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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00774-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00774-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Edilberto Cortés Moncada. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de julio 2025, proferido por el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, mediante el cual se negó el levantamiento de la sanción por desacato impuesta al aquí demandante en el proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01. CUARTO: ORDENAR al Juzgado 50 Administrativo de Bogotá que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte una nueva decisión sobre el levantamiento de la mencionada sanción, (i) valorando los medios probatorios aportados para tal efecto con las solicitudes del 28 de octubre de 2024, del 30 de marzo de 2025 y del 29 de abril siguiente; y (ii) considerando, de conformidad con lo establecido en la sentencia de unificación 034 de 2018, los factores objetivos y subjetivos determinantes para evaluar el cumplimiento de la orden de tutela, incluyendo la incidencia del traslado del aquí demandante en su capacidad de hacer efectiva dicha orden. QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00774-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: EDILBERTO CORTÉS MONCADA
Accionado: JUZGADO 50 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Procedencia de acción de tutela contra providencias expedidas en incidentes de
desacato / Configuración del defecto fáctico por ausencia de valoración de pruebas
determinantes / Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional por falta de
consideración de factores objetivos y subjetivos determinantes para evaluar el cumplimiento
de la orden de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
del 14 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negó la
solicitud de amparo constitucional 1.

ANTECEDENTES

Demanda

1. El 4 de septiembre de 2025 2, Edilberto Cortés Moncada instauró demanda de
tutela contra el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, a fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso 3 y a la igualdad4.

Hechos relevantes 5

2. Mediante sentencia de tutela del 24 de septiembre de 2021 6 , el Juzgado 50
Administrativo de Bogotá amparó el derecho fundamental a la salud de Carlos
Daniel Cárdenas López y, en consecuencia, ordenó a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional lo siguiente:

1
El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2
Archivos identificados con los certificados «29D2AB15DEE2718C (…)» y «9AA019154A633136
(…)», ubicados en el índice 2 del expediente de primera instancia.
3
Concretamente, reclamó la protección de ese derecho en su manifestación del ejercicio de la
defensa.
4
También exigió el amparo de su patrimonio y del principio de la seguridad jurídica.
5
Extraídos de la solicitud de amparo y de los documentos obrantes en el expediente del proceso de
tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01, dentro del cual se profirió la providencia cuestionada por
el demandante, como se expondrá más adelante.
6
Archivo «07Sentencia (…)» del expediente del proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-
00/01, almacenado parcialmente en OneDrive y visualizable mediante el enlace de acceso señalado
en la intervención del Juzgado 50 Administrativo de Bogotá en el presente trámite (índice 7 del
expediente de primera instancia).

1

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

[R]eactivar los servicios médicos con el propósito de realizar al señor
CARLOS DANIEL CÁRDENAS LÓPEZ, el examen de retiro. Para tal efecto
y dada la especialidad del subsistema de [s]alud, deberá autorizar los
conceptos médicos con las especialidades que estrictamente requiera y si
resulta procedente, deberá convocar la realización de la Junta Médico-
Laboral de retiro para que clasifique el origen de su enfermedad y le defina
su situación laboral si hay lugar a ello. De la misma manera deberá
comunicarle oportunamente y por el medio más expedito7.

3. Por auto del 31 de julio de 2023 8 —confirmado por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 5 de
septiembre de 2023, en grado de consulta 9—, el mismo juzgado declaró el desacato
de la orden de amparo citada y, en consecuencia, impuso una multa de 2 SMLMV
al aquí accionante, quien para entonces era el director de Sanidad del Ejército
Nacional.

4. La anterior decisión se sustentó en que el aquí demandante había obrado
negligentemente, pues, hasta ese momento, se había limitado a cumplir uno de los
puntos de la orden de amparo: la reactivación de la prestación de servicios médicos
al señor Cárdenas López.

5. El 20 de marzo de 2025, se realizó la junta médico-laboral ordenada por el
Juzgado 50 Administrativo de Bogotá y, el 27 de ese mismo mes y año, se notificó
su resultado al señor Cárdenas López.

6. El aquí accionante solicitó la inaplicación de la mencionada sanción el 22 de abril
de 202510, con el argumento de que, mientras ocupó el cargo de director de Sanidad
del Ejército Nacional, lo cual sucedió hasta el 22 de diciembre de 2023, «buscó dar
cumplimiento» a la orden de tutela. Además, advirtió que llevar a cabo la junta
médico-laboral no dependía únicamente de las actuaciones de la dependencia que
dirigía, sino de la diligencia del señor Cárdenas López y de la realización de los
procedimientos médicos a cargo del establecimiento de sanidad militar
correspondiente. Igualmente, señaló que dicha junta «fue notificada al correo [que
el] accionante dispuso».

7. Mediante auto del 11 de julio de 2025 11, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
negó la anterior solicitud, argumentando que, hasta entonces, no se había probado
la ejecución de acciones concretas para el cumplimiento de la orden de amparo.

7
Énfasis añadido.
8
Archivo «15AutoSanciona(…)» de la carpeta «INCIDENTE DE DESACATO» del expediente del
proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01, almacenado parcialmente en OneDrive.
9
Archivo «18ConfirmaSancionTAC» de la carpeta «INCIDENTE DE DESACATO» del expediente
del proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01, almacenado parcialmente en OneDrive.
10
Archivo 041 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
11
Archivo 050 expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.

2

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Pretensiones

8. En virtud de lo expuesto en precedencia, el señor Cortés Moncada formuló las
siguientes pretensiones (transcripción con posibles errores incluidos):

PRIMERO: TUTELAR los derechos AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
DEFENSA y DERECHO A LA IGUALDAD, los cuales han sido vulnerados por
el JUZGADO CINCUENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,
por el auto de fecha 11 de julio de 2025, mediante el cual se negó la solicitud
de inaplicación de la Sanción en mi contra, Brigadier General EDILBERTO
CORT[É]S MONCADA quien me desempeñaba como director de Sanidad
Militar - Ejercito Nacional dentro del proceso No. 11001-33-42-050-2021-00269-
00.

SEGUNDO: Solicito que se REVOQUE el auto 11 de julio 2025, que niega la
solicitud de inaplicación de la Sanción en mi contra, Brigadier General
EDILBERTO CORT[É]S MONCADA quien se desempeñaba como director de
Sanidad Militar- Ejercito Nacional (…).

Fundamentos de la demanda

9. En criterio del demandante, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá desconoció
el precedente contenido en la sentencia de unificación 034 de 2018, así como en
las sentencias T-652 de 2010 y C-367 de 2014, en las que, según él, la Corte
Constitucional estableció la posibilidad de levantar la sanción por desacato cuando
se cumple la orden de tutela, así sea de forma extemporánea.

10. Concretamente, el señor Cortés Moncada sostuvo que el juzgado demandado
desconoció dicho precedente porque se negó a inaplicar la sanción por desacato,
pese a que se probó el cumplimiento de la orden de tutela y a que no hubo una
conducta negligente o dolosa. Esto último, en tanto la tardanza en la realización de
la junta médico-laboral se debió a la necesidad de practicar exámenes médicos
previamente, lo cual era responsabilidad del establecimiento de sanidad militar
correspondiente.

11. Aparte, señaló que el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá incurrió en un
defecto fáctico, puesto que no realizó un juicio de responsabilidad subjetiva ni valoró
las pruebas del cumplimiento de la orden de tutela.

12. También adujo que dicho juzgado incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto
«desconoció normas de rango constitucional y legal aplicables al caso (…)[,] realizó
una interpretación contraria a la [l]ey, irrazonable y desproporcionada, se apartó del
precedente judicial y omitió motivar su decisión, atendiendo a que en la parte
considerativa y del caso en concreto se evidencian incongruencias en la
hermenéutica jurídica aplicada».

13. Por todo lo anterior, el demandante afirmó que el Juzgado 50 Administrativo de
Bogotá vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al debido proceso —este último, en su manifestación del

3

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

ejercicio de la defensa—. Igualmente, aseguró que dicho juzgado lesionó su
derecho fundamental de petición, en tanto negó su solicitud de inaplicación de la
sanción por desacato sin una motivación suficiente, pues ignoró los argumentos y
las pruebas relativos al cumplimiento de la orden de tutela.

Trámite en primera y segunda instancia

14. Mediante auto del 4 de septiembre de 202512, el despacho sustanciador en
primera instancia admitió la demanda de tutela contra el Juzgado 50 Administrativo
de Bogotá, y vinculó al proceso a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y a
la Dirección de Sanidad Militar.

15. El 15 de septiembre de 2025 13, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia y, el 17 de septiembre
siguiente14, el señor Edilberto Cortés Moncada la impugnó. En consecuencia, a
través de providencia del 25 de septiembre de 202515, se concedió la impugnación.

16. Por auto del pasado 5 de noviembre 16, la entonces magistrada sustanciadora
en segunda instancia declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia y de
las actuaciones surtidas con posterioridad a ella. Esa decisión se sustentó en que
no se integró debidamente el contradictorio, pues se omitió vincular a Carlos Daniel
Cárdenas López, quien tiene interés en el resultado del proceso, en tanto la sanción
por desacato impuesta al aquí accionante se encaminó a impulsar el cumplimiento
de una orden de tutela dictada en su favor y, por ende, puede verse afectado si la
solicitud de amparo prospera.

17. Como consecuencia de lo anterior, y una vez regresó el expediente de tutela al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado sustanciador en primera
instancia vinculó a Carlos Daniel Cárdenas López, mediante auto del 7 de
noviembre de 2025 17.

Intervenciones

18. El Juzgado 50 Administrativo de Bogotá 18 sostuvo que no se configuró un
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, puesto que las
sentencias de tutela invocadas en la demanda tienen efectos inter partes y los casos
resueltos a través de ellas no son análogos al del señor Cortés Moncada, por lo que
sus fundamentos no resultaban aplicables.

12
Índice 4 del expediente de primera instancia.
13
Índice 9 del expediente de primera instancia.
14
Índice 12 del expediente de primera instancia.
15
Índice 14 del expediente de primera instancia.
16
Índice 6 del expediente de segunda instancia.
17
Índice 22 del expediente de primera instancia.
18
Índices 7 y 25 del expediente de primera instancia.

4

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

19. Al respecto, añadió que el aquí accionante guardó silencio durante el incidente
de desacato, lo cual impedía considerar que se hubiera configurado un estado de
cosas inconstitucional —circunstancia tomada en cuenta en la sentencia de
unificación 034 de 2018— o que aquel no pudiera cumplir la orden de tutela.

20. Además, señaló que no se desconoció la sentencia C-367 del 2014, mediante
la cual se declaró exequible el primer inciso del artículo 52 del Decreto Ley 2591 de
1991, bajo el entendido de que «el incidente de desacato allí previsto debe
resolverse en el término establecido en el artículo 86 de la Constitución Política».
Ello, en tanto los reparos del demandante no se relacionan con el plazo en el cual
se adoptó la decisión sobre el desacato.

21. Por otro lado, se opuso a la afirmación de que la sanción por desacato puede
levantarse cuando se cumple la orden de tutela, así sea de forma extemporánea.
Argumentó que, según esta corporación, la demora y la renuencia a cumplir una
orden de tutela arriesgan los derechos fundamentales amparados, lo cual justifica
la imposición de la sanción.

22. Aparte, adujo que no se configuró un defecto fáctico, por cuanto el demandante
solicitó la inaplicación de la sanción por desacato «sin aportar una sola prueba del
acatamiento de la orden».

23. Finalmente, indicó que el señor Cortés Moncada desconoció el principio de
inmediatez de la acción de tutela, pues acudió a ella casi dos años después de que
se le impuso la sanción por desacato.

24. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la Dirección de Sanidad
Militar y Carlos Daniel Cárdenas López guardaron silencio, pese a que fueron
notificados19 de los autos mediante los cuales fueron vinculados al proceso.

Sentencia de primera instancia

25. Mediante sentencia del 14 de noviembre de 202520, la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
amparo constitucional.

19
La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y la Dirección de Sanidad Militar fueron notificadas
sobre el auto admisorio de la demanda a través de un mensaje enviado a las direcciones de correo
disan.juridica@buzonejercito.mil.co y notificacionesdgsm@sanidadfuerzasmilitares.mil.co,
señaladas en las páginas web correspondientes (índice 6 del expediente de primera instancia e
índice 20 del expediente de segunda instancia, archivo identificado con el certificado
«1FE3E22E6C7F2BDC (…)»). Al señor Cárdenas López se le notificó el auto del pasado 7 de
noviembre mediante un mensaje enviado a la dirección de correo electrónico
garzonalvarez@hotmail.com, señalada en la solicitud de apertura del incidente de desacato
asociado a la demanda de tutela objeto de decisión (índice 24 del expediente de primera instancia,
archivos identificados con los certificados «FCB43BBAD005C157 (…)» y «ED7E0D364369C4FD
(…)»).
20
Índice 27 del expediente de primera instancia.

5

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

26. Para sustentar esa decisión, la mencionada subsección señaló que la demanda
de tutela no satisfizo la exigencia de inmediatez, pues se presentó más de dos años
después de la expedición del auto del 31 de julio de 2023, a través del cual se
impuso la sanción por desacato al aquí accionante.

27. Igualmente, señaló que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto el señor Cortés Moncada tuvo la oportunidad de cumplir la orden de
tutela.

28. Por último, indicó que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, puesto que el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá negó su solicitud
de inaplicación de la sanción por desacato debido a la falta de prueba del
cumplimiento de la orden de tutela, concretamente, de la realización de la junta
médico-laboral.

Impugnación

29. El demandante solicitó que se revocara la anterior decisión 21, con sustento en
que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no examinó el expediente completo del proceso de tutela 11001-33-
42-050-2021-00269-00 y, en consecuencia, concluyó erróneamente que no se
acreditó el cumplimiento del fallo expedido en dicho proceso.

30. Adicionalmente, insistió en que la junta médico-laboral ordenada por el Juzgado
50 Administrativo de Bogotá fue realizada el 20 de marzo de 2025, y en que su
resultado fue notificado al señor Cárdenas López el día 27 de ese mismo mes.
Además, afirmó que ello fue informado a dicho juzgado mediante escritos del 29 de
abril y del 28 de mayo de 2025.

31. Aparte, reiteró que el juzgado demandado no motivó suficientemente la
decisión de negar la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato, así como
que desconoció el precedente de la Corte Constitucional, supuestamente relativo a
la posibilidad de levantar ese tipo de sanciones cuando se cumple la orden de tutela,
así sea de forma extemporánea.

32. Además, acusó al Juzgado 50 Administrativo de Bogotá de desconocer el
precedente contenido en la sentencia de tutela del 23 de enero de 2020, proferida
por la Sección Cuarta de esta corporación en el proceso 11001-03-15-000-2019-
04421-00.

33. Finalmente, insistió en que dicho juzgado incurrió en un defecto fáctico, puesto
que no realizó un juicio de responsabilidad subjetiva y no valoró las pruebas del
cumplimiento de la orden de tutela.

21
Archivo identificado con el certificado «5EEABE4D808723F8 (…)», ubicado en el índice 30 del
expediente de primera instancia.

6

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

CONSIDERACIONES

Competencia

34. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

35. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 14 de
noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

36. Para ello, en primer lugar, verificará si la solicitud de amparo del señor Cortés
Moncada cumple los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias expedidas en incidentes de desacato.

37. Si lo anterior es resuelto afirmativamente, esta Subsección establecerá si, al
negar la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato impuesta al aquí
accionante, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá incurrió en los defectos
invocados por aquel y, de paso, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias expedidas en incidentes de desacato

38. En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional contempló
la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener la protección de
derechos fundamentales que resulten vulnerados en el trámite de un incidente de
desacato22.

39. Esa posición fue reiterada en la sentencia de unificación 034 de 2018 23, en la
cual, además, se estableció lo siguiente24:

(…) [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se
interpone antes de finalizado el trámite —incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso—.

22
Textualmente, la Corte afirmó que «(…) si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional».
23
Reiterada, a su vez, en las sentencias T-170 de 2023 y T-029 de 2025.
24
Énfasis añadido.

7

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos,
la configuración [de] una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio
dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

40. Las anteriores exigencias se satisfacen en el presente caso, por las razones que
se expondrán a continuación:

41. En primer lugar, la providencia controvertida por el demandante, contra la cual
no procedían recursos 25, fue notificada el 11 de julio de 2025 26, de modo que
adquirió ejecutoria el día 17 de ese mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
302 del Código General del Proceso 27 —aplicable al trámite de tutela en virtud del
artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 28—. Además, lógicamente, se profirió
cuando ya había finalizado el incidente de desacato, pues su objeto era resolver la
solicitud de levantamiento de la sanción impuesta al aquí accionante, confirmada en
sede de consulta por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

42. En segundo lugar, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y la pretensión del accionante se
sustenta en la presunta configuración de tres defectos o causales específicas de
procedencia de dicho tipo de acciones de tutela: el fáctico, el sustantivo y el
desconocimiento del precedente.

43. Dichos requisitos generales se cumplen por los siguientes motivos:

44. Se encuentra satisfecha la exigencia de legitimación en la causa 29, tanto por
activa como por pasiva, pues el señor Edilberto Cortés Moncada es el titular de los
derechos fundamentales cuya protección se reclama y el juzgado accionado es el
presunto causante de la vulneración, por lo que es el llamado a responder por ella,
si llega a ser comprobada.

25
En el Decreto Ley 2591 de 1991 no se consagró ningún recurso en relación con las decisiones
proferidas durante el incidente de desacato, ni frente a aquellas expedidas con posterioridad a su
finalización o cierre. Únicamente se contempló la revisión de la sanción respectiva, en sede de
consulta, por parte del superior jerárquico del juez que la imponga.
26
Archivo 051 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
27
Según dicho artículo, las providencias expedidas por fuera de audiencia «quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos (…)».
28
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el
Decreto 2591 de 1991[,] se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en
todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto»
29
En la sentencia T-495 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, en esencia, la legitimación en
la causa consiste en el «interés que ostentan quienes intervienen en el trámite constitucional, bien
porque son titulares de los derechos cuyo restablecimiento se discute (activa) o porque tienen la
capacidad legal de responder por la vulneración o amenaza alegada (pasiva)».

8

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

45. Además, al contrario de lo afirmado por el a quo, se halla cumplido el requisito
de inmediatez, pues la acción de tutela se ejerció dentro de un término razonable30.
Ello es así porque, como ya se indicó, la providencia respecto de la cual se alega la
vulneración de derechos fundamentales fue notificada el 11 de julio de 2025, es
decir, menos de dos meses antes de la presentación de la solicitud de amparo, lo
que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2025.

46. Igualmente, se encuentra satisfecha la exigencia de subsidiariedad 31, pues el
accionante no cuenta con ningún mecanismo de defensa judicial distinto a la acción
de tutela para cuestionar la providencia mediante la cual se negó la inaplicación de
la sanción por desacato que se le impuso. En efecto, como ya se indicó, dicha
providencia no era susceptible de recursos.

47. De igual forma, se halla cumplido el requisito de relevancia constitucional,
para cuya acreditación no basta con señalar los derechos fundamentales
vulnerados e identificar los defectos de la providencia controvertida, sino que, de
conformidad con lo expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
del 5 de agosto de 2014 32, es necesario que la solicitud de amparo (i) contenga una
carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a
las establecidas por el legislador.

48. Antes de explicar por qué se encuentra acreditado dicho requisito, cabe advertir
que lo establecido en la mencionada sentencia se ajusta al precedente de la Corte
Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada 33, ha sostenido que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole
patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Además, ha explicado
que aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las
especialidades de cada jurisdicción.

49. Ahora, la Sala encuentra satisfecha la exigencia de relevancia constitucional, en
tanto lo expuesto en la solicitud de amparo, de entrada, permite advertir que el
Juzgado 50 Administrativo de Bogotá pudo haber negado el levantamiento de la
sanción impuesta al aquí accionante sin tener en cuenta dos circunstancias
determinantes: (i) la realización de la junta médico-laboral ordenada en el fallo de
tutela supuestamente desacatado y (ii) el retiro del demandante del cargo de director

30
En la misma sentencia T-495 de 2024, la Corte Constitucional expuso que el «término de seis
meses es razonable para el cumplimento del requisito de inmediatez en acciones de tutela contra
providencia judicial, sin perjuicio de la acreditación de circunstancias que justifiquen su presentación
en un término mayor».
31
De acuerdo con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución y con el numeral 1 del artículo 6
del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual
resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no
sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
32
Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
33
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.

9

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

de Sanidad del Ejército Nacional, autoridad destinataria de las órdenes contenidas
en dicho fallo.

50. Lo anterior, a su vez, permite entrever un posible desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 034 de
2018, según la cual, como se expondrá más adelante, el juez de tutela debe
considerar factores objetivos y subjetivos determinantes para valorar el
cumplimiento de una orden de amparo.

51. Así las cosas, lo expuesto por el accionante e impugnante contiene la carga
argumentativa suficiente para que esta Subsección evalúe si se configuró al menos
uno de los defectos invocados: el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional.

52. Además, no puede considerarse que lo pretendido por aquel es acceder a una
instancia adicional, pues, aunque ya había planteado ante el juzgado demandado
los alegatos relativos a la acreditación del cumplimiento del fallo y a la necesidad de
un juicio de responsabilidad subjetivo, lo cierto es que, de acuerdo con la sentencia
de unificación 034 de 2018 —citada en precedencia—, las demandas de tutela como
la que es objeto de decisión no pueden incluir argumentos distintos a aquellos
planteados en el incidente de desacato.

53. Finalmente, el hecho de que el accionante haya formulado los mencionados
alegatos ante el juzgado demandado, sumado a que no solicitó la práctica de
ninguna prueba, permite concluir que se cumplió el tercero de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias expedidas en incidentes de
desacato: el relativo a la prohibición de esgrimir argumentos y pruebas nuevos.

Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional y configuración
de un defecto fáctico

54. El accionante e impugnante sostuvo que el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, así como en un desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional y de esta corporación, entre otras razones,
porque negó su solicitud de inaplicación de la sanción por desacato sin valorar las
pruebas del cumplimiento de la orden de tutela y sin efectuar un juicio de
responsabilidad subjetiva.

55. Específicamente, el señor Cortés Moncada adujo que el juzgado demandado
desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación 034 de 2018, así
como en las sentencias T-652 de 2010 y C-367 de 2014, proferidas por la Corte
Constitucional. Igualmente, afirmó que desconoció aquel contenido en el fallo de
tutela del 23 de enero de 2020, dictado por la Sección Cuarta de esta corporación
en el proceso 11001-03-15-000-2019-04421-00.

10

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

56. La sentencia de unificación 034 de 2018 constituye el pronunciamiento principal
de la Corte Constitucional en materia de acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas en incidentes de desacato. En consecuencia, para resolver el
reparo planteado por el demandante, la Sala expondrá las reglas fijadas en ella.

57. Ahora, a través de la sentencia en cuestión, la Corte Constitucional resolvió una
demanda de tutela en la que, como en el presente caso, se cuestionaron
providencias mediante las cuales se negó el levantamiento de sanciones por
desacato, bajo el único argumento de que no se acreditó el cumplimiento de lo
ordenado. Tales providencias fueron dejadas sin efectos, por cuanto se profirieron
en desconocimiento del precedente relativo a la finalidad del incidente de desacato,
pues no incluyeron un análisis subjetivo sobre el acatamiento de las órdenes de
tutela involucradas.

58. Para concluir lo anterior, la Corte sintetizó lo establecido, entre otras
providencias, en las sentencias T-171 de 2009, T-889 de 2011, C-092 de 1997 y C-
367 de 2014, como se expone a continuación 34:

(…) [E]n el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato, es
menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el
conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia
excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o
fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. (…)

En este contexto[,] cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la
responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela,
pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
para dar por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto
que se ha sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que
surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales
pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que
seguir los principios del derecho sancionador”.

De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la
orden judicial —lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal
fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el
resultado—, pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas —se
insiste— no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción.

(…)

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es
que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su
auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de
tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse
como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el
cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro

34
Énfasis añadido.

11

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el
accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la
imposición y/o aplicación de la sanción (…).

59. Lo expuesto fue ampliado por la Corte en la sentencia de unificación 034 de
2018, de la siguiente manera 35:

(…) [A]l momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial
debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de
tutela por parte de su destinatario.

Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional
de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo
dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de
las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.

Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias
como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió
allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas
orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del cumplimiento,
el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan evaluar la conducta
del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de
tutela.

60. La sentencia citada constituía precedente vinculante 36 para el Juzgado 50
Administrativo de Bogotá, debido a lo siguiente:

61. Primero, porque en ella se fijaron los criterios para la adopción de decisiones en
incidentes de desacato, labor que, precisamente, desarrolló el mencionado juzgado
al resolver la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta al aquí accionante.

62. Segundo, porque la ratio decidendi de las sentencias de tutela de la Corte
Constitucional es de obligatoria observancia 37, en virtud del principio de supremacía
constitucional, del cual se deriva la obligación de aplicar preferentemente las
disposiciones superiores y, consecuentemente, su contenido normativo, que es el
identificado por esa corporación —la Corte—, como «intérprete autorizado» de la
Constitución 38.

35
Énfasis añadido.
36
Sobre el particular, cabe recordar que, en la sentencia de unificación 304 de 2024, la Corte
Constitucional explicó que «[u]na sentencia previa constituye (…) precedente vinculante y aplicable
a un caso concreto cuando: a. la razón de su decisión contiene una regla aplicable a la situación por
resolver; b. el problema jurídico que allí se resolvió [es] semejante al que (…) corresponde decidir; y
c. los hechos de ambos casos [son] equiparables».
37
Sentencias de unificación 380 de 2021 y 304 de 2024.
38
Sentencia C-634 de 2011, reiterada en las sentencias de unificación 574 de 2019 y 380 de 2021.

12

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

63. Ahora, para determinar si el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá desconoció
la sentencia de unificación 034 de 2018, es necesario recordar que, a través de fallo
del 24 de septiembre de 2021 39, dicho juzgado amparó el derecho fundamental a la
salud de Carlos Daniel Cárdenas López y, en consecuencia, impartió una orden
compleja a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, dependencia que, para
entonces, se encontraba bajo el mando del aquí accionante. Esa orden consistió en
(i) reactivar la prestación de servicios médicos al señor Cárdenas López; (ii)
autorizar la emisión de los conceptos de las especialidades médicas que se
requirieran; (iii) realizar la junta médico-laboral de retiro y (iv) notificar el resultado
de esta.

64. Así mismo, mediante auto del 31 de julio de 2023 40 —confirmado en grado de
consulta por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca 41—, el juzgado demandado declaró el desacato de la orden de tutela
e impuso una multa de 2 SMLMV al aquí accionante. Tal decisión se sustentó en
que este había obrado negligentemente, pues, hasta ese momento, se había
limitado a cumplir un punto de la orden de amparo: la reactivación de la prestación
de servicios médicos al señor Cárdenas López.

65. Ahora, tras la revisión del expediente de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-
01, almacenado indistintamente en Samai y en OneDrive, la Sala identificó que se
solicitó el levantamiento de la sanción impuesta al aquí accionante, al menos, en
catorce ocasiones entre el 1° de julio 2024 y el 28 de mayo de 2025. Sin embargo,
en ese período, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá solo se pronunció una vez:
el 11 de julio 2025, mediante el auto por el cual se negó dicho levantamiento.

66. De las mencionadas solicitudes, se destacan las relacionadas en la siguiente
tabla:

Fecha de presentación Sustento Anexos

Emisión de orden de
Orden de concepto de
28 de octubre de 2024 42 concepto de
fonoaudiología 43
fonoaudiología.

39
Archivo «07Sentencia (…)» del expediente del proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-
00/01, almacenado parcialmente en OneDrive y visualizable mediante el enlace de acceso señalado
en la intervención del Juzgado 50 Administrativo de Bogotá en el presente trámite (índice 7 del
expediente de primera instancia del presente proceso).
40
Archivo «15AutoSanciona(…)» de la carpeta «INCIDENTE DE DESACATO» del expediente del
proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01, almacenado parcialmente en OneDrive.
41
Archivo «18ConfirmaSancionTAC» de la carpeta «INCIDENTE DE DESACATO» del expediente
del proceso de tutela 11001-33-42-050-2021-00269-00/01, almacenado parcialmente en OneDrive.
42
Archivo 019 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
43
Archivo 020 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.

13

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Realización de junta Constancia de envío del resultado
médico-laboral y de la junta médico-laboral a la
30 de marzo de 2025 44
notificación del resultado dirección de correo electrónico
correspondiente. lauracifuentes1997@gmail.com 45

Traslado del demandante
a la Vigésima Séptima
Brigada del Ejército
Decreto 2190 de 2023, mediante
Nacional, en calidad de
46 el cual se dispone el traslado del
22 de abril de 2025 comandante, a partir del
demandante y de otros miembros
22 de diciembre de 2023.
del Ejército Nacional47
Notificación del resultado
de la junta médico-laboral.

Acta de la junta médico-laboral49
Realización de junta
médico-laboral y
29 de abril de 2025 48 Autorización de notificación en la
notificación del resultado
dirección de correo electrónico
correspondiente.
lauracifuentes1997@gmail.com50

67. Ahora, como se anticipó, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá negó el
levantamiento de la sanción impuesta al aquí demandante mediante auto del 11 de
julio 202551. Para adoptar esa decisión, expuso lo siguiente 52:

Mediante escrito del 22 de abril del 2025, el señor EDILBERTO CORTÉS
MONCADA solicitó [que] i.) [se] le desvincule del trámite de tutela por falta de
legitimación en la causa, ii.) [s]e declare la nulidad de la sanción impuesta, en
atención a que ya no funge como [d]irector de Sanidad del Ejército[,] iii.) [s]e
declare el cumplimiento de la orden judicial impuesta en su contra, iii.) (sic) [s]e
inaplique la sanción impuesta en su contra, iv.) [n]o se libren los oficios
ejecutivos de sanción al Grupo de Cobro Coactivo, v.) [s]e dé respuesta a los
informes allegados por la Dirección de Sanidad y vi.) [s]e revoque, se suspenda
y se archive la sanción impuesta.

(…)

[E]l sancionado aportó copia del Decreto No. 2190 del 22 de diciembre del
2023, por medio del cual se le trasladó de la Dirección de Sanidad [DISAN]
a la vigésimo sexta brigada (sic) en calidad de comandante.

44
Archivo 039 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
45
Archivo 040 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
46
Archivo 041 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
47
Páginas 16 a 18 del archivo 041 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en
el índice 4 del expediente de segunda instancia del presente proceso.
48
Archivo 043 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
49
Páginas 1 a 4 del archivo 044 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el
índice 4 del expediente de segunda instancia del presente proceso.
50
Página 12 del archivo 044 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el
índice 4 del expediente de segunda instancia del presente proceso.
51
Archivo 050 del expediente 11001-33-42-050-2021-00269-00, visualizable en el índice 4 del
expediente de segunda instancia del presente proceso.
52
Énfasis añadido.

14

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Sin embargo, se estima que la situación administrativa consistente en el
traslado no resulta suficiente para considerar que la actuación surtida por
este Despacho esté viciada de nulidad, dado que las entidades accionadas
señalaron que el entonces [d]irector de Sanidad era el responsable de
cumplir con las órdenes impartidas en el fallo de tutela.

En efecto, el MINISTERIO DE DEFENSA y la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL
EJÉRCITO NACIONAL señalaron al señor CORTÉS MONCADA como el
funcionario encargado de atender las órdenes emanadas por el Despacho.

Además, se advierte que el auto por el cual se impuso la sanción fue proferido
antes de que se ordenara el traslado del incidentado.

(…)

Valga aclarar que la legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela
difiere de la naturaleza de la sanción por desacato, pues la primera hace
referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción (…).

(…) [L]a sanción por desacato es de carácter personal, pues no se impone a la
entidad, sino al funcionario encargado de dar cumplimiento a las órdenes
impartidas por el Juez de tutela o a su superior jerárquico, siempre que se
acredite un factor objetivo (incumplimiento de la orden) y uno subjetivo,
(negligencia, desidia en el cumplimiento de aquella).

Con todo, el anterior análisis resulta superfluo si se tiene en cuenta que la “falta
de legitimación en la causa por pasiva” no está contemplada como una causal
de nulidad, según las voces del artículo 133 del Código General del Proceso
(…).

(…)

[D]ebe recordarse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D” (…), resolvió en grado de consulta la legalidad de la
sanción (…) impuesta mediante [a]uto [del] 31 de julio de 2023 (…) al [b]rigadier
[g]eneral Edilberto Cortés Moncada, en calidad de [d]irector de Sanidad del
Ejército Nacional.

En dicha oportunidad[,] el Tribunal consider[ó] que el [d]irector de Sanidad del
Ejército Nacional ha[bía] hecho caso omiso a las órdenes impartidas en la
sentencia de tutela objeto de desacato, lo que conlleva a (sic) una reiterada
vulneración de los derechos fundamentales del incidentante, dado que solo
demostró que[,] a la fecha[,] el demandante se encuentra activo en el
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, sin que tal actuación resulte
suficiente, si se tiene en cuenta que la sentencia judicial dio otras órdenes,
como por ejemplo, realizar el examen de retiro, que implica la autorización de
los conceptos médicos por las especialidades que requiera el actor, y si resulta
procedente, la realización de la Junta Médico Laboral, con el fin de que se defina
su situación médico laboral.

Adicionalmente, no puede olvidarse que la sentencia judicial objeto de desacato
fue proferida el 24 de septiembre de 2021, lo que significa que desde ese
momento a la fecha en que se emite la presente decisión, han pasado cerca de
dos años, tiempo más que suficiente para que se hubiera dado cabal
cumplimiento a la orden judicial.

Se advirtió que[,] hasta ese momento, no se observa[ba]n acciones positivas
reales y concretas encaminadas a señalar fechas para la realización de los

15

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

correspondientes exámenes médicos, y a comunicarlas al actor. Tampoco ha
facilitado la comunicación al accionante, quien señala que no lo atienden
personalmente y tampoco vía telefónica.

Finalmente, confirmó el auto del 31 de julio de 2023, razón por la cual, y en
acatamiento de dicha orden proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como superior funcional de este Juzgado, no podría este
Despacho inaplicar una sanción que se encuentra ejecutoriada y en firme, y
contra la cual, el señor CORTÉS MONCADA no interpuso ningún tipo de
recurso.

68. Lo anterior evidencia que, para negar el levantamiento de la sanción impuesta
al aquí demandante, el Juzgado Administrativo 50 de Bogotá solo tuvo en cuenta,
sin explicación alguna, la solicitud del 22 de abril de 2025. Como consecuencia,
ignoró aquellas presentadas el 28 de octubre de 2024, el 30 de marzo de 2025 y el
29 de abril siguiente —descritas en la tabla incluida en el párrafo 51—, junto con
sus respectivos medios probatorios.

69. Esos medios probatorios eran determinantes para adoptar una decisión sobre
la inaplicación de la sanción por desacato, pues versaban sobre (i) la emisión de un
concepto médico, (ii) la realización la junta médico-laboral y (iii) la notificación del
resultado de esta. En otras palabras, aquellos recaían sobre los puntos de la orden
de tutela que no se habían cumplido cuando se impuso la mencionada sanción.

70. Pese a la existencia de tales medios probatorios, el Juzgado 50 Administrativo
de Bogotá concluyó que únicamente se había acreditado el acatamiento del primer
punto de la orden de tutela: el relativo a la reactivación de la prestación de servicios
médicos al señor Cárdenas López. Así, es evidente que dicho juzgado incurrió en
un defecto fáctico, el cual se configura, entre otros eventos, cuando el juez «ignora
o no valora, injustificadamente, una realidad probatoria determinante para el
desenlace del proceso»53.

71. Por otro lado, el auto del 11 de julio 2025 —citado en precedencia— demuestra
que el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá reconoció el deber de considerar
factores objetivos y subjetivos al proferir decisiones en un incidente de desacato,
pero dejó de lado el estudio sobre dichos factores en el caso concreto. En particular,
obvió todo análisis frente a un factor subjetivo determinante: la incidencia del
traslado del aquí demandante en su capacidad de hacer efectiva la orden de
amparo.

72. De ese modo, es claro que el juzgado demandado desconoció la sentencia de
unificación 034 de 2018. Esto, aunado a la configuración del defecto fáctico
descrito en precedencia, basta para concluir que se vulneró el derecho fundamental
al debido proceso del señor Cortés Moncada, motivo por el cual resulta innecesario
estudiar si también se desconocieron las sentencias C-652 de 2010 y C-367 de
2014, proferidas por la Corte Constitucional, y si se concretó un defecto sustantivo.

53
Corte Constitucional, sentencia de unificación 380 de 2021.

16

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00774-01
Accionante: Edilberto Cortés Moncada
Accionado: Juzgado 50 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

73. Así las cosas, se concederá el amparo pretendido por el demandante y, en
consecuencia, (i) se dejará sin efectos el auto del 11 de julio 2025, mediante el cual
se negó el levantamiento de la sanción por desacato, y (ii) se ordenará al Juzgado
50 Administrativo de Bogotá que profiera la decisión de reemplazo correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Edilberto
Cortés Moncada.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 11 de julio 2025, proferido por el
Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, mediante el cual se negó el levantamiento de
la sanción por desacato impuesta al aquí demandante en el proceso de tutela
11001-33-42-050-2021-00269-00/01.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado 50 Administrativo de Bogotá que, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte una nueva
decisión sobre el levantamiento de la mencionada sanción, (i) valorando los medios
probatorios aportados para tal efecto con las solicitudes del 28 de octubre de 2024,
del 30 de marzo de 2025 y del 29 de abril siguiente; y (ii) considerando, de
conformidad con lo establecido en la sentencia de unificación 034 de 2018, los
factores objetivos y subjetivos determinantes para evaluar el cumplimiento de la
orden de tutela, incluyendo la incidencia del traslado del aquí demandante en su
capacidad de hacer efectiva dicha orden.

QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

17

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