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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00692-01

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00692-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 26 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo solicitado y exhortó al accionante, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Walther Gil Pérez, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra esta deberá dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00692-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00692-01
Demandante: Walther Gil Pérez
Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad - Relevancia
constitucional

Síntesis del caso: La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental a la
igualdad, presuntamente vulnerado por el Juzgado 1 Administrativo de Girardot, por no
haber otorgado el amparo de pobreza en el trámite de acción popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
26 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo y exhortó
al accionante a abstenerse de utilizar expresiones desobligantes e
irrespetuosas frente a las autoridades judiciales2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 11 de agosto de 2025, Walther Gil Pérez, en nombre propio, presentó
una acción de tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de Girardot, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, con
ocasión del Auto de 17 de julio de 2025, proferido en el proceso de acción
popular Rad. 25307-33-33-001-2024-00256-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“Primero. Tutelar el derecho fundamental a la igualdad y, en consecuencia,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Walther Gil Pérez, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Exhorta al señor Walther Gil Pérez, para que se
abstenga de referirse en términos desobligantes e irrespetuosos frente a quienes integran el servicio público de
administración de justicia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00692-01
Demandante: Walther Gil Pérez
Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara la improcedencia
_______________ _______________________________________________________________________________________________

Segundo. Ordenar al señor presunto juez administrativo Pedro Luis Blanco
Jiménez admitir y asignar un abogado de oficio al presente suscrito para una
nueva acción popular con todas las garantías procesales y sustanciales de
conformidad con el artículo 209 constitucional”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 17 de septiembre de 2024, Walther Gil Pérez solicitó amparo de
pobreza para que un abogado “inicie, trámite y lleve hasta su terminación
una acción popular por contaminación ambiental y tortura auditiva contra
la discoteca Magistral ubicada (…) en el frente del parque central de Viotá
(…) se ordene como medida cautelar la suspensión temporal del
funcionamiento de dicho local comercial hasta que haya providencia de
mérito por violar las normas especiales decretadas por el Ministerio del
Medio Ambiente (…) y la vulneración a la comunidad de dos barrios
aledaños de los derechos fundamentales a la paz, tranquilidad, a una
calidad de vida sana y una buena salud mental”. Manifestó ser una
“persona de alta vulnerabilidad tal como aparece en el Sisbén IV”.

5. Pidió “Disponer el traslado al Fondo para los Derechos e Intereses
colectivos de la Defensoría del Pueblo para el correspondiente estudio de:
A) la situación económica de las víctimas B) los estudios urgentes para
establecer la naturaleza del daño y las acciones para su mitigación previa
medida cautelar con arreglo al artículo 25 de la ley 472 de 1998. C) Estudio
de la financiación presupuestal atendiendo criterios de magnitud y
características del daño el interés social y la relevancia del bien jurídico
amenazado o vulnerado de conformidad con el artículo 3 y 18 de la
Resolución 1504 del 2020”.

6. 2) Mediante providencia de 26 de junio de 2025, el Juzgado 1
Administrativo de Girardot inadmitió la demanda e indicó que debía
precisar el derecho o interés colectivo comprometido, pues el escrito se
centraba en intereses individuales. Le ordenó señalar los hechos relevantes,
identificar la conducta que generaba la vulneración colectiva, formular
pretensiones orientadas al amparo de un derecho colectivo y acreditar el
agotamiento de los recursos administrativos, Anunció que, “una vez sean
corregidos los errores presentados de la demanda y de ser procedente su
admisión, el despacho se pronunciará sobre la solicitud del actor frente el
amparo de pobreza y correrá traslado de las medidas cautelares”.

7. 3) El 8 de julio de 2025, el accionante allegó escrito de subsanación.
Afirmó que la pretensión era clara y reiteró que su petición se limitaba al
amparo de pobreza, por lo que el juzgado no debía exigir los requisitos de

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Radicación: 25000-23-15-000-2025-00692-01
Demandante: Walther Gil Pérez
Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara la improcedencia
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una acción popular aún no presentada. Solicitó nuevamente copias del
amparo de pobreza y pidió una decisión de fondo sobre dicha solicitud.

8. 4) El 17 de julio de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de Girardot
rechazó la demanda porque no subsanó los requisitos formales. Asimismo,
determinó que no podía “decretar” el amparo de pobreza y que el
accionante siempre tuvo acceso al expediente digital. Por último, consideró
que el demandante empleó lenguaje irrespetuoso.

9. Consideró que el actor no subsanó los requisitos formales exigidos,
pues se limitó a afirmar que no le entregaron copias del proceso, que no
había presentado una segunda acción popular y que “solamente estaba
solicitando un amparo de pobreza, acompañado de un lenguaje
altisonante, desobligante y con amenazas, ejerciendo una injusta violencia
contra el servidor de conocimiento, sin que se pueda verificar el aporte de
las aclaraciones y el aporte de los elementos mínimos solicitados, que
permitan continuar con el trámite de la acción”.

10. Concluyó que el amparo de pobreza en la acción popular era
improcedente porque el accionante no subsanó la demanda “ni acreditó
su incapacidad para sufragar eventuales gastos en que se pudiera incurrir”.
Señaló que la acción popular no exigía el pago de expensas judiciales ni
requería de apoderado judicial, por lo que constituía un mecanismo judicial
accesible a cualquier ciudadano, según el artículo 15 de la Ley 472 de 1998.
Indicó, además, que el artículo 19 de esa misma ley facultaba al juez
popular para remitir el caso al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos cuando se acreditara la imposibilidad económica del
actor para sufragar los gastos del proceso; sin embargo, “esto no implica
que el amparo sea un requisito previo o necesario para la admisión de la
demanda”. En consecuencia, en las acciones populares no se requiere “la
designación de abogado de oficio, ni condicionar la admisión de la
demanda a la resolución de una solicitud de amparo de pobreza o a la
intervención de un profesional del derecho”.

11. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
indicó que la solicitud de amparo de pobreza fue radicada para que “fuese
admitida una acción popular con todas las garantías procesales ya que en
los juzgados administrativos hay una acción popular desde el 2022 y como
no soy abogado esta ha sido muy saboteada”. Destacó que, el 26 de junio
del 2025, en acción popular con radicado 25307-33-33-001-2024-00256-00 el
juez ad hoc Pedro Luis Blanco Jiménez inadmitió dicha solicitud y se le
concedió 3 días para que subsanara la demanda y, luego, el 17 de julio del
2025 se rechazó la demanda “a pesar que el 8 de julio se le contestó la
subsanación habiéndose hecho énfasis en el objeto de la demanda y no en

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Demandante: Walther Gil Pérez
Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara la improcedencia
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requisitos chimbos que desde su radicación ya habían sido presentados”.
Afirmó que la actuación judicial violaba el derecho fundamental a la
igualdad, porque se sentía discriminado por el juez que adoptó la decisión.

1.2. Sentencia de primera instancia3 e impugnación

12. Mediante Sentencia de 26 de agosto de 2025, la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el
amparo solicitado y exhortó al accionante a abstenerse de utilizar
expresiones irrespetuosas frente a las autoridades judiciales, conforme con
el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012. Concluyó que la
providencia de rechazo de la demanda no vulneró el derecho a la
igualdad, porque el accionante incumplió los requisitos del artículo 18 de la
Ley 472 de 1998 al no subsanar el escrito en la forma exigida.

13. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia.
Manifestó que no era necesario que le pidieran respeto por los “subalternos”.
Señaló que llevaba “más de 25 tutelas solicitando solamente una medida
de protección de cierre temporal del local comercial de alto impacto que
me tiene enfermo para que se garantice el inicio de una investigación
sancionatoria por el ruido que causa un simple particular que con inducción
al error funcionario público montó una discoteca en una terraza en zona
residencial y ningún jurista no se ha dado la regalada gana de ordenar a la
CAR o a la inspección de policía o al mismo particular que se protejan al
presente suscrito o a la comunidad (…)”.

14. Señalo que “siendo la contaminación ambiental por ruido una
conducta punible Uds. no han hecho ni chimba para protegernos de ese
tormento cada ocho días y van más de 25 tutelas Una acción popular sí
resolver desde hace 3 años, un amparo de pobreza que ahora Uds. están
permitiendo que se me vulnere la prelación sustancial y el acceso real a la
administración de justicia, una acción de cumplimiento donde solicitado la
demolición de la discoteca también archivada, dos demandas en la fiscalía
sin respuesta alguna una acción de nulidad declarado también
improcedente y un gasto inoficiosos de dinero y tiempo en impugnaciones
volátiles desde el 2022”.

15. Afirmó “la demanda que se le radicó al juzgado 01 administrativo fue
para que se me asignará un abogado de oficio y para que este o sea el
abogado interpusiera una acción popular por daño ambiental por ruido con

3 Auto de 11 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como demandado al Juzgado 1 Administrativo de Girardot
y (3) Requirió documento a la UGPP, la DIAN y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional para conocer
los ingresos del accionante.

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Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara la improcedencia
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todas las garantías de ley pero lo que solicitó el juez Ad Hoc era que le
presentara la petición se le debía haber hecho a la alcaldía municipal pero
lo que indigna es que ya en las pruebas se había anexado dicho documento
(…)”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

16. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si el Juzgado 1 Administrativo de
Girardot vulneró el derecho a la igualdad del accionante al declarar
improcedente el amparo de pobreza solicitado dentro del proceso de
acción popular No. 2024-00256-00, pese a que, a juicio del accionante,
debía otorgarse por su estado de vulnerabilidad. En ese sentido, se deberá
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

17. En este caso, la Sala revocará la decisión impugnada que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, por las razones que se explican a continuación:

18. No se cumplió el requisito de subsidiariedad4 en la medida en que:1)
existía un mecanismo de defensa judicial idóneo que no fue agotado por la
parte actora, y 2) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

19. En relación con la existencia de un mecanismo de defensa judicial
idóneo, la Sala advierte que el reparo del accionante consistente en que
dentro del proceso de acción popular no se otorgó el amparo de pobreza
solicitado, pese a su posición socioeconómica, era susceptible de alegarse
en el mismo trámite a través del recurso de reposición, de conformidad con
el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, que establece que “contra los autos
dictados durante el trámite de la acción popular procede el recurso de
reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de
Procedimiento Civil”.

4 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Radicación: 25000-23-15-000-2025-00692-01
Demandante: Walther Gil Pérez
Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – declara la improcedencia
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20. Para interpretar los escenarios en los que procede el recurso de
reposición contra decisiones adoptadas dentro del trámite de la acción
popular, es necesario acudir al artículo 318 del CGP, que señala que
procede “contra los autos que dicte el juez”. En consecuencia, el
accionante podía manifestar los reproches que hoy formula a través de la
acción de tutela mediante el recurso judicial ordinario de reposición contra
la decisión que rechazó la demanda y declaró improcedente el amparo de
pobreza.

21. Al respecto, Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Auto de 26
de junio de 2019 y con fundamento en la Sentencia C-377 de 2002 de la
Corte Constitucional5, reafirmó la regla según la cual las únicas decisiones
apelables en las acciones populares son el auto que decreta una medida
cautelar y la sentencia de primera instancia. Las demás decisiones, de
acuerdo con dicha interpretación, solo admiten recurso de reposición (se
trascribe):

“(…) [D]ebe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional al estudiar la
constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en sentencia C-377 de
2002 avaló dicha norma y concluyó que las únicas providencias pasibles del
recurso de apelación, tal y como lo determinó el legislador de 1998 son el que
decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia.

(…) Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe
caracterizar las acciones populares es claro que el recurso procedente contra
las decisiones dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el
de reposición, salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley
472 de 1998 respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una

5 Corte Constitucional, Sentencia C-377 de 2002 “Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida

contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las
acciones populares, en la medida en que al imprimirle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad
de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por
demandar del Estado una labor anticipada de protección.
Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada
fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. 34), para
lo cual el juez debe impulsar oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que
ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso pues en las acciones
populares el juez tiene la obligación de velar "por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el
equilibrio entre las partes" (art. 5°).
En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica sacrificio alguno del derecho
de defensa y del derecho de acceder a la administración de justicia (CP arts. 29 y 229), puesto que con la
consagración del recurso de reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las
decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de que éste funcionario revise
la validez de su propia determinación revocándola o reformándola.
Igualmente, y como bien lo aprecia el Procurador General en su concepto, la norma demandada no desconoce
los artículos 88 y 89 de la Carta, pues del mandato de estas disposiciones no se desprende que el Constituyente le
haya impuesto al legislador la obligación de consagrar el recurso de apelación contra los autos dictados durante
el trámite de la acción popular. Por el contrario, la libertad de configuración en esta materia se desprende de
estas normas superiores cuando en ellas se dispone expresamente que la ley regulará las acciones populares y
establecerá los recursos y procedimientos necesarios para su efectividad.
En suma, entendida la norma en el sentido de que se aplica a todos los autos dictados durante el trámite de las
acciones populares, no se desconoce la Carta Política pues el legislador en ejercicio de su libertad de
configuración puede señalar en qué casos es o no es procedente el recurso de apelación, decisión que, según
se advirtió, no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y
además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como
es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones
populares, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente. Por las razones expuestas, la Corte
declarará la exequibilidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998”.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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medida cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas
que son apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el
debido proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis
efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.

Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación
reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones
apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar
y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que
se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso
de reposición.

Ahora, aunque el presente asunto se rige por el Decreto 01 de 1984, lo cierto es
que las anteriores conclusiones resultan plenamente aplicables al trámite
actual de las acciones populares en general, toda vez que con la expedición
de la Ley 1437 de 2011 no se subrogó la regulación específica de la Ley 472 de
19986”.

22. Por lo tanto, el accionante podía presentar los reproches contra la
decisión enjuiciada a través del recurso de reposición en el proceso de
acción popular. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada
como una acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
pues no es procedente acudir al juez constitucional para invocar un asunto
que debió ventilarse en el proceso de acción popular, salvo que dichos
medios no fueran idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, escenarios que,
en el caso bajo estudio, no se demostraron.

23. Adicionalmente, la Sala advierte que la acción de tutela no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional, porque el accionante no
desplegó la carga argumentativa que debía asumir. No basta con aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir con este requisito,
sino que era necesario explicar, con suficiencia, la relevancia de la
controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención
en el asunto. En este caso, el accionante se limitó a mencionar los hechos
del caso y a trascribir extractos sobre el derecho a la igualdad, sin precisar
en qué defecto incurrió la providencia enjuiciada ni de qué forma la
decisión desconoció su derecho a la igualdad.

2.3. Conclusiones

24. Con fundamento en las razones expuestas la Sala revocará el numeral
primero del fallo de primera instancia que negó el amparo solicitado y, en
su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir

6 Auto de 26 de junio de 2019, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 26 de junio

de 2019, Radicado 25000-23-27-000-2010-02540-01(AP)B.

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Demandado: Juzgado 1 Administrativo de Girardot
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, y mantendrá
el exhorto efectuado en el numeral segundo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 26 de agosto de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo solicitado y exhortó
al accionante, para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
amparo presentada por Walther Gil Pérez, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberá dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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