Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00590-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00590-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00590-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de diciembre de 2025
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01
Demandante: Municipio de Soacha
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01
Demandante: MUNICIPIO DE SOACHA
Demandados: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – La accionante
cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para cuestionar la falta de notificación del auto
admisorio de la demanda / Artículo 134 del Código General del Proceso – La nulidad por falta de
notificación puede alegarse en la diligencia de entrega, como excepción en la ejecución de la
sentencia o mediante el recurso de revisión / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La parte actora no
demostró que los medios judiciales existentes no sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse
en una situación que por su inminencia y gravedad amerite la intervención urgente del juez de
tutela.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 18 de julio de 2025, el Municipio de Soacha interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso2 y de acceso a la administración de justicia3, al haberse
proferido sentencia condenatoria en su contra en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00, sin haberle
notificado el auto admisorio de la demanda, impidiendo su participación y defensa en el
trámite. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores
incluidos):
(i) Admitir la presente acción de tutela, al acreditarse su procedencia excepcional
contra providencias judiciales, dada la vulneración evidente del derecho fundamental
al debido proceso del Municipio de Soacha – Secretaría de Educación.
1 Se advierte que el 19 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Concretamente, las garantías de defensa y contradicción.
3 La parte actora también estimó desconocidos los principios de legalidad y publicidad.
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Demandante: Municipio de Soacha
(ii) Decretar como medida provisional, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de
1991, la suspensión inmediata de los efectos de la sentencia proferida por el
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso
promovido por Sonia Cárdenas Corredor contra el Municipio de Soacha – Secretaría
de Educación, así como de cualquier actuación o trámite que implique su ejecución,
hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.
(iii) Ordenar, como consecuencia de la protección de los derechos
fundamentales invocados, la nulidad de la actuación procesal surtida dentro
del proceso ordinario identificado, desde el auto admisorio de la demanda
inclusive, por no haberse notificado al Municipio de Soacha en debida forma, lo que
le impidió ejercer su derecho de defensa.
(iv) Ordenar al juez ordinario competente que, una vez declarada la nulidad,
rehaga las actuaciones procesales conforme a la ley, con plena observancia de los
derechos de defensa y contradicción del Municipio de Soacha – Secretaría de
Educación, garantizando el principio de igualdad procesal.
(v) Oficiar a la autoridad judicial o administrativa que tramite la solicitud de
cumplimiento, para que se abstenga de adoptar cualquier decisión que implique el
pago de la condena impuesta, mientras se surte el trámite de esta tutela y hasta tanto
se resuelva definitivamente.
(vi) Cualquier otra medida que el despacho considere necesaria para garantizar el
amparo de los derechos fundamentales invocados.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la señora
Sonia Cárdenas Corredor demandó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Distrito de Bogotá, al
Municipio de Soacha – Secretaría de Educación y a la Fiduciaria la Previsora S.A.
(Fiduprevisora), con el fin de que se ejerciera control de legalidad del acto ficto o presunto
originado por el silencio de la administración frente a la petición del 30 de abril de 2021,
a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías.
4. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 24 de
septiembre de 2024 accedió a las súplicas de la demanda y condenó a la Secretaría de
Educación de Soacha a reconocer y pagar a favor de la señora Cárdenas Corredor la
sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, es decir, un día de
salario por cada día de retardo para el periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 27
de julio de 2024 (144 días).
5. Según informó la ahora accionante, la sentencia antes identificada fue proferida sin
que se le hubiera notificado el auto admisorio de la demanda y, por supuesto, ningún
trámite posterior; de modo que, sólo tuvo conocimiento de que fue condenada cuando la
señora Cárdenas Corredor radicó la solicitud de pago de la condena.
6. En el escrito de tutela, la entidad accionante alegó que la imposición de una condena
en su contra sin la notificación del auto admisorio de la demanda configura un defecto
procedimental absoluto que atenta contra su derecho al debido proceso, impidiéndosele
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ejercer su derecho a la defensa, formular excepciones, aportar pruebas o interponer
recursos. Asimismo, señaló que dicha irregularidad constituye una causal de nulidad,
imposible de sanear con la sola firmeza de la sentencia.
B. Trámite impartido e intervenciones
7. Mediante auto del 22 de julio de 20254, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá5 informó que mediante auto del 29
de agosto de 2023 admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Sonia Cárdenas Corredor contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y Distrito de Bogotá – Alcaldía de Soacha – Secretaría de Educación - Fiduciaria la
Previsora S.A. (Fiduprevisora).
9. Sin embargo, aunque en el auto admisorio se dispuso la vinculación de la Secretaría
de Educación del Municipio de Soacha y se ordenó su respectiva notificación, por un
error secretarial la providencia se notificó sin incluir a dicha entidad y, al ingresar el
proceso nuevamente con la contestación de la demanda, el Despacho tampoco se
percató de la irregularidad.
10. Así, admitió que el proceso se adelantó sin la intervención del Municipio de Soacha
– Secretaría de Educación y, el 24 de septiembre de 2024, se dictó sentencia
condenatoria en su contra. En ese sentido, adujo que, con ocasión de la notificación de
la presente acción constitucional, estima necesario declarar la nulidad de lo actuado y
suspender la ejecución de la sentencia, por lo cual, oficiosamente, ordenó a la secretaría
el ingreso inmediato del proceso al despacho para surtir el trámite correspondiente de
nulidad y sanear la actuación.
11. En consecuencia, destacó que las medidas adoptadas, tendientes a subsanar el
yerro anotado enmarcan su actuación en el ordenamiento jurídico, con apego a los
principios de legalidad, imparcialidad y autonomía judicial.
12. Además, en escrito posterior de ampliación de su intervención6, alegó que la acción
de tutela no es el mecanismo idóneo para subsanar la irregularidad evidenciada, pues,
en su criterio, la accionante tenía a su disposición otros medios de defensa ordinarios o
extraordinarios para procurar la protección de sus derechos fundamentales. En
particular, se refirió a que el Municipio bien pudo presentar un memorial ante el despacho
solicitando la nulidad de lo actuado o promover un recurso extraordinario de revisión,
teniendo en cuenta que los cargos expuestos recaían sobre una eventual incongruencia
de la decisión.
13. Mediante memorial radicado el 28 de julio de 2025, el Municipio de Soacha se
pronunció frente al informe antes expuesto. Indicó que, contrario a lo sostenido por la
autoridad judicial demandada, no tenía otros mecanismos idóneos para que se
4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia.
5 Samai, índice 8 del expediente de tutela de primera instancia.
6 Samai, índice 9 del expediente de tutela de primera instancia.
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subsanara la irregularidad advertida, pues la nulidad procesal era improcedente, por
encontrarse el fallo ejecutoriado y en etapa de cumplimiento. Al respecto, indicó que
pretender que el Municipio de Soacha subsane la ausencia de integración del
contradictorio, a través de una nulidad que se tramite dentro del mismo expediente que
lo excluyó, no es razonable ni garantista, y convierte el derecho fundamental al debido
proceso en una simple expectativa sujeta a corrección facultativa.
14. Por último, indicó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando se
acredite una violación consumada al derecho fundamental al debido proceso, como
ocurre en el caso de estudio, la acción de tutela no debe ser condicionada a la existencia
de otros mecanismos ordinarios o extraordinarios, especialmente si estos no resultan
eficaces para evitar o revertir el perjuicio.
15. Mediante sentencia del 28 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la solicitud de
amparo, decisión contrra la cual la parte actora interpuso impugnación.
16. El 5 de septiembre de 2025, ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
17. El 26 de septiembre de 2025, se declaró la nulidad de la sentencia de tutela de
primera instancia y de todas las actuaciones surtidas con posterioridad a la misma, a fin
de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca integrara en debida forma el
contradictorio, toda vez que omitió vincular a la señora Sonia Cárdenas Corredor,
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y a las demás
entidades allí demandadas.
18. El 3 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto que ordenó obedecer y cumplir lo resuelto
por el superior y, en consecuencia, ordenó la vinculación de la señora Sonia Cárdenas
Corredor, así como de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Distrito de Bogotá y la Fiduciaria
La Previsora S.A.
19. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, mediante memorial del 14 de octubre
de 20257, refirió que no tiene legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación del proceso de tutela, por cuanto en el marco de sus funciones no ha
vulnerado derecho alguno del accionante y quien estaría llamado a responder por los
hechos referidos en el escrito de tutela sería el Juzgado Noveno Administrativo de
Bogotá.
20. La señora Sonia Cárdenas Corredor, el 14 de octubre de 20258, se pronunció al
respecto y señaló que la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por cuanto se supera el lapso razonable de seis meses señalado
en la jurisprudencia sin que se demostrara justificación de tal demora por parte del
accionante.
7 Samai, índice 33 del expediente de tutela de primera instancia.
8 Samai, índice 34 del expediente de tutela de primera instancia.
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Demandante: Municipio de Soacha
21. La Fiduprevisora, mediante memorial del 21 de octubre de 20259, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, así como su desvinculación por no tener legitimación
en la causa por pasiva; no obstante, los argumentos de defensa fueron expuestos
respecto de una tutela interpuesta en contra del Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales no guardan relación con el
proceso de la referencia.
22. La Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) pese a haber sido debidamente notificadas del
presente trámite, no presentaron pronunciamiento alguno dentro del término concedido.
C. Fallo impugnado
23. En sentencia del 17 de octubre de 202510, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela por:
i) no satisfacer el requisito de inmediatez; ii) porque la irregularidad procesal que se alegó
en la demanda ya está siendo corregida y; iii) por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.
24. En primer lugar, expuso que no se cumplió el requisito de inmediatez, dado que entre
la sentencia proferida en el proceso ordinario y la presentación de la solicitud de amparo
constitucional transcurrió más de un año, sin que el Municipio de Soacha hubiera ofrecido
una justificación válida para tal tardanza, desatendiendo así el plazo
jurisprudencialmente razonable de seis meses.
25. En segundo lugar, estimó que tampoco se superó el requisito de subsidiariedad, por
cuanto el accionante contaba con mecanismos ordinarios y extraordinarios idóneos para
cuestionar la irregularidad procesal alegada -en particular, la solicitud de nulidad procesal
y el recurso extraordinario de revisión- y, además, la irregularidad advertida ya estaba
siendo corregida dentro del proceso ordinario por el juez natural mediante el trámite de
nulidad previsto en el artículo 133 del Código General del Proceso, el cual se encontraba
en curso, evidenciando que la vía judicial ordinaria seguía siendo eficaz para la garantía
del debido proceso.
26. Finalmente, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Educación Distrital, por no tener
participación alguna en la actuación judicial reprochada, razón por la cual las desvinculó
del trámite.
D. Impugnación
27. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso impugnación11.
28. En cuanto al requisito de inmediatez, sostuvo que el a quo aplicó de manera errónea
dicho presupuesto al tomar como punto de referencia la fecha de expedición de la
sentencia ordinaria, pese a que esta nunca fue notificada al Municipio de Soacha. Indicó
9 Samai, índice 36 de expediente de tutela de primera instancia.
10 Samai, índice 38 de expediente de tutela de primera instancia.
11 Samai, índice 42 de expediente de tutela de primera instancia.
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que el conocimiento real de la decisión solo se produjo cuando fue requerido para atender
su cumplimiento, momento a partir del cual la entidad actuó de inmediato. Explicó que
exigir el cómputo desde una providencia desconocida contradice la jurisprudencia
constitucional que ordena flexibilizar la inmediatez cuando el afectado no pudo accionar
por razones objetivas, como la ausencia absoluta de notificación.
29. Respecto de la subsidiariedad, afirmó que el Tribunal valoró de manera insuficiente
la existencia de mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa, sin verificar si estos
eran efectivamente utilizables por la entidad accionante. Sostuvo que la falta absoluta de
notificación del auto admisorio impidió la conformación válida de la relación procesal y,
en consecuencia, privó al municipio de cualquier posibilidad real de ejercer contradicción,
como interponer recursos o acudir al mecanismo extraordinario de revisión. En tal
escenario, los medios judiciales identificados por el a quo no podían considerarse
idóneos, pues nunca estuvieron a disposición material del ente territorial, lo que torna
procedente la intervención del juez constitucional.
30. Añadió que el trámite de nulidad oficiosa anunciado por el Juzgado Noveno
Administrativo quedó en un limbo procesal, pues hasta el momento, no ha generado la
corrección efectiva del defecto procedimental alegado. Por tal motivo, sostuvo que la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia persiste.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 17
de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la petición de amparo.
G. Análisis de la Sala
33. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone
de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe
ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de concurrir, concederá el amparo impetrado.
34. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
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ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
35. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable, es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.
36. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.
37. En el caso concreto, el Municipio de Soacha pretende que se declare la nulidad de
la actuación procesal surtida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00, desde el auto admisorio de la
demanda inclusive, por no habérsele notificado en debida forma, lo que le impidió ejercer
su derecho de defensa.
38. De entrada, al igual que el a quo, la Sala encuentra que la pretensión del demandante
no puede ser estudiada de fondo, toda vez que se incumple el requisito de procedibilidad
alusivo a la subsidiariedad.
39. En primer lugar, la Sala encuentra probado que el Municipio de Soacha, si bien fue
demandado dentro del proceso en el que se dictó la providencia que se discute en sede
de tutela, no fue notificado del auto admisorio de la demanda, por lo cual no tuvo
oportunidad de enterarse de la existencia del proceso, sino hasta el momento en que la
parte actora le solicitó el cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida en su
contra.
40. Frente a lo anterior, se tiene que la falta de notificación del auto admisorio de la
demanda, en legal forma, configura la causal de nulidad contenida en el numeral 8 del
artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, de conformidad con el artículo 134
de esa norma, se puede debatir en la diligencia de entrega, como excepción a la
ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión. En este sentido la doctrina
sostiene:
Ciertamente, la posibilidad de alegar la nulidad después de proferida la sentencia de
primera instancia queda abierta únicamente si se apeló de aquella, con el fin de que
el superior pueda analizar tal aspecto aun en el evento de que la apelación no verse
directamente sobre la nulidad, porque no le es dable al inferior entrar a considerar
ese tipo de petición luego de dictada la sentencia si se apeló de ella debido a que
pierde la competencia para hacerlo una vez otorgado el recurso, dado que tan solo
la conserva, por excepción, para la práctica de medidas cautelares y ciertas
actividades de cumplimiento de ella.
Si no se interpuso recurso, o si la sentencia no lo admite queda ejecutoriada y
sólo se podrá alegar la nulidad dentro de algunas de las oportunidades que el artículo
134 prevé o mediante el empleo del recurso de revisión, lo cual es igualmente
predicable para las hipótesis en las que se quiera alegar la nulidad luego de la
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sentencia de segunda instancia, donde, además, existe otra posibilidad adicional
y es la pedir la nulidad a través del recurso de casación en los procesos donde está
permitido tal medio de impugnación.
Las ocasiones adicionales al proferimiento y ejecutoria de la sentencia que permite
el artículo 134 para alegar las nulidades, conciernen con la causal de la indebida
representación o emplazamiento, que puede alegarse también dentro de la etapa
propia de la ejecución de la sentencia como excepción dentro de la diligencia de
entrega, determinación que es apenas lógica pues dada la índole de la causal es
perfectamente posible que el obligado tan solo se venga a enterar de la
existencia del proceso ya en la etapa de cumplimiento de la sentencia, de ahí
la razón de permitirle, ahora que lo conoce, hacer valer esas específicas
irregularidades que determinaron que no pudiera defenderse a cabalidad
dentro del desarrollo de aquél, pero no otras causales diversas. […]12.
41. De esta manera, la Sala advierte que el artículo 13413 del CGP erige una causal de
revisión de la sentencia que le permite al demandado que no fue notificado del auto
admisorio de la demanda y que no pudo alegar la nulidad por indebida notificación antes
de la terminación del proceso, acudir al mecanismo extraordinario de revisión según lo
complementa el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
42. Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión 14 es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento
jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial15.
43. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa
del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, la mayoría de las
causales del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 25016 de la Ley
12
López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso: Parte General. Bogotá, DUPRE Editores,
2019. Páginas.963-964.
13 ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la
originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de
entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo
alegar por la parte en las anteriores oportunidades…
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P.
María Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
15 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia
del 30 de noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente
N° 1999-0207, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
16 «Artículo 250. C. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
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1437 de 2011 tienen que ver justamente con vicios de naturaleza procesal, mas no
sustancial, como ocurre, por ejemplo, con la causal de revisión denominada «nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso
de apelación». Según lo ha entendido la Sala Plena de esta Corporación17, la causal de
revisión mencionada está ligada a las causales de nulidad procesal del artículo 140
C.P.C. (hoy artículo 133 del C.G.P)18.
44. Es decir, se trata de irregularidades procesales que surgen, justamente, con la
expedición de la sentencia y que, como no son pasibles del recurso de apelación, pueden
cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión, por tratarse de la nulidad
originada en la sentencia. Esto es, la causal está prevista para proteger el debido proceso
que fue desconocido al momento en que se dictó la sentencia, que es el momento en
que se advierte la violación.
45. Esta Corporación, en sentencia de Sala Plena del 8 de mayo de 2018, recopiló y fijó
el alcance de la causal de revisión alusiva a la nulidad originada en la sentencia
señalando que:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia19, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada». (se destaca).
17
Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente No. REV-93. M.P. Mario Alario Méndez. En sentido
similar, ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia del 20 de abril de 2004. Expediente No.
11001-03-15-000-1996-0132-01 (REV). M.P. María Inés Ortiz Barbosa; (ii) sentencia del 9 de marzo de
2010. Expediente No. 11001-03-15-000-2002-1024-01. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (e), y (iii)
sentencia del 31 de mayo de 2011. Expediente No. 11001-03-15-000-2008-00294-00. M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
18
A cuyo tenor: «el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la
práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su
traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado (…)» (se destaca).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,
Rad. REV-080. Cita original de la sentencia.
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sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta20, vi) cuando se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión21
o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de
votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación22.23 24
46. No obstante, aclaró la Sala Plena que podrían existir eventos distintos a los allí
señalados donde también encuadre la causal de nulidad originada en la sentencia, como
cuando se dicten sentencias inhibitorias de manera injustificada u otras hipótesis de
violación al debido proceso, por cuenta del artículo 29 constitucional. En esa medida, la
providencia fue enfática en negar el carácter taxativo del alcance de la causal en estudio:
6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia.
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de
nulidades originadas en sentencia25, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos
los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las
circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura
la causal de revisión alegada. 26
47. Bajo ese entendimiento, la Sala considera que la situación que aquí se estudia -la
falta de notificación del auto admisorio de la demanda- cuenta con mecanismos
específicos de corrección previstos por el legislador, disponibles para la entidad
accionante incluso después de la ejecutoria de la sentencia. En efecto, el artículo 134
del Código General del Proceso establece que la nulidad por falta de notificación puede
alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia; y
de no ser posible su planteamiento en esas oportunidades, procede su discusión
mediante el recurso extraordinario de revisión, conforme lo prevé el artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011. En ese sentido, el debate que se propone en sede de tutela
corresponde a uno que puede y debe ventilarse a través del recurso de revisión, sin que
la acción constitucional pueda desplazar los instrumentos procesales diseñados por el
legislador para tal fin. Se reitera: el Código General del Proceso, en su artículo 134,
prescribe:
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998,
Rad. REV-093. Cita original de la sentencia.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-
1998-00170. Cita original de la sentencia.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad.
REV-062. Cita original de la sentencia.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011,
Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00. Cita original de la sentencia.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,
Rad. 11001 03-15-000-1998-00153-01 (REV) C.P. Alberto Yepes Barreiro.
25 Resumidos en la página 16 de esta providencia. Cita original de la sentencia.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,
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La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en
legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá
también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución
de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la
parte en las anteriores oportunidades.
48. En consecuencia, aun cuando la falta de notificación del auto admisorio de la
demanda constituye una irregularidad procesal relevante, dicha circunstancia no habilita
per se la intervención del juez constitucional, por cuanto el ordenamiento prevé
mecanismos específicos, idóneos y actualmente disponibles para controvertirla. La
accionante no demostró que tales vías resultaran ineficaces o impracticables en su
situación particular, ni acreditó que hubiese desplegado gestiones mínimas para activar
alguno de ellos. En estas condiciones, la acción de tutela sustituiría de manera indebida
los instrumentos procesales diseñados por el legislador para corregir el vicio procesal
alegado.
49. Tampoco pasa inadvertido para la Sala que, aunque el Juzgado Noveno
Administrativo manifestó inicialmente su intención de promover el trámite de nulidad,
dicha actuación no podía prosperar en tanto la sentencia se encontraba ejecutoriada y el
ordenamiento procesal no faculta al juez natural para declarar de oficio una nulidad en
esa etapa. Con mayor razón, la existencia de un eventual anuncio no suple ni excluye
los mecanismos taxativamente previstos en el artículo 134 del Código General del
Proceso, los cuales continúan siendo los medios idóneos para controvertir la
irregularidad planteada.
50. Finalmente, la Sala considera que si bien puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación
amerite la intervención urgente del juez de tutela, en este caso, no se encuentra que se
cumplan los presupuestos para el efecto. A juzgar por los fundamentos propuestos en la
solicitud de amparo, aunque se intenta justificar la violación del derecho al debido
proceso bajo la arista de las garantías de contradicción y defensa, la argumentación del
perjuicio irremediable es netamente económica, patrimonial, sin una trascendencia
iusfundamental para que la Sala desconozca la existencia de otros mecanismos para
evitar los hipotéticos perjuicios temidos. Así se lee en la solicitud de tutela:
En el presente caso, la solicitud de cumplimiento de una sentencia judicial emitida sin
haberse notificado debidamente al Municipio de Soacha, y cuya ejecutoria se
desconoce por completo hasta la petición de pago, expone a la entidad territorial a la
consolidación de efectos gravemente lesivos - económicos y jurídicos - sin que haya
tenido oportunidad de ejercer defensa.
(…)
En la actualidad, la parte actora ha solicitado el cumplimiento forzoso del fallo, lo que
podría derivar en afectaciones patrimoniales graves e irreversibles para el Municipio
de Soacha, sin que se haya verificado aún la validez de las actuaciones procesales
que dieron lugar a dicha condena.
(…)
5. Riesgo de consolidación de un perjuicio irremediable
La ejecución de la sentencia cuestionada podría producir el pago forzoso de sumas
de dinero desde recursos públicos sin que exista una decisión judicial legítimamente
contradicha ni una participación procesal de la entidad afectada. De allí que,
conforme a la jurisprudencia de la T-055 de 2021, se solicite además la suspensión
provisional de sus efectos hasta que se resuelva de fondo la presente acción de
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tutela.
51. De lo anterior se sigue que, como en últimas lo que se pretende es construir un
supuesto perjuicio irremediable derivado del pago de una suma de dinero que habría de
efectuar el accionante a la señora Sonia Cárdenas Corredor, esa circunstancia no
constituye per se un daño inminente, urgente, grave e impostergable, pues la acción de
tutela no fue instituida para resolver debates económicos que no impliquen un riesgo
cierto y real de afectación a los derechos fundamentales, justamente para no vaciar la
competencia de los jueces naturales ni de los procesos y procedimientos preestablecidos
en el ordenamiento jurídico para resolver una situación o un hecho con trascendencia
jurídica que deba someterse al examen de un juez o autoridad competente.
52. En palabras de la Corte Constitucional: «la prosperidad de la acción de tutela por la
existencia de un perjuicio irremediable debe valorarse en relación con la afectación o
amenaza de un derecho ius fundamental y no frente a las consecuencias comerciales o
económicas que le resulten adversas al accionante»27
53. La acción de tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio de quien
afirma tener una decisión contraria a sus intereses menos aún si no acredita que haya
hecho uso de los mecanismos contenidos en la legislación para conjurar cualquier
afectación producida dentro del trámite del proceso.
54. Continuando con los cargos de la impugnación, en relación con el cuestionamiento
planteado frente al requisito de inmediatez, la Sala considera innecesario abordar dicho
aspecto, por cuanto la improcedencia de la acción de tutela se configura de manera
suficiente a partir del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, el cual constituye
un presupuesto autónomo y prevalente de procedibilidad en el control constitucional de
providencias judiciales. Aun si se aceptaran los argumentos expuestos por la parte actora
respecto al momento de conocimiento efectivo de la sentencia ordinaria, ello no enervaría
la existencia de los mecanismos judiciales idóneos ya identificados ni habilitaría, por sí
solo, la intervención del juez de tutela.
55. En cuanto al planteamiento según el cual la nulidad anunciada por el Juzgado
Noveno Administrativo se encontraría en un estado de indefinición que justificaría la
procedencia del amparo, la Sala observa que dicho anuncio carecía de aptitud jurídica
para corregir la irregularidad, pues el juez natural no conserva competencia para declarar
oficiosamente una nulidad una vez ejecutoriada la sentencia. Por tanto, la sola existencia
de manifestaciones preliminares no desvirtúa la disponibilidad de los mecanismos
judiciales previstos por la ley para estos eventos.
56. La eventual ausencia de definición frente a ese anuncio no convierte a la acción de
tutela en un mecanismo alternativo de control. La corrección del defecto planteado se
encuentra regulada de manera expresa por el legislador mediante las oportunidades
procesales del artículo 134 del CGP y, en su caso, el recurso extraordinario de revisión.
Permitir que la tutela sustituya tales mecanismos implicaría desplazar la competencia del
juez natural y desconocer la regulación procesal prevista para resolver este tipo de
irregularidades.
27Corte Constitucional, sentencia T-978 de 2006.
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57. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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