Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00651-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00651-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00651-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 25000-23-15-000-2025-00651-01
Accionante: ADRIANA YOLANDA GALINDO NOSA
Autoridad: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido
el 8 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la
accionante contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 25 de julio de 2025, Adriana Yolanda Galindo Nosa, en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y al trabajo, que considera vulnerados por la
autoridad accionada al haber expedido el auto del 22 de julio de 2025, mediante el cual
se que resolvió desfavorablemente los recursos de reposición y apelación contra la
suspensión del proceso ejecutivo promovido por la accionante contra la Subred Sur
E.S.E., identificado con Rad. No. 11001-33-35-009-2023-00055-00.
Planteó las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con errores):
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
«1. Que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y al trabajo de la señora ADRIANA
YOLANDA GALINDO NOSA vulnerado por el despacho judicial
accionado al mantener la suspensión del proceso ejecutivo laboral
fundado en una sentencia laboral ejecutoriada.
2. Que se deje sin efectos el auto del 22 de julio de 2025 proferido por el
Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que resolvió
desfavorablemente los recursos de reposición y apelación contra la
suspensión del proceso ejecutivo, incurriendo en una vía de hecho por
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y aplicación
indebida del derecho.
3. Que se ordene al juzgado accionado levantar la suspensión del
proceso ejecutivo laboral promovido por el accionante contra la Subred
Sur E.S.E., y continuar su trámite hasta su culminación efectiva,
garantizando el cumplimiento de la sentencia judicial.
4. Que se ordene al despacho judicial accionado que, en desarrollo del
proceso ejecutivo, verifique la naturaleza de los fondos de las cuentas
bancarias de entidad ejecutada, certificando si dichas cuentas han sido
utilizadas para el pago sentencias laborales, conciliaciones judiciales o
extrajudiciales y pagos de seguridad social y prestaciones sociales.
5. Que se ordene la emisión de un oficio de cumplimiento inmediato de
la sentencia laboral, sin supeditar el proceso a medidas administrativas
o actos internos como el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, por
no constituir causal legal de suspensión según lo ha establecido el».
2. Hechos relevantes
El 5 de enero de 2023, Adriana Yolanda Galindo Nosa inició un proceso ejecutivo laboral
con el objetivo de obtener el cumplimiento de una sentencia judicial en firme que
reconocía derechos laborales a su favor, derivados de una sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho proferida en su beneficio contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., entidad que debía cumplir con el pago de las acreencias
laborales reconocidas judicialmente. El asunto correspondió al Juzgado 9 Administrativo
del Circuito de Bogotá y se identificó con el Rad. No. 11001-33-35-009-2023-00055-00.
El 3 de diciembre de 2024, estando el proceso para pronunciarse sobre la contestación
de la demanda ejecutiva, el juzgado accionado profirió auto en el que suspendió el
proceso. Se afincó en que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicitó
la suspensión, con fundamento en la Resolución 980 de 2024 mediante la cual el
Ministerio de Hacienda categorizó el riesgo de la Subred como «medio», lo cual implica
que deben aplicarse los artículo 8 y 9 de la Ley 1966 de 2019, las cuales ordenan
suspender los procesos ejecutivos en curso contra las Empresas Sociales del Estado que
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
adopten un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), que deben acoger las
entidades en riesgo económico. Contra dicha providencia, la accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
El 2 de julio de 2025, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presentó su
PSFF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 22 de julio de 2025, el despacho judicial accionado resolvió dichos recursos. Declaró
que el recurso de apelación es improcedente, porque el auto que suspende el proceso
no está numerado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA-. Al resolver el recurso de reposición, afirmó que
existe un claro deber legal –consagrado en el artículo 9 de la Ley 1966 de 2019– de
suspender el proceso «hasta que se emita el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público» cuando una Empresa Social del Estado se acoja a un PSFF.
Esta decisión se adoptó sin realizar una «verificación técnica ni jurídica sobre la
naturaleza de los recursos públicos involucrados, ni sobre su posible afectación para el
cumplimiento de sentencias laborales», lo que, a juicio de la accionante, constituye una
actuación arbitraria y contraria al orden constitucional.
3. Fundamentos de la solicitud
La parte actora aseguró que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados, porque incurrieron en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente.
La accionante sostiene que el Consejo de Estado, en auto del 22 de julio de 2025, ha
reiterado que los jueces deben ejercer una dirección activa del proceso y verificar la
naturaleza de los fondos públicos antes de negar medidas cautelares, y que no pueden
limitarse a acoger afirmaciones genéricas de las entidades ejecutadas sobre la
inembargabilidad de sus recursos. En ese sentido, señala que el auto citado revocó una
decisión que había negado una medida cautelar por no verificar adecuadamente la
embargabilidad de los recursos, reafirmando que los PSFF no pueden justificar la
suspensión de procesos ejecutivos laborales.
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
Asimismo, la accionante invoca jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece
que los derechos reconocidos en sentencias judiciales ejecutoriadas deben recibir
protección reforzada, y que su desconocimiento mediante actos administrativos
constituye una forma de denegación de justicia. En particular, menciona las sentencias
C-372 de 2011 y T-048 de 2022, que refuerzan la prevalencia de los derechos laborales
frente a «formalismos administrativos».
Sostiene que el PSFF no constituye una causal de suspensión contemplada en el artículo
317 del Código General del Proceso, y que permitir su uso como fundamento para
paralizar la ejecución de fallos judiciales abriría la puerta a que la administración
neutralice decisiones judiciales definitivas. Por ello, considera que la acción de tutela es
procedente como mecanismo principal ante la inexistencia de recursos judiciales
efectivos para garantizar el cumplimiento de la sentencia laboral.
En el proceso ejecutivo laboral, la accionante ha solicitado el decreto de medidas
cautelares que aseguren el cumplimiento del fallo, por lo que pide al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sede de tutela, imparta las órdenes necesarias
para activar dichas medidas y reanudar el proceso, garantizando los principios de cosa
juzgada, supremacía constitucional y acceso efectivo a la justicia laboral.
4. Trámite de primera instancia
El asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B. Mediante auto del 25 de julio de 20251,
esa autoridad admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá, como demandado. Además, negó la medida
provisional solicitada por la accionante. El 5 de agosto siguiente2, el tribunal dispuso
vincular al proceso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
En su escrito de contestación, la Juez Novena Administrativa del Circuito de Bogotá3
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela. Consideró que los argumentos
de la acción de tutela son, en efecto, cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 9
de la Ley 1966 de 2019, los cuales pueden ser ventilados por otro mecanismo de defensa.
En ese sentido, trajo a colación que la Corte Constitucional ha establecido que «la tutela
1 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: «16ED_AutoAdmite(.pdf)»
2 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: «7ED_009Autoqueresuel_202(.pdf)»
3 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: « 5ED_007_MemorialWeb_Cont(.pdf)»
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
no procede contra actos de carácter general, impersonal y abstracto». Finalmente, puso
a disposición el expediente del proceso ejecutivo, remitiendo al aplicativo SAMAI.
Por su parte, la accionante intervino mediante un escrito de oposición a las medidas de
suspensión del proceso ejecutivo4. En él, precisó en mayor medida sobre los argumentos
de la acción y se opuso a la medida de suspensión del proceso.
En sentencia del 8 de agosto 20255, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B declaró improcedente la acción de tutela, dado que no encontró
satisfechos los requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad y el de alegar una
irregularidad procesal determinante. Consideró que la accionante pretende utilizar este
mecanismo tuitivo como una tercera instancia, para reabrir el debate sobre la
interpretación de la Ley que zanjó el juez natural. Además, afirmó que la accionante no
hizo uso del recurso de queja como mecanismo idóneo para controvertir los rechazos del
recurso de apelación, como ocurrió en este caso. Finalmente, consideró que «[n]o es
factible dilucidar que la decisión tenga un efecto decisivo porque la misma cumplió a
cabalidad con el ordenamiento jurídico».
La parte accionante impugnó la tutela6. En su memorial, puso de presente un hecho
nuevo y «decisivo»: el 5 de agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
contestó un derecho de petición con el oficio No. 2-2025-047724 en el cual dicha cartera
manifestó que:
«La propuesta allegada del PSFF el 2 de julio de 2025 se trata de una
versión preliminar para su validación, la cual se encuentra en revisión
(…) no ha sido aprobada ni declarada viable por este Ministerio».
Para el accionante, esto significa que la condición legal que fundamentó la suspensión
del proceso no existe. Además de ello, el ministerio precisó que el reconocimiento y pago
de pasivos es competencia de la ESE.
El recurso fue concedido mediante auto del 19 de agosto de 20257.
II. CONSIDERACIONES
4 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: «9ED_011_MemorialWeb_Otro(.pdf)»
5 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: «22ED_Sentencia(.pdf)».
6 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: «21ED_Impugnacion(.pdf)».
7 SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo: « 13ED_017Autoqueconced_con(.pdf)».
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
8 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental8. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; (vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Ibidem.
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, desde 2014, los siguientes elementos
para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional10: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben
expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto
de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El extremo accionante plantea que la suspensión del proceso es violatoria de sus
derechos porque condiciona la efectividad de sus derechos laborales y el cumplimiento
10 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
de una sentencia a lo que describe como una «formalidad administrativa». Considera que
la suspensión es contraria a derecho y fue mal aplicada.
La sentencia de primera instancia declaró improcedente el amparo, porque consideró que
el juez cumplió el mandato del artículo 9 de la Ley 1966 de 2019. En esa medida, los
reparos de que ese mandato es contrario a derecho se asemejan a reclamos de
naturaleza constitucional, que pueden ventilarse a través de la acción pública de
inconstitucionalidad. Además, consideró que la accionante tuvo a su disposición el
recurso de queja para impugnar la improcedencia de la apelación.
En la impugnación se reiteran los argumentos y se introduce un hecho nuevo, consistente
en afirmar que lo que se presentó el pasado 2 de julio, antes del auto que negó el recurso
de reposición contra la suspensión original y declaró improcedente la apelación, fue una
propuesta del PSFF, cuya evaluación está en curso en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque considera que no se
satisface el requisito de relevancia constitucional porque es evidente que se está
aplicando un mandato legal.
El artículo 9 de la Ley 1966 de 2019, que se aplica a este caso, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 9º. Aplicación de las medidas del Plan de Saneamiento Fiscal
y Financiero. A partir de la fecha de presentación de los programas de
saneamiento fiscales y financieros que adopten las ESE categorizadas en
riesgo medio o alto, y hasta que se emita el pronunciamiento del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, no podrá iniciarse ningún proceso ejecutivo contra
la ESE y se suspenderán los que se encuentren en curso. Durante la evaluación
del programa se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad
de las acciones respecto de los créditos contra la ESE.
Como consecuencia de la viabilidad del programa se levantarán las medidas
cautelares vigentes y se terminarán los procesos ejecutivos en curso. Serán
nulas de pleno derecho las actuaciones judiciales con inobservancia de la
presente medida. Lo anterior no tendrá aplicación cuando se presente concepto
de no viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en este
caso el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional
de Salud deben dar aplicación al Artículo 7 de la presente ley».
La providencia enjuiciada estableció lo siguiente:
«Del mismo modo el canon 9 de la mentada Ley, dispone a partir de la fecha
de presentación de los programas de saneamiento fiscales y financieros que
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
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adopten las E.S.E. categorizadas en riesgo medio o alto, y hasta que se emita
el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrá
iniciarse ningún proceso ejecutivo contra la ESE y se suspenderán los
que se encuentren en curso.
Así las cosas, tal y como lo plantea la norma y teniendo en cuenta que se tiene
certeza que ya fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. el 02-07-2025, no se repondrá el auto
que ordenó la suspensión del proceso».
De modo que resulta evidente el silogismo del juez administrativo al aplicar el mandato
legal del artículo 9 de la Ley 1966 de 2019. Además, lo expuesto en la impugnación, en
lugar de probar que el mandato es inaplicable, tiene el efecto contrario: El artículo 9 es
claro en su texto, y no deja lugar a interpretación, de que ese mandato aplica «[a] partir
de la fecha de presentación de los programas de saneamiento fiscales y financieros».
Por lo anterior, lo que se observa es el intento de desmeritar el raciocinio del juez natural
del proceso ejecutivo en aplicación de un mandato legal expreso, aplicado en el marco
de una providencia judicial.
Esta conducta no demuestra una aplicación del derecho que agravie el ordenamiento, ni
se ha demostrado que la aplicación de la medida tenga asidero en criterios subjetivos
que discriminen a la accionante frente a los demás sujetos procesales a quienes les aplica
lo dispuesto en el artículo 9 , ya citado. Por ello, la controversia recae sobre una discusión
netamente legal, que no suscita la intervención del juez constitucional por carecer de
relevancia.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de las autoridades
judiciales accionadas, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, lo cual
zanja su improcedencia.
De esta forma, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero únicamente por las
razones expuestas en la presente providencia.
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Expediente No. 25000-23-15-000-2025-00651-00
Accionante: Adriana Yolanda Galindo Nosa
Resuelve impugnación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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