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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00829-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00829-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Radicado: 25000-23-15-000-2025-00829-01 Accionante: Daniel Mayorga Cabrales Accionado: Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y otro Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso invocados por el señor Daniel Mayorga Cabrales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, decida la solicitud de nulidad presentada por el actor dentro del proceso de reparación directa bajo el radicado núm. 11001-33-43-061-2025-00199- 00, teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión. TERCERO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. CONFIRMAR, en lo demás, la decisión impugnada. QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remitir copia. SÉPTIMO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00829-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-15-000-2025-00829-011
Accionante : Daniel Mayorga Cabrales
Accionados : Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y
Superintendencia de Industria y Comercio
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, rechazo de la demanda

Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del 4 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 19 de septiembre de 2025, el señor Daniel Mayorga Cabrales, quien actúa en

nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de profesión
u oficio, acceso a la administración de justicia, petición, habeas data, personalidad

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Ana Margoth Chamorro Benavides.

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Accionante: Daniel Mayorga Cabrales
Accionado: Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y otro

jurídica y propiedad privada, presuntamente vulnerados por el Juzgado Sesenta y
Uno Administrativo de Bogotá y Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Por consiguiente, solicitó:

PRIMERO. Decretar la nulidad de lo actuado ante el Juzgado Administrativo 61,
Seccción Tercera de Bogotá. D.C, por falta de representación y bloqueo ilegitimo de
correspondencia, Spoliation y usurpación de información del accionante […]

SEGUNDO. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, abstenerse de
comunicar y dar acceso a la documentación confidencial a terceros ajenos […] (sic)

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, en 2025, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentó demanda y registró para efectos de notificaciones
la cuenta Daniel.mayorga01@est.uexternado.edu.co. No obstante, afirmó que
dicha dirección electrónica fue cerrada de manera unilateral por la universidad.

5. El conocimiento de ese asunto contencioso-administrativo correspondió al
Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá4, que mediante auto del 29 de
julio de 2025 inadmitió la demanda y, posteriormente, el 2 de septiembre de 2025,
la rechazó al no haber sido subsanada.

6. Manifestó que, a raíz del bloqueo del correo, quedó imposibilitado para conocer

de las actuaciones surtidas por el Juzgado al interior del proceso, circunstancia
que le impidió enterarse oportunamente de la inadmisión y poder subsanarla.
Agregó que, frente a esa situación, presentó solicitud de nulidad de todo lo
actuado; sin embargo, sostuvo que no obtuvo respuesta, lo que, en su sentir,
vulnera sus derechos fundamentales invocados.

7. De otro lado, señaló que, en otros trámites constitucionales relacionados con el

cierre del correo, fue vinculada la Superintendencia de Industria y Comercio,
entidad frente a la cual afirmó la vulneración de su derecho al habeas data, al
estimar que parte de su información personal fue remitida a terceros sin
autorización.

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
4
Proceso núm. 11001-33-43-061-2025-00199-00.

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1.4 Contestación de la acción

1.4.1 La Superintendencia de Industria y Comercio5

8. Solicitó ser desvinculada, al sostener que carece de legitimación en la causa por

pasiva, pues, los hechos expuestos por el actor no le son atribuibles. Precisó que lo
puesto en su conocimiento corresponde a una reclamación en materia de habeas
data financiera, sujeta al trámite especial previsto en la Ley 1 266 de 2008, y no a
una actuación relacionada con la decisión judicial cuestionada.

9. De otro lado, indicó que los reproches planteados por el tutelante se dirigen contra

las actuaciones surtidas por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá,
asunto ajeno a su ámbito funcional. En ese sentido, adujo que no vulneró derecho
fundamental alguno del actor y pidió declarar improcedente la tutela frente a la
entidad.

1.4.2 El Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá

10. Guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.5 Providencia impugnada6

11. Mediante sentencia del 4 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, al considerar que «[…] [e]l accionante dijo que solicitó la nulidad de
lo actuado ante el juzgado, pero no existe una actuación registrada en el SAMAI al respecto. De ahí
que se infiere que el accionante no planteó ante el juzgado la situación acaecida con su correo de
notificaciones. En esas circunstancias, para la Sala es evidente que el actor contó con los
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir de manera oportuna las decisiones del juzgado,
pero no lo hizo. […]», por otra parte, precisó que «[…] [n]o existe legitimación de la
Superintendencia de Industria y Comercio porque el reproche directo de la tutela es con la
notificación de un auto de rechazo de demanda proferido por un juzgado […]».

1.6 La impugnación7

12. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que el bloqueo del correo electrónico

5
Índice 35 de SAMAI del expediente de primera instancia.
6
Índice 38 de SAMAI del expediente de primera instancia.
7
Índice 42 de SAMAI del expediente de primera instancia.

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Daniel.mayorga01@est.uexternado.edu.co le impidió conocer oportunamente las
actuaciones del proceso e intervenir en el trámite.

13. De otro lado, adujo que no podía exigírsele el cumplimiento de cargas que, en la

práctica, le resultaban imposibles de atender, como consultar el expediente, validar
identidad en los sistemas habilitados o actuar por medio electrónico previamente
registrado. Razones por las cuales solicitó decretar la nulidad de lo actuado en el
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

14. En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico

16. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
del 2 de septiembre de 2025, por medio de la cual, el Juzgado Sesenta y Uno

8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Accionante: Daniel Mayorga Cabrales
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Administrativo de Bogotá rechazó la demanda de reparación directa promovida por
el tutelante (expediente 11001-33-43-061-2025-00199-00) y la falta de
pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad que el actor afirma haber presentado;
y, en caso afirmativo, si se han vulnerado los derechos fundamentales invocados
en la solicitud de amparo.

2.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

17. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de

la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos

de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común12.

18. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de

buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico13. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia14.

19. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de
los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo15.

12
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
14
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
15
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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20. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos

del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia
de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela.

21. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la

respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de
los derechos sobre las consideraciones de índole formal16.

22. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso

concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado17.

23. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad18.

2.5 Caso concreto

16
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
17
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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24. En el asunto sub judice, la inconformidad del actor radica en que, el cierre del

correo electrónico que registró para efectos de notificaciones, le impidió conocer
oportunamente las decisiones adoptadas dentro del medio de control de reparación
directa que promovió, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo de Bogotá, que por dicha circunstancia no conoció de la inadmisión
de la demanda y, por consiguiente, no la pudo subsanar, lo que condujo a su
rechazo mediante auto del 2 de septiembre de 2025. A su juicio, esa actuación
vulneró sus derechos fundamentales y, por tanto, se debe de declarar la nulidad
de lo actuado dentro del proceso ordinario.

25. Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se

tiene que, deviene en improcedente por incumplir con el requisito de subsidiariedad
en las acciones de tutela contra providencias judiciales de acuerdo con las razones
que, se pasan a exponer.

26. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta

procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de
tutela procede de manera transitoria19.

27. Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió

que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben
cumplir una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales20, que
ya fueron referidos en la parte considerativa de la presente providencia. Sin
embargo, en el caso concreto se advierte que, la parte accionante no agotó todos
los mecanismos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la
providencia objeto de estudio.

28. En ese sentido, el demandante disponía del recurso de apelación consagrado en

el artículo 24321 del CPACA, el cual, establece que, el auto mediante el cual se
rechaza la demanda es susceptible de dicho recurso, esto es, la posibilidad de

19
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21
«ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en
la misma instancia:
1. El que rechace la demanda […].». (negrillas fuera del texto).

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acudir ante el superior jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta
a derecho, o si, por el contrario, debe de revocarse lo decidido por el a quo.

29. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el ordenamiento jurídico estipula de

manera expresa que la decisión que rechaza la demanda en asuntos contencioso-
administrativos es susceptible de ser controvertida a través del recurso de
apelación, por ende, el accionante antes de haber acudido a la tutela debió de
agotar el referido mecanismo el cual resulta idóneo para cuestionar la providencia
acá atacada.

30. En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que

la tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los
recursos ordinarios cuando la parte afectada dejó vencer los términos para
interponerlos sin una justificación válida, al respecto indicó:

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional 22.

31. En esa línea, no se puede pretender que a través de este medio se reabran

etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber
presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario 23.

32. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la

preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»24.

33. Destaca la Sala que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al juez
constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos,
a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido
proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide asumir que
el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos del

22
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Artículo 86 de la Carta Política.

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tutelante y evitar un daño inminente.

34. De otro lado, el accionante manifestó haber presentado solicitud de nulidad de lo

actuado dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 11001-33-43-
061-2025-00199-00. No obstante, al revisar las actuaciones surtidas en dicho
trámite a través del sistema de gestión judicial SAMAI, no se observa registro alguno
que dé cuenta de la radicación de ese memorial.

35. Sin embargo, el señor Mayorga Cabrales allegó constancia de remisión de dicha

solicitud el 9 de septiembre de 2025 al correo electrónico
Jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co de la autoridad accionada, al respecto se
observa:

25

36. En esas condiciones, no resulta acertado concluir que el accionante no puso en

conocimiento del juzgado la situación derivada del cierre del correo electrónico que
había registrado para efectos de notificaciones.

25
Aportada con el escrito de impugnación, visible a índice 42 de SAMAI de primera instancia, archivo
«40_MemorialWeb_Recurso-PRUEBASDESAPARECIDA».

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37. Por tal razón, la Sala estima que, a raíz del envío de la solicitud de nulidad al

correo del juzgado, se tiene prima facie, que el actor intentó activar una respuesta
por parte del despacho frente a la irregularidad que ahora alega en este trámite.

38. Al respecto, conviene recordar el artículo 229 de la Constitución Política, que

garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. En
ese sentido, la Corte Constitucional26 ha definido ese derecho como «la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad
ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción
a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales
y procedimentales previstas en las leyes»; además, ha precisado que «[…] el derecho de
acceso a la justicia no se verifica únicamente con el hecho de acudir ante los jueces competentes,
sino que implica que la persona que acude obtenga una solución de fondo pronta, cumplida y
eficaz.»27

39. En línea con lo anterior, dicha garantía impone a las autoridades judiciales el

deber de evitar que circunstancias ajenas al interesado frustren el ejercicio efectivo
de sus derechos. Por ello, cuando obran elementos que permitan inferir que la parte
acudió al juez, corresponde propender porque obtenga un pronunciamiento efectivo
sobre lo pedido, en armonía con el mandato Superior de asegurar un acceso real, y
no meramente aparente, a la administración de justicia.

40. Por lo tanto, es deber del Estado proveer todas las garantías para que las
personas, puedan acceder a la justicia, es decir, puedan ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.

41. De igual forma, el derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo

29 de la Carta Política, establece que este derecho se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto
las autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a
ceñirse a las normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno,
la protección y realización de los derechos de las personas.

42. Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso tiene

26
Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-608 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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incidencia respecto de:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario
acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas,
a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de
lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad
o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo
con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo
establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen
parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa;
los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la
ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual
exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas28.

43. Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros

derechos como el de la igualdad ante la ley o la dignidad humana, mientras que
desarrolla una serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de
las actuaciones judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su
quebrantamiento afecta uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de
Derecho y en consecuencia tiene la capacidad de justificar la intervención del juez
de tutela.

44. Pues bien, dentro del proceso de reparación directa, si bien es cierto no obra

constancia de radicación de la solicitud de nulidad en el aplicativo SAMAI, se
encuentra acreditado que el actor la remitió el 9 de septiembre de 2025 al correo
electrónico Jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co, perteneciente al Juzgado

28
Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00829-01
Accionante: Daniel Mayorga Cabrales
Accionado: Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y otro

Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá. En esas condiciones, la Sala estima que
el memorial fue puesto en conocimiento del despacho a través del buzón electrónico
institucional y que, por tanto, le correspondía verificar su recepción, registrarlo en
SAMAI y darle el trámite que en derecho correspondiera.

45. Así las cosas, la Sala encuentra que el juzgado accionado desconoció la solicitud

del actor, toda vez que no la incorporó al expediente ni emitió pronunciamiento
alguno sobre ella. Esa omisión privó al accionante de obtener respuesta frente al
escrito mediante el cual puso en conocimiento del despacho la situación presentada
con su correo electrónico.

46. En consecuencia, la Sala considera que, en aras de garantizar el acceso efectivo

a la administración de justicia y el debido proceso del accionante, resulta necesario
que el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá verifique la actuación
adelantada por el señor Mayorga Cabrales y emita pronunciamiento sobre la nulidad
invocada y, de ser procedente, adopte las medidas necesarias para corregir lo
actuado conforme al ordenamiento jurídico.

III. DECISIÓN

47. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará parcialmente la sentencia del 4 de

febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso del señor Daniel Mayorga Cabrales. En
consecuencia, se ordenará al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá que
decida la solicitud de nulidad presentada por el accionante dentro del proceso con
radicado núm. 11001-33-43-061-2025-00199-00.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00829-01
Accionante: Daniel Mayorga Cabrales
Accionado: Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y otro

Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y debido proceso invocados por el señor Daniel Mayorga Cabrales, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo
de Bogotá que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de
esta providencia, decida la solicitud de nulidad presentada por el actor dentro del
proceso de reparación directa bajo el radicado núm. 11001-33-43-061-2025-00199-
00, teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión.

TERCERO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. CONFIRMAR, en lo demás, la decisión impugnada.

QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remitir copia.

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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