Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00593-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00593-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00593-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
28 de agosto de 2025
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00593-01
Demandante: Ingris Concepción Badel Cardona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 28 de agosto de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00593-01
Demandante: INGRIS CONCEPCIÓN BADEL CARDONA
Demandado: JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Temas: Contra auto que dio por terminado un incidente de desacato.
Procedencia de la acción de tutela. Defecto procedimental absoluto y
fáctico. Confirma amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) contra la sentencia del 30 de julio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que resolvió:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia que fueron transgredidos por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Dejar sin efectos el auto de 2 de julio de 2025, proferido por el Juzgado Veinticuatro (24)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el trámite incidental de desacato dentro del proceso de
tutela bajo radicado 11001-33-35-024-2025-00088-00.
TERCERO. En consecuencia, ordenar a la referida autoridad judicial que decida nuevamente de fondo,
teniendo en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
(…)
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 21 de julio de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Ingris Concepción Badel Cardona pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de petición y a la seguridad
social.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 2 de julio
de 2025, dictado por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, por medio del cual se dio
por terminado un incidente de desacato iniciado en la acción de tutela con radicado
11001-33-35-024-2025-00088-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Conceder la tutela para amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la administración
de justicia, a la petición y a la seguridad social de Ingris Concepción Badel Cardona.
2. Revocar o dejar sin efectos jurídicos del Auto de 2 de julio de 2025, por medio del cual el Juzgado 24
Administrativo dio por terminado el incidente de desacato, por violar las garantías constitucionales
citadas.
3. Ordenar al Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá que continúe con el trámite del incidente
de desacato, requiriendo nuevamente a COLPENSIONES y PORVENIR para que realicen las
actuaciones necesarias para el cumplimiento material del fallo del 15 de mayo de 2025.
Específicamente, que COLPENSIONES informe con detalle los periodos actualizados y aporte
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evidencia en los sistemas de afiliación, y que ambas entidades gestionen efectivamente la
determinación de cotizaciones faltantes, tal como ordenó el Tribunal.
4. Imponer sanciones de desacato en caso de persistir la renuencia de las entidades al cumplimiento
efectivo, en los términos legales y constituidos (art. 52 D. 2591), incluyendo la posibilidad de remitir el
caso al superior jerárquico de los funcionarios responsables.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. La acción de tutela con 11001-33-35-024-2025-00088-00/01.
La señora Ingris Concepción Badel Cardona presentó acción de tutela contra
Colpensiones, para que se protegieran sus derechos fundamentales de petición, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la pensión. En consecuencia, pidió que se ordenara
a Colpensiones actualizar y registrar todas las semanas que había cotizado.
La tutela se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-024-2025-00088-00 y correspondió
al Juzgado 24 Administrativo de Bogotá que, por sentencia del 1 de abril de 2025, declaró
improcedente la solicitud de amparo.
Inconforme, la señora Badel Cardona impugnó, luego, por sentencia del 15 de mayo de
2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, revocó
la decisión impugnada, para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la
tutelante y ordenar al representante legal de Colpensiones que, en el término de cinco
días hábiles contados a partir de la notificación de esa providencia, informara a la
accionante si los ciclos 2006-03, 2006-09 a 2006-11, 2007-12 y 2008-01 estaban
correctos o no, que en el caso de contener errores, debía adelantar las gestiones
pertinentes para la correspondiente actualización.
Adicionalmente, ordenó a los representantes legales de Colpensiones y de la AFP
Porvenir S.A. que, en el mismo plazo, adelantaran las acciones correspondientes para
determinar la cotización de los periodos 2006-04 a 2006 – 08, 2006 – 12, 2007 – 02 y
2009 – 10, sin trasladar esa obligación a la tutelante.
3.2. Trámite de incidente de desacato.
El 29 de mayo de 2025, la señora Badel Cardona promovió incidente de desacato.
Posteriormente, el 25 de junio de 2025, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá requirió
a los representantes legales de Colpensiones y de la AFP Porvenir S.A. para que
rindieran informe de cumplimiento de la sentencia del 15 de mayo de 2025.
El 26 de junio de 2025, Colpensiones rindió informe en el que señaló que a través del
oficio 2025_10830778 del 28 de mayo de 2025 había comunicado a la tutela que realizó
la devolución de unos aportes a la AFP Porvenir y que le había pedido a esa entidad
retornara unos saldos restantes, que ese trámite tardaba 120 días, que posterior a ello,
se actualizaría su historia laboral y que para ello contaba con un término de 4 meses
contados a partir de que Porvenir efectuara el retorno de los saldos mencionados.
El 27 de junio de 2025, la AFP Porvenir S.A. rindió informe de cumplimiento, en el que
dijo que había comunicado a la accionante que había verificado y actualizado los periodos
indicados en la sentencia del 15 de mayo de 2025.
El 2 de julio de 2025, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá dio por terminado el
incidente de desacato, al estimar que la orden de tutela había sido cumplida.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En cuanto al fondo del
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asunto, alegó que el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá incurrió en los siguientes vicios
de fondo:
Defecto procedimental absoluto porque la autoridad judicial demandada solo había
agotado la primera parte del trámite incidental y lo dio por terminado sin verificar el
cumplimiento real de la orden de tutela.
Dijo que no se ordenó la práctica de pruebas y que no se demostró el cumplimiento
efectivo de la sentencia del 15 de mayo de 2025. Que en el trámite incidental no se
comprobó que su historial laboral estuviere debidamente actualizado.
Defecto fáctico debido a que, a su juicio, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá carecía
del apoyo probatorio para tener por cumplida la sentencia del 15 de mayo de 2025 y para
dar por terminado el incidente de desacato.
Señaló que de la orden de tutela se podía extraer que Colpensiones debía informar si los
reportes estaban correctos y adelantar las gestiones pertinentes para su actualización,
que, además, junto con la AFP Porvenir S.A., debían adelantar acciones para determinar
la cotización de periodos específicos.
Que, sin embargo, Colpensiones se había limitado a informar que inició la reclamación
jurídica 139902 que podía tardar hasta 120 días. Que no se habían aportado medios de
convicción que acreditaran la actualización de los ciclos ordenados ni las cotizaciones
faltantes. Que solo se había aportado información de procesos internos que no
demostraban el cumplimiento de la sentencia de tutela.
Que el informe rendido por Colpensiones había sido proferido antes de que se iniciara el
incidente de desacato, que, en ese orden, Colpensiones no había intervenido y la
autoridad judicial demandada dio validez a su informe, en el que solo se comunicó el
inicio de trámites internos que no tenía relación directa con las órdenes impartidas en la
sentencia del 15 de mayo de 2025.
5. Intervenciones
El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá hizo un recuento de las actuaciones surtidas
en la acción de tutela 11001-33-35-024-2025-00088-00/01, para señalar que no había
vulnerado los derechos fundamentales de la señora Balde Cardona y que el auto del 2
de julio de 2025 no había incurrido en los defectos alegados por la tutelante.
Manifestó que, el hecho de que la respuesta ofrecida por Colpensiones se hubiere
remitido antes de iniciarse el incidente, no constituía fundamento para afirmar que se
había incumplido la sentencia de tutela.
Que en la sentencia del 15 de mayo de 2025 no se había ordenado la actualización
inmediata ni la determinación definitiva de las cotizaciones, que, se había dispuesto
adelantar las gestiones correspondientes para tales fines, sin trasladar esa carga a la
tutelante. Que el incidente de desacato no era un trámite para que la señora Balde
Cardona cuestionara lo decidido en la sentencia del 15 de mayo de 2025.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) solicitó que se
denegara la solicitud de amparo, porque las pretensiones eran improcedentes y,
subsidiariamente, que se declarara improcedente la acción de tutela, porque no se
configuraron los defectos alegados.
Dijo que no tenía trámites pendientes por resolver, porque había cumplido lo ordenado
en el fallo de tutela 15 de mayo de 2025. Que no ha vulnerado los derechos
fundamentales reclamados por la parte actora. Que la acción de tutela debía ser
declarada improcedente porque existía cosa juzgada, debido a que la autoridad judicial
demandada ya había estudiado las alegaciones de la demandante.
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La AFP Porvenir S.A. no se pronunció, pese a que fue debidamente notificada.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
la señora Badel Cardona, dejó sin efectos el auto del 2 de julio de 2025 dictado por el
Juzgado 24 Administrativo de Bogotá y ordenó que se decidiera nuevamente el incidente
de desacato.
Explicó que la autoridad judicial demandada había incurrido en defecto fáctico, porque la
decisión cuestionada se había fundamentado en pruebas que no resultaban suficientes
para acreditar el cumplimiento de la sentencia del 15 de mayo de 2025.
7. Impugnación
La Colpensiones impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que el auto demandado
no incurrió en defecto fáctico ni vulneró los derechos fundamentales reclamados.
Manifestó que en la decisión cuestionada se aplicaron las normas, preceptos
constitucionales y la jurisprudencia relacionada con el asunto, y que la autoridad judicial
demandada no trasgredió los derechos fundamentales de la tutelante.
Que la acción de tutela era improcedente porque se utiliza como una tercera instancia.
Reiteró el argumento relacionado con la existencia de la cosa juzgada.
Por último, señaló que no se debieron amparar los derechos fundamentales de la señora
Badel Cardona, porque se afectaría el patrimonio público como derecho colectivo. Que
decidir de fondo las pretensiones de la accionante invadían la órbita del juez ordinario y
su autonomía, que, además, excedía las competencias del juez constitucional, debido a
que no se probó la vulneración de derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio
irremediable.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
Colpensiones, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Ingris Concepción Badel Cardona.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto fáctico al dictar el auto del 2 de julio de 2025, por indebida
valoración probatoria de los informes rendidos por Colpensiones y la AFP Porvenir S.A.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato; (ii) la verificación de
los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias que resuelven
incidentes de desacato; (iii) el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
y (iv) análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
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se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes
de desacato, que es lo que se discute en este caso:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar
mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de
tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional
de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por
él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio.
A partir de lo anterior, la Sala procede a estudiar la procedencia de la acción de tutela
contra la providencia judicial que dio por terminado el incidente de desacato.
3. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias que resuelven incidentes de desacato
A continuación, la Sala verifica si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que resuelven incidentes de desacato.
El trámite se encuentra finalizado porque, a través del auto del 2 de julio de 2025,
dictado por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, se cerró el incidente de desacato de
la acción de tutela con radicado 11001-33-35-024-2025-00088-00/01.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que no se
trata de una cuestión patrimonial, sino de la verificación del cumplimiento de una orden
de tutela y la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, de petición y a la seguridad social de la parte
actora.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente de la tutela 11001-33-35-024-2025-00088-00/01, el auto del
2 de julio de 2025, dictado por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá se notificó el 4 de
julio de 2025, y la demanda de tutela fue radicada el 21 de julio de 2025, esto es, 17 días
después término que no supera los seis meses fijados por la Sala Plena de esta
Corporación para presentar acciones de tutela.
Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que la
demandante promovió incidente de desacato, por auto del 2 de julio de 2025, el Juzgado
24 Administrativo de Bogotá lo dio por terminado y contra esa decisión no proceden
recursos.
Así mismo, se advierte que la parte actora identificó de manera razonable los hechos
y los motivos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de un defecto procedimental absoluto y fáctico.
Los argumentos de la acción de tutela son consistentes con lo planteado en el
incidente de desacato, pues señalan que la orden de tutela del 15 de mayo de 2025 no
ha sido cumplida. Tampoco se solicitan nuevas pruebas.
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4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por
parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley contempla
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para
sancionar a los responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de
cumplimiento del fallo1 y el desacato2. El juez constitucional deberá determinar si existe
o no incumplimiento de la orden de tutela3, y para ello, le corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de
acciones positivas orientadas al cumplimiento.
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional4 ha establecido una metodología
para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera
instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado de cumplimiento de
la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de
gestión diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para
garantizar su cumplimiento.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el
funcionario actuó de manera culposa o dolosa5. El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de
tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de 2018, que
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela
para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede presumirse
la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere
decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de
las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento.
5. Análisis del caso concreto
La Sala observa que el 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, revocó la sentencia de primera instancia del 1 de abril de
2025 proferida por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá en la acción de tutela con
radicado 11001-33-35-024-2025-00088-00. En consecuencia, amparó los derechos
fundamentales de petición, habeas data y a la seguridad social de la señora Ingris
Concepción Badel Cardona y ordenó:
1 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
2 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción.
3 Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
4 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
5 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia».
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SEGUNDO: ORDENAR al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente providencia, informe a la accionante si los ciclos 2006-03, 2006-09 a 2006-11, 2007-12 y 2008-
01 están correctos o no y en tal caso de presentar errores, deberá́ adelantar las gestiones pertinentes
para su actualización.
TERCERO: ORDENAR al representante legal de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES y de la AFP Porvenir S.A. que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir
de la notificación de la presente providencia, adelanten las acciones correspondientes para determinar
la cotización de los periodos 2006-04 a 2006 – 08, 2006 – 12, 2007 – 02 y 2009 – 10, sin trasladar dicha
obligación a la señora Ingris Badel”.
El 28 de mayo de 2025, la directora de asuntos constitucionales de Colpensiones rindió
informe de cumplimiento, en el que señaló que a través del oficio 2025_10830778
comunicó a la tutelante el estado de sus aportes.
Dijo que la señora Balde Cardona se había trasladado al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad (RAIS) el 20 de enero de 2006 y que había regresado al Régimen de
Prima Media con Prestaciones Definidas (RPM) el 1 de agosto de 2014.
Que los ciclos 200603, 200609, 200610, 200611, 200701, 200702, 200712, 200801 y
200910 habían sido pagados a Colpensiones, por lo que procedió a realizar la devolución
a la AFP Porvenir, porque esos aportes le habían sido pagados cuando la tutelante
pertenecía al RAIS.
Que había solicitado el traslado de los ciclos 200603, 200609, 200610, 200611, 200701,
200702, 200712, 200801 y 200910 a la AFP Porvenir, para que la parte del aporte que
debía volver al RPM fuera retornada y pudiera quedar consolidada la historia laboral de
la señora Badel Cardona, que ese proceso tardaba 120 días.
Que, posterior a ello, el fondo de pensiones debería efectuar la actualización de la historia
laboral, en un periodo de 4 meses, contados a partir de la fecha de devolución. Que sobre
los ciclos 200604, 200605, 200606, 200607, 200608 y 200612 había requerido a Porvenir
para que realizara la validación y/o actualización de esos aportes.
Que, por lo anterior, la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante se
encontraba superada y que, en consecuencia, se debía declarar el cumplimiento del fallo
de tutela.
El 29 de mayo de 2025, la señora Badel Cardona promovió incidente de desacato, al
estimar que Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. no habían cumplido la orden de tutela
del 15 de mayo de 2025.
El 25 de junio de 2025, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá requirió a los
representantes legales de Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. para que, en el término
de 48 horas contados a partir de la notificación de esa providencia, rindieran informe de
cumplimiento de la sentencia del 15 de mayo de 2025.
El 26 de junio de 2025, Colpensiones rindió informe en el que manifestó que a través del
oficio 2025_10830778 del 28 de mayo de 2025, había cumplido la orden de tutela, por lo
que pidió que se cerrara el trámite incidental.
Lo propio hizo AFP Porvenir, que dijo que, el 25 de junio de 2025, había informado a la
tutelante que verificó y actualizó los periodos indicados en la sentencia del 15 de mayo
de 2025, que, además, había trasladado toda la información a Colpensiones y la había
cargado en el sistema de información de los afiliados a los fondos de pensiones SIAFP.
Que la historia laboral había sido actualizada, porque se habían incluido los aportes de
los periodos 2006/02, 2006/09, 2006/10, 2006/11, 2007/02 y 2009/10. Que no se había
evidenciado pago correspondiente a los periodos 2006/04, 2006/08 y 2006/12. Que, en
consecuencia, se debía ordenar el archivo de la diligencia.
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00593-01
Demandante: Ingris Concepción Badel Cardona
El 2 de julio de 2025, el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá dio por terminado el
incidente de desacato promovido por la señora Badel Cardona. En esa ocasión, la
autoridad judicial demandada trascribió apartes de los informes rendidos por
Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. y concluyó que la sentencia del 15 de mayo de 2025
había sido acatada en su integridad.
Ahora bien, en la sentencia de primera instancia dictada en la presente acción
constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, dejó sin efectos el auto del 2 de julio de 2025, al estimar que había incurrido en un
defecto fáctico, debido a que el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá se limitó a constatar
la existencia formal de comunicaciones remitidas por Colpensiones y la AFP Porvenir
S.A., sin realizar una verificación sustancial y concreta de las actuaciones desplegadas
para el cumplimiento de la sentencia del 15 de mayo de 2025.
De lo expuesto previamente, la Sala encuentra, en efecto, la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto fáctico, porque no realizó una valoración adecuada de los
informes de cumplimiento rendidos por Colpensiones y la AFP Porvenir S.A., puesto que,
se limitó a trascribir lo manifestado por esas entidades, sin verificar si acreditaban un
cumplimiento efectivo la sentencia de tutela del 15 de mayo de 2025 que permitiera
concluir, como lo hizo, que había sido acatada en su integridad.
Como se vio, en el informe de cumplimiento que rindió Colpensiones solo señaló que
había solicitado el traslado de unos ciclos a Porvenir, sin indicar si esos ciclos eran
correctos o no, ni detalló las actuaciones que desplegaría para su corrección, como se
ordenó en la sentencia del 15 de mayo de 2025. Pues se limitó a señalar que había pedido
a la AFP la devolución de los ciclos, se insiste, sin informar si eran correctos o no, es
decir, no se advierte que se le haya comunicado a la tutelante un resultado concreto de
la revisión de los ciclos que fueron objeto de pronunciamiento en la mencionada
sentencia.
Por otro lado, frente a la segunda orden emitida en el fallo del 15 de mayo de 2025, la
Sala observa que los informes rendidos por Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. no
daban cuenta de medidas específicas desplegadas relacionadas con la ausencia de
cotización de los ciclos 2006/04, 2006/08 y 2006/12 ni de gestiones para su incorporación.
Los informes de Colpensiones y la AFP Porvenir solo comunicaron que se compartieron
información sobre algunas cotizaciones de la señora Badel Cardona, sin embargo, de los
mismos no se advierte el cumplimiento absoluto de la orden de tutela.
La ausencia de la valoración detallada de los informes frente a las órdenes impartidas en
la sentencia de tutela del 15 de mayo de 2025 condujo a la autoridad judicial demandada
a concluir que el elemento objetivo (cumplimiento) se encontraba acreditado por lo que
desestimó el incidente de desacato. Esa razón permite a la Sala concluir que, en efecto,
incurrió en defecto fáctico y se debe confirmar la providencia impugnada.
No obstante, la Sala debe señalar que el amparo que se confirmará no obliga al Juzgado
24 Administrativo de Bogotá, a imponer sanción por desacato, pues al decidirlo
nuevamente debe verificar que se encuentren acreditados los elementos objetivo y
subjetivo necesarios para imponer una eventual sanción, de modo que deberá estudiar
la responsabilidad objetiva y subjetiva de los funcionarios encargados de cumplir la
mencionada sentencia de tutela del 15 de mayo de 2025, el allanamiento a las órdenes
y la existencia de acciones positivas orientadas al cumplimiento.
La Sala debe señalar que, la verificación del incumplimiento de un fallo de tutela no es
suficiente para concluir que en el asunto se configuró responsabilidad subjetiva, no
pueden la autoridad judicial demandada imponer sanciones por desacato con la sola
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00593-01
Demandante: Ingris Concepción Badel Cardona
verificación del incumplimiento y la identificación del funcionario que debía cumplir la
orden de tutela. En esa medida, se insiste, se debe analizar la existía, dolo, culpa o
negligencia por parte de los funcionarios que deben cumplir la orden de tutela.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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