Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00901-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00901-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2025-00901-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCION A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01
Demandante: ORLANDO JOSÉ SERPA TEHERÁN
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / MOVIMIENTO POLÍTICO - Negativa a reconocer
personería Jurídica / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se cumple
el presupuesto procesal de legitimación en la causa de la parte actora, puesto que
el señor Orlando José Serpa Teherán no ostenta la representación legal del
movimiento Poder Ciudadano y la autorización que para el efecto se le otorgó no
suple las exigencias del mandato judicial.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por Orlando José Serpa Teherán
contra la sentencia del 28 de octubre de 2025, proferida por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El señor Orlando José Serpa Teherán interpuso acción de tutela contra el Consejo
Nacional Electoral2, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
participación política, la dignidad humana, el debido proceso, igualdad, el acceso a
la administración de justicia, la asociación, el buen nombre, la honra y la moral, así
como su derecho a la paz y a la seguridad personal, por las decisiones mediante las
cuales se negó el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento social y
político “Poder Ciudadano”. En la demanda se formularon las siguientes
pretensiones (transcripción textual, incluidos posibles errores):
1. Tutelar los derechos políticos del suscrito Orlando Serpa, cofundador del
movimiento social y político Poder Ciudadano y sus asociados,
violentados y desconocidos mediante la resolución que nos negó la
personería jurídica.
2. Tutelar el derecho a la dignidad humana.
3. Tutelar el derecho al debido proceso administrativo y judicial.
1 Se advierte que el 18 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.
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Demandante: Orlando José Serpa Teherán
4. Tutelar el derecho a la igualdad, de conformidad con las resoluciones y
decisiones del CNE que reconocen personería jurídica en igualdad de
condiciones; y las sentencias y jurisprudencias de la Corte Constitucional
que reconocen los derechos políticos.
5. Tutelar el derecho pleno de acceso a la justicia.
6. Tutelar el derecho de asociación, en conexión con la conformación legal
de partidos y movimientos políticos y la representación legal del suscrito.
7. Tutelar el derecho al buen nombre y restaurar las afectaciones a nuestra
honra y moral como movimiento social y político, incluidas plenas
garantías de seguridad para el ejercicio político.
8. Garantizar el derecho a la paz.
9. Vincular y exhortar a las entidades estatales relacionadas para el
cumplimiento de los acuerdos finales, de conformidad con la presente
acción de tutela.
10. Vincular a la Comisión de Verificación de Naciones Unidas para la
implementación del Acuerdo de Paz.
11. Decretar medidas cautelares de protección y seguridad en favor del
suscrito y los miembros de nuestro movimiento, de conformidad con las
nuevas acciones legales que adelantaremos por razones de la nueva
sentencia que declaró lesa humanidad, contra nuestra líder por razones
de su secuestro.
12. Las demás que considere el despacho, conforme a la Constitución, la
jurisprudencia, las leyes y el Acuerdo Final de Paz.
2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos
jurídicamente relevantes:
3. El señor Orlando José Serpa Teherán expuso que fue “cofundador” del
movimiento social y político “Poder Ciudadano”, el cual, según relató, surgió hace
más de dos décadas al interior del Partido Liberal Colombiano como una vertiente
alternativa identificada con las banderas de la paz. Señaló que dicho movimiento
tuvo como figura central a la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, quien
acumuló una trayectoria de varios años en el Congreso y se destacó por su
participación en escenarios de mediación y acercamiento con las FARC en el marco
de iniciativas humanitarias y de construcción de paz.
4. Indicó que el 27 de septiembre de 2010 la Procuraduría General de la Nación
destituyó e inhabilitó a la exsenadora Córdoba Ruiz por el término de dieciocho
años, decisión que la expulsó del escenario político e impactó de manera directa al
núcleo dirigente de Poder Ciudadano. Afirmó que esa sanción se apoyó en “pruebas
ilegales”, en el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS y de los computadores
de Raúl Reyes, lo que, a su juicio, configuró una persecución política que se
proyectó sobre el movimiento y sus simpatizantes. A pesar de esa medida y del
descrédito público que generó, la exsenadora Córdoba y él continuaron
comprometidos con la agenda de paz, el acuerdo humanitario y la búsqueda de
liberaciones de personas retenidas por las FARC.
5. Después de varios años de controversia judicial, el Consejo de Estado anuló en
2016 la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría a la exsenadora Córdoba
Ruiz. Indicó que este fallo restableció formalmente sus derechos políticos y permitió
reactivar de manera abierta la agenda del Poder Ciudadano. Expuso que, en ese
escenario, promovieron el comité de recolección de firmas “la paz sí es contigo” y
diferentes iniciativas locales en favor de la paz y de las juventudes, con miras a la
aspiración presidencial de la exsenadora para las elecciones de 2018.
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8. Señaló que la candidatura presidencial de Piedad Córdoba se respaldó con
centenares de miles de firmas reconocidas por la Registraduría, pero se desarrolló
en un ambiente que describió como hostil, discriminatorio y excluyente en el debate
público. Afirmó que la exsenadora fue marginada de encuestas y espacios de
discusión, lo que condujo a la renuncia a la aspiración el 9 de abril de 2018 y dio
lugar a denuncias por falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación.
9. Ante la ausencia de un espacio propio dentro del Partido Liberal Colombiano, el
movimiento Poder Ciudadano decidió adherir en 2021 a la coalición Pacto Histórico.
Relató que, en las elecciones legislativas de 2022, la exsenadora Córdoba Ruiz fue
avalada por la Unión Patriótica y resultó elegida senadora de la República para el
período 2022–2026. En el ejercicio de su curul, en el año 2023, presentó ante el
Consejo Nacional Electoral una solicitud de reconocimiento de la personería jurídica
del movimiento social y político Poder Ciudadano, trámite que, según afirmó, no fue
resuelto de fondo antes de su fallecimiento el 20 de enero de 2024.
10. Explicó el accionante que, el 4 de julio de 2024, conoció, a través de medios de
comunicación, que el Consejo Nacional Electoral había negado el reconocimiento
de la personería jurídica de Poder Ciudadano, decisión formalizada en la Resolución
3352 del 3 de julio de 2024. Manifestó que no tuvo acceso oportuno al texto del acto
administrativo, por lo que acudió a una acción de tutela para la protección de sus
derechos al debido proceso y a la información. Señaló que, solo con ocasión de esa
tutela, el CNE le remitió la resolución, la cual calificó como inconstitucional,
insuficientemente motivada, contraria al principio de igualdad frente a otros
movimientos a los que sí se les reconoció personería jurídica y basada en fuentes
hostiles hacia la exsenadora. A su juicio, esa decisión desconoció la trayectoria de
Poder Ciudadano y la condición de víctima política de su lideresa, respaldada, entre
otros elementos, por la condena proferida el 6 de octubre de 2025 contra el
exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, por el secuestro de Piedad
Córdoba Ruiz.
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 15 de octubre de 20253, el despacho admitió la acción de
tutela presentada por el señor Orlando José Serpa Teherán en nombre propio y lo
requirió para que aportara los documentos que acreditaran la representación legal
del movimiento Poder Ciudadano, con el fin de verificar su legitimación para actuar
en nombre de dicha colectividad. En esa misma providencia se indicó que no era
necesario vincular otras entidades o autoridades distintas al Consejo Nacional
Electoral, al no advertirse una relación directa con los hechos expuestos en la
demanda. Finalmente, se negó la solicitud de medidas cautelares de protección y
seguridad, al considerar que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 7
del Decreto 2591 de 1991.
13. El Consejo Nacional Electoral4 pidió negar las pretensiones, al considerar que
no tenían sustento fáctico ni jurídico. Explicó que la solicitud de personería jurídica
fue presentada por la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz en representación de la
“Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y
3 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
4 Samai, expediente de primera instancia, índice 11.
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Autoestima de los Negros – Poder Ciudadano”. Señaló que, tras su fallecimiento, la
Resolución 3352 de 2024 fue notificada al representante legal, señor Iván Yesid
Salazar Penna, quien interpuso recurso de reposición resuelto mediante la
Resolución 0172 de 2025, que confirmó la negativa.
14. La entidad indicó que en el trámite administrativo se garantizó el debido proceso
y el derecho de defensa, y que el movimiento Poder Ciudadano no cumplió los
criterios establecidos en la Sentencia SU-257 de 2021 ni en la Resolución 8873 de
2021. Sostuvo que los hechos de violencia mencionados por el accionante no
guardaban relación con la violencia política estudiada por la Corte Constitucional y
que la existencia del movimiento terminó con el proceso de firmas de 2018, pues
los grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación de permanencia.
15. Añadió que para las elecciones legislativas de 2022 la exsenadora Córdoba fue
avalada por la Unión Patriótica dentro de la coalición Pacto Histórico, por lo que su
filiación política correspondía a esa colectividad y no al movimiento Poder
Ciudadano. Cuestionó además la legitimación en la causa por activa, al no acreditar
el accionante representación legal ni facultad para actuar en nombre de la
organización.
16. Finalmente sostuvo que la tutela era improcedente, al existir la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho como medio judicial idóneo y porque no se demostró
la existencia de un perjuicio irremediable.
C. Fallo impugnado
17. Mediante sentencia del 28 de octubre de 20255, la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedentes las
pretensiones de amparo relacionadas con la decisión que negó el reconocimiento
de personería jurídica al movimiento Poder Ciudadano, por falta de subsidiariedad.
18. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, el Tribunal señaló que el
señor Orlando José Serpa Teherán aportó la “autorización” suscrita por el señor
Iván Yesid Salazar Penna, representante legal de la Corporación Poder Ciudadano.
En dicho documento se indicó que el accionante, identificado con cédula expedida
en Sincelejo, contaba con “plenas facultades para adelantar las acciones
correspondientes tendientes a garantizar los derechos políticos y jurídicos de
nuestra colectividad”. A partir de ese documento, la Sala concluyó que el señor
Serpa Teherán tenía la facultad necesaria para promover la acción de tutela en
nombre de la organización.
19. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala advirtió que el accionante
no explicó por qué los medios ordinarios de defensa resultaban insuficientes para
proteger sus derechos ni acreditó circunstancias excepcionales que justificaran la
intervención inmediata del juez constitucional. Señaló que la decisión que negó el
reconocimiento de personería jurídica -Resolución 3352 de 2024, confirmada
mediante la Resolución 0172 de 2025- debían controvertirse a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo idóneo y eficaz para
examinar la legalidad del acto administrativo y restaurar la situación jurídica
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 20.
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afectada. Señaló que, pese a esa disponibilidad, el escrito de tutela no ofreció
elementos que permitieran advertir un daño grave, inminente o irreparable que
justificara desplazar ese mecanismo ordinario y habilitar la tutela como vía
excepcional o transitoria.
D. Impugnación
20. El accionante sostuvo que el a quo descartó sin justificación los hechos y
fundamentos expuestos en la demanda, pese a que, en su criterio, demostraban
una vulneración histórica y sistemática de los derechos políticos de Poder
Ciudadano. Afirmó que el Tribunal se limitó a examinar aspectos formales del
trámite administrativo adelantado ante el CNE, sin valorar las inconsistencias de la
decisión cuestionada ni la supuesta ausencia de garantías constitucionales. Señaló,
además, que se omitió el estudio de pruebas que consideró relevantes, entre ellas
los archivos desclasificados relacionados con las chuzadas, documentos que,
según dijo, acreditaban persecución política contra la exsenadora Piedad Córdoba
y el movimiento. Con base en lo anterior, solicitó la revocatoria de la decisión y
conceder el amparo6.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por el señor
Orlando José Serpa Teherán resulta procedente frente a las decisiones del Consejo
Nacional Electoral que negaron el reconocimiento de personería jurídica a la
Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y
Autoestima de los Negros – Poder Ciudadano, a la luz de los requisitos de
procedencia del amparo constitucional, en especial la legitimación en la causa por
activa y la subsidiariedad. Solo si dichos presupuestos se encuentran satisfechos,
la Sala podrá abordar el análisis de fondo sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
G. Análisis de la Sala
Presupuestos procesales de procedibilidad de la acción de tutela
23. Legitimación en la causa: La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política7 fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 23.
7 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
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artículo 1° establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
24. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo
debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo
podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 19918.
25. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona9. La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados10, destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)11.
26. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos
fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos
tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]
8 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
9 Cita del original: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
10 Cita del original: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental (…)”.
11 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
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relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 12.
Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado
a una persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es
decir, estos cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido13.
27. El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.
28. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
“es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. ‘Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito
y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo14’”15.
29. En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico 16. De no cumplirse, la tutela se
torna improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del
asunto.
H. Análisis de la legitimación en la causa en el caso en concreto
30. Se recuerda que el señor Orlando José Serpa Teherán presentó la acción de
tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales que afirmó
vulnerados por la negativa del Consejo Nacional Electoral a reconocer personería
jurídica al movimiento Poder Ciudadano. En su escrito manifestó actuar en calidad
de cofundador de esa organización y en representación de sus integrantes. Al
12 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando
no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata12 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona12. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida
en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad
de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada
de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho
constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o
abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada
caso (tópica).
13 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M.
P. José Gregorio Hernández.
15 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
16 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación
de desamparo e indefensión.
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Demandante: Orlando José Serpa Teherán
admitir la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le requirió aportar
los documentos que acreditaran su facultad para actuar en nombre del movimiento,
con el propósito de verificar si contaba con la representación necesaria para
promover la acción constitucional.
31. Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto admisorio,
el señor Orlando José Serpa Teherán aportó dos documentos17. El primero,
correspondió al “poder y autorización” suscrito por el señor Iván Yesid Salazar
Penna, representante legal de la Corporación Poder Ciudadano, en comunicación
dirigida a la magistrada sustanciadora el 16 de octubre de 2025. En dicho escrito, el
representante legal manifestó que el accionante contaba con plenas facultades para
adelantar las acciones correspondientes tendientes a garantizar los derechos
políticos y jurídicos de la colectividad, resaltó su condición de cofundador del
movimiento y reconoció la trayectoria conjunta desarrollada por él y la exsenadora
Piedad Córdoba Ruiz (se transcribe con posibles errores):
En atención a la solicitud recibida, el suscrito, en calidad de representante legal
dela Corporación Poder Ciudadano, se permite manifestar que el señor Orlando
José Serpa Teherán (…) cuenta con plenas facultades para adelantar las
acciones correspondientes tendientes a garantizar los derechos políticos y
jurídicos de nuestra colectividad.
En ese sentido, la acción constitucional interpuesta por el actor describe de
manera cronológica los hechos y actuaciones de carácter político y social
adelantados de forma conjunta e ininterrumpida por el señor Serpa Teherán
junto a nuestra máxima lideresa, la senadora Piedad Córdoba Ruiz (q.e.p.d.).
Asimismo, su señoría, el accionante, quien acompañó de manera inseparable
a la mencionada líder hasta el momento de su fallecimiento, no solo relata, sino
que además acredita los hechos alegados y su trayectoria política, la cual se
remonta al Partido Liberal, cuna de origen de nuestro movimiento.
Cabe señalar que la Corporación Poder Ciudadano, debidamente inscrita ante
el Ministerio del Interior, surgió como un mecanismo jurídico alterno ante la
imposibilidad de obtener personería jurídica propia por parte del (…) CNE con
el fin de permitir la participación en los espacios electorales
correspondientes en ese momento histórico.
32. El segundo documento corresponde al memorial presentado el 17 de octubre de
2025, mediante el cual el señor Serpa Teherán remitió al a quo la anterior
autorización otorgada por el señor Salazar Penna. En esa comunicación, el
accionante reiteró la calidad del otorgante como representante legal de la
corporación, explicó el origen de dicha organización como mecanismo jurídico para
permitir la participación electoral del movimiento y afirmó que la documentación
institucional reposaba en el CNE y el Ministerio del Interior.
33. Ahora bien, en el expediente obran los estatutos de la Corporación Proceso
Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima de los
Negros – Corporación Poder Ciudadano18, en los cuales se consignó la estructura
interna y la distribución de funciones de sus órganos de dirección. En el Título III,
relativo a la organización y estructura de dirección, artículo 13, se definió el “Consejo
de Fundadores” como “el máximo órgano de toma de decisiones y de resguardo del
movimiento”, encargado de velar por sus ideales y principios, apoyar el trabajo de
17 Samai, expediente de primera instancia, índice 9.
18 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 48-72.
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Demandante: Orlando José Serpa Teherán
los demás órganos directivos y dirimir los conflictos que no pudieran resolverse en
instancias inferiores.
34. Por su parte, el artículo 31, que regula las funciones del representante legal,
señala que la representación del movimiento lo faculta para adelantar las acciones
propias de su administración y gestión. Dentro de dichas funciones se estableció,
entre otras: (i) representar formalmente al movimiento político Poder Ciudadano, y
(ii) responder por las actuaciones legales del mismo ante autoridades públicas,
entidades privadas y particulares.
35. También obra en el expediente el Acta de Constitución de la Corporación
Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima
de los Negros – Poder Ciudadano19, suscrita el 21 de noviembre de 2012. En dicho
documento se presentaron como miembros fundadores a las siguientes personas:
36. Agotada la composición de los miembros fundadores, se procedió a la elección
del representante legal. En esa etapa se postuló a la señora María Teresa Castro
Gómez para ejercer dicha representación, propuesta que fue respaldada de manera
unánime por los asistentes a la asamblea. Acto seguido, la señora Castro Gómez
aceptó el cargo y tomó posesión en esa misma sesión.
37. Mediante la Resolución 139 del 31 de octubre de 201320, el Ministerio del Interior
inscribió a “Poder Ciudadano” como una organización de comunidades negras en
el Registro Nacional Único de Organizaciones de Base y Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
38. También reposa en el expediente el Acta de la Asamblea General Ordinaria de
la Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad
y Autoestima de los Negros – Poder Ciudadano21, celebrada el 15 de marzo de
2023, en la cual se registró el cambio de la junta directiva de la agrupación política.
En dicha oportunidad, se designó como presidenta a la exsenadora Piedad Esneda
Córdoba Ruiz y como representante legal al señor Iván Yesid Salazar Penna.
19 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 43-47.
20 “Por la cual se inscribe a Poder Ciudadano como organización de base de comunidades negras
en el Registro Nacional Único de Organizaciones de Base y Consejos Comunitarios de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior”.
21 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua 11. Folios: 107-
109.
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39. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio del Interior expidió la Resolución
069 del 17 de mayo de 2023, mediante la cual actualizó la información de la
Corporación Poder Ciudadano en el Registro Público Único Nacional de
Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras22.
40. El 31 de mayo de 2023, la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, en su calidad
de presidenta del movimiento político denominado Corporación Proceso
Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima de los
Negros – Poder Ciudadano, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral el registro
de dicha organización y el reconocimiento de su personería jurídica, con el fin de
que fuera incluida en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y
Agrupaciones Políticas de esa entidad23.
41. Agotado el trámite administrativo correspondiente, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 03352 del 3 de julio de 2024, mediante la cual negó la solicitud
de reconocimiento de personería jurídica del movimiento político en cuestión. Como
consecuencia del fallecimiento de la peticionaria, ocurrido el 20 de enero de 2024,
la decisión fue notificada el 23 de julio siguiente al señor Iván Yesid Salazar Penna,
en su calidad de representante legal del movimiento24.
42. Contra la anterior decisión, el señor Salazar Penna interpuso recurso de
reposición25, el cual fue resuelto mediante la Resolución 00172 del 18 de enero de
2025, acto administrativo mediante el cual el Consejo Nacional Electoral negó el
recurso interpuesto y confirmó la negativa de reconocer la personería jurídica
solicitada26.
43. Descendiendo al caso en concreto, es dable recordar que el artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela puede ser ejercida por el
titular de los derechos presuntamente vulnerados o por quien actúe en su nombre.
En desarrollo de este mandato, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que
la legitimación para promover el amparo puede darse: (i) a nombre propio; (ii) a
través de representante o apoderado; (iii) mediante agente oficioso; o (iv) por
intermedio del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales. A partir de
estas reglas, corresponde a la Sala verificar si el accionante se encuentra habilitado
para actuar en representación de la organización política a la que atribuyó la
vulneración planteada.
44. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación 316
de 2021, explicó que, a diferencia de los grupos significativos de ciudadanos -que
intervienen mediante un comité inscriptor para efectos electorales-, los partidos y
movimientos políticos cuentan con una estructura organizativa definida, compuesta
22 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 39-42.
23 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 3-18.
24 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 140-164.
25 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 177-187.
26 Samai, expediente de primera instancia, índice 11. Archivo:
18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CNEEDG2023012963(.pdf) NroActua. Folios: 188-208.
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por órganos internos y un representante legal que ejerce la vocería institucional. La
Corte precisó que estas organizaciones no requieren personería jurídica para existir,
pero sí deben actuar a través de la representación formal establecida en sus
estatutos y registrada ante la autoridad correspondiente. En ese sentido,
únicamente el representante legal está facultado para realizar actuaciones externas
en nombre de la agrupación, incluidas las solicitudes ante autoridades
administrativas y el ejercicio de acciones judiciales:
En cuanto a la existencia y representación de las distintas agrupaciones
políticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1475 de
2011, el Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos,
movimientos y agrupaciones políticas. Para el efecto, los
respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas
de fundación, estatutos, reformas y demás documentos; a la vez que los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Congreso y
obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de la personería
jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar
la correspondiente personería jurídica. Dicha solicitud, como se dijo antes,
será presentada por quien haya sido designado como representante legal
del partido o movimiento así constituido.
De lo anterior, es dado señalar que (…) los partidos y movimientos políticos
son asociaciones ciudadanas constituidas libremente para influir en la
formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Estos
no requieren contar con el reconocimiento de la personería jurídica como un
presupuesto para su existencia y pueden agenciar sus intereses a través de
un representante legal; mientras que los grupos significativos de ciudadanos,
que no cuentan con la naturaleza, estructura y organización de los partidos
y movimientos políticos, inscriben sus candidatos a través de un comité
inscriptor y aquellos que habiendo participado en elecciones al Congreso
obtuvieron la votación necesaria para el reconocimiento de su personería
jurídica, podrán organizarse en forma de partido o movimiento político y
designar un representante legal que radicará la solicitud de reconocimiento
de personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.
45. A partir del examen de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala observa
que la representación legal de la Corporación Proceso Organizativo por los
Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima de los Negros – Poder
Ciudadano no se encuentra en cabeza del señor Orlando José Serpa Teherán. Las
distintas piezas documentales permiten establecer que dicha representación ha
recaído en las personas formalmente designadas en los órganos internos del
movimiento y debidamente inscritas ante el Ministerio del Interior.
46. En efecto, el Acta de Constitución del 21 de noviembre de 2012 registró que,
una vez concluida la presentación de los miembros fundadores, la asamblea eligió
como representante legal a la señora María Teresa Castro Gómez, quien aceptó el
cargo y tomó posesión en esa misma sesión. Esta estructura orgánica fue
posteriormente incorporada al sistema de registro mediante la Resolución 139 del
31 de octubre de 2013, por medio de la cual el Ministerio del Interior inscribió a
Poder Ciudadano como organización de base de comunidades negras.
47. Con posterioridad, el Acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo de
2023 dejó constancia de la renovación de la junta directiva, designándose a la
exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz como presidenta y al señor Iván Yesid
Salazar Penna como representante legal. Esta información fue actualizada
oficialmente mediante la Resolución 069 del 17 de mayo de 2023 del Ministerio del
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Interior, en la que se certificó que el señor Salazar Penna figuraba como
representante legal para la vigencia correspondiente.
48. De igual forma, en el trámite adelantado ante el Consejo Nacional Electoral
consta que la solicitud de reconocimiento de personería jurídica fue presentada por
la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, en su calidad de presidenta del movimiento,
mientras que las decisiones administrativas posteriores -la Resolución 03352 del 3
de julio de 2024 y la Resolución 00172 del 18 de enero de 2025- fueron notificadas
al señor Iván Yesid Salazar Penna, precisamente por su condición de representante
legal.
49. Finalmente, en los documentos allegados dentro del trámite de tutela, incluido
el escrito del 16 de octubre de 2025, el propio señor Salazar Penna se identificó
expresamente como representante legal de la corporación.
50. En consecuencia, resulta evidente que, desde el 2023, la representación legal
del movimiento Poder Ciudadano se encuentra en cabeza del señor Iván Yesid
Salazar Penna, conforme a las actas internas y a los registros actualizados por el
Ministerio del Interior. Ninguna prueba da cuenta de un cambio de representación,
ni de delegación estatutaria, ni de sustitución válida a favor del señor Orlando José
Serpa Teherán. Tampoco se acreditó que el accionante integrara el Consejo de
Fundadores, definido como “el máximo órgano de toma de decisiones y de
resguardo del movimiento”, todo lo cual lleva a la conclusión de que el señor Serpa
Teherán no tenía la calidad necesaria para actuar en nombre de la colectividad en
esta acción de tutela.
51. Tampoco puede entenderse que la autorización allegada en el trámite de
admisión resulte equivalente a un poder, pues, además de tratarse de una
manifestación interna del representante legal sin las solemnidades propias del
mandato judicial, el señor Serpa Teherán no es abogado, según la consulta
realizada en el sistema de información de la Rama Judicial:
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52. Así las cosas, bajo el entendido de que la representación legal de la Corporación
Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima
de los Negros – Poder Ciudadano recae exclusivamente en el señor Iván Yesid
Salazar Penna, cualquier actuación judicial encaminada a cuestionar las decisiones
del Consejo Nacional Electoral debía ser promovida directamente por dicho
representante o por un apoderado judicial debidamente constituido, conforme a las
reglas establecidas en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 73
y siguientes del Código General del Proceso.
53. En ese sentido, como la calidad de “cofundador” alegada por el señor Serpa
Teherán ni la “autorización” aportada suplen las exigencias legales para conferir
representación procesal en nombre del movimiento político, la Sala concluye que el
accionante no cuenta con legitimación en la causa por activa para ejercer la acción
de tutela de la referencia y, por ende, confirmará la improcedencia, pero por los
motivos antes señalados.
54. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Orlando José
Serpa Teherán, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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