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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00480-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00480-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00480-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

Radicación: 25000 23 15 000 2025 00480 01
Solicitante: Rafael Enrique Roa Pinzon

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000 23 15 000 2025 00480 01
Solicitante: Rafael Enrique Roa Pinzon
Demandada: Natalia Gil Loaiza
Tesis: No se configura el conflicto de intereses, cuando un concejal participa en la
votación de un acuerdo de adición presupuestal de contenido general, del cual
derivaron recursos destinados, entre otros fines, a un festival gastronómico
institucionalizado, en el que participaron los establecimientos de comercio de
propiedad del concejal luego de ganar una convocatoria pública abierta a toda la
comunidad comercial del municipio, ya que se configura la cláusula de exclusión
prevista en el numeral 1.del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior debido
a que el acto demandado constituye un acto normativo de contenido presupuestal
general, abstracto e impersonal, cuya aprobación no generó un interés directo,
particular y actual en cabeza de la concejal demandada. La participación de sus
establecimientos de comercio en el Festival Gastronómico de Chía se produjo bajo
una convocatoria pública, abierta y reglada, en igualdad de condiciones con la
totalidad de los comerciantes del municipio, lo cual activa la cláusula de exclusión
de conflicto de intereses prevista en la norma citada. No se acreditó un factor de
singularización que diferenciara la posición de la concejal frente al universo abierto
de participantes.

La admisión de hechos materiales —participación en la votación, titularidad de los
establecimientos de comercio, asistencia al evento— no equivale a la confesión
de la causal de pérdida de investidura, cuya configuración exige un juicio de
tipicidad que corresponde exclusivamente al juez.

La omisión de manifestar un impedimento no constituye causal autónoma de
pérdida de investidura; lo que sanciona el ordenamiento es haber votado estando

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Solicitante: Rafael Enrique Roa Pinzon

efectivamente incurso en el conflicto de intereses, no la sola omisión del trámite
formal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el demandante y por el
agente del Ministerio Público contra la sentencia de 20 de octubre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
la solicitud de pérdida de investidura formulada por el ciudadano Rafael Enrique
Roa Pinzón en contra de la señora Natalia Gil Loaiza, concejal del municipio de
Chía, Cundinamarca, para el período constitucional 2024-2027, por la causal de
violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, concordante con el artículo 70 de la Ley 136 de 1994.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

1. El ciudadano Rafael Enrique Roa Pinzón, actuando en nombre propio,
presentó demanda de pérdida de investidura contra la señora Natalia Gil Loaiza,
concejal del municipio de Chía, Cundinamarca, para el período constitucional
2024-2027, por la violación del régimen del conflicto de intereses previsto en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20001, en concordancia
con el artículo 70 de la Ley 136 de 19942.

1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud

2. Como fundamento de su pretensión adujo los siguientes hechos:

3. Indicó que dentro de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo «Por
medio del cual se efectúan unas modificaciones de adiciones y traslados al

1 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

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presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones del municipio de
Chía para la vigencia fiscal comprendida entre 1 de enero y el 31 de diciembre de
2024, aprobado por el Acuerdo Municipal 2013 de 2023 y se dictan otras
disposiciones», se estableció que el traslado de recursos para la Secretaría de
Desarrollo Económico sería por la suma de $3.600.000.000, con destino a
«eventos destacados como el festival gastronómico».

4. Señaló que la concejal Natalia Gil Loaiza asistió y votó positivamente el
referido proyecto de acuerdo, el cual culminó con la expedición del Acuerdo núm.
229 del 28 de octubre de 2024, mediante el cual se aprobó la adición presupuestal
con destinación específica al Festival Gastronómico de Chía.

5. Afirmó que la concejal demandada participó con dos casetas o puestos
comerciales —correspondientes a los establecimientos de comercio Copacabana
Café Bar y Bonsái Cocktail, ambos de su propiedad— en el Festival Gastronómico
de Chía, versión 2024, evento financiado con los recursos aprobados mediante el
Acuerdo núm. 229 que ella misma votó.

6. Sostuvo que la concejal omitió la obligación ética, moral y legal impuesta por
el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 de declararse impedida para participar en los
debates y votaciones del proyecto de acuerdo, pese a que la decisión le afectaba
directamente como comerciante del municipio.

7. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la pérdida de
investidura de la concejal Natalia Gil Loaiza, por haber incurrido en conflicto de
intereses al votar la adición presupuestal para el Festival Gastronómico 2024, del
cual se benefició con la participación de los establecimientos de comercio de su
propiedad.

II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD

8. La concejal accionada, por conducto de su apoderado judicial, se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda3. Formuló los siguientes argumentos
de defensa:

3 Visible a índice 00026 del Cuaderno digital de primera instancia

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9. En relación con los hechos, admitió que la concejal participó y votó
afirmativamente el proyecto de acuerdo que culminó con la expedición del Acuerdo
Municipal núm. 229 de 2024, en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales. No obstante, negó que la adición presupuestal hubiera tenido una
destinación exclusiva y específica al Festival Gastronómico, precisando que la
partida global de $3.600.000.000, asignada a la Secretaría de Desarrollo
Económico, correspondía al conjunto de competencias institucionales de dicha
dependencia y que su exposición de motivos mencionó «eventos destacados», en
plural, siendo el festival uno entre varios.

10. Señaló que la participación de los establecimientos de comercio Copacabana
y Bonsái Cocktail en el Festival Gastronómico 2024 se dio en condiciones de
acceso abiertas y generales, bajo los mismos requisitos que debían cumplir todos
los comerciantes locales, sin que hubiera privilegio, contrato directo ni asignación
específica de recursos públicos hacia dichos negocios.

11. Argumentó que el Concejo Municipal no ejecuta ni reglamenta directamente
el gasto público, por lo que la aprobación del acuerdo no comportó un acto de
destinación individualizada de recursos, ni existió relación funcional o decisoria
entre la concejal y la organización del evento, cuya ejecución correspondió
exclusivamente al ejecutivo municipal.

12. Planteó como excepciones de mérito: (i) el carácter excepcional y restrictivo
de la pérdida de investidura como sanción que solo procede ante conductas
dolosas o gravemente culposas; (ii) la inexistencia de conflicto de intereses por
ausencia de un interés directo, personal y actual de la concejal en la decisión
adoptada; (iii) la imposibilidad jurídica de configurar conflicto de intereses a partir
de un acto normativo de naturaleza general, abstracta e impersonal; (iv) la
inexistencia de beneficio personal en un evento institucional abierto y no
excluyente; y (v) la ausencia de dolo o culpa grave en la actuación de la concejal.

III. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

13. El agente del Ministerio Público, Procurador 138 Judicial II Administrativo,
mediante concepto escrito del 25 de agosto de 2025, solicitó acceder a las

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pretensiones de la demanda y decretar la pérdida de investidura de la concejal
Natalia Gil Loaiza, con fundamento en las siguientes consideraciones:

14. Planteó como problema jurídico determinar si la concejal Natalia Gil Loaiza
vulneró el régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 1 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con los artículos 55 y 70 de la Ley 136
de 1994.

15. Consideró que se encontraban demostrados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal. En cuanto al primero, señaló que la no declaración de
impedimento por parte de la concejal en la discusión y aprobación del Acuerdo
núm. 229 de 2024 constituía el componente objetivo. Respecto del segundo,
estimó que el interés económico, particular y directo derivado de su condición
simultánea de comerciante y concejal configuraba el componente subjetivo.

16. Indicó que la concejal Gil Loaiza ostentaba una doble condición —
comerciante particular y servidora pública— al momento de la votación, lo cual la
obligaba a declararse impedida. Señaló que el conflicto de intereses tenía tanto
carácter moral, por desconocer los principios constitucionales que rigen la función
administrativa (artículos 123 y 209 de la Constitución Política), como carácter
económico, al promocionar su establecimiento de comercio y buscar un ánimo de
lucro particular.

17. Concluyó que la conducta de la concejal fue dolosa, en la medida en que, a
sabiendas de su doble condición, discutió y aprobó el acuerdo que otorgó el rubro
presupuestal para la financiación del festival gastronómico y, a la vez, participó en
dicho evento como comerciante particular sin haberse declarado previamente
impedida.

IV. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

18. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
del 20 de octubre de 2025, con ponencia de la magistrada Amparo Navarro López,
negó la solicitud de pérdida de investidura. Las razones centrales de la decisión
se sintetizan a continuación:

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19. El Tribunal reconoció su competencia para conocer del asunto, de
conformidad con el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, concordante
con el numeral 15 del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, verificó la
calidad de concejal de la demandada como hecho no controvertido.

20. Respecto del elemento objetivo de la causal, el Tribunal lo consideró
acreditado, en tanto la concejal Natalia Gil Loaiza participó de forma integral en el
debate y votación del proyecto de acuerdo que se consolidó en el Acuerdo No. 229
del 28 de octubre de 2024 y, posteriormente, participó con sus establecimientos
de comercio en el Festival Gastronómico 2024. Igualmente, tuvo por demostrado
que la adición presupuestal por $3.600.000.000 sí fue con destinación específica
al Festival Gastronómico, conforme se desprendía de la exposición de motivos.

21. Sin embargo, en relación con el elemento subjetivo, el Tribunal concluyó que
no se encontraba demostrada la intención de actuar con interés particular o
indebido. Sostuvo que la participación de la accionada en el Festival Gastronómico
2024 se dio en condiciones de igualdad respecto de la comunidad en general, que
se trataba de un evento institucionalizado de carácter anual cuya convocatoria fue
pública, y que la parte actora no logró demostrar el rompimiento de las cargas de
igualdad para configurar un interés directo y particular.

22. Agregó que la adición presupuestal aprobada no constituía de forma directa
y por sí sola un beneficio directo para la concejal, y que la omisión de la
manifestación del impedimento no alcanzaba a constituir un incumplimiento del
deber funcional que activara la causal de pérdida de investidura. Por último, se
apartó del concepto del Ministerio Público, señalando que la postura de este partía
de una interpretación extensiva del concepto de interés personal.

23. La decisión contó con múltiples salvamentos y aclaraciones de voto.
Puntualmente, 16 magistrados salvaron voto por considerar que se configuraban
ambos elementos de la causal (objetivo y subjetivo) y que procedía la pérdida de
investidura. Asimismo, 8 magistrados aclararon voto. Algunas aclaraciones de
voto, si bien compartieron el sentido absolutorio del fallo, precisaron que la
pretensión debió negarse por ausencia del elemento objetivo, es decir, por no

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configurarse un interés directo, particular y actual, y no por razones referidas a la
culpabilidad o a la intención de la accionada.

V. RECURSO DE APELACIÓN

5.1. Recurso de apelación del demandante

24. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, dentro del término legal, solicitando su revocatoria y, en su lugar,
que se ordenara la pérdida de investidura de la concejal Natalia Gil Loaiza, por
configurarse la causal de conflicto de intereses prevista en el artículo 70 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Sustentó su recurso en los
siguientes reproches:

25. Como primer reproche, señaló que la sentencia incurrió en una contradicción
lógica al reconocer los hechos constitutivos del conflicto de intereses —la
participación de la concejal en la votación, su titularidad sobre establecimientos de
comercio participantes en el festival y la destinación específica de los recursos—
pero negar su consecuencia jurídica. Estimó que ello configuraba un defecto de
motivación y un error de subsunción normativa, ya que, si la destinación fue
específica y la concejal participó en la votación, se configuraba necesariamente el
interés directo.

26. Como segundo reproche, sostuvo que la concejal, por intermedio de su
apoderado, confesó expresamente su participación en el festival, que era titular de
los establecimientos de comercio que participaron en el evento y su intervención
en la deliberación y votación del Acuerdo que trasladó los recursos para la
realización del Festival. Alegó que el Tribunal reconoció dicha confesión conforme
al artículo 193 del CGP, pero omitió asignarle los efectos jurídicos
correspondientes, esto es, tener como acreditado el conflicto de intereses.

27. Como tercer reproche, argumentó que la sentencia omitió el análisis
cronológico del proceso legislativo local y que al 21 de octubre de 2024 ya estaba
expedida la Resolución 4159 de 2024 convocando el festival. Dado que el primer
debate del Acuerdo se surtió el 18 y 19 de octubre y el segundo debate entre el 23

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y 25 de octubre de 2024 resulta dable concluir que la concejal votó a sabiendas de
que el evento en el cual participaría recibiría financiación del acuerdo aprobado.

28. Finalmente, indicó que la ponencia que triunfó en primera instancia omitió
la protección del principio de moralidad administrativa, reduciendo el análisis al
ámbito económico e ignorando que el conflicto de intereses también puede ser de
carácter moral o ético, como lo advirtió correctamente el Ministerio Público.

5.2. Recurso de apelación del Ministerio Público

29. El agente del Ministerio Público, Procurador 138 Judicial II Administrativo,
también interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
dentro del término legal, solicitando su revocatoria y el decreto de la pérdida de
investidura de la concejal demandada. El Ministerio articuló la apelación alrededor
de dos reproches centrales:

30. En primer lugar, sostuvo que el fallo estaría viciado por falsa motivación o por
un error de juicio al aplicar al caso el criterio de igualdad de condiciones. Según su
postura, el Tribunal habría descartado indebidamente el interés particular de la
concejal bajo el argumento de la generalidad del asunto, sin considerar que existía
conflicto de intereses pese al alcance general de la decisión, dada la condición
simultánea de concejal y comerciante participante del festival.

31. En segundo lugar, planteó un reparo relativo al deber de impedimento y a la
forma como la sentencia abordó el elemento subjetivo o de imputación. Señaló que
la providencia habría sido indulgente al exigir dolo o culpa grave, proponiendo una
lectura más estricta del régimen de impedimentos, bajo la cual el incumplimiento
del deber de apartarse tendría fuerza suficiente para activar la sanción de pérdida
de investidura.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

32. Mediante auto del 2 de febrero de 20264 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte actora y por el agente del Ministerio Público, se
negaron las solicitudes probatorias realizadas por aquella y se ordenó el traslado

4 Cfr. Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.

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según lo previsto en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de
20185.

33. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

34. La concejal a través de apoderado solicitó confirmar la sentencia apelada que
negó la pérdida de investidura. Sostuvo que los recursos de apelación no
controvierten de manera eficaz la ratio decidendi de la sentencia, que el
demandante confunde la admisión fáctica con la configuración jurídica de la
causal, debido a que una cosa es el reconocimiento de hechos materiales y otra
la tipicidad de la conducta y, que el Ministerio Público propone una lectura
extensiva del conflicto de intereses incompatible con el estándar estricto de
tipicidad y con la regla de responsabilidad subjetiva que rige la pérdida de
investidura conforme al régimen vigente.

35. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

36. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 150 del CPACA6, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley
617 de 9 de octubre 20007 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198,
sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de Estado.

7.2. La condición de concejal de la accionada

5 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
6 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
7 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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37. La condición de la señora Natalia Gil Loaiza como concejal del municipio de
Chía; Cundinamarca, para el período constitucional 2024-2027, se encuentra
acreditada con la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y la certificación de la Secretaría General del Concejo Municipal de Chía de 1
de julio de 2025, según la cual la señora Gil Loaiza, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.072.704.236 de Chía, «fue elegida y ejerce como Concejal del
Municipio de Chía, Cundinamarca, para el periodo constitucional comprendido
entre el primero (01) de enero de 2024 al treinta y uno (31) de diciembre de 2027».9
De esta forma, queda probada su calidad como sujeto pasivo del presente
mecanismo de control de pérdida de investidura.

7.3. Del análisis de la causal de pérdida de investidura objeto de reproche

38. Teniendo en cuenta los reproches formulados en los recursos de alzada, la
Sala deberá definir si incurre en la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses, el concejal municipal que participa en el
debate y vota afirmativamente un proyecto de acuerdo de adición presupuestal
cuyos recursos se destinan, entre otros fines, a la realización de un festival
gastronómico institucionalizado, cuando dicho concejal es además propietario de
establecimientos de comercio que posteriormente participan en el mencionado
evento bajo una convocatoria pública abierta a todos los comerciantes del
municipio.

39. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará, en el marco de los
recursos de apelación interpuestos, si en el presente asunto se encuentran
configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal y en esa medida, si
hay lugar a acceder a la pérdida de investidura de la accionada.

7.3.1. Del elemento objetivo

40. La causal invocada por el accionante es la prevista en el numeral 1° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que indica, en lo pertinente, que los concejales
perderán su investidura cuando trasgredan el régimen de conflicto de intereses;
veamos:

9 Índice numero 00009 del sistema de gestión judicial del Tribunal de primera instancia, SAMAI.

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«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general» (Subrayas de la Sala).

41. Por su parte, el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 establece:

«ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el
Artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso
en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde
sobre este hecho.
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto
de intereses.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado». (Subrayas de la Sala).

42. Además, el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que es la norma especial que
regula el conflicto de interés para los concejales distritales y municipales, dispone:

«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier
ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella».

43. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sistematizado los elementos
concurrentes de esta causal. En efecto, la Sala Plena de esta Corporación, en
sentencia del 6 de junio de 2017, señaló:

“Finalmente, la jurisprudencia ha considerado que para la estructuración de la
sanción constitucional en comento por ocurrir un conflicto de intereses es
menester la reunión favorable de los siguientes presupuestos: (i) La calidad
de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura,

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(ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en
cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación
de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por
recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en
el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un
asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su
naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino
a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del
Congreso de la República.”10

44. La ausencia de cualquiera de los elementos mencionados impide la
configuración de la causal y en consecuencia la desinvestidura. En el presente
asunto, el debate se centra en el segundo de los elementos mencionados, es decir,
en la concurrencia de un interés directo, particular y actual en cabeza de la concejal
demandada.

45. Sobre el tema, la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 28 de
noviembre de 2017, señaló:

«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello,
la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y
los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»11
(Subrayas de la Sala).

46. Por su parte, la Corte Constitucional prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura
«cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»12.

10 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de

2017. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de

noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero
Ponente César Palomino Cortés.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia del 1° de octubre de 2015. M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo.

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47. En este punto, es imperativo resaltar que el interés reviste naturaleza
particular cuando se proyecta directamente sobre el concejal, de modo que el
asunto sometido a debate o decisión repercute en su esfera subjetiva o en la de
su cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios. El interés es
directo cuando la eventual afectación del concejal, de sus allegados o de sus
socios proviene del mismo asunto que debe conocer, esto es, cuando su fuente es
el asunto sometido a consideración y/o votación. Finalmente, es actual o
inmediato cuando se presenta al momento de la actuación, de manera que no
puede ser hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar un
impacto real y contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus
socios13.

48. De ese modo, en la causal objeto de estudio lo que se cuestiona es la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general
comprometido en los asuntos sobre los cuales debe intervenir y decidir en el
ejercicio de sus funciones político-administrativas.

49. Este marco impone al juez la obligación de verificar si el interés alegado
reúne las condiciones de ser directo, particular y actual, lo cual constituye un
verdadero filtro sobre la tipicidad de la causal, que impide la construcción de la
causal sobre automatismos o sobre la simple idea de que cualquier posible
beneficio —por remoto o general que sea— baste para configurar el conflicto de
intereses.

50. Entonces, el conflicto de interés que da lugar a la pérdida de investidura es
una situación especialísima en la que se encuentra inmerso el concejal cuando su
interés particular, moral o económico o el de su círculo cercano, resulta
incompatible con el interés general que debe privilegiarse siempre en el ejercicio
de las funciones como cabildante. Ello es así porque de las decisiones de esos
asuntos concretos, el concejal deriva o puede derivar un provecho para si o para
los mencionados terceros, con la consecuente afectación de la moralidad

13 Vid. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de

primero 1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-
00089-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP. Roberto Augusto
Serrato Valdés.

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administrativa, la confianza legítima de los electores y la probidad exigida a los
servidores de elección popular.

7.3.1.1. De la aplicación de la cláusula de exclusión establecida en el numeral
1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000

51. En este punto valga recordar que el demandante sostuvo en su recurso que
la sentencia incurrió en contradicción al reconocer los hechos constitutivos del
conflicto, pero negar su consecuencia jurídica. Por su parte, el Ministerio Público
alegó la falsa motivación al considerar que el Tribunal descartó indebidamente el
interés particular bajo el argumento de la generalidad del asunto.

52. Para la Sala, ambos reproches parten de una premisa equivocada, en tanto
confunden la verificación de ciertos presupuestos fácticos con la configuración
jurídica integral de la causal. Una cosa es constatar que la concejal participó en la
votación del Acuerdo No. 229 de 2024 y que sus establecimientos de comercio
concurrieron al Festival Gastronómico; y otra, completamente distinta, es concluir
que esos hechos configuran un interés directo, particular y actual en los términos
exigidos por el ordenamiento para estructurar la causal. El tránsito de lo fáctico a
lo jurídico no opera por automatismo ni por simple asociación contextual, sino por
la demostración rigurosa de cada uno de los elementos de tipicidad, incluida la
verificación de que no concurre la cláusula de exclusión prevista en la parte final
del numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, conforme a la cual «no
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general».

53. Esta previsión legislativa constituye un criterio delimitador de tipicidad
objetiva que recoge un principio inherente al conflicto de intereses: si el interés del
concejal se confunde con el de la generalidad de la ciudadanía, no existe la
contraposición entre interés particular e interés general que exige la causal y, en
consecuencia, el deber de declarar el impedimento no se activa, pues en estricto
sentido no se está ante un interés particular en cabeza del concejal Así lo ha
entendido la Sala Plena de esta Corporación:

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“De la misma manera, la Sala Plena14 ha sido enfática en sostener que si el
interés se confunde con el que le asiste a todas las personas o a la comunidad
en general, en igualdad de condiciones, no se da la causal alegada, pues en
tal caso el servidor público estaría actuando en interés de la colectividad y no
en el suyo propio, lo que es anejo a la naturaleza de la labor desplegada.”15

54. En aras de verificar si en el caso concreto opera dicha excepción, la Sala
examinará la naturaleza del acto votado, las condiciones en que se desarrolló el
evento cuestionado, la forma en que participaron los establecimientos de la
concejal y la secuencia cronológica de los hechos, para luego aplicar el marco
legal y el estándar jurisprudencial a fin de definir la configuración del conflicto de
intereses.

A. De la naturaleza y alcance del Acuerdo núm. 229 de 2024

55. Del acervo probatorio resulta que el Acuerdo Municipal núm. 229, expedido
el 28 de octubre de 2024, fue un acto normativo de contenido presupuestal general,
cuyo objeto consistió en efectuar adiciones y traslados al presupuesto anual de
rentas e ingresos y gastos e inversiones del municipio de Chía para la vigencia
fiscal 2024. El monto total de las adiciones incorporadas ascendió a la suma de
$23.120.952.601,09, distribuidos entre múltiples dependencias de la
administración municipal y orientados al cumplimiento del Plan de Desarrollo para
la vigencia 2024-2027:

14 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: A.N.P.P. y Concepto de 27 de

mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
15 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. (i) Sentencia del

5 de febrero de 2009. Proceso radicado no. 05001-23-31-000-2008-00937-01(PI). C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno. (ii) Sentencia del 18 de febrero de 2021. Proceso radicado no. 85001-23-
33-000-2020-00012-02(PI). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. (iii) Sentencia del 6 de marzo de
2025. Proceso radicado no. 680012333000202400764-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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56. La partida de $3.600.000.000 a la que aluden los recurrentes fue asignada a
la Secretaría de Desarrollo Económico por intermedio de la Dirección de Turismo,
para el fortalecimiento del sector turístico del municipio. La exposición de motivos
del proyecto señaló textualmente que los recursos se destinarían a la meta No. 90
del Plan de Desarrollo con el objetivo de fortalecer el sector turístico. En los
términos textuales del Acuerdo núm. 229 de 2024 se tiene lo siguiente:

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57. La mención del festival gastronómico aparece, entonces, como uno de varios
ejemplos ilustrativos del destino de la partida, no como una asignación exclusiva,
nominada ni cerrada. Sobre este aspecto resulta pertinente precisar dos
circunstancias. En primer lugar, la exposición de motivos de un proyecto de
acuerdo cumple una función orientadora y explicativa, sin fuerza vinculante
autónoma sobre el contenido normativo del acto, cuya validez jurídica reside en su
parte resolutiva16. En segundo lugar, el articulado del Acuerdo núm. 229 no
contiene cláusula alguna que destine recursos de manera específica al Festival
Gastronómico, ni disposición que identifique o beneficie a participante alguno del
evento. Se trata, en consecuencia, de un acto normativo general, abstracto e
impersonal, cuya aprobación no comportó por sí misma la ejecución del gasto ni
la selección de beneficiarios determinados, funciones que correspondieron
exclusivamente al ejecutivo municipal en las fases administrativas posteriores de
formulación, contratación y ejecución presupuestal.

58. Adicionalmente, conviene anotar que el Acuerdo 229 fue la sexta
modificación presupuestal tramitada durante la vigencia 2024, precedida por los
Acuerdos Nos. 214, 218, 219, 225 y 227, lo cual evidencia que se inscribió dentro
de la dinámica ordinaria de ajuste presupuestal del municipio y no constituyó una
iniciativa dirigida a financiar un propósito específico en beneficio de un destinatario
particular17.

B. Del Festival Gastronómico como evento institucionalizado de
convocatoria abierta

59. Realizado el análisis de la naturaleza y alcance del Acuerdo 229 de 2024,
resulta importante señalar que el Festival Gastronómico de Chía es un evento
público que fue institucionalizado mediante el Acuerdo Municipal núm. 07 de 2007
que ordenó su realización anual e ininterrumpida por parte de la administración
municipal durante la primera semana de diciembre de cada año. Para la edición

16 Cfr. Artículo 72 de la Ley 136 de 1994: «Los proyectos deben ir acompañados de una exposición

de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan.»
17 Cfr. Índice número 00026 del sistema de gestión judicial del Tribunal de primera instancia,

SAMAI. Ver certificación de la Secretaría General del Concejo Municipal de Chía, obrante en el
expediente, que relaciona las modificaciones presupuestales previas: Acuerdos Nos. 214, 218, 219,
225, 227 y 229, todos de la vigencia 2024.

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2024 —la decimoctava—, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la
Dirección de Turismo, expidió la Resolución No. 4159 del 21 de octubre de 2024,
mediante la cual se estableció y adoptó el reglamento del XVIII Festival «Chía
Gastronómica».

60. El artículo 4 de la Resolución núm. 4159 de 2024 fijó los requisitos de
inscripción para los expositores participantes. La convocatoria fue pública, abierta
y general, sujeta al cumplimiento de condiciones uniformes para todos los
interesados. Cualquier establecimiento gastronómico abierto al público en el
municipio de Chía podía inscribirse siempre que acreditara estar al día en el
impuesto de industria y comercio, contar con concepto sanitario vigente, tener
como actividad económica principal la relacionada con servicios de alimentos y
bebidas —verificable en el RUES— y cumplir con las demás exigencias
reglamentarias. La organización, dirección, coordinación y promoción del evento
estuvo a cargo exclusivo de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la
Dirección de Turismo, sin intervención alguna del Concejo Municipal en la
reglamentación del festival, la selección de expositores ni la ejecución del gasto
público asociado.

61. Estas circunstancias permiten concluir que la convocatoria del festival no se
dirigió a un grupo cerrado ni preseleccionado de beneficiarios, sino al universo
abierto de establecimientos gastronómicos del municipio que cumplieran requisitos
generales y uniformes. No existió contratación directa, selección discrecional,
asignación nominada de recursos públicos a participantes específicos ni ventaja
alguna que singularizara la posición de un establecimiento frente a los demás
concurrentes.

C. De la participación de los establecimientos de la concejal demandada
en el Festival Gastronómico

62. Está acreditado en el expediente que los establecimientos de comercio
Copacabana Café Bar y Bonsái Cocktail, de propiedad de la concejal Natalia Gil
Loaiza, participaron como expositores en el XVIII Festival Gastronómico de Chía.
No obra prueba en el expediente, ni fue alegado por los recurrentes, que dichos
establecimientos hubieran recibido trato preferencial en el proceso de inscripción,
asignación directa de recursos públicos, exención de requisitos o beneficio

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económico diferenciado respecto de los demás comerciantes participantes. La
participación se dio bajo las mismas condiciones reglamentarias aplicables a la
totalidad de los expositores.

63. Tampoco se acreditó que existiera un vínculo funcional o decisorio entre la
concejal y la organización del evento, cuya dirección, coordinación y ejecución
correspondió a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de
Turismo de la Alcaldía Municipal, conforme al artículo 2 de la Resolución 4159 de
2024. El Concejo Municipal no participó en la reglamentación del festival, en la
selección de expositores ni en la ejecución del gasto público asociado al evento.

D. De la secuencia cronológica

64. En relación con el reproche sobre el análisis cronológico formulado por el
demandante, la Sala constató lo siguiente. El primer debate del proyecto de
acuerdo se surtió los días 18 y 19 de octubre de 2024 ante la Comisión Tercera
Permanente; la Resolución núm. 4159 fue expedida el 21 de octubre de 2024; las
inscripciones al festival se abrieron el 22 de octubre de 2024; y el segundo debate
ante la plenaria del Concejo se desarrolló entre el 23 y el 25 de octubre de 2024,
aprobándose a las 6:15 p.m. del 25 de octubre:18

18Cfr. Índice número 00026 del sistema de gestión judicial del Tribunal de primera instancia,
SAMAI.

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65. La coincidencia temporal entre la convocatoria del festival y el trámite
legislativo local no permite inferir automáticamente la existencia de un interés
particular y directo que singularice la situación de la concejal. El acto que votó la
concejal fue una adición presupuestal general que comprendía múltiples rubros
destinados a distintas dependencias, no una asignación específica de recursos
para el festival gastronómico ni para sus eventuales participantes. El conocimiento
de la existencia de una convocatoria pública para un evento institucionalizado que
se celebra anualmente desde hace diecisiete años no transforma el voto sobre una
modificación presupuestal general en una actuación con interés personal directo.
Por ende, este cargo no prospera.

E. De la aplicación de la cláusula de exclusión y la jurisprudencia
pertinente

66. Verificados los elementos probatorios del caso, la Sala encuentra que la
situación de la concejal demandada se enmarca en la cláusula de exclusión
prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior, por
cuanto concurrieron tres circunstancias que, examinadas en su conjunto, impiden
la configuración del elemento objetivo de la causal: (i) el acto normativo votado fue
una decisión presupuestal de alcance general, abstracto e impersonal cuyo
articulado no identifica beneficiario alguno; (ii) el festival en el que participaron los
establecimientos de la concejal fue un evento de convocatoria pública abierta a
todos los comerciantes del municipio bajo requisitos uniformes, sin listado
preseleccionado ni asignación nominada, con una tradicion importante en el
municipio; y (iii) no se acreditó trato preferencial ni ventaja alguna que singularizara
la posición de la concejal frente al universo de comerciantes habilitados.

67. Esta conclusión se encuentra respaldada por la jurisprudencia de esta
Sección. En sentencia del 28 de mayo de 2009, al examinar un caso en el que se
cuestionaba la participación de un concejal en la aprobación de una exención
tributaria que podía favorecer a una cooperativa vinculada con su hermano, esta
Sección sostuvo:

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“En esas circunstancias es claro que los beneficios financieros que
obtenga una cooperativa se traducen en beneficio general de sus
asociados y de sus usuarios en una u otro forma; beneficios que
indudablemente se acrecientan si se goza de una exención tributaria, por
lo tanto en este caso la decisión del Concejo implicaba mantener un
beneficio no solo para el hermano del concejal demandado, sino también
para los demás asociados de las cooperativas con asiento en el
Municipio.

(…)

Así las cosas, se evidencia que la situación bajo examen es igual a la de la
sentencia citada, por lo cual cabe darla encuadrada en la excepción prevista
en el artículo 48, numeral 1, in fine, de la Ley 617 de 2000, esto es, cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal (a su cónyuge o pariente
en el grado allí señalado) o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general,” “no existirá conflicto de intereses”, pues el beneficio
que el acuerdo en comento genera se da en igualdad de condiciones para
todas las empresas, incluyendo las cooperativas que funcionen en el municipio
de San Pedro de los Milagros y a sus asociados.”19 (Negrilla de la Sala)

68. La lógica subyacente a este precedente es la misma que rige el presente
caso. El Acuerdo núm. 229 de 2024 fue un acto normativo de contenido
presupuestal general sin destinatarios individualizados. La participación de los
establecimientos de la concejal en el Festival Gastronómico se produjo bajo una
convocatoria pública, abierta y reglada, en las mismas condiciones aplicables a
cualquier establecimiento gastronómico del municipio de Chía que cumpliera los
requisitos reglamentarios uniformes. Como ya se mencionó, no se acreditó trato
preferencial, designación nominada, asignación directa de recursos públicos hacia
dichos establecimientos ni ventaja alguna que singularizara su situación frente al
universo abierto de participantes. El eventual beneficio derivado de la participación
en el evento es compartido por todos los comerciantes habilitados en igualdad de
condiciones.

69. En este punto, la Sala considera necesario precisar que la cláusula de
exclusión no opera de manera indiscriminada. Su procedencia depende de que se
verifique, en el caso concreto, que el asunto debatido afectó efectivamente al
concejal en las mismas condiciones que a la ciudadanía en general, sin que exista
un factor de singularización que rompa esa igualdad.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28

de mayo de 2009. Proceso radicado no. 05001-23-31-000-2008-00940-01. C.P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta.

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70. Así en efecto lo estableció esta Sección en sentencia del 28 de mayo de
2026, al analizar el caso de un concejal que participó en la aprobación de un
acuerdo que autorizó la adjudicación de subsidios familiares de vivienda, cuando
su sobrina figuraba ya en el listado definitivo de hogares admitidos como
beneficiaria. La Sala señaló:

“Ahora, en lo concerniente al supuesto precedente jurisprudencial contenido
en la sentencia de 20 de enero de 202320 de la Sección Primera, en la cual se
trajo a colación la sentencia de 30 de enero de 200421, la que, a su juicio, reúne
los mismos elementos fácticos y jurídicos con respecto al presente asunto, en
la que se denegó la pérdida de investidura de un concejal, por encajar el caso
dentro de la excepción que trata el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, cabe
mencionar que la citada sentencia proferida el 30 de enero de 2004 no es
aplicable a este asunto porque no guarda similitud fáctica, ni jurídica con lo
que aquí se debate.

Lo anterior, debido a que la Sección Primera, en esa oportunidad, negó la
pérdida de investidura con fundamento en el hecho de que los acuerdos en
cuyos debates intervino el accionado se limitaban a otorgarle autorización
general al Alcalde Municipal para adjudicar los subsidios, adjudicación que
respondía a una función reglada asignada al Ejecutivo Municipal y que lo
colocaba en igualdad de condiciones con la ciudadanía en general, sin
demostrarse la existencia de un interés directo, particular y actual en el
servidor público, ni acreditarse si se había publicado el listado de admitidos
con anterioridad a la aprobación de esos acuerdos.

Mientras que, en este caso concreto, sí se demostró un interés directo,
particular y actual en el concejal y que dicho interés no se confunde con
el que les asiste a todas las personas ni lo coloca en igualdad de
condiciones con la comunidad en general, pues para el momento en que
participó en el trámite y aprobación del referido acuerdo, su sobrina se
había inscrito para ser beneficiaria del subsidio y ya se había publicado el
listado de admitidos con su número de identificación, lo que era de público
conocimiento, por lo que el subsidio de vivienda familiar dejó de cobijar a la
generalidad de las personas para abarcar a un conglomerado
determinado22”23.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 20

de enero de 2023. Proceso radicado no. 05001233300020220096801. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30

de enero de 2004. Proceso radicado no. 25000231500020030119001(PI). C.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
22 Criterio reiterado en los siguientes pronunciamientos de la Sección Primera: sentencia de 15 de

diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 50001-23-33-000-2023-
00007-01). Sentencia de 15 de diciembre de 2023 (C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de
radicación 50001-23-33-000-2023-00006-01). Sentencia de 3 de abril de 2025 (C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 50001-2333-000-2024-00009-01).
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28

de mayo de 2026. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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71. La distinción frente al caso sometido a examen resulta jurídicamente
determinante y se estructura sobre el criterio de singularización del beneficiario.
En el caso de los subsidios de vivienda, el acto normativo autorizaba la
adjudicación de bienes fiscales a favor de un universo cerrado de beneficiarios
previamente identificados mediante un listado nominativo y definitivo publicado con
anterioridad a la votación. La aprobación del acuerdo tenía la virtualidad de
concretar directamente un beneficio patrimonial singularizable en cabeza de un
pariente del concejal cuya identidad ya constaba en dicho listado. El tránsito de la
generalidad a la particularidad se produjo con la publicación del listado de hogares
admitidos, momento a partir del cual el interés del concejal dejó de confundirse
con el de la ciudadanía en general para individualizarse en la esfera de su círculo
familiar.

72. En el presente asunto ninguna de esas circunstancias concurre. El Acuerdo
núm. 229 de 2024 no autorizó la adjudicación de un beneficio patrimonial a favor
de un listado cerrado de personas previamente identificadas, sino que dispuso
adiciones y traslados presupuestales de alcance general destinados a múltiples
dependencias de la administración municipal. La convocatoria del festival fue
posterior a la aprobación del acuerdo y estuvo abierta a todos los establecimientos
gastronómicos del municipio bajo condiciones uniformes, sin que existiera un
listado preseleccionado ni un mecanismo que permitiera identificar ex ante a los
participantes. La concejal no fue designada como beneficiaria directa de recurso
público alguno, sino que sus establecimientos concurrieron al evento en las
mismas condiciones que los demás comerciantes habilitados. No se demostró, en
suma, un factor de singularización que diferenciara la posición de la concejal frente
al universo de comerciantes habilitados para participar.

73. En consecuencia, no existe contradicción lógica en la sentencia apelada. El
a quo verificó los presupuestos fácticos, pero concluyó, con arreglo al marco
normativo y jurisprudencial, que no configuraban el interés directo, particular y
actual requerido para la estructuración de la causal. La motivación es suficiente,
coherente y jurídicamente adecuada. En consecuencia, el primer cargo formulado
tanto por el demandante como por el Ministerio Público no prospera.

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7.3.1.2. De la autoincriminación en los procesos de perdida de investidura

74. En su segundo reproche, el demandante sostiene que la concejal, por
intermedio de su apoderado, confesó expresamente su participación en el festival,
su titularidad sobre los establecimientos de comercio que concurrieron al evento y
su intervención en la deliberación y votación del Acuerdo núm. 229 de 2024. Con
fundamento en ello, alegó que el a quo reconoció dicha confesión conforme al
artículo 193 del Código General del Proceso, pero omitió asignarle los efectos
jurídicos correspondientes, esto es, tener como acreditado el conflicto de
intereses.

75. La Sala no comparte este planteamiento. En primer lugar, debe distinguirse
entre la admisión de hechos materiales y la configuración jurídica de la causal. La
demandada reconoció hechos objetivos, tales como: su participación en la
votación, la existencia de establecimientos de comercio a su nombre y la
participación de estos en el festival. Sin embargo, esas admisiones no equivalen a
aceptar la calificación jurídica sancionatoria, porque la causal exige un juicio
normativo sobre la concurrencia de un interés directo, particular y actual que no se
presume ni se deduce por simple asociación contextual. La confesión del artículo
193 del CGP recae sobre hechos, no sobre la subsunción jurídica que corresponde
al juez.

76. En segundo lugar, es imperativo resaltar que la confesión como medio de
prueba resulta improcedente en los procesos de perdida de investidura, en virtud
de la garantía constitucional de no autoincriminación. Así lo ha dispuesto de forma
reiterada la jurisprudencia de esta Corporación al establecer que en los procesos
de pérdida de investidura no es procedente la confesión, ni provocada ni
espontánea, incluida aquella que se realiza a través del apoderado judicial en la
contestación de la demanda. Esta Sección, en sentencia del 26 de febrero de 2026,
al resolver un caso en el que la parte actora pretendió atribuir carácter de confesión
a las manifestaciones contenidas en las contestaciones de demanda, señaló:

“Para efectos de resolver, la Sala considera necesario precisar en forma previa
que en los procesos de pérdida de investidura no es procedente la confesión

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derivada ni de un interrogatorio de parte, ni aquella que proviene de apoderado
en la contestación de la demanda.”24

77. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en auto de 6
de octubre de 2015, consideró que:

“Sobre el interrogatorio de parte se advierte que es un medio de prueba a
través del cual se interroga a una de las partes sobre los hechos del proceso25
y esta instituida para provocar la confesión del declarante, lo cual conlleva a
la auto incriminación, circunstancia que en los procesos de pérdida de
investidura no es procedente puesto que de conformidad con el artículo 33 de
la Constitución Política nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, más cuando se
ha sostenido que los Congresistas demandados en un proceso de pérdida de
investidura no están obligados a declarar contra sí mismos en razón al
especial régimen de sujeción en que se encuentran y por ser el presente
asunto de carácter sancionatorio,26 salvo la intervención directa que tiene de
manera facultativa en la audiencia púbica regulada por el artículo 12 de la Ley
1881 de 2018.”27

78. En conclusión, en el presente caso la demandada no reconoció la existencia
de un interés privado específico contrapuesto al interés público. Lo que admitió fue
la ocurrencia de hechos materiales cuya calificación jurídica como constitutivos de
conflicto de intereses exige un juicio de tipicidad que corresponde exclusivamente
al juez. Pretender que la admisión de hechos fácticos equivale a la confesión de la
causal sancionatoria implica invertir la carga probatoria que recae sobre quien
formula la acusación y desnaturalizar el juicio de responsabilidad subjetiva que rige
la pérdida de investidura conforme al artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018,
modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. Adicionalmente, si en gracia
de discusión se asumiera que la admisión de la accionada constituye una
confesión, como se constató a partir de la jurisprudencia pacífica de esta
Corporación, ese medio probatorio no es admisible en los procesos de pérdida de
investidura.

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26

de febrero de 2026. Proceso radicado no. 50001-23-33-000-2025-00105-01. C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.
25 Artículo 198 CGP.
26 Ver entre otras las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

Auto de 7 de julio de 2006, Rad.: 2006 – 00192; Sentencia de 11 de marzo de 2008, Rad.: 2007 –
01054; Sentencia de 27 de marzo de 2008, Rad.: 2007 – 00521, Auto de 6 de octubre de 2015,
Exp. 11001-03-15-000-2014-01602-00(A).
27 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial De

Decisión De Pérdida De Investidura. Sentencia del 15 de octubre de 2019. Proceso radicado no.
11001-03-15-000-2019-04145-00(B). C.P. William Hernández Gómez.

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79. Por ende, el cargo no prospera.

7.3.1.3. Del interés moral

80. Por último, el demandante, en su recurso de apelación, alegó que la
sentencia redujo el análisis al ámbito económico e ignoró que el conflicto puede
ser de carácter moral.

81. Al respecto resulta esencial volver sobre la jurisprudencia que ha estudiado
el alcance y la prueba del interés moral; al respecto la Sala Plena del Consejo de
Estado estableció los lineamientos para analizar la configuración del conflicto de
interés moral, en los siguientes términos:

“Así para determinar la configuración del conflicto de interés moral se debe
entonces verificar i) que la ventaja obtenida redunde en un beneficio directo,
actual, ya sea inmediato o con proyección de futuro calculable desde el
presente pero necesariamente cierto y por tanto real para el congresista o su
entorno familiar o societal, es decir verificables material o simbólicamente, ii)
que exista un interés particular generado por motivación personal, lo que
necesariamente excluye que la conducta sea inducida u ordenada por la
disciplina de partido salvo en los asuntos de conciencia determinados
previamente por los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos
(art. 108 superior) o que se corresponda con un trámite de naturaleza
constitucional (Acto Legislativo 1 de 2011) en el que, por regla general, el
provecho de los congresistas sería común a todos ellos iii) que la ventaja
personal rivalice con el interés general que por mandato de sus electores le
corresponde representar “con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés
que la actividad congresal le impone” o si se quiere, con la debida
imparcialidad con la que les atañe actuar en virtud de su función al interior del
principal órgano de representación política, que según mandato constitucional
y legal, debe desarrollarse “consultando la justicia y el bien común”28.

82. Por su parte la Sala Novena Especial del Consejo de Estado, en sentencia
del 25 de septiembre de 2019, señaló al respecto:

“Así las cosas, cuando el conflicto de intereses que se endilga es de orden
moral, los beneficios o ventajas pueden estar representados en “la obtención
de réditos en el ejercicio de un poder de dominación, perceptible por un
acrecentamiento de su imagen, reconocimiento, supremacía o temor

28Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Doce Especial De
Decisión De Pérdida De Investidura. Sentencia del 18 de febrero de 2019. Proceso radicado no.
11001-03-15-000-2018-03779-00(PI). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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reverencial, vinculante en un sector específico como los gremios, asociaciones
o confesiones religiosas”.”29

83. El demandante no alegó ni demostró un interés moral en estos términos.
De hecho, no se acreditó que la concejal obtuviera un acrecentamiento de imagen,
reconocimiento o poder de dominación en un sector específico. Por lo demás, la
invocación del principio de moralidad administrativa del artículo 209 de la
Constitución no suple la carga de acreditar un interés moral concreto y
particularizado como cargo del accionante en el proceso de desinvestidura. Por
ende, este cargo no prospera.

84. Ahora bien, en relación con la existencia del conflicto de intereses el
Ministerio Público en su recurso sugiere que se valore si la omisión al deber de
apartarse y declararse impedida por parte de la concejal bastaría para configurar
la causal de pérdida de investidura.

85. Al respecto debe precisarse que, en atención al carácter sancionatorio y
restrictivo de la pérdida de investidura, que implica la inhabilidad indefinida para el
ejercicio de derechos políticos de elección popular, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha afirmado que la sola omisión del deber de declararse impedido no
constituye causal de pérdida de investidura. En efecto, la jurisprudencia sobre la
causal por violación del régimen del conflicto de intereses de los congresistas, ha
sido pacífica en indicar que el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política
no sanciona la omisión del anuncio del impedimento, sino la participación en una
decisión en la que efectivamente concurra un conflicto de intereses 30, de modo
“[…] es necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación
del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó
anteponiendo intereses personales a los intereses públicos y no solamente que el
Congresista no se haya declarado impedido»31.

29 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Novena Especial De

Decisión De Pérdida De Investidura. Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Proceso radicado
no. 11001-03-15-000-2019-02135-00(PI). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
30 Es criterio jurisprudencial que la sola ausencia de declaración de impedimento, per se, no

constituye causal de pérdida de la investidura. Particular énfasis se hizo sobre este punto en la
sentencia dictada por la Sala Plena el 23/03/2010. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación: 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de

2012, expediente 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI), MP. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 9 de noviembre de 2016. MP.
William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2014-03117-00(PI). Consejo de Estado.

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86. La omisión del deber de impedimento no constituye causal autónoma de
pérdida de investidura. Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia del 18 de febrero de 2019, precisó:

“El artículo 181 de la Constitución Política no sanciona con pérdida de investidura
el hecho de que un congresista no cumpla el deber de declararse impedido
debiéndolo, sino el hecho de que vote una decisión estando incurso efectivamente
en un conflicto de intereses. Para que pueda deducirse la responsabilidad jurídica
disciplinaria que implique la máxima sanción, esto es, la pérdida de investidura, es
necesario que en la sentencia se pueda establecer que ocurrió la violación del
régimen del conflicto de intereses en cuanto que el Congresista votó anteponiendo
intereses personales a los intereses públicos y no solamente que el Congresista
no se haya declarado impedido.”32

87. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que no comparte el análisis del
a quo cuando incluye el análisis del interés particular en el plano del elemento
subjetivo (culpabilidad), toda vez que según lo ha señalado en forma reiterada la
jurisprudencia de esta Sección, el carácter personal, actual y particular del interés
hace parte del elemento objetivo (tipicidad)33.

88. En consecuencia, al no haberse configurado el elemento objetivo de la
causal, resulta improcedente sancionar la omisión de la manifestación del
impedimento, debido a que el deber de declararse impedido presupone la
existencia real del conflicto de intereses.

7.3.1.4. Del reproche sobre la exigencia del elemento subjetivo

89. El Ministerio Público cuestiona que la sentencia de primera instancia haya
exigido que se acredite dolo o culpa grave y propone una lectura más objetiva de
las causales.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Espacial de Decisión de PI. Sentencia de 8
de septiembre de 2021. MP. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).
32 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Doce Especial de

Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 18 de febrero de 2019. Proceso radicado No.
11001-03-15-000-2018-03779-00(PI). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. (i) Sentencia del 18

de febrero de 2021. Proceso radicado no. 85001-23-33-000-2020-00012-02. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. (ii) Sentencia del 4 de noviembre de 2022. Proceso radicado no. 05-001-23-33-
000-2022-00401-03. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. (iii). Sentencia del 17 de octubre de
2025. Proceso radicado no. 68001-23-33-000-2025-00145-01. C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.

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90. Este planteamiento es equivocado. Como anteriormente se indicó la Ley
1881 de 2018, modificada por la Ley 2003 de 2019, claramente dispone en su
artículo 1 que el proceso de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetivo, razón por la cual la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que «no
basta simplemente con establecer si la conducta reprochada al congresista se
encuadra o no en alguna de las causales de pérdida de investidura previstas en la
Constitución, sino que es menester demostrar, además, que las acciones u
omisiones constitutivas de la falta son atribuibles a título de dolo o culpa».34

91. En la misma línea, la Corte Constitucional, en sentencia SU-424 de 2016,
estableció con claridad que los procesos sancionatorios «no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico
(principio de antijuridicidad) y culpable»35.

92. El reproche del Ministerio Público supone, en el fondo, que el estándar de
imputación subjetiva previsto en el ordenamiento resulta insuficiente y que debería
adoptarse una «lectura más objetiva» de la causal. La Sala no comparte esta
posición. El título de imputación subjetiva más exigente que contempla el
ordenamiento jurídico colombiano es el dolo, entendido como el conocimiento y la
voluntad dirigida a la realización de la conducta tipificada. Exigir al juez un análisis
«más estricto» que la verificación de una conducta dolosa equivaldría, en la
práctica, a prescindir del componente volitivo y cognitivo del agente, es decir, a
juzgar la conducta con independencia de si el concejal conocía la situación de
conflicto y de si su voluntad se enderezó a anteponer su interés particular al interés
público.

93. Un esquema semejante no sería otra cosa que un sistema de
responsabilidad objetiva, en el cual la mera ocurrencia del hecho externo —la
participación en la votación sin haberse declarado impedido— bastaría para

34 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Novena Especial De

Decisión De Pérdida De Investidura. Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Proceso radicado
no. 11001-03-15-000-2019-02135-00(PI). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
35 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 del 11 de agosto de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.

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imponer la sanción, con independencia de cualquier valoración subjetiva. Tal
modelo es incompatible con las garantías del debido proceso sancionatorio y ha
sido expresamente proscrito por la jurisprudencia constitucional y la Ley 1881 de
2018.

7.3.2. Del elemento subjetivo

94. Debido a que la Sala ha concluido que no se encuentra acreditado el
elemento objetivo de la causal —la concurrencia de un interés directo, particular y
actual—, no resulta necesario descender al análisis autónomo del elemento
subjetivo (culpabilidad). La verificación del elemento subjetivo presupone la
configuración previa del elemento objetivo: solo verificada la tipicidad procede
indagar por la culpabilidad.

7.4. Conclusión

95. Recapitulados los fundamentos que anteceden, la Sala concluye que no se
configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, por
cuanto: (i) el Acuerdo 229 de 2024 fue un acto normativo de contenido
presupuestal general, abstracto e impersonal, sin destinatarios individualizados, y
la participación de la concejal en su aprobación no la colocó en una posición
diferenciada de la que asistió a la totalidad de los cabildantes; (ii) la participación
de los establecimientos de comercio de la accionada en el Festival Gastronómico
se produjo bajo una convocatoria pública, abierta y reglada, en las mismas
condiciones aplicables a cualquier comerciante del municipio, lo cual sitúa el caso
dentro de la cláusula de exclusión de igualdad de condiciones; (iii) la admisión de
hechos materiales por parte de la demandada no equivale a la confesión de la
causal sancionatoria, medio probatorio que en todo caso resulta inadmisible en
esta clase de procesos conforme a la garantía constitucional de no
autoincriminación; y (iv) no se acreditó un interés moral concreto y verificable en
los términos exigidos por la jurisprudencia.

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96. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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