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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00733-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-00733-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de septiembre de 2025 proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2025-00733-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de octubre de 2025

Demandante: Jhon Brettman Altuve Julio
Demandados: Procuraduría General del Nación y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00733-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00733-01
Demandante: JHON BRETTMAN ALTUVE JULIO
Demandados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
PROCURADURIA 341 JUDICIAL I PARA EL MINISTERIO
PÚBLICO EN ASUNTOS PENALES ACACÍAS, META.

Tema: Confirma amparo al derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del
2 de septiembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Jhon Brettman Altuve Julio, actuando en nombre propio, instauró1 acción
de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría 341 Judicial
I para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Acacias, Meta, en la que solicitó
el amparo de su derecho fundamental de petición.

En criterio de la parte actora, la vulneración de la garantía constitucional se
ocasionó ante la falta de respuesta a la solicitud elevada el 3 de junio de 2025 que
se identifica con radicado E-2025-272293.

1 Escrito de tutela radicado el 21 de agosto de 2025.

1

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Demandados: Procuraduría General del Nación y otro
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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

«(…) ordénese a la respetada PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN que
en un plazo perentorio se proceda a darme una respuesta oportuna, de fondo,
suficiente, clara, precisa completa y correctamente notificada a mi solicitud elevada
el día 03/06/2025 (…).”2

1.3. Hechos

El 3 de junio de 2025 el señor Jhon Brettman Altuve Julio dirigió a la Procuraduría
General de la Nación escrito a mano, en el cual solicitó lo siguiente:

2
Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Documento que fue recibido de manera física por la aludida autoridad quien
impuso sobre el mismo los sellos de recibido con radicado No. E-2025-272293 del
3 de junio de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, señaló que las autoridades enjuiciadas vulneraron su derecho
fundamental invocado al no darle repuesta a su solicitud anteriormente referida.

Manifestó que se encuentra recluido en la cárcel de Fusagasugá por lo que su
señora esposa acudió personalmente a la oficina de la entidad accionada,
Procuraduría General de la Nación, para radicar la petición en cuestión, la cual,
según señala sin mayor precisión, fue direccionada a la oficina de la Procuraduría
341 Judicial para el Ministerio Público en asuntos penales.

Igualmente señaló que, a pesar de haber ido personalmente su esposa a consultar
el estado de la solicitud, no le han respondido y por el contrario le suministraron
una línea telefónica donde nunca contestan.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 22 de agosto de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante3, así
como a la parte demandada, señalando únicamente a la Procuraduría 341 Judicial
I para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Acacías. 4

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, la parte enjuiciada
guardó silencio.

1.7. Fallo impugnado5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 2 de septiembre de 2025 tuteló la prorrogativa constitucional
invocada por el actor y ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la
Procuraduría 341 Judicial I para el Ministerio Publico en Asuntos Penales Acacias,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la

3 Índice 006 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada al correo:

marthaypachon78@hotmail.com.
4 Índice 006 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada a los

correos: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, oficinajuridica@procuraduria.gov.co, y
lidastefania2725@yahoo.com.
5 Índice 009 de Samai de primera instancia.

3

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notificación del correspondiente fallo, decidiera en forma clara, precisa,
congruente y de fondo la solicitud presentada el 03 de junio de 2025 por el señor
Jhon Brettman Altuve, en los términos que allí se indican, notificara la respectiva
respuesta al actor conforme a la Ley y acreditara el cumplimiento del fallo al
Despacho Judicial.

El a quo explicó que, al haberse radicado la petición objeto de amparo ante la
Procuraduría General de la Nación el 3 de junio de 2025, los términos para que
dicha entidad contestara y notificara la respuesta finalizaron el 25 de junio del
presente año, sin que se hubiese acreditado para la época del fallo de tutela,
contestación alguna, lo que evidencia la vulneración del derecho fundamental
invocado.

1.8. Actuaciones relevantes en segunda instancia

En auto del 22 de septiembre de 2025 el despacho de la magistrada ponente
advirtió y puso en conocimiento la nulidad que se presentaba respecto a la
accionada Procuraduría General de la Nación, por no haber sido debidamente
vinculada al presente asunto desde la admisión de la tutela ni en las actuaciones
posteriores. Por lo tanto, se dispuso la notificación por secretaría de la referida
autoridad, para que realizara el pronunciamiento que a bien tuviera dentro de los
tres días siguientes a su notificación6.

No obstante, a la fecha de emisión del presente fallo no se ha recibido
manifestación alguna.

1.9. Impugnación7

La parte actora con escrito radicado el 8 de septiembre de 2025 impugnó el fallo
de tutela con el fin de que la entidad accionada no siguiera vulnerando su derecho
fundamental de petición para así poder acceder a un recurso extraordinario de
revisión en su proceso penal por intermedio de un abogado de la defensoría que
ejerza su representación conforme lo solicitó.

Reiteró los argumentos por los cuales consideró que se le deben prestar los
servicios de un profesional del derecho que pueda interponer los mecanismos
legales en la causa penal, acorde a sus intereses.

6 Índice 004 a 008. Notificación surtida el día 24 de septiembre de 2025.
7
Índice 012 de Samai de primera instancia

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Jhon Brettman, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la
Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Esta instancia observa que en el escrito de impugnación no se formuló reparo
alguno contra la decisión de primera instancia y se entiende que, por lo contrario,
lo que pretende el actor es que la entidad accionada no continúe vulnerando su
derecho fundamental, lo que debería ser estudiado en el escenario de un eventual
incidente de desacato. Sin embargo, en aras de garantizar el estudio que atañe al
juez constitucional cuando se emplea el término de impugnación en trámites de
tutela, esta corporación procede como corresponde.

2.3 Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 2
de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A, para lo cual deberá resolver el siguiente problema
jurídico:

• ¿La Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría 341 Judicial I para
el Ministerio Público en Asuntos Penales de Acacias, vulneraron la garantía
fundamental invocada por el actor al no darle respuesta al escrito del 3 de
junio de 2025 con radicado E-2025-272293?

Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y; (iii) el
análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8

2.5. Del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales.9

Así, para tratándose de la protección de este derecho fundamental se cumple el
requisito de subsidiariedad porque como ha señalado la Corte Constitucional:

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente
de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este
derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza
judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la
debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de
los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental,
puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”10.

Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una
pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción de aquel

8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del

13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
10 Sentencia T-149 de 2013

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se cumplen una vez ambos supuestos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se
concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución
pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al
sentido de la misma11.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente12 (Negrita y
subrayado fuera del texto).

Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011,
referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha
sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el
Congreso expidiera la Ley Estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el
derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de
la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,

11 Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del
06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.

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pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada […]13.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]»14.

Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca15.

2.6. Caso concreto

El señor Jhon Brettman Altuve Julio alegó la vulneración de su derecho
fundamental de petición, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud suscrita
por él y radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 3 de junio de 2025
atribuyendo igualmente dicha violación a la Procuraduría 341 Judicial I para el
Ministerio Publico en Asuntos Penales de Acacias, Meta.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
fallo del 2 de septiembre de 2025, ordenó tanto a la Procuraduría General de la
Nación como a la Procuraduría 341 Judicial I para el Ministerio Publico en Asuntos
Penales Acacias y/o quien hiciera sus veces, que dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas, siguientes a su notificación, resolviera la solicitud presentada
por el actor, en los términos legales.

Observa la Sala que el documento objeto de amparo, fue suscrito por el tutelante
y estuvo dirigido a la Procuraduría General de la Nación quien impuso los sellos
de recibido de fecha 3 de junio de 2025 asignando el radicado No. E-2025-272293.

No obstante, según lo manifestado en el líbelo inicial, el documento en mención
fue presentado por la esposa del actor en la sede física de la señalada autoridad,
dada la situación de reclusión en la que se encuentra el señor Jhon Brettman, y
donde le fue informado sobre la remisión por competencia de la solicitud a la
Procuraduría 341 Judicial I para el Ministerio Publico en Asuntos Penales Acacias,
Meta.

13 Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
14 Ibídem.
15 Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01.

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Igualmente, es preciso señalar que las autoridades a las cuales se les atribuyó la
responsabilidad por la vulneración del derecho fundamental invocado
permanecieron silentes en el trámite de la acción constitucional, tanto en primera
como en segunda instancia, pese a la debida notificación que se surtió por el a quo
y por cuenta de esta Corporación.

En tal sentido y como quiera que no se vislumbra oposición alguna para desvirtuar
lo reclamado en la presente acción, se debe dar aplicación a la presunción de
veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que establece:
«Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa».

Asimismo, tal como lo señaló el operador judicial de primera instancia, el término
previsto en la Ley 1775 de 2015 para la emisión y notificación de la respuesta
echada de menos fue ampliamente superado por la autoridad receptora de la
solicitud.

Recuérdese que el derecho fundamental de petición está consagrado para
garantizar que toda persona pueda obtener por parte de las autoridades, o
particulares un pronunciamiento a sus solicitudes y que, por tanto, como requisito
de procedencia de la tutela contra dichas personas se exige que estas tengan la
aptitud legal y constitucional de ser llamadas a responder por la violación o
amenaza del derecho fundamental16, al haber sido las posibles receptoras de la
solicitud bien sea por radicación directa del escrito ante sus dependencias o por
remisión de competencia, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley 1775 de 2015.

Por lo tanto, la orden de amparo constitucional solicitada por el actor debe dirigirse
contra las dos autoridades en mención y en tal sentido, la Sala confirmará la
sentencia proferida el 2 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que amparó el derecho
fundamental de petición del señor Jhon Brettman Altuve Julio, de conformidad con
lo expuesto.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

16 Legitimación en la causa por pasiva, Sentencia T-444 de 2020.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00733-01

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de septiembre de 2025 proferida el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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