Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00834-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ejecución: confirma inciso segundo del ordinal segundo del fallo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00834-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-00834-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2025-00834-01
Accionante: CECILIA MENDOZA
Accionados: JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
EJECUCIÓN – Confirma inciso segundo del ordinal segundo del fallo
impugnado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra el inciso
segundo del ordinal segundo de la sentencia de 25 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Cecilia Mendoza solicitó la protección de sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso “[…] derecho de obtener una decisión administrativa de
manera oportuna […]”, cuya vulneración le atribuyó i) al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá por la presunta omisión de tramitar el
incidente de desacato de tutela núm. 11001-33-36-035-2025-00134-00, ii) a
Colpensiones por no resolver de fondo la revocatoria directa radicada el 28 de
febrero de 2025 y, iii) a la Procuraduría General de la Nación, por la omisión de
tramitar la queja disciplinaria de 14 de marzo de 2025.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo y el memorial de
corrección de la solicitud de tutela, los hechos y razones que motivan el ejercicio de
la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 28 de febrero de 2025, mediante radicado núm. 2025_3596368
solicitó a Colpensiones, la revocatoria directa de la Resolución SUB 350521 de 11 de
octubre de 2024 a través de la cual se le reconoció una pensión de sobrevivientes a
Jasmín Margarita Camargo Pacheco.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 25000-23-15-000-2025-00834-01
Accionante: Cecilia Mendoza
2.2. Refirió que, ante el silencio de la autoridad judicial, presentó la acción de tutela
radicado núm. 11001333603520250013400 contra Colpensiones y, la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia de 22 de mayo de 2025 revocó el fallo de 29 de abril de 2025 proferido
por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y, en su lugar,
amparó el derecho fundamental de petición y ordenó:
“[…] Segundo: Ordénase al Presidente de Colpensiones, o a quien haga sus
veces, que a través de la dependencia competente, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la fecha y hora en que se le notifique este fallo, y
en caso de no haberlo hecho proceda a resolver de fondo la solicitud elevada
por la actora el 28 de febrero de 2025; y de encontrar que la misma, está
incompleta, o, que, la peticionaria debe realizar una gestión de trámite a su
cargo, deberá dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo No. 1° del artículo
16, en el artículo 17 y 95 y siguientes, de la Ley 1437 de 2011.
Se advierte al Presidente de Colpensiones que, no podrá inadmitir la solicitud
de revocatoria directa elevada por la actora exigiéndole datos o documentos
que no sean necesarios para resolver tal solicitud o que se encuentren dentro
de los archivos de esa entidad.
Inmediatamente, notificará su decisión al accionante, en los términos
establecidos en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo.
Al día siguiente al vencimiento del término señalado en la orden anterior, la
autoridad accionada deberá acreditar el cumplimiento de las presentes órdenes
judiciales allegando, con destino a este expediente, copia de la documentación
que así lo demuestre, tan pronto como se realice la notificación […]”.
2.3. Señaló que radicó solicitud de incidente de desacato ante el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que mediante auto de
22 de agosto de 2025 admitió el incidente de desacato.
2.4. Manifestóque, Colpensiones expidió la Resolución SUB 271331 del 25 de
agosto de 20251 a través de la cual negó la Revocatoria Directa de la Resolución
SUB 350521 de 11 de octubre de 2024 y negó su solicitud de pensión de
sobrevivientes.
2.5. Indicó que, por lo anterior, la autoridad judicial accionada mediante auto de 9 de
septiembre de 2025 resolvió:
“[…] PRIMERO: ABSTENERSE de continuar con el incidente de desacato
presentado por la señora Cecilia Mendoza, en contra de Diana Carolina
Montana Bernal en calidad de subdirectora de Determinación de la Dirección
de Prestaciones Económicas de Colpensiones, por las razones expuestas en
la parte motiva.
SEGUNDO: EXHORTAR a Colpensiones para que culmine el trámite de
investigación administrativa especial dentro del término de seis (06) meses
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“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE
PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – TUTELA) […]”
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Accionante: Cecilia Mendoza
señalados en el acto administrativo mencionado y notifique de su resultado a
la accionante. […]”
2.6. Señaló que el 13 de marzo de 2025, presentó ante la Procuraduría General de la
Nación, una “[…] queja disciplinaria […]”, contra una funcionaria de Colpensiones, con
base en que “[…] se encuentra obstruyendo sin fundamento alguna el trámite de un
derecho fundamental de petición en el cual se encuentra inmersa una solicitud de
revocatoria directa de un acto administrativo […]”. Sin que a la fecha de la
presentación de la presente acción de tutela se le haya dado trámite alguno.
2.7. Adujo que las autoridades accionadas le vulneraron sus derechos fundamentales
indicados supra, toda vez que, es una persona de 80 años que acreditó ser la
progenitora de Rubén Darío Mendoza (q.e.p.d) y cumple con todos los requisitos para
que se le reconozca la pensión de sobrevivientes de su hijo.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se ordene al juzgado 35 Administrativo de Bogotá, al interior del radicado
No. 11001333603520250013400, garantice el cumplimiento de la orden del
Tribunal, pues a pesar de qué se le informó que COLPENSIONES NO ha
resuelto de fondo mi solicitud de REVOCATORIA DIRECTA, para el
reconocimiento de la pensión sobrevivientes a la que tengo derecho según el
estudio que realizó Colpensiones en la RESOLUCIÓN SUB-271331 DEL 25 DE
AGOSTO DE 2025, decidió archivar mi solicitud de incidente de desacato,
poniendo trabas constitucionales ante lo evidente.
Se ordene a la LA (sic) PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN dar
trámite a la queja disciplinaria presentada el 14 de marzo de 2025, por los
hechos de fraude,
Se ordena a COLPENSIONES, quien ha incurrido en conductas
desconocedoras de derechos fundamentales, ha dilatado el trámite, con
respuestas evasivas e ilegales que, demuestran, inoperancia y negligencia,
máxime cuando están en juego los derechos de fundamentales de una persona
de 85 años de edad, a quien de manera ilegal le encuentran su derecho
pensional que, me corresponde para garantizar mi vida en condiciones de
dignidad, supliendo la pérdida del ingreso de la persona que proporcionaba mi
manutención en vida que era mi hijo, frente al accionar inescrupuloso de
personas que se encuentran defraudando el sistema. Por lo que solicito que
COLPENSIONES garantice en el trámite de revocatoria directa, un "debido
proceso" basado en principios de celeridad, moralidad y eficacia que, debe
seguir como entidad pública, al respecto es importante mencionar que, el
artículo 19 de la Ley 797 del 2003 señala que “Los representantes legales de
las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, (…) En caso de comprobar
el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base
en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa
del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar
copias a las autoridades competentes” en garantía de mis derechos
fundamentales, me mantenga informada de todos los trámites y actuaciones
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Accionante: Cecilia Mendoza
llevadas a cabo en la investigación de fraude, que se notifique auto de apertura,
auto de prueba, cualquier actuación, de mi afectación directa […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 22 de septiembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá señaló que dentro del
incidente de desacato de tutela 11001333603520250013400, se valoró la conducta
del funcionario encargado de cumplir la orden del fallo de tutela, encontrando que
este dio cumplimiento al mismo y, a su vez se le indicó a la accionante que “[…] la
negación de la revocatoria directa a la que pretende la accionante conlleva a un
procedimiento que envuelve derechos de un tercero, por lo que sí es de su interés
debe acudir a los mecanismos jurídicos ordinarios que para el efecto en la
normatividad vigente […]”.
5.2. Por
lo anterior, solicitó se desestimen las pretensiones invocadas por la
accionante.
5.3. La Procuraduría General de la Nación informó que la queja núm. E-2025-
124211 de 14 de marzo de 2025, fue remitida por competencia a la oficina de
control interno de Colpensiones, razón por la cual solicitó se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado.
5.4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó se
declare la improcedencia del mecanismo de amparo, toda vez que mediante
Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 2025 negó la revocatoria directa de
la Resolución SUB 350521 de 11 de octubre de 2024 “[…] debido a que conforme
a lo indicado por la accionante el caso fue remitido a la Gerencia de Prevención del
Fraude área que cuenta con 6 meses para validar el inicio de la Investigación
Administrativa Especial […]”, actuación administrativa a través de la cual se dio
cumplimiento a la sentencia de tutela de 22 de mayo de 2025.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 25 de septiembre de 2025, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1) negó la acción
de tutela contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá, 2) declaró la
cosa Juzgada respecto a la falta de respuesta de fondo de la petición de revocatoria
directa radicada el 28 de febrero de 2025 y declaró improcedente la acción de tutela
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Accionante: Cecilia Mendoza
contra Colpensiones respecto al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes y, 3) Declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a la Procuraduría General de la Nación.
7. El juez de primera instancia negó las pretensiones contra el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Bogotá al considerar que “[…] la orden proferida por esta
Corporación el 22 de mayo de 2025, consistió en resolver de fondo la solicitud
elevada por la actora el 28 de febrero de 2025 (de revocatoria directa) y al dictarse
la Resolución No. SUB-271331 del 25 de agosto de 2025 donde se niega dicho
pedido así como la pensión de sobrevivientes, cumple con tal cometido, pese a ello
el A quo -en su condición de autoridad competente para verificar el cumplimiento
del fallo- consideró que para el cumplimiento total de la orden además se requiere
que una vez finalizados los 6 meses que arguyó la entidad para adelantar la
investigación administrativa especial, notifiqué su resultado a la señora Cecilia
Mendoza, decisión que respeta esta colegiatura pese a que se insiste, la orden
amparada en sede de tutela ya fue cumplida con la expedición del citado acto
administrativo […]”.
8. Respecto a la petición de revocatoria de 28 de febrero de 2025, el a quo concluyó
que “[…] en el presente caso ha operado la cosa juzgada constitucional respecto
del amparo solicitado por la tutelante, relativo a una resolución de fondo de la
revocatoria directa radicada el 28 de febrero de los corrientes, puesto que
concurren en su totalidad los supuestos contemplados en el artículo 303 del C.G.P.,
razón por la cual, se trata de un tema superado en forma definitiva sin que pueda
abordarse nuevamente su estudio, con miras a evitar que la discusión se convierta
en un debate ad infinitum […]”.
9. Frenteal reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, declaró
improcedente el mecanismo de amparo al concluir que “[…] la acción de tutela no
puede convertirse en un escenario sustitutivo de la jurisdicción natural para dirimir
controversias sobre la titularidad de prestaciones económicas, pues ello supondría
desplazar el debate probatorio propio de un proceso ordinario hacia un trámite
sumario y preferente que, por definición, carece de la amplitud necesaria para
establecer con certeza a quién corresponde el derecho reclamado y, en el evento
de hacerse, se desconocería el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela
[…]”.
10. Lo anterior, en razón a que al haber sido “[…] constatada la existencia de un
debate entre la compañera permanente y madre del causante, la Sala concluye que
la acción de amparo resulta improcedente, pues Colpensiones aún no culmina la
investigación administrativa especial que adelanta y además la controversia puede
definirse en sede judicial con plena oportunidad de contradicción y valoración
integral de las pruebas […]”.
11. Finalmente, respecto de la queja presentada ante la Procuraduría General de la
Nación, el juez de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por hecho
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Accionante: Cecilia Mendoza
superado, toda vez que “[…] al momento de contestar la acción se acreditó que se
efectuó el correspondiente envío de la queja a Colpensiones expresando las
disposiciones normativas que justifican la falta de competencia de esa entidad para
tramitarla y adicionalmente acreditó informar de ello a la peticionaria el mismo día -
22 de septiembre de 2025 […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocar el inciso
segundo del ordinal segundo de la sentencia, y en su lugar, se tutelen los derechos
a la seguridad social, mínimo vital y vida digna.
13. Indicó que “[…] la resolución es, en sí misma, dilatoria e incumplidora del espíritu
de la orden de tutela inicial, pues pospone la solución de fondo (el reconocimiento
a mi favor) al supeditarlo a una investigación de seis meses, a pesar de tener la
prueba "contundente" de la irregularidad. Por lo que este mecanismo constitucional
es el único mecanismo con el que cuento, inmediato y expedito con el que cuento
para garantizar la protección fundamental a mi favor y ordenar a COLPENSIONES
[…]”.
14. Manifestóque “[…] [s]oy una persona discapacitada por la enfermedad de
Hansen (Lepra), y recientemente he sufrido una fractura del cuello del fémur
(cadera) y una fractura de radio, esperar seis (6) meses a que COLPENSIONES
culmine una investigación administrativa que debió realizar desde febrero de 2025,
fecha de radicación de la solicitud de revocatoria directa […]”.
15. Adujo que, “[…] el núcleo de mi problema no es un simple desacuerdo legal,
como erróneamente lo manifestó el tribunal, sino un acto de usurpación de mi
derecho pensional a manos de un tercero, que solo fue posible gracias a la omisión
grave y extraña y, al indebido estudio de seguridad realizado por COLPENSIONES.
Resalto. La persona a quien se le reconoció la prestación (JASMIN MARGARITA
CAMARGO PACHECO) aportó documentos falsos, incluyendo declaraciones
extrajuicio de personas ubicadas en el Departamento del Magdalena, que fueron
hechas pasar por hijos Y hermanos míos con la coincidencia del apellido
"Mendoza". Esto es materialmente imposible, pues mi hijo, yo y mi núcleo familiar
somos originarios y residentes del Departamento de Santander. La entidad ignoró
esta evidente incongruencia regional que bien hubiera podido ser detectada a
través del estudio de la carpeta pensional de mi hijo quien por naturales razones
fue calificado por la JUNTA REGIONAL DE SANTANDER […]”.
16. Indicó que “[…] si bien el Tribunal consideró "cumplida" la orden de tutela inicial
con la expedición de la Resolución SUB-271331, este acto es, en realidad, dilatorio
e incumplidor del espíritu de la protección constitucional. La resolución pospone la
solución de fondo (mi reconocimiento pensional) al supeditarlo a una investigación
administrativa de seis (6) meses –a pesar de tener la prueba "contundente" del
fraude–, y al establecer que, solo después de la revocatoria, podré iniciar un nuevo
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Accionante: Cecilia Mendoza
trámite. Esto es una burla a la justicia constitucional y prolonga de forma inadmisible
la vulneración de mi Mínimo Vital. El perjuicio irremediable se consolida con esta
dilación institucional. […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
17. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y de la tutela contra providencias
judiciales. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
proferidas dentro del trámite incidental de desacato de un proceso de tutela, iii) la
acción de tutela contra actos administrativos; para posteriormente ii) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se
satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Cecilia Mendoza
VIII.3. La procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
20. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
incidentes de desacato, la Corte Constitucional9 ha señalado que este mecanismo
procede excepcionalmente en contra de providencias proferidas en el trámite del
incidente de desacato, cuando se generen situaciones que vulneren derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
21. Precisamente, a través de la sentencia SU- 034 de 2018, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
VIII.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos
22. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.
23. En ese sentido, la jurisprudencia10 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
9
Ver sentencias T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero
de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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Accionante: Cecilia Mendoza
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de
la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].
24. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:
“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la
protección de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento
del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de
protección. Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
se encuentra regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su
procedencia la comprobación de una contradicción entre el acto demandado y
una norma superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas
allegadas a la solicitud” […]”.
25. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que
se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.
26. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200311, la Corte Constitucional determinó:
“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá
suspender la aplicación del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de
1991] u ordenar que el mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de
1991] mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo [...]”. [Subrayado fuera del texto].
27. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable,
la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en
Sentencia T - 912 de 2006, se señaló:
11
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Radicación: 25000-23-15-000-2025-00834-01
Accionante: Cecilia Mendoza
“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este
punto lo siguiente:
[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de
hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio
irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la
acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó
lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.
VIII.5. El caso concreto
28. La señora Cecilia Mendoza solicitó la protección de sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso y “[…] derecho de obtener una decisión administrativa
de manera oportuna […]”, cuya vulneración le atribuyó i) al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá por la presunta omisión de tramitar el
incidente de desacato de tutela núm. 11001-33-36-035-2025-00134-00, ii) a
Colpensiones por no resolver de fondo la revocatoria directa radicada el 28 de
febrero de 2025 y, iii) a la Procuraduría General de la Nación, por la omisión de
tramitar la queja disciplinaria de 14 de marzo de 2025.
29. Teniendo en cuenta que el escrito de impugnación presentado por la parte actora
únicamente cuestionó el inciso segundo del ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia, la Sala se limitará a estudiar dicho aspecto.
30. Precisado lo anterior, esta Sección estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
31. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
11
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residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
32. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula del texto].
33. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
34. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.
12
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
12
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35. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”14.
36. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
37. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
38. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte actora alega
que con la expedición de la Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 202515 a
través de la cual, Colpensiones le negó la Revocatoria Directa de la Resolución
SUB 350521 de 11 de octubre de 2024 y negó su solicitud de pensión de
sobrevivientes, dicho acto es “[…] dilatori[o] e incumplidor[] del espíritu de la orden
de tutela inicial, pues pospone la solución de fondo (el reconocimiento a mi favor)
al supeditarlo a una investigación de seis meses […]”
39. El fallo impugnado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, en tanto que “[…] la acción de tutela no puede
convertirse en un escenario sustitutivo de la jurisdicción natural para dirimir
controversias sobre la titularidad de prestaciones económicas, pues ello supondría
desplazar el debate probatorio propio de un proceso ordinario hacia un trámite
sumario y preferente que, por definición, carece de la amplitud necesaria para
establecer con certeza a quién corresponde el derecho reclamado […]”.
40. De lo anterior, la Sala observa que la Resolución SUB 271331 del 25 de agosto
de 2025 fue expedida en cumplimiento a la sentencia de tutela de 22 de mayo de
2025 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y de la cual se adelantó incidente de desacato
ante el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad
judicial competente para tramitar la verificación del cumplimiento al fallo de tutela.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE
PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – TUTELA) […]”
13
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41. Esta Sección ha señalado que la acción de tutela es improcedente contra este
tipo de actos porque no crean, extinguen o modifican una situación jurídica en razón
a que se limitan a dar cumplimiento a una orden judicial. En efecto, en la sentencia
de 7 de julio de 202316 se señaló lo siguiente:
“[…] 9. Retornando al caso objeto de estudio, se advierte que la Resolución N°
SUB58583 de 1 de marzo de 2023, emitida por la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, es un acto de ejecución de los
fallos proferidos en primera y segunda por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima.
40. Nótese que en las consideraciones del citado administrativo se indicó: «[…]
[e]n este orden de ideas, se procederá a dar cumplimiento al fallo judicial
proferido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
IBAGUE y confirmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA y
como consecuencia se ordenará la disminución de la mesada pensional en
cuantía inicial de $2.270.283, a partir del 1 de marzo de 2023 […]».
41. Valga resaltar que los actos administrativos de ejecución son aquellos
que se limitan a dar cumplimiento a las decisiones de autoridades
judiciales. En ese sentido, la Corte Constitucional y esta Corporación han
sostenido que, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente
contra este tipo de actos porque no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica, sino que se restringen a dar cumplimiento a una orden que, como en
el presente caso, se encuentra cobijada por la institución de la cosa juzgada.
Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 077 de 201824, señaló
lo siguiente:
«De otra parte, los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de
ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no
crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están
encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos,
esta Corporación ha establecido que “(…) no expresan en conjunto la
voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto
de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los
casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.”
(…)
15. De la clasificación de los actos de la administración y, en particular,
la categoría de actos de trámite, se deduce que por regla general la tutela
es improcedente para cuestionarlos, en la medida en que no expresan en
concreto la voluntad de la administración y son susceptibles de control por
parte del juez natural del asunto cuando se controvierta la legalidad del acto
administrativo definitivo.
(…)
En ese orden de ideas, la tutela procede excepcionalmente para cuestionar
actos administrativos de trámite, cuando constituya una medida preventiva,
“(…) encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme a los
preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que
el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de julio de 2023, expediente
número 11001-03-15-000-2023-01599-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
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y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir,
ajustado al principio de legalidad».
42. En este orden de ideas, la Sala considera que la presente acción de tutela
no cumple con el requisito general de subsidiariedad, teniendo en cuenta que
en el presente caso el señor Quimbayo Lozano está cuestionando el acto
administrativo emitido por Colpensiones en cumplimiento de las sentencias
judiciales proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N°
73001-33-33-006-2019-00245-01, esto es, la Resolución SUB-58583 el 1 de
marzo de 2023 que redujo la mesada pensional del aquí accionante de
$2.679.739 a $2.270.283. […]”.
42. Por lo expuesto, esta Sección advierte que la acción de tutela no es procedente
para controvertir la Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 2025.
43. La Sala considera que, si a juicio de la accionante el acto administrativo que dio
cumplimiento a la sentencia de tutela con radicado núm.
11001333603520250013401, excede lo ordenado por la autoridad judicial, la parte
actora tiene a su disposición otros medios de defensa, como lo es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
44. Respecto a la tutela contra actos administrativos, la Corte Constitucional ha dicho
que por regla general la acción constitucional resulta improcedente para “[…]
controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de
autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para
controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la
presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las
medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de
protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios […]”17.
45. Finalmente resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión18 ha sostenido
que: “[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable
el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado […]”19.
46. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia20, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
17
Sentencia T-149 de 9 de mayo de 2023, Expediente T-8.999.065, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa
la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
15
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Accionante: Cecilia Mendoza
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”21. [Subrayado fuera del texto].
47. Conforme lo expuesto, la Sala confirmará el inciso segundo del ordinal segundo
del fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela contra
Colpensiones, por no cumplir con el requisito subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el inciso segundo del ordinal segundo de la sentencia de
25 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
21
Ibidem.
16
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00834-01
Accionante: Cecilia Mendoza
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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