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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00441-01

Fecha
23 de enero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00441-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00441-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 21
de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 11 de junio de 20251 Edilberto Cortés Moncada, a nombre propio, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital, buen
nombre y honra, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo de Bogotá con ocasión de los autos del 21 de noviembre de 2024, y
13 de enero y 23 de abril de 2025, mediante los cuales se negó la inaplicación de
una sanción impuesta en el marco del incidente de desacato propuesto por César
Augusto Quiñónez Acosta contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional,
dentro del expediente con radicado 11001-33-42-049-2022-00176-00.

2. Hechos

2.1. El accionante señaló que, mediante sentencia del 10 de junio de 2022, dentro
del expediente de tutela 11001334204920220017600, el Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo de Bogotá amparó los derechos fundamentales invocados por César
Augusto Quiñónez Acosta y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, a través de sus distintas dependencias (Dirección de
Sanidad Militar, Área de Salud Ocupacional, Medicina Laboral, Atención al

1 Índice 2 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado DEBE4C6AB8D002F2
1C72825A4743F197 6CCA6CF485D29CB0 20A52AE873F4F3DC.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 794E5A9F431E9EDF

84B8AE4B04C266B7 F2370CACA2950877 171B602D21CDD5AF.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

Ciudadano y Comando de Personal), emitir una respuesta de fondo, clara y
detallada a la solicitud elevada por el peticionario el 16 de febrero de 2022; e,
igualmente, ordenó activar los servicios médicos del entonces accionante
“únicamente con el fin de que se realicen los exámenes médicos necesarios para
valorar su condición actual de salud”.

2.2. Posteriormente, el actor afirmó que el 15 de julio de 2022 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, modificó la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de amparar los
derechos fundamentales de petición, debido proceso y salud del señor César
Augusto Quiñónez Acosta, e instó al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza – Comando de Personal – Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, para que se abstuviera de incurrir en actuaciones
que afectaran derechos fundamentales como los que dieron origen a dicha acción
de tutela. Finalmente, confirmó en lo demás la providencia del 10 de junio de 2022.

2.3. A raíz de lo anterior, el señor César Augusto Quiñónez Acosta interpuso
incidente de desacato3 contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

2.4. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, a
través de providencia del 9 de noviembre de 2023, i) declaró en desacato al señor
Edilberto Cortés Moncada, en calidad de director de Sanidad del Ejército Nacional,
por el incumplimiento de la sentencia de tutela del 15 de julio de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C; y ii) lo
sancionó con multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dicha
providencia fue confirmada, en el marco del grado jurisdiccional de consulta, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 24 de
noviembre de 2023.4

3 Formato onedrive, archivo denominado “001 Escrito incidente”, de la carpeta llamada “002 Incidente 2023 –

Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.
4 Formato onedrive, archivo denominado “010 Auto sede consulta”, de la carpeta llamada “002 Incidente 2023

– Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

2.5. Posteriormente, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó, entre
otras cosas, inaplicar la sanción impuesta al señor Edilberto Cortés Moncada
mediante providencia del 9 de noviembre de 2023.5

2.6. El 21 de noviembre de 2024 el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de
Bogotá, Sección Segunda, negó la solicitud relacionada en el anterior numeral.6

2.7. Luego, el 13 de enero de 20257, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
de Bogotá, Sección Segunda, negó una solicitud elevada por la DISAN el 13 de
diciembre de 2024, en la que pretendía la inaplicación de la multa impuesta el 9 de
noviembre de 2023 al brigadier general Edilberto Cortés Moncada, entonces director
de Sanidad del Ejército Nacional.

2.8. Por su parte, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, Sección
Segunda, el 23 de abril de 20258, rechazó por improcedente la solicitud radicada
por Edilberto Cortés Moncada sobre la inaplicación de la sanción impuesta por dicho
juzgado el 9 de noviembre de 2023.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo:

3.1. Las decisiones censuradas transgreden el derecho a la igualdad, porque
desconocen los precedentes judiciales que establecen que las sanciones en
incidentes de desacato deben ser levantadas cuando se acredita el cumplimiento
de la orden de tutela, incluso si el cumplimiento fue tardío o la sanción ya fue
confirmada en consulta. En otros casos similares, los jueces han procedido a
levantar las sanciones, aplicando el criterio jurisprudencial de que el incidente de
desacato es un mecanismo coercitivo y no punitivo. Sin embargo, en este caso
particular se ha mantenido la sanción sin justificación razonable, lo que implica un
trato desigual e injustificado.

5
Formato onedrive, archivo denominado “019 Solicitud inaplicar sanción”, de la carpeta llamada “002 Incidente
2023 – Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.
6 Formato onedrive, archivo denominado “021 Auto niega […]”, de la carpeta llamada “002 Incidente 2023 –

Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.
7 Formato onedrive, archivo denominado “025 Auto niega […]”, ibid.
8 Formato onedrive, archivo denominado “002 Auto rechaza […]”, de la carpeta llamada “005 Incidente abril

2025”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

3.2. La autoridad judicial accionada vulneró el derecho al mínimo vital, toda vez que
la sanción en mención produjo el embargo de las cuentas bancarias del accionante,
con lo cual se ocasionó una afectación en sus condiciones económicas, aunado a
que no funge como director de la Dirección de Sanidad Militar desde diciembre de
2023.

3.3. La autoridad demandada desconoció el precedente jurisprudencial en materia
de incidentes de desacato fijado por la Corte Constitucional, según el cual la sanción
debe ser levantada cuando se acredita el cumplimiento de la orden de tutela. Enlista
las siguientes providencias: T-171/09, T-0213/12, T-695/14, T-1763/12, T-2616/15,
T-389/17, T-0292/14, T-0096/15, T-0407/15, T-1621/15, T-0106/16, SU-424/16, I-
3301/16, T-0095/17, T-157/17, T-2199/17, SU-043/18 y T-315/20.

3.4. El accionante explicó el proceso para la realización de una Junta Médica
Laboral, de la siguiente manera:

Por consiguiente, informó que, una vez el retirado obtiene la valoración de todos los
conceptos médicos ordenados y estos hayan sido cargados en el expediente
médico laboral, debe acercarse a la oficina de Medicina Laboral de la ciudad más
cercana para programar la valoración por parte de la Junta Médico Laboral. Adujo
que son responsables los mismos funcionarios que intervienen en el paso 2, esto
es, los oficiales de medicina laboral regionales.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, mínimo vital, honra, y buen nombre los cuales han
sido vulnerados por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C por la negación de inaplicación de sanción judicial, en el marco de la acción
de tutela bajo radicado No. 11001334204920220017600, con orden de tutela cumplida.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

SEGUNDO: En consecuencia, solicitó que el honorable Tribunal ordene al Juzgado
Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, REVOCAR y dejar
sin efecto los autos por medio de los cuales se niega la inaplicación de la sanción
impuesta dentro del proceso de 11001334204920220017600, y se ordene proferir
decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud del
levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente de la
sentencia SU-034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la
decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para
que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta
en mi contra.”9. (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 9 de julio de 202510 se admitió la acción de tutela. También
se dispuso la notificación a las partes.

5.2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo Oral de Bogotá, Sección
Segunda,11 explicó que la sanción impuesta en el marco del incidente de desacato
número 2 obedeció a la renuencia injustificada y prolongada de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional frente al cumplimiento de la orden de tutela proferida
el 15 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera
que, pese a los múltiples requerimientos, la autoridad obligada no presentó informe
alguno ni aportó prueba de las gestiones encaminadas a cumplir el fallo, razón por
la cual impuso una sanción de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, la cual fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta.

Indicó que con ocasión de la orden de tutela, se han suscitado diversos incidentes
de desacato en contra de la DISAN, debido a su reiterado incumplimiento que resumió
así:

9 Índice 2 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 794E5A9F431E9EDF
84B8AE4B04C266B7 F2370CACA2950877 171B602D21CDD5AF, folios 33 y 34.
10 Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado D887AA3A96F5FC5D
588EE9AA8D46E47D A830FFC28AD3E64A 20F2F09A007C54C1.
11 Índice 19 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado F14EE8E0A61AA929
238987D8BFCD7CF6 FD9FD149C488FDA6 5381291F75C577C9.

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Sentencia de segunda instancia
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Señaló que, frente a las reiteradas solicitudes de inaplicación de la sanción (hasta
en cuatro oportunidades), estas fueron rechazadas por improcedentes,
extemporáneas y carentes de fundamento jurídico, porque el cumplimiento tardío
de la orden de tutela no desvirtúa el desacato ya declarado y confirmado. Además,
advirtió que permitir la inaplicación de sanciones con posterioridad al trámite
incidental desnaturalizaría el efecto correctivo del desacato y fomentaría el
incumplimiento de las decisiones judiciales.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 21 de julio de 202512 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela.

El a quo constitucional encontró acreditado que: i) el 13 de septiembre de 2023, el
señor César Augusto Quiñónez Acosta presentó incidente de desacato contra la
DISAN, al informar que, al solicitar el concepto médico de dermatología para dar

continuidad a su proceso de dictamen médico laboral, encontró que dicha entidad
había suspendido su servicio de salud; ii) el juzgado accionado, mediante auto del
18 de septiembre de 2023, abrió incidente de desacato y requirió informe sobre el
cumplimiento de la orden de tutela del 15 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C; iii) frente a dicho
requerimiento, la referida entidad no emitió informe dentro del término oportuno,
motivo por el cual el juzgado accionado resolvió el incidente de desacato en el
sentido de imponer una sanción de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes; y iv) diez (10) meses después, la DISAN solicitó la inaplicación de la multa,

12Índice 21 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado DD5AB2964EACE549
1AD4CD49F89CDD3D 5B5A9C04791B34F2 8FF3290A1D57A69A.

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al informar sobre el cumplimiento de los exámenes médicos y conceptos requeridos
para el trámite de la Junta Médica Laboral.

Así, consideró que la decisión adoptada por el juzgado accionado no obedeció a un
presunto incumplimiento de la orden de tutela, sino a la ausencia de respuesta
oportuna por parte de la entidad obligada, pues, aunque esta última presentó
informes en relación con otros incidentes de desacato, respecto del trámite iniciado
el 18 de septiembre de 2023 guardó silencio, pronunciándose únicamente 10 meses
después.

Advirtió que no se configura un perjuicio irremediable que justificara el análisis
excepcional de la presente acción, por cuanto la sanción impuesta ya fue objeto de
verificación en sede de consulta, sin que se evidenciara arbitrariedad manifiesta ni
desconocimiento flagrante del ordenamiento constitucional por parte de la autoridad
judicial accionada.

7. Razones de la impugnación

7.1. Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de
impugnación13, en el que argumentó lo siguiente:

7.1.1. El 29 de julio de 2025 la apoderada judicial del señor Quiñónez envió
memorial al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, con el fin de
informar el cumplimiento del fallo de tutela.

7.1.2. La autoridad judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial en
materia de incidentes de desacato fijado por la Corte Constitucional, según el cual
la sanción debe ser levantada cuando se acredita el cumplimiento de la orden de
tutela, así dicha decisión hubiere sido confirmada en grado de consulta por el
superior jerárquico. Manifiesta que el alto tribunal ha sostenido que “todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato ya que
puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma objetiva, la falta de
acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la negligencia del
obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la imposición
de las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de “todas las medidas

13 Índice 25 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8BD674E29A38F316
ADA0FD2DD49AF738 1AD91319BBA116A5 213033EBBA41E460.

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necesarias para el cabal cumplimiento”. En especial se refirió la sentencia SU-034
de 2018.

Por su parte, señaló que el juzgado demandado desconoció los siguientes
pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los cuales se
sostuvo que era procedente la acción de tutela contra un auto emitido en el marco
de un incidente de desacato, en el que se negaba la inaplicación de una sanción,
tales como: i) sentencia del 25 de junio de 2025, radicado 250002315000-2025-
00453-00; y ii) sentencia del 17 de febrero de 2025, radicado
250002341000201501385-00.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

8.1. Mediante auto del 6 de agosto de 202514 el a quo concedió la impugnación.

8.2. El despacho ponente, a través de auto del 24 de octubre de 202515, ordenó
vincular a César Augusto Quiñónez Acosta y a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional al trámite de la presente acción constitucional.

8.3. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional16 señala que la sentencia
censurada desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional, según el cual es procedente la inaplicación de las sanciones, aun
cuando ya se encuentren confirmadas, siempre que se acredite el cumplimiento total
de la orden impartida. En consecuencia, solicitó que se amparen los derechos
fundamentales invocados por el actor.

8.4. César Augusto Quiñónez Acosta17 informó que la entidad demandada en la
acción de tutela de radicado 11001-33-42-049-2022-00176-00 dio cumplimiento a
lo ordenado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, Sección
Segunda. Finalmente, advirtió que fue citado a la Junta Médico Laboral y que recibió
el pago correspondiente a la indemnización derivada de la disminución de su
capacidad laboral, adquirida durante el servicio activo.

14 Índice 27 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 1A8E1F36B85727FD
4C381EBD80B0FE98 52156DCD6D580ADA 5C2AC1065080DD7D.
15 Índice 11 de SAMAI, certificado 99A712B7893E1688 DA6C8CE4A21C59AC 692511EEC9851C59

AEB277CE9879B840.
16 Índice 14 de SAMAI, certificado F523A95B7AE6D606 67EED698461B50B5 ADAD5D1CE301BB24

48CBD2E3F49BBB2A.
17 Índice 19 de SAMAI, certificado 8B0725DC4219D277 9999A14585CC13A5 5D1B97B46CB38F93

1B8EE67D62B8E8B6.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 21 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el marco del trámite incidental de desacato

La Corte Constitucional precisó que la procedencia de la acción de tutela contra las
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se circunscribe a los
siguientes requisitos: (i) que la decisión adoptada en el trámite de desacato se

18 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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encuentre ejecutoriada; (ii) que se acrediten los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por
lo menos, la configuración de una de las causales específicas (defectos); y (iii) que
los argumentos del promotor de la acción de tutela sean consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que (a) no se
traigan a colación alegaciones nuevas que dejó de expresar en el incidente de
desacato y (b) no se soliciten nuevas pruebas que no fueron pedidas inicialmente
dentro del desacato y que el juez no tenía el deber de practicar de oficio20.

En definitiva, la tutela contra la providencia que resuelve el incidente de desacato
tiene por objeto determinar si el juez en cuestión tomó una decisión en el marco del
respeto al debido proceso.

El aludido Tribunal Constitucional determinó, también, la procedencia excepcional
del amparo en contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite
constitucional igual; para lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de
la sentencia. Sobre el particular, explicó que si la actuación atacada es previa al
fallo, consiste en la omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen
los requisitos generales, la tutela será procedente21; por su parte, si se trata de una
circunstancia posterior y esta tiene relación con el cumplimiento del fallo
constitucional, no procede, salvo que se discuta la vulneración de un derecho
fundamental derivado del incidente de desacato, caso en el que será procedente
siempre que se cumplan los requisitos genéricos22.

5. El requisito general de inmediatez en el caso concreto

5.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201423, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”24.

20 Ver Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018, T-013 de 2022 y T-170 de 2023.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Ibidem.
23 Expediente 2012-02201.
24 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201.

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Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor a 6 meses, la jurisprudencia
constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.

El examen de los seis meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis que determinan cuándo se está ante una situación excepcional
que permite no ceñirse de forma estricta al referido término:

“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”25.

Pues bien, en el expediente está acreditado que el auto fue proferido por el Juzgado
Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, el 21 de noviembre de 2024, y
notificado por correo electrónico a las partes el mismo día26; mientras que el señor
Cortés Moncada interpuso la acción de tutela el 11 de junio de 202527.

Así las cosas, se impone concluir que la solicitud de amparo tuvo lugar fuera del
plazo jurisprudencialmente dispuesto.

5.2. Por su parte, esta Subsección observa que no se demostró alguna circunstancia
que impidiera al actor acudir al mecanismo constitucional en la oportunidad
jurisprudencialmente señalada y que justificara su inactividad, de forma que
tampoco se puede entender que existe una afectación grave y urgente de sus
prerrogativas fundamentales, ni un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
solicitud de amparo y la violación alegada. Además, tampoco adujo un eventual
perjuicio irremediable.

25 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de

2005; T-158 de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
26 Conforme consta en el formato onedrive, archivo denominado “022 Notifica auto […]”, de la carpeta llamada

“002 Incidente 2023 – Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906
D1C23367200CB5D0 6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.
27 Índice 2 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado DEBE4C6AB8D002F2

1C72825A4743F197 6CCA6CF485D29CB0 20A52AE873F4F3DC.

12

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Específicamente en lo que tiene que ver con la inmediatez como requisito general de
procedencia, cabe insistir en que se trata de una exigencia de acuerdo con la cual la
acción debe ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como
instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una autoridad
pública. Para que ello sea viable, es imperativo que las personas hagan uso de la acción
con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe atenderla.”28

5.3. Finalmente, se trae a colación lo sostenido por la Corte Constitucional en el
entendido de que cuando la acción de tutela se interpone contra providencia judicial,
se impone una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual
garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada, a saber:

“[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede
variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos
invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más
estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha
sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento
debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente.”29

6. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto respecto a los autos del 13 de enero y 23 de abril de 2025

6.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.30

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber31: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo

28 Corte Constitucional, sentencia T-189-09.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016.
30 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
31 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202232, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

6.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos contra los autos del 13
de enero y 23 de abril de 2025 no satisfacen el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado
por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá dentro del incidente de
desacato de tutela respecto a las solicitudes de inaplicación de la sanción impuesta,
como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.

En el caso concreto, el accionante cuestiona, en esencia, que la DISAN ya acreditó
el cumplimiento al fallo de tutela dictado el 15 de julio de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que modificó la
providencia del 10 de junio de 2022 proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo de Bogotá, dentro del expediente de tutela
11001334204920220017600.

En su concepto, las decisiones censuradas transgreden el derecho a la igualdad,
porque desconocen los precedentes judiciales que establecen que las sanciones en
incidentes de desacato deben ser levantadas cuando se acredita el cumplimiento
de la orden de tutela, incluso si el cumplimiento fue tardío o la sanción ya fue
confirmada en consulta. En otros casos similares, los jueces han procedido a
levantar las sanciones, aplicando el criterio jurisprudencial de que el incidente de
desacato es un mecanismo coercitivo y no punitivo. Sin embargo, en este caso
particular, se ha mantenido la sanción sin justificación razonable, lo que implica un
trato desigual e injustificado.

32 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

6.3. Ahora bien, al verificar los argumentos contenidos en el auto del 13 de enero
de 2025 emitido por el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá, se
observa el siguiente análisis textual:

“[…] De este modo, en el caso objeto de estudio la inaplicación de la sanción por
desacato, es una postura jurisprudencial que por una parte no encuentra un sustento
legal claro -dado que no está expresamente consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política ni el Decreto Ley 2591 de 1991- y que, por otra además limita y
resta eficacia a la acción de tutela -como el recurso judicial efectivo para la protección
de los derechos fundamentales al que hace alusión el artículo 25 de la convención- pues,
genera que el amparo del derecho fundamental -como en este caso- no se efectivice,
pese a la reclamación inicial del ciudadano solicitando la protección de sus derechos, a
la tramitación judicial de la tutela –en algunos eventos en dos (2) instancias- y, a la
tramitación del incidente de desacato en (2) instancias, trámites que pueden llevar
incluso años.

Esa falta de efectividad del recurso judicial, para el caso la acción de tutela, comprobada
en el presente caso, con los antecedentes del mismo que obran en el expediente, se
deriva -entre otros asuntos- de una interpretación de la acción de tutela -artículo 86 de
la Constitución Política y del Decreto Ley 2591 de 1991- que resulta contraria los
postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos -artículos 25 y 29 -
literales a y b-, pues convierte un recurso judicial expedito que en su diseño
constitucional buscó una solución “material” rápida a la vulneración de derechos
fundamentales en un trámite prolongado e ineficiente que en algunos casos implica hasta
cuatro (4) tramites y decisiones -dos instancias para proferir sentencia y dos instancias
de sanción- sin que aun así el ciudadano pueda materializar el derecho que no solo obra
en la ley sino que también le ha sido amparado por un juez de la república con una orden
perentorio de cumplimiento.

[…] De conformidad con todo lo expuesto y como se mencionó en líneas anteriores, para
esta autoridad judicial la figura de la “inaplicación de la sanción” en cualquier tiempo
incluso cuando aquella ha sido confirmada en grado jurisdiccional de consulta, trae
consigo la comprobada falta de efectividad de la acción de tutela como mecanismo
judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales, pues, pone en manos
de la autoridad vulneradora del derecho a su entera discreción el momento de la
satisfacción del mismo.

3.7. La obligación de los jueces de los Estados partes en la Convención Americana
de realizar control de convencionalidad difuso para aplicar las disposiciones de
ese instrumento internacional a fin de lograr la efectividad de los derechos.

[…] Conforme con lo expuesto, para esta autoridad judicial ese control difuso da como
resultado la necesidad de distanciarse respetuosamente de las posturas
jurisprudenciales de sus superiores sobre la procedibilidad de la denominada
“inaplicación” de la sanción por desacato en sede de acción de tutela, y entender que
una vez confirmada en consulta la referida sanción, esta no puede “levantarse” o
“inaplicarse”, a fin de evitar la pérdida de eficacia de la acción de tutela, el
resquebrajamiento del derecho al acceso material a la administración de justicia -
representado en la obligación que tienen las autoridades de cumplir rigurosamente y sin
demora las decisiones de los jueces de la república- y el menoscabo del derecho
fundamental protegido en el recurso de amparo -sobre todo si la materialización de ese
derecho implica actuaciones de la autoridad obligada, sucesivas o prolongadas en el
tiempo-.

[…] En consecuencia, el 18 de septiembre de 2023 este Despacho aperturó trámite
incidental en contra del Brigadier General Edilberto Cortés Moncada -en calidad de
director de Sanidad del Ejército Nacional-, requiriéndolo para que rindiera informe sobre

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

los hechos y, aportara o solicitara las pruebas que considerara pertinentes, sin perjuicio
del cumplimiento de la Orden de tutela en cuestión.

Ante lo cual, el servidor no emitió pronunciamiento, ni tampoco demostró el cumplimiento
de la Orden de tutela, prolongando la vulneración de los derechos fundamentales del
actor.

[…] Posteriormente, el 24 de septiembre de 2024 -esto es, aproximadamente 10 meses
después del auto que impuso la sanción- la Oficina de Gestión Jurídica de la DISAN
solicitó por primera vez a este Despacho la inaplicación de la multa impuesta alegando
que, se activaron los servicios médicos del actor, se autorizaron y practicaron los
exámenes médicos correspondientes y, se emitieron los conceptos necesarios para el
trámite de Junta Médico Laboral.

No obstante, mediante auto de 21 de noviembre de 2024 esta Instancia negó lo
deprecado, al analizar el material probatorio y advertir renuencia de parte del
incidentado, debido a que: (i) no se trató de un mandato complejo que conllevara al
reiterado y prolongado desacato en el tiempo, ni mucho menos (ii) el incidentado se
encontraba en alguna de las causales señaladas en la Sentencia SU-034 de 2018, que
le imposibilitara fáctica o jurídicamente el cumplimiento de la sentencia.

[…] La decisión de sanción tuvo lugar por los reiterados incumplimientos de parte del
encargado de acatar la Orden de tutela inicial -evidenciados en el acápite 2.2. “Otros
trámites de incidente de desacato”-, criterio que fue compartido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al confirmar la decisión; ya que, en ocasiones repetidas
se suspendieron los servicios médicos del actor desconociendo el amparo de sus
derechos fundamentales, ralentizando y entorpeciendo su proceso de Junta Médica
Laboral de retiro.

Conforme con: (i) el material probatorio obrante tanto en el expediente de tutela como
en el trámite incidental y (ii) la renuencia del encargado de acatar la Orden constitucional
en cuestión; este Juzgado no observa que el incidentado se encontrara en alguna de las
causales señaladas en la Sentencia SU-034 de 2018, que permita inferir la imposibilidad
fáctica o jurídica de cumplimiento, ni mucho menos, se trató de un mandato complejo
que conllevara al reiterado y prolongado desacato en el tiempo.

Máxime si se tiene en cuenta que, el Brigadier General Edilberto Cortés Moncada fue
reticente a los requerimientos realizados en el trámite incidental, demostrando la desidia
y falta de diligencia respecto de sus obligaciones legales. […]

[…] Por consiguiente, tal como lo expuso el Consejo de Estado en sentencia de 26 de
febrero de 2024, la actitud renuente y la demora injustificada del incidentado para cumplir
la Orden de tutela pone en riesgo los derechos fundamentales que se protegieron en la
acción de tutela y ello, justifica la imposición de la sanción […]

[…] Por las razones expuestas, no es admisible para este Operador que: (i) existiendo
una decisión negativa previa de inaplicación de sanción, (ii) habiendo transcurrido
aproximadamente un año desde la imposición de la sanción y (iii) justificado en el
cumplimiento de la Orden judicial -que, en ultimas representa una obligación legal de las
autoridades y servidores públicos-; se pretenda en estos momentos -incluso, después
de la sanción confirmada en grado jurisdiccional de consulta- la inaplicación de la misma;
menos aún, acudiendo a los efectos de una decisión tomada en grado de consulta por
el a quo en trámite incidental distinto al aquí desarrollado.”33 (Resaltado y subrayado
original del texto).

33 Formato onedrive, archivo denominado “025 Auto niega […]”, de la carpeta llamada “002 Incidente 2023 –

Vigente”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

6.4. Se advierte que el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá hizo un
recuento jurisprudencial, por un lado, sobre la postura de la Corte Constitucional
tendiente a la inaplicación de las sanciones ordenadas en el marco de un incidente
de desacato, para lo cual se refirió expresamente a la sentencia SU-034 de 2018,
y, por el otro, a la posición del Consejo de Estado de no inaplicar la referida sanción,
en la que se separó de lo dicho por la Corte Constitucional, pues a su juicio el juez
constitucional es competente para analizar las particularidades de cada caso, ya
que la sanción de desacato cumple con su propósito disuasorio y no es posible
alegar después de mucho tiempo una solicitud de inaplicación, cuando durante el
trámite incidental la parte obligada fue renuente a cumplir la orden de amparo.
Asimismo, hizo alusión a las normas de derecho internacional tales como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así las cosas, con fundamento en consideraciones jurídicas, se apartó de la posición
que se inclina a la inaplicación de la sanción ordenada en el marco de un incidente
de desacato, y determinó que el incidentado no se encontraba en alguna de las
causales contenidas en la Sentencia SU-034 de 2018, que permitieran inferir la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento de la orden de tutela, ni mucho
menos se trató de un mandato complejo que conllevara al reiterado y prolongado
desacato en el tiempo.

6.5. Por su parte, el auto del 23 de abril de 2025 aseveró lo siguiente:

“Posteriormente, el 24 de septiembre de 2024 -esto es, aproximadamente 10 meses
después del auto que impuso la sanción- la Oficina de Gestión Jurídica de la DISAN
solicitó por primera vez a este Despacho la inaplicación de la multa impuesta alegando
que, se activaron los servicios médicos del actor, se autorizaron y practicaron los
exámenes médicos correspondientes y, se emitieron los conceptos necesarios para el
trámite de Junta Médico Laboral. No obstante, mediante auto de 21 de noviembre de
2024 esta Instancia negó lo deprecado,

Luego el 13 de diciembre de 2024, la DISAN presentó segunda solicitud de
inaplicación, la cual fue negada por el Juez en providencia de 13 de enero de 2025.

Posteriormente, el 21 de abril del año en curso, el Brigadier General Edilberto Cortés
Moncada, radicó tercera solicitud de inaplicación para que se dejara sin efectos la
sanción impuesta, trayendo argumentos idénticos a la segunda solicitud, esto es, que ya
había dado cumplimiento a la sentencia de tutela.

Es de precisar que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 –Por el cual se reglamenta el
Decreto 2591 de 1991- señala que para interpretar las disposiciones relativas al trámite
de la acción de tutela tendrán que aplicarse los principios generales del Código de
Procedimiento Civil -actual Código General del Proceso-; dicho ello, el numeral 2 del
artículo 43 del CGP indica que el juez podrá «Rechazar cualquier solicitud que sea
notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta».

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

Bajo ese supuesto, se tiene que la decisión que versa sobre la inaplicación de la sanción
ya se adoptó mediante el auto de 13 de enero de 2025, en el cual este Despacho negó
la segunda solicitud de inaplicación elevada. […]

Por lo tanto, es claro que el objeto de la actual solicitud de inaplicación es idéntico al
perseguido en el segundo trámite previo, esto es, que se deje sin efectos la sanción
impuesta el 9 de noviembre de 2023, confirmada en sede jurisdiccional de consulta
mediante auto de 24 de noviembre de 2023 por la Sección Tercera, Subsección “C” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que este Juzgado considera que el
presente asunto constituye una solicitud notoriamente improcedente; por lo tanto, se
rechazará.”34 (Resaltado y subrayado original del texto).

La Sala advierte que el juzgado accionado, con fundamento en el numeral 2 del
artículo 43 del CGP, rechazó por improcedente una solicitud de inaplicación de la
sanción impuesta al hoy accionante el 9 de noviembre de 2023, comoquiera que
advirtió que se trataba de una tercera solicitud en la que insistía en idénticos
argumentos contenidos en una anterior, y que fueron resueltos en el auto del 13 de
enero de 2025.

6.6. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.35

Ahora, en el sub lite, en el escrito de impugnación, el accionante hace alusión a la
sentencia SU-034 de 2018, sin exponer las reglas jurisprudenciales que consideró
fueron indebidamente aplicadas y sin indicar la similitud fáctica y jurídica que
permita acertadamente concluir que en efecto se incurrió en la causal específica
invocada, para ligar de manera inescindible los fundamentos de hecho con una
situación que pudiera transgredir los derechos fundamentales de los que es titular.
Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un
estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado carece de
relevancia constitucional. Adicionalmente, se observa que la autoridad accionada sí

34 Formato onedrive, archivo denominado “002 Auto rechaza […]”, de la carpeta llamada “005 Incidente abril

2025”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 2D916B4404FC1906 D1C23367200CB5D0
6E42B42CEAACD246 62DE248E87F12E9D.
35 Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 11 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

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Accionante: Edilberto Cortés Moncada
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advirtió la existencia de dicha providencia, sin embargo, se apartó de su contenido
luego de efectuar la motivación correspondiente para tal efecto.

6.7. Bajo esta línea argumentativa, la Sala advierte que los argumentos presentados
por el señor Cortés Moncada se encaminan a volver sobre una controversia ya
decidida por el juez de conocimiento y reflejan una mera inconformidad con las
resultas del trámite incidental.

Dicho de otro modo, para esta Subsección resulta claro que la parte accionante
pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el
debate que tuvo lugar en el trámite incidental de tutela, con lo cual el asunto sale de
la competencia del juez constitucional.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada36; lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario37.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso primigenio, ni está prevista para desconocer
la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

6.8. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará el proveído censurado, pero de
acuerdo con las consideraciones expuestas líneas atrás, comoquiera que la solicitud
de tutela es improcedente al no cumplir los requisitos de inmediatez y de relevancia
constitucional.

36 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
37 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00441-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de julio de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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