 de
febrero de 2025 fue correctamente inadmitida por incumplir requisitos formales
esenciales, entre ellos la falta de fórmula conciliatoria y de estimación razonada de
la cuantía. Indicó que, al no haberse subsanado tales deficiencias dentro del término
legal, la autoridad accionada actuó ajustadamente al declarar el desistimiento de la
solicitud y tenerla como no presentada, en aplicación del artículo 102 de la citada
ley.
El Tribunal sostuvo que el análisis sobre el carácter conciliable del asunto exigía
como presupuesto el cumplimiento previo de los requisitos formales, razón por la
cual, ante el desistimiento de la solicitud, no resultaba jurídicamente viable emitir un
pronunciamiento de fondo ni expedir la constancia de asunto no conciliable. En
consecuencia, estimó que la negativa de la Procuraduría no fue arbitraria, sino una
consecuencia legal del trámite incompleto.
Asimismo, precisó que no se vulneró el derecho de acceso a la administración de
justicia, dado que el accionante podía acudir directamente a la jurisdicción
contencioso administrativa si consideraba que el asunto no era conciliable, sin que
la expedición de la constancia solicitada constituyera un obstáculo.
Finalmente, la Sala concluyó que no se acreditó perjuicio irremediable, que la
controversia correspondió a una discrepancia jurídica ajena al control constitucional
y que, por tanto, no se justificaba la intervención del juez de tutela, razón por la cual
negó el amparo.
La parte accionante impugnó la decisión. Manifestó que la sentencia de primera
instancia realizó una interpretación equivocada de la Ley 2220 de 2022, al afirmar
que el análisis sobre el carácter conciliable del asunto solo podía adelantarse
después de la admisión de la solicitud de conciliación extrajudicial. Señaló que dicha
exigencia no se desprendió del artículo 104 de esa ley, el cual previó la expedición
de la constancia de asunto no conciliable dentro de los diez días siguientes a la
presentación de la solicitud, e incluso durante el trámite de la audiencia, sin
condicionarla a la admisión.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
Afirmó que la autoridad accionada omitió un pronunciamiento de fondo sobre la
naturaleza del asunto y se limitó a examinar aspectos formales relacionados con la
subsanación. Indicó que la controversia no era conciliable, por referirse a un
concurso de méritos regulado por actos administrativos de carácter general, con
reglas obligatorias y efectos frente a terceros, lo que hacía inviable cualquier fórmula
de arreglo.
Por último, sostuvo que no existía cuantía ni posibilidad jurídica de conciliación, al no
tratarse de derechos disponibles ni de controversias de contenido económico,
indemnizatorio o reparatorio, por lo que resultó irrazonable exigir el cumplimiento de
requisitos que, por la naturaleza del asunto, no podían satisfacerse. El 16 de junio
de 2025 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Manifestación de impedimento
El 11 de julio de 2025, Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó
impedimento para conocer de la acción de tutela, al considerar configurada la causal
prevista en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por la existencia de un
interés personal, actual y especial que podía comprometer su imparcialidad.
Indicó que su cónyuge se desempeña como Procuradora Judicial II delegada para la
Conciliación Administrativa, entidad adscrita a la Procuraduría General de la Nación,
institución vinculada con los hechos objeto del proceso, por lo que la decisión podía
incidir directa o indirectamente en su situación laboral. Señaló que dicha
circunstancia reunía los criterios jurisprudenciales exigidos para configurar la causal
de impedimento.
El 10 de noviembre de 2025, mediante auto de ponente se concluyó que la situación
descrita comprometía objetivamente la apariencia de imparcialidad exigida al
juzgador, razón por la cual el impedimento fue aceptado, se dispuso la separación
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
del Consejero del conocimiento del proceso y se ordenó continuar el trámite
correspondiente.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 28 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, que negó el amparo solicitado.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
De la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo
La Sala considera necesario recordar que la Ley 2220 de 2022 reguló integralmente
la conciliación y definió, en su artículo 88, la conciliación extrajudicial en asuntos de
lo contencioso administrativo como un mecanismo alternativo de solución de
conflictos, de carácter autocompositivo, por medio del cual las partes, por conducto
de apoderado, gestionan ante un agente del Ministerio Público la solución de
controversias cuyo conocimiento corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
De conformidad con el artículo 89 ibidem, en materia de lo contencioso administrativo
serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por esa jurisdicción,
siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. La misma
disposición previó que, cuando medie acto administrativo de carácter particular,
podrá conciliarse sobre sus efectos económicos si se configura alguna de las
causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. A su turno, el artículo 90 señaló de
manera taxativa los asuntos no susceptibles de conciliación extrajudicial, entre ellos,
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
los conflictos de carácter tributario, aquellos que deban ventilarse a través de
procesos ejecutivos de contratos estatales, los casos en los que haya caducado la
acción, los eventos en que se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho sin
que se hayan agotado debidamente los recursos o el procedimiento administrativo,
y aquellos en los que la administración cuente con elementos de juicio para
considerar que el acto administrativo ocurrió por medios fraudulentos.
Asimismo, el artículo 92 de la referida ley dispuso que, cuando los asuntos sean
conciliables, la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de las
demandas en las que se formulen pretensiones de nulidad y restablec imiento del
derecho, reparación directa y controversias contractuales. En los demás asuntos, la
conciliación podrá adelantarse siempre que no exista prohibición expresa.
En lo que atañe al inicio del trámite, el artículo 100 estableció que la conciliación
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo se inicia con la radicación
de la solicitud del interesado, por conducto de abogado con facultad expresa para
conciliar, a través de los medios electrónicos dispuestos por el Ministerio Público. A
su vez, el artículo 101 previó que la petición de convocatoria deberá contener, entre
otros requisitos, la individualización de las partes y de sus representantes, los
fundamentos de hecho y de derecho, las pretensiones que se formularían en una
eventual demanda, la fórmula de conciliación propuesta con precisión y claridad, la
estimación razonada de la cuantía, la indicación del medio de control que se
ejercería, la relación de pruebas, la manifestación bajo gravedad de juramento de no
haber presentado demanda o solicitud de conciliación con base en los mismos
hechos y pretensiones, la indicación del canal digital, las constancias de remisión al
convocado y, cuando corresponda, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, el certificado de existencia y representación legal cuando haya lugar y el
poder para actuar.
El artículo 102 dispuso que el agente del Ministerio Público debe verificar el
cumplimiento de los requisitos de la solicitud y, en caso de advertir su
incumplimiento, deberá indicar los defectos por subsanar y conceder un término de
cinco días. Si vencido ese plazo no se corrigen las falencias advertidas, procede
declarar el desistimiento de la solicitud y tenerla como no presentada.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
En relación con las constancias, el artículo 104 previó que, cuando se presente una
petición de convocatoria y el asunto no sea conciliable de conformidad con la ley, el
agente del Ministerio Público deberá así señalarlo mediante decisión motivada, la
cual deberá notificarse dentro de los diez días siguientes a la presentación de la
solicitud, y en ella ordenará la expedición de la constancia correspondiente una vez
quede en firme. En armonía con ello, el artículo 105 reguló la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y precisó
que esta se expedirá, entre otros eventos, cuando el asunto sometido a
consideración no sea conciliable, cuando alguna de las partes no comparezca a la
audiencia o cuando esta se realice sin acuerdo.
Finalmente, el artículo 106 señaló que, dentro de los diez días siguientes al recibo
de la solicitud o de su subsanación, si a ello hubiere lugar, el agente del Ministerio
Público, de encontrarla procedente, admitirá la solicitud de conciliación extrajudicial
en asuntos contencioso administrativos y fijará fecha para la audiencia
correspondiente.
Temeridad
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 entiende como temeridad la presentación de
una misma acción de tutela por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, sin motivo que lo justifique. En caso tal, se rechazará o se
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de la temeridad en sede
de tutela y ha planteado que esta se configura cuando: i) se presenta una identidad
de procesos. Es decir, que las acciones de tutela de manera simultánea o sucesiva
tengan una triple identidad. Se plantean los mismos hechos, se trata de las mismas
partes y se basa en la misma solicitud; ii) que el caso puesto en consideración en
sede de tutela, no sea uno de aquellos considerados como excepcionales de lo que
ha estipulado la ley o ha comprendido la jurisprudencia como actuación temeraria y
iii) que en caso de presentarse una solicitud de tutela que manifieste ser diferente a
una anterior con la que guarda identidad pero tiene un desarrollo argumentativo
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
diferente, el juez constitucional acredite que en realidad los dos procesos tienen las
mismas partes, se sustentan en las mismas razones y pretenden la misma solicitud 1.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido unos supuestos que
facultan al interesado a interponer nuevamente una acción de tutela sin que sea
considerada temeridad, cuando: i) La condición de ignorancia o indefensión del actor,
propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o
por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; ii) El
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; iii) La consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o
que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad
de proteger los derechos fundamentales del demandante; iv) Se puede interponer
una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia
de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión 2.
Cosa juzgada constitucional
Conforme el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, la cosa juzgada
constitucional se entiende como una institución jurídica que busca la inmutabilidad
de las decisiones judiciales con el fin de proteger la seguridad jurídica, por ello, se
prohíbe que la misma persona instaure tutelas sucesivas en las que se confluya
identidad de partes, hechos y pretensiones. En este sentido, la Corte señaló que:
«(…) 2.2.1. La cosa juzgada ha sido definida en el Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso, y por la jurisprudencia como una institución que
garantiza la seguridad jurídica y el respeto al derecho fundamental al debido
proceso.
De un lado, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 332, hoy artículo 303
del Código General del Proceso, establecen que «(…) la sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el
1 Corte Constitucional, sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021.
2 Corte Constitucional, sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el
anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)».
Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249 de
2016, definió a la cosa juzgada como una «(…) institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas
(…)».
Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la
jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la
acción, que compromete la capacidad judicial del Estado como también los
principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura
de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional
decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura
cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal»3.
En consecuencia, la temeridad, junto con la cosa juzgada constitucional, son
fenómenos procesales distintos los cuales se consolidan a partir de la presentación
múltiple e injustificada de una misma acción de tutela. La presentación reiterada de
una misma solicitud de tutela permite que se configure una actuación temeraria y se
comprometa el principio de la cosa juzgada constitucional. Es un ejercicio desleal de
uso del mecanismo de amparo constitucional compromete la capacidad jurídica del
Estado, así como los principios de eficiencia, economía procesal y eficacia. La no
selección de un asunto para revisión, por parte de la Corte Constitucional, hace que
opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional haciendo que la decisión sea
inmutable y definitiva 4.
Caso concreto
3 Corte Constitucional, sentencia SU-021 de 2021.
4 Corte Constitucional, sentencia T-407 del 17 de noviembre de 2022.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
Corresponde a la Sala determinar si la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos
Administrativos de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia invocados por Henry Andrés Córdoba
Maldonado, con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del trámite de la
solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 5 de febrero de 2025, en particular,
la inadmisión de la petición, la posterior declaratoria de desistimiento y la negativa
de emitir la constancia de asunto no conciliable.
Del expediente se advierte que el actor, por conducto de apoderado judicial, presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación,
dirigida contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, con el
propósito de agotar el requisito de procedibilidad para promover medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos del 12 de
septiembre, 16 de octubre y 6 de noviembre de 2024, expedidos en el marco del
Proceso de Selección No. 2509 – Aerocivil Primera Fase. En dicha solicitud se
cuestionaron los resultados de las pruebas escritas y las respuestas emitidas frente
a las reclamaciones formuladas por el convocante dentro del concurso de méritos.
También se encuentra acreditado que, mediante auto del 14 de febrero de 2025, la
Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá inadmitió la
solicitud de conciliación por incumplimiento de exigencias previstas en la Ley 2220
de 2022, en particular, por la ausencia de fórmula conciliatoria y de estimación
razonada de la cuantía. Posteriormente, al no haberse presentado escrito de
subsanación dentro del término legal concedido, la misma autoridad resolvió declarar
desistida la solicitud y la tuvo como no presentada mediante providencia del 24 de
febrero de 2025. Más adelante, el 26 de febrero siguiente, el apoderado del
accionante interpuso recurso de reposición contra esa decisión y solicitó, además,
que se emitiera constancia de asunto no conciliable con fundamento en el artículo
104 de la Ley 2220 de 2022. Esa solicitud fue resuelta desfavorablemente mediante
proveído del 28 de febrero de 2025. Luego, el actor formuló solicitud de adición y
reiteró su petición de que se emitiera la constancia mencionada, solicitudes que
fueron desestimadas el 18 de marzo de 2025.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
La parte actora sostiene, en esencia, que la autoridad accionada no podía limitarse
a examinar el cumplimiento de cargas formales de la solicitud, porque antes debía
pronunciarse de fondo sobre la naturaleza conciliable o no del asunto. Afirma que la
controversia no era susceptible de conciliación, porque se relacionaba con un
concurso de méritos regido por actos administrativos de carácter general, con
eventuales efectos frente a terceros y sin contenido económico conciliable. Añade
que, en ese contexto, resultaba irrazonable exigir fórmula conciliatoria y estimación
de cuantía. Finalmente, alega que la negativa de emitir la constancia de asunto no
conciliable le impidió acudir de manera efectiva a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pese a que ese documento, en su criterio, era necesario para
promover el medio de control correspondiente.
Por su parte, las autoridades accionadas señalaron que no existió vulneración alguna
de derechos fundamentales, pues la solicitud de conciliación fue tramitada conforme
a la Ley 2220 de 2022. Explicaron que la petición inicial no cumplió los requisitos
previstos en los artículos 100 y 101 de la misma y que, ante la ausencia de
subsanación, procedía aplicar la consecuencia establecida en el artículo 102, esto
es, declarar el desistimiento y tener la solicitud como no presentada. Bajo esa
premisa, sostuvieron que no resultaba jurídicamente viable emitir un
pronunciamiento material sobre el carácter conciliable del asunto ni expedir la
constancia solicitada. Agregaron que, si el actor consideraba que la controversia no
estaba sometida al requisito de procedibilidad, conservaba la posibilidad de acudir
directamente ante el juez contencioso administrativo para que este definiera ese
presupuesto procesal.
La Sala comparte las conclusiones del tribunal de primera instancia y considera que
la actuación de la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos de
Bogotá no desconocieron los derechos fundamentales invocados.
En primer lugar, esta Sala observa que la decisión de inadmitir la solicitud de
conciliación extrajudicial y, posteriormente, declararla desistida, encontró respaldo
expreso en la Ley 2220 de 2022. En efecto, el artículo 101 estableció el contenido
mínimo que debe reunir la petición de convocatoria, mientras que el artículo 102
dispuso que, si el agente del Ministerio Público advierte su incumplimiento, debe
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
indicar los defectos por subsanar y conceder un término de cinco días, vencido el
cual, de persistir las falencias, procede declarar el desistimiento y tener la solicitud
como no presentada. En el asunto bajo examen está demostrado que la Procuraduría
identificó defectos concretos en la solicitud, los comunicó al interesado y concedió el
término legal para su corrección. También está acreditado que el accionante no
presentó escrito de subsanación dentro de la oportunidad otorgada. En esas
condiciones, la decisión de tener por desistida la petición no constituyó una actuación
caprichosa o arbitraria, sino la aplicación de una consecuencia expresamente
prevista por el legislador.
En segundo lugar, considera que no prospera el argumento según el cual la
Procuraduría estaba obligada a emitir, de manera previa o automática, una decisión
de fondo sobre la naturaleza conciliable o no del asunto, con independencia del
incumplimiento de los requisitos de la solicitud. El artículo 104 de la Ley 2220 de
2022 prevé la constancia para asuntos no conciliables cuando se presenta una
petición de convocatoria y el asunto no sea conciliable de conformidad con la ley. Sin
embargo, en el caso concreto, la autoridad accionada razonó que ese examen no
podía adelantarse de manera aislada, al margen del trámite legal de admisión e
inadmisión de la solicitud, y que la falta de subsanación impedía continuar con el
curso ordinario del procedimiento. Esa interpretación no aparece irrazonable ni
contraria al texto legal, en la medida en que se inscribe dentro de una lectura
sistemática de los artículos 101, 102, 104 y 106 de la Ley 2220 de 2022, conforme a
la cual el agente del Ministerio Público debe verificar inicialmente si la petición reúne
los requisitos mínimos para surtir el trámite respectivo. Por ello, no resulta posible
afirmar que la Procuraduría haya omitido sin justificación un deber legal inequívoco
ni que haya negado la constancia a partir de una motivación aparente.
En tercer lugar, la Sala advierte que, aun si se aceptara que el actor sostenía una
interpretación distinta acerca del alcance del artículo 104 de la Ley 2220 de 2022,
esa discrepancia no basta, por sí sola, para estructurar una vulneración del debido
proceso. Lo que el expediente muestra es una controversia sobre la manera de
interpretar las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de las cargas
mínimas impuestas al solicitante dentro del trámite conciliatorio. La autoridad
accionada expuso razones claras para explicar por qué consideró improcedente
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
emitir la constancia, primero en el auto del 28 de febrero de 2025 y luego en la
respuesta del 18 de marzo siguiente. En ambos pronunciamientos indicó que el
trámite no podía avanzar porque la solicitud fue desistida por ausencia de
subsanación y agregó, además, que el asunto presentado no aparecía enlistado
entre los expresamente no conciliables del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022. Esa
motivación podrá no coincidir con la postura del actor, pero no revela arbitrariedad,
ausencia de razones o desconocimiento del trámite legal.
En cuarto lugar, esta instancia no encuentra acreditada la vulneración del derecho
de acceso a la administración de justicia. La parte actora sostuvo que la negativa de
emitir la constancia de asunto no conciliable le cerró el acceso a la jurisdicción
contencioso administrativa; no obstante, esa afirmación no coincide con el propio
diseño legal del requisito de procedibilidad ni con la respuesta dada por la autoridad
accionada. Tanto la Procuraduría como el tribunal explicaron que, si el interesado
estimaba que su controversia no era conciliable, podía acudir directamente al juez
natural para que este valorara la procedencia del medio de control y definiera si, en
efecto, el asunto estaba o no sometido a conciliación extrajudicial. Por ello, la
ausencia de la constancia pretendida no comportó, en este caso, una barrera
absoluta o insuperable para activar la jurisdicción, sino una consecuencia derivada
de la forma en que se tramitó la solicitud presentada por el propio interesado.
En quinto lugar, la Sala precisa que tampoco desvirtúa la legalidad de la actuación
el argumento del actor referente a que el asunto carecía de contenido económico y
que, por tanto, no le era exigible proponer fórmula conciliatoria ni cuantificar
pretensiones. Aun cuando esa postura hizo parte central de la inconformidad
expuesta en la tutela, lo cierto es que la solicitud presentada ante la Procuraduría
fue radicada expresamente como requisito de procedibilidad previo a una eventual
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos
particulares que, según el propio actor, afectaban su permanencia en el concurso.
Además, fue el mismo apoderado quien acudió al mecanismo conciliatorio para
agotar esa etapa previa. En esas circunstancias, no resulta irrazonable que la
autoridad accionada hubiese exigido el cumplimiento de los requisitos legales de la
solicitud radicada, sin que más tarde pueda predicarse una lesión de derechos
fundamentales por el solo hecho de que la parte, después de omitida la subsanación,
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
hubiera cambiado de postura y sostuviera que en realidad el asunto no era
conciliable.
Ahora bien, en lo que respecta a la configuración de la temeridad y de la cosa juzgada
constitucional, la Sala advierte que, al momento en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E profirió la sentencia de 28 de mayo
de 2025, concluyó que no se acreditaba triple identidad entre la presente acción y la
tutela radicada con el No. 25000-23-15-000-2025-00150-00, porque esta última se
había orientado a obtener respuesta de fondo frente a la solicitud de adición del auto
de 28 de febrero de 2025 y frente a la petición de expedición de constancia de asunto
no conciliable presentada el 26 de febrero de 2025, mientras que en este proceso se
pretendió directamente que se ordenara emitir dicha constancia. Además, en ese
momento la decisión anterior no se encontraba ejecutoriada, pues había sido
impugnada.
No obstante, con las providencias allegadas en esta instancia, la Sala constata que
la tutela anterior fue promovida por el mismo accionante contra la misma
Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá y tuvo
origen en los mismos hechos, esto es, el trámite de la solicitud de conciliación
extrajudicial presentada el 5 de febrero de 2025, su inadmisión el 14 de febrero
siguiente, la decisión de tenerla por no presentada el 24 de febrero de 2025, la
negativa de reponer esa determinación y de acceder a la expedición de la constancia
de asunto no conciliable, así como la posterior solicitud de adición. En esa primera
tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B
negó el amparo el 26 de marzo de 2025, tras considerar que no existía vulneración
de los derechos de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
dado que la autoridad accionada aún se encontraba dentro del término para
responder y, además, el actor contaba con otros mecanismos para controvertir las
decisiones adoptadas.
Esa providencia fue impugnada y el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, mediante sentencia de 5 de junio de 2025, la confirmó, al concluir que
la Procuraduría ya había emitido respuesta de fondo el 18 de marzo de 2025, que el
derecho de petición no había sido desconocido y que, incluso, el actor podía volver
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
a presentar una nueva solicitud de conciliación si a bien lo estimaba. De ese modo,
esta Sala encuentra acreditada la identidad sustancial de partes, de causa y de
finalidad material entre ambos trámites, pues en los dos casos el accionante
cuestionó la negativa de la Procuraduría de emitir la constancia de asunto no
conciliable y atribuyó a esa actuación la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con independencia de
la variación formal en la redacción de las pretensiones. Por esa razón, esta instancia
concluye que se configuró una actuación temeraria y que, además, operó la cosa
juzgada constitucional, en tanto el debate ya fue resuelto de manera definitiva en
sede de tutela.
En suma, se concluye que la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos
Administrativos de Bogotá actuó dentro del marco normativo previsto en la Ley 2220
de 2022; que la inadmisión de la solicitud de conciliación y su posterior declaratoria
de desistimiento obedecieron al incumplimiento de cargas legales que correspondía
asumir al solicitante; que la negativa de emitir la constancia de asunto no conciliable
respondió a una interpretación razonada del régimen aplicable; y que, además, la
presente acción de tutela reprodujo de manera injustificada un debate constitucional
ya decidido de forma definitiva. Por consiguiente, no se acreditó vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso ni de acceso a la administración de
justicia. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirma la sentencia del 28 de mayo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección E, que negó el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección E, que negó
el amparo solicitado por Henry Andrés Córdoba Maldonado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Expediente nº. 25000-23-15-000-2025-00312-01
Accionante: Henry Andrés Córdoba Maldonado
Acción de tutela – Segunda instancia
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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