Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00587-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
15 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de subsidiariedad – no se agotaron los
recursos idóneos y eficaces para obtener la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 17 de julio de 2025, el señor Luis Amín Mosquera Moreno presentó acción de
tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y defensa. Considera que estos fueron vulnerados por el Juzgado 66
Administrativo del Circuito de Bogotá, en el marco del proceso de reparación directa1
en el que funge como llamado en garantía.
2. De los elementos de juicio obrantes en el plenario, se extraen los siguientes hechos
relevantes:
3. En la audiencia inicial celebrada el 22 de febrero de 2023, el Juzgado accionado
accedió al decreto de las pruebas solicitadas por el aquí accionante, para lo cual libró
una serie de oficios dirigidos a varias autoridades, entre ellas, el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Barranquilla. En esa misma diligencia, precisó que al haber sido
solicitadas por el llamado en garantía, correspondía a su apoderado realizar las
gestiones correspondientes en aras de obtener las pruebas decretadas.
1 Con radicado número 11001-33-43-066-2021-00269-00.
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4. Por auto del 10 de agosto de 2023, el Juzgado accionado requirió al actor para que
acreditara las gestiones adelantadas para el recaudo del material probatorio; y,
mediante auto del 6 de junio de 2024, el aludido despacho requirió al llamado en
garantía para que remitiera nuevamente la documentación que había aportado, con
el fin de verificar si el contenido allegado cumplía con lo dispuesto en la audiencia
inicial.
5. Vencido dicho término, el Juzgado consideró incumplida la orden, por lo que a
través de auto del 19 de septiembre de 2024, compulsó copias ante la Fiscalía
General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el propósito
de que se investigara la presunta omisión del servidor Mosquera Moreno. En ese
mismo proveído, ofició al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla para que
remitiera los documentos decretados como prueba por solicitud del llamado en
garantía. El 15 de enero de 2025, el mencionado despacho judicial señaló que
requería mayor información sobre la identificación del proceso, para establecer si
contaba con la documentación solicitada.
6. Por medio de auto del 13 de febrero de 2025, la autoridad accionada precisó que
junto al requerimiento efectuado al Juzgado Quinto Civil de Barranquilla se remitió
copia de la documentación remitida por el actor, la cual contenía la información que
dicho despacho adujo desconocer. En virtud de ello y considerando que el
accionante no realizó actuaciones adicionales que permitieran recaudar el material
probatorio, la autoridad demandada resolvió dar por no tramitada la mentada prueba
y continuar con el proceso. Contra esa determinación, el demandante interpuso
recurso de apelación, el cual fue rechazado por improcedente, por medio de auto del
10 de julio de 2025.
7. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en distintas
irregularidades que vulneraron sus derechos fundamentales. Particularmente,
cuestionó: (i) el “rechazo” de una prueba que ya había sido decretada e, incluso,
“practicada”; (ii) el rechazo del recurso de apelación que, en su criterio, era
procedente y; (iii) la decisión de compulsar copias.
8. Frente a lo primero, alegó que se le privó de una prueba, con argumentos falaces
y erróneos, carentes de respaldo normativo.
9. En lo que respecta al rechazo del recurso de apelación, adujo que dado que se
trataba de una prueba ya decretada, el auto debía entenderse como una decisión
que rechazó su práctica, lo que lo hacía susceptible de apelación, conforme lo
previsto en el artículo 181, numeral 8° del CPACA.
10. En cuanto a la compulsa de copias, señaló que dicha decisión no cuenta con algún
fundamento normativo y además resulta contradictoria, pues lo responsabiliza por la
supuesta omisión en la recolección de las pruebas, cuando en realidad dichos
elementos no se encontraban en su poder, sino en el Juzgado Quinto Civil del
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Circuito de Barranquilla, autoridad a la cual debió haberle exigido colaborar con la
administración de justicia.
11. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que: (i) se dejara sin efectos los autos del
13 de febrero y 10 de julio de 2025; y (ii) se ordenara al Juzgado accionado “estudiar
la legitimación que tiene para tramitar un proceso en Bogotá cuyos hechos son
referidos en la demanda en el departamento del atlántico y conducir el proceso por
las vías legales”.
B. Sentencia de primera instancia
12. Mediante sentencia del 30 de julio de 2025, la Sección Tercera, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró improcedente la acción de tutela,
tras estimar que se no acreditaba el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad, toda vez que lo que se cuestionaba era el auto del 10 de julio de
2025, y contra este procedía el recurso de queja (artículo 245 del CPACA, modificado
por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021), el cual, debía ejercerse de forma
subsidiaria al recurso de reposición, en los términos del artículo 353 del CGP. Sin
embargo, encontró que el accionante no hizo uso de dichos mecanismos.
13. En cuanto a la pretensión orientada a que se estudiara la competencia del Juzgado
enjuiciado para conocer del proceso en cuestión, el a quo consideró que no se
cumplía el presupuesto de procedencia relativo a la existencia de una acción u
omisión atribuible a la autoridad accionada. Lo anterior, al advertir que en forma
paralela a la interposición de la acción de tutela, el accionante formuló una solicitud
dirigida a cuestionar la competencia territorial del juzgado, la cual, para ese entonces,
aún no había sido resuelta.
C. Impugnación
14. La parte actora sostuvo que el juez de primera instancia omitió pronunciarse sobre
la legitimación del juzgado para “rechazar” la práctica de una prueba que ya había
sido decretada, así como sobre la “orden” que rechazó de plano el recurso de
apelación interpuesto contra esa decisión.
15.Afirmó que resulta contraevidente sostener que frente a la “orden” de “rechazo” de
una prueba ya practicada procedieran los recursos de queja y reposición, cuando la
jurisprudencia de las altas cortes ha señalado que contra los órdenes de los jueces
no se admiten recursos. Por ello, adujo que el A quo debió haber fundamentado la
declaratoria de improcedencia en disposiciones normativas concretas y no en
simples afirmaciones.
16.En ese sentido, reprochó que no se haya efectuado un análisis dirigido a establecer
si lo expedido por el juzgado correspondía a una orden o una decisión susceptible
de recurso, porque “justamente el mismo juez le dio carácter de orden a su exótica
decisión”.
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
17. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
18. Esta Subsecciónconfirmará el fallo impugnado, pero por las razones que se
exponen a continuación.
19. Previo a abordar el estudio de los requisitos generales de procedencia, debe
precisarse que el problema jurídico planteado por la parte actora no se limita a
cuestionar los autos del 13 de febrero y 10 de julio de 2025, por medio de los cuales
el Juzgado accionado dio por no tramitada la prueba solicitada por el actor y rechazó
por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, como lo
consideró el A quo. La solicitud de amparo también se dirige a censurar el proveído
del 19 de septiembre de 2024, a través del cual dispuso compulsar copias en su
contra.
20. Aun cuando no se haya solicitado expresamente dejar sin efectos esta última
providencia, lo cierto es que en el escrito de tutela se plantearon una serie de
objeciones frente a la decisión adoptada en ella, lo que impone un pronunciamiento
por parte del juez constitucional.
21. Todos los reparos devienen improcedentes. Aquellos orientados a cuestionar los
autos del 13 de febrero y 10 de julio de 2025, no satisfacen el requisito de
subsidiariedad. Lo mismo ocurre con las inconformidades planteadas respecto al
proveído del 19 de septiembre de 2024, frente a las cuales, además, no se acredita
el presupuesto de inmediatez.
22. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, previo acudir al juez
constitucional, el interesado debe haber agotado todos los instrumentos idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para remediar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
23. Este presupuesto de procedencia se torna aún más excepcional tratándose de
acciones de tutela contra autos interlocutorios, habida cuenta de que los sujetos
procesales cuentan con diversos recursos para controvertir tales decisiones en el
marco del proceso judicial en el cual fueron proferidas, que precisamente es el
escenario natural para ventilar ese tipo de controversias.
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
24. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el
interesado no ha hecho uso de todos los medios de defensa judicial que ha puesto
a su disposición el ordenamiento jurídico para debatir el proveído que pretende
cuestionar en sede de tutela, la solicitud de amparo deviene improcedente2.
25. En el caso bajo estudio, uno de los proveídos a los que el actor atribuye la
vulneración de sus derechos es aquel que resolvió no dar por tramitada la prueba
que solicitó dentro del proceso de reparación directa en el que actúa como llamado
en garantía. Contra esa decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
rechazado por improcedente, mediante auto del 10 de julio de 2025.
26. No obstante, se constató que esta última providencia no fue objeto de recurso
alguno, a pesar de que era susceptible de ser controvertida a través de los recursos
de reposición y queja, conforme lo previsto en los artículos 242 y 245 del CPACA.
De acuerdo con este último, el recurso de queja procede contra el auto que rechaza
la apelación, para que esta se conceda, el cual debe interponerse de manera
subsidiaria al de reposición.
27. Talesmecanismos constituían el medio procesal idóneo para ventilar las
inconformidades expuestas en sede de tutela, orientadas a cuestionar no solo la
procedencia del recurso, sino también la decisión de dar por no tramitada la prueba,
ya que, de llegar a prosperar la reposición o la queja, el superior funcional habría
tenido oportunidad de pronunciarse sobre esos aspectos. Sin embargo, el
accionante no ejerció ninguno de dichos recursos, lo que pone en evidencia la falta
de subsidiariedad del presente asunto.
28. Lo anterior, sin perjuicio de la distinción que plantea el accionante en su escrito
de impugnación (entre “orden” y “decisión”), pues lo cierto es que los jueces se
manifiestan a través de providencias susceptibles de recurso, en los términos del
CPACA.
29. La misma conclusión se predica en relación con la objeción frente al auto del 19
de septiembre de 2024, pues contra esa decisión tampoco se interpuso recurso
alguno, aun cuando procedía la reposición, conforme lo dispuesto en las
disposiciones previamente citadas.
30. A lo anterior, se suma que dicha providencia fue notificada por estado el 20 de
septiembre de 2024, mientras que la demanda de tutela fue presentada hasta el 17
de julio de 2025, es decir, por fuera de lo que esta corporación ha considerado como
un término razonable para acudir al juez de tutela.
2 Al respecto, ver sentencias SU-695 de 2015, T-511 de 2020 y T-575 de 2023, entre otras.
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
31. En lo que respecta a la pretensión dirigida a que se “estudie la competencia” del
juzgado enjuiciado para conocer del asunto en cuestión, la Sala estima que también
se torna improcedente por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad.
32. Consultado el aplicativo Samai, se tiene que, de forma paralela a la interposición
de la acción constitucional, incluso el mismo día de su radicación, el actor formuló
una solicitud ante el juzgado orientada a cuestionar su competencia por factor
territorial, por lo que, a la fecha de presentación de la tutela, aún se encontraba
pendiente de resolver.
33. Así las cosas, se hace evidente que el actor pretendía utilizar este mecanismo
constitucional como una acción paralela al instrumento ordinario que ya había
puesto en marcha para controvertir la competencia de la autoridad accionada, lo que
desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela, pues esta no puede estar orientada
a suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia, ni mucho
menos anticipar una decisión que corresponde adoptar en el marco del proceso
ordinario.
34. Finalmente, cabe aclarar que el a quo no realizó un estudio de fondo sobre el
asunto sometido a su consideración, porque no se acreditó el cumplimiento de
algunos requisitos generales de procedencia, lo que impedía al juez constitucional
efectuar un examen de fondo sobre la vulneración de los derechos invocados.
35. Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 30 de julio de
2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 30 de julio de 2025 por la Sección
Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00587-01
Accionante: Luis Amín Mosquera Moreno
Accionado: Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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