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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00582-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00582-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se negó el amparo solicitado por la señora Ana María Tarazona Palacio. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00582-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de septiembre de 2025

Demandante: Ana María Tarazona Palacio
Demandado: Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00582-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00582-01
Demandante: ANA MARÍA TARAZONA PALACIO
Demandado: JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela de fondo por mora judicial. Confirma sentencia de
primera instancia que negó el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud de impugnación presentada por la
accionante contra la providencia del 25 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante la cual se negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora Ana María Tarazona Palacio, por intermedio de apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de
Bogotá, con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión a la presunta mora judicial injustificada en la que
considera incurrió el accionado en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que cursa en el Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Bogotá con radicado 110011-33-35-013-2021-00203-00,
promovido contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora solicitó:

PRIMERO.- Se tutelen a mi representada su derecho fundamental al acceso a la
administración.

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Demandante: Ana María Tarazona Palacio
Demandado: Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00582-01

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado
JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ, que en un
término que no exceda de dos (2) días siguientes a la notificación del fallo de
tutela que acceda a las pretensiones, se sirva proferir providencia en la que
resuelva sobre la admisión del medio de nulidad y restablecimiento del derecho
No. Rad. 11001333501320210020300..

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El 12 de julio de 2021, la accionante promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-013-2021-00203-00,
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.

Señaló que al titular de dicho despacho le fue declarada fundada la
manifestación de impedimento alegada para conocer el asunto, por lo cual este
fue remitido a los Juzgados Administrativos Transitorios de Bogotá.

Indicó que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 601
Administrativo Transitorio de Bogotá, y que, al momento de presentar la tutela,
han pasado más de cuatro años desde la radicación de la demanda sin que se
haya proferido auto admisorio de la misma.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la actora, el juzgado accionado vulneró su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia puesto que, a la fecha de la presentación
de la solicitud de amparo, no ha resuelto sobre la admisión del medio de
control promovido.

Consideró que el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia computa no solamente la posibilidad de radicar una acción ante una
autoridad judicial, sino que en efecto se vea resuelto su reclamo con un
pronunciamiento de fondo, de manera efectiva.

En ese orden de ideas, hizo referencia al artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, al igual que el artículo 4 de la Ley 270 de
1996, en los cuales se consagra que la administración de justicia debe ser
pronta, cumplida y eficaz, lo que implica una respuesta judicial en un plazo
razonable.

De igual manera, invocó la sentencia T-052 de 2018, en la cual se indicó que la
mora judicial se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.

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Para finalizar, resaltó que, en el presente caso, se cumplen los elementos
propios de la mora judicial injustificada, lo que conlleva una afectación a su
garantía iusfundamental.

1.5. Trámite en primera instancia

A través de auto del 17 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar esta decisión al Juzgado 601 Administrativo
Transitorio de Bogotá para que ejerciera su derecho de defensa.

1.6 Contestación

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentó la siguiente intervención:

1.6.1. Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá

Mediante escrito remitido el 21 de julio de 2025, la titular del despacho
accionado rindió informe en el cual puso de presente la naturaleza de los
juzgados transitorios, señalando que tienen una duración limitada y su finalidad
es la de descongestionar la carga procesal de los órganos jurisdiccionales
permanentes.

Indicó que, en virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
ha determinado que el titular del despacho debe ser un funcionario judicial
distinto año a año, hecho que implica, igualmente, el cambio de empleados
judiciales que operan en el juzgado, al igual que la alteración del orden de
llegada de los procesos.

Trajo a colación que, desde el año 2019, se han creado seis medidas
transitorias anuales diferentes, con períodos limitados, las cuales han
designado diferentes ponentes. Así mismo, informó que los juzgados
transitorios están conformados solamente por un juez, un profesional
universitario, un sustanciador y un secretario, los cuales, además, deben
cumplir con una meta de 30 sentencias mensuales.

Expresó que, por cuestiones de nombramiento y posesión del cargo como juez,
la titular del despacho inició sus labores el 20 de febrero de 2025, fecha en la
cual recibió un cúmulo de expedientes conformados por demandas radicadas
desde el año 2009 hasta el año 2024, de los cuales 408 se encuentran para
calificar, 130 para dictar sentencia y 1868 para otros trámites procesales.

Expuso que el expediente de radicado 11001-33-35-013-2021-00203-00
ingresó al despacho el 3 de marzo de 2025, para realizar el estudio de la
demanda a fin de determinar la admisibilidad, enlistándose en el turno número
1448 para ser conocido.

Resaltó que, pese a que el proceso fue radicado en el año 2021, el titular del
juzgado de origen, esto es, el juez 13 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, fue apartado del conocimiento por encontrarse impedido para conocer

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de este, por lo que fue remitido al Juzgado 1 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Bogotá. Por causa de la terminación de la medida
transitoria, el expediente fue devuelto el 10 de diciembre de 2021, y hasta el 3
de marzo de 2025 se realizó el envío del expediente al despacho accionado.

Aunado a lo anterior, señaló que carece de las piezas procesales del
expediente, haciendo imposible su conocimiento y estudio, si estuviese en
turno.

Agregó que la metodología aplicada por el juzgado es la establecida en los
artículos 63ª de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley
2430 de 2024, artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 4 del Acuerdo
PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, es decir, la concerniente a los
turnos, en virtud de la cual los procesos son conocidos en el orden cronológico
de ingreso al despacho, por lo que, una vez el proceso de interés se encuentre
en el turno para ser conocido, se atenderá con celeridad y se le dará el trámite
que en derecho corresponda.

En concordancia con lo anterior, refirió que el expediente de la accionante no
ha durado un período de 4 años o más sin trámite en el actual juzgado, como lo
pretende hacer ver la parte actora, pues ingresó al despacho el 3 de marzo de
2025 por lo que no amerita la intervención del juez de tutela, ya que las
condiciones por las que ha cursado el mencionado asunto están ajustadas a la
realidad de la medida transitoria.

Destacó que no está en el deber de asumir la tardía responsabilidad del
conocimiento de los procesos de los años pasados, aún más, teniendo en
cuenta que no hay continuidad de la medida transitoria y que, además, los
procesos duran un período de 3 a 4 meses sin trámite en el juzgado de origen,
ya que su impedimento para conocer les imposibilita impulsar los procesos,
generando así una mora ajena al despacho.

Para finalizar, solicitó dar por terminado y archivar el trámite de la acción de
tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia del 25 de julio de 2025, negó el amparo solicitado, al
considerar que, en el caso concreto, no se configuró la mora judicial
injustificada, puesto que, si bien se evidencia una violación del plazo razonable,
la autoridad accionada, que tuvo conocimiento del proceso en marzo de 2025,
expuso razones objetivas, como el sistema de turnos y la ausencia de
condiciones especiales de protección constitucional que justifiquen su
alteración.

Precisó el a quo que la dilación no le es imputable al juez accionado, sino al
envío tardío del expediente por parte del despacho de origen, esto es, el
Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, cuya vinculación
carece de objeto, pues no es el competente para resolver.

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En consecuencia, la corporación de primera instancia encontró justificada la
mora judicial, por lo que determinó que no se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora.

1.8 Impugnación

La accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia
mediante escrito radicado el 15 de agosto de 2025, en el cual indicó que el
principal argumento expuesto por el a quo radica en que el Juzgado 601
Administrativo Transitorio de Bogotá tiene el proceso bajo su control desde el
mes de marzo del presente año, y que la tardanza injustificada es imputable a
que el despacho de origen no remitió en tiempo el expediente.

Señaló que dicha argumentación solo demuestra una violación a las
obligaciones contraídas por Colombia a nivel internacional, en virtud de lo cual,
reiteró el contenido del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, al igual que del artículo 4 de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, expuso que en la sentencia recurrida se debió estudiar de
fondo la grave vulneración que conlleva que hayan transcurrido más de 4 años
sin que se hubiere proferido providencia alguna en el proceso de referencia, y
solicitó que se revoque la decisión de primera instancia para en su lugar
ordenar amparar el derecho fundamental invocado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 25 de julio de 2025, proferida por la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar
el fallo adoptado en primera instancia, que negó la acción de tutela.

Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) mora
judicial, y (iii) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la

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acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial
de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual.
Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.1

2.4. Mora judicial

La Corte Constitucional explicó que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos2.

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando3: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o, c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en
la ley.

Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando4: a) se presente un incumplimiento en los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario
competente; b) se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el
análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento; y,
c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso.

En criterio de la Sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al
resolver los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en
el evento de acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho
de acceso a la administración de justicia y, de contera, al debido proceso.

2.5. Caso concreto

La accionante consideró vulnerado su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia por cuanto, a la fecha de interposición de esta acción
de tutela, la autoridad accionada no ha proferido auto admisorio dentro del

1 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
2 Sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
3 Sentencia T-803 de 2012.
4 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.

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proceso 11001-33-35-013-2021-00203-00, correspondiente al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la parte demandante
contra la Nación - Rama Judicial.

En primera instancia, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó la acción de tutela al considerar que, a
pesar de haber transcurrido un tiempo prolongado sin que se haya desplegado
actuación alguna en el proceso de referencia, no se configuró una mora judicial
injustificada atribuible al despacho accionado, puesto que la tardanza
corresponde a la falta de remisión oportuna del expediente por parte del
Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, así como a la
metodología de turnos que deben observar los juzgados transitorios para
evacuar los asuntos en su conocimiento.

Con la impugnación, la tutelante reiteró los argumentos expuestos en el escrito
inicial, cuestionando la decisión del a quo de negar el amparo, y sostuvo que
las medidas especiales de descongestión aplicadas han redundado en
mayores tardanzas para la resolución de los procesos.

Revisados los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en el
escrito de impugnación, se observa que estos no tienen la categoría para
conducir a la revocatoria de la providencia de primera instancia, pues, si bien
alega que existe una mora judicial injustificada, lo cierto es que existen
circunstancias que explican la inactividad en dicho proceso.

Cabe destacar que, como puso de presente el despacho accionado en su
contestación, el expediente fue conocido en un principio por el Juzgado 13
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual se declaró impedido y,
por consiguiente, remitió el expediente a los juzgados transitorios, creados
justamente para tramitar y decidir controversias como la planteada por la
señora Tarazona Palacio.

Luego de dicho trámite, el conocimiento se asignó al Juzgado 1 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, cuyas labores finalizaron el 10 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA21-
11738 del 5 de febrero de 2021, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

Por lo anterior, el expediente fue devuelto al despacho de origen, que solo
hasta el 3 de marzo de la presente anualidad lo remitió al Juzgado 601
Administrativo Transitorio de Bogotá, donde, debido a las condiciones
estructurales de congestión que se presentan en la Rama Judicial, se enlistó,
de acuerdo con la fecha y hora de recepción, en el turno 1448, como se
expone en el escrito de contestación allegado por la parte demandada.

Lo anterior permite afirmar que, si bien aún no se ha proferido providencia que
decida sobre la admisión del medio de control promovido por la señora
Tarazona Palacio, lo cierto es que no se evidencia una vulneración al derecho
fundamental de la actora por parte de la autoridad accionada, pues, sin

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perjuicio del tiempo transcurrido con antelación, es claro que el retardo aducido
no se le puede imputar por completo al respectivo despacho.

Lo anterior, toda vez que la dilación en el trámite de la actuación es originada
en los problemas estructurales en la administración de justicia que genera
congestión judicial, y no se debe a la falta de diligencia de la autoridad en
cuestión. Así, se advierte que la mora judicial invocada por la actora está
justificada, por lo cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
el amparo deprecado por la señora Ana María Tarazona Palacio contra el
Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante la cual se negó el amparo solicitado por la señora Ana María
Tarazona Palacio.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
t»

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