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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00923-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-00923-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 12 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió al amparo solicitado por Gina Norbely Cerón Quiroga. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Gina Norbely Cerón Quiroga, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes, por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: Por Secretaría General de esta Corporación, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-00923-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2026

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00923-01
Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandados: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
(Cundinamarca)
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA -
subsidiariedad.

Síntesis del caso: La demandante cuestionó una resolución, a través de la cual la autoridad
demandada no aceptó la solicitud de traslado realizada por ella y por otro servidor de
carrera judicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
en contra de la Sentencia de 12 de noviembre de 2025, por medio de la
cual la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a la solicitud de amparo, dejó sin efectos la
Resolución No. 4 de 28 de abril de 20252, y ordenó al juzgado resolver lo
relacionado con la provisión del cargo de secretario nominado de su
despacho, para nombrar a la empleada Gina Norbely Cerón Quiroga3.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 21 de octubre de 2025, Gina Norbely Cerón Quiroga presentó una
acción de tutela en contra del Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Mediante la que se resolvió (se trascribe): “NO ACEPTAR la solicitud de traslado de los servidores de carrera Dr.

JOSE ROBERTO CAMPOS (…) y Dra. GINA NORBELY CERON QUIROGA (…) para el cargo secretario nominado de
este Despacho.”
3 “PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho al traslado con

fundamento en el principio del mérito de la señora Gina Norbely Cerón Quiroga, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - DEJASE SIN EFECTOS la Resolución No. 004 del 28 de abril de 2025, expedida por el Juez Segundo Civil
del Circuito de Fusagasugá. En consecuencia, ORDÉNASE al titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Fusagasugá, Cundinamarca, en su calidad de nominador, que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación
de este proveído resuelva lo concerniente a la provisión del cargo de Secretario Nominado de ese despacho.
Para tal efecto, deberá nombrar a la empleada de carrera Gina Norbely Cerón Quiroga, quien cuenta con
concepto favorable de traslado emitido por la autoridad competente.
Efectuado el nombramiento, el nominador deberá comunicarlo a la persona favorecida, a fin de que manifieste
su aceptación o rechazo, conforme a los parámetros establecidos en la Ley 270 de 1996. Igualmente, deberá
remitir las comunicaciones y actuaciones administrativas a que haya lugar ante las autoridades competentes.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-15-000- 2025-00923-01
Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandado: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
Decisión: Revoca - declara improcedente
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por la aparente vulneración de sus derechos al debido proceso, al mérito, a
la familia, a la “unificación familiar” y el principio de buena fe, con ocasión
de la Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025, proferida por la autoridad
judicial accionada, mediante la cual no se aceptaron unas solicitudes de
traslado.

2. A título de amparo constitucional, la demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso
Administrativo, Principio del Mérito, Derecho A Tener Una Familia, Derecho A La
Unificación Familiar, Principió de Buena fe Administrativo, Derecho Al Traslado
de los Servidores Judiciales de Carrera.

SEGUNDO: ORDENAR al Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá Dr. RENE
OCTAVIO BARROSO ACEVEDO dejar sin valor y efecto la resolución No. 004 del
28 de abril de 2025 y en su lugar se ordene proceder con el nombramiento en
propiedad de la suscrita para el cargo de secretario nominado.

TERCERO: Notificar en debida forma a las partes intervinientes.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Gina Norbely Cerón Quiroga indicó que es casada, madre de 2
menores, se encuentra a cargo de su madre de la tercera edad y todo su
núcleo familiar reside en Fusagasugá.

5. 2) Mediante la Resolución No. 12 de 2017, el Juzgado 48 Civil del
Circuito de Bogotá la nombró en el cargo de secretaria en propiedad
de ese despacho, por haber superado todas las etapas de un concurso de
méritos y encontrarse en lista de elegibles. La señora Cerón Quiroga tomó
posesión de ese cargo el 25 de septiembre de 2017.

6. 3) Bleidy Johanna Portela se desempeñaba como secretaria en
provisionalidad del Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá desde el 2 de
marzo de 2021, y mediante la Resolución No. 3 de 8 de abril de 2025, el titular
de ese despacho le concedió un fuero de estabilidad laboral reforzada por
un año, esto es, desde el 8 de abril de 2025 hasta el 8 de abril de 2026, con
fundamento en su condición de madre cabeza de familia y madre de
crianza de su sobrina de 10 años, por la custodia que le fue otorgada
mediante un proceso administrativo de restablecimiento de derechos ante
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

7. 4) El 17 de enero de 2025, Gina Norbely Cerón Quiroga, en su
condición de empleada de carrera judicial, presentó una solicitud de
traslado ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en
la que pidió autorización para ser trasladada al cargo de secretaria
nominada del Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá, con fundamento

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Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandado: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
Decisión: Revoca - declara improcedente
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en que su núcleo familiar (esposo, dos hijos, uno de ellos menor de edad, y
su madre de la tercera edad con graves padecimientos de salud) residía
desde hace más de 4 años en Fusagasugá, siendo ella la única integrante
que trabajaba en Bogotá, lo que afectaba su entorno y la unidad familiar y
la obligaba a desplazamientos permanentes.

8. 5) La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura emitió un concepto favorable de traslado en favor
de Gina Norbely, mediante el Oficio No. CJO25-1615 de 25 de marzo de
2025, el cual fue remitido al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y al Juez 2 Civil del Circuito de Fusagasugá. Además se puso
de presente que la determinación sobre la solicitud de traslado debía
adoptarse por el nominador, y su negativa sólo podía fundarse en razones
objetivas, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(Sentencias C-134 de 2023, C-295 de 2002 y T-488 de 2004).

9. 6) Adicional a la solicitud de traslado de la señora Cerón Quiroga,
también se presentó otra solicitud por parte de José Roberto Campos, quien
se desempeñaba como secretario del Juzgado 1 Civil del Circuito de
Zipaquirá en carrera, y pretendía ser trasladado al Juzgado 2 Civil del
Circuito de Fusagasugá. A quien, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca le otorgó concepto favorable mediante el Oficio No.
CSJCUO25-326 de 2025.

10. 7) Mediante la Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025, el Juzgado 2
Civil del Circuito de Fusagasugá decidió no aceptar las solicitudes de
traslado de los servidores Gina Norbely Cerón Quiroga y José Roberto
Campos al cargo de secretario nominado de ese despacho, con
fundamento en (1) la Resolución No. 3 de 8 de abril de 2025, que reconoció
el fuero de estabilidad laboral reforzada a la secretaria provisional Bleidy
Johanna Portela, a quien se había protegido en calidad de madre cabeza
de familia bajo el concepto de familia no tradicional y con base en un
proceso administrativo de restablecimiento de derechos de una menor; (2)
la Circular No. CSJCUC22-36 de 11 de febrero de 2022, proferida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, sobre el
reconocimiento de estabilidad laboral reforzada por acto administrativo
motivado; y (3) la competencia exclusiva del nominador para el
nombramiento en propiedad.

11. 8) Contra la Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025, Gina Norbely
Cerón Quiroga presentó un recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, pues consideró que el acto que otorgó el fuero de estabilidad
laboral reforzada a la secretaria en provisionalidad carecía de motivación
suficiente, que no se había acreditado debidamente la dependencia
económica continua de la menor respecto de Bleidy Johanna Portela, ni la
imposibilidad de sus progenitores de cumplir sus deberes, que el

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Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandado: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
Decisión: Revoca - declara improcedente
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reconocimiento de estabilidad laboral reforzada no implicaba el ingreso
automático a la carrera judicial, según la Sentencia SU‑691 de 2017 de la
Corte Constitucional, y que su traslado se sustentaba en el principio del
mérito, en la necesidad de reunificación familiar y en la atención que
requería su hija menor y su madre enferma.

12. 9) Mediante la Resolución No. 5 de 29 de julio de 2025, el Juzgado 2
Civil del Circuito de Fusagasugá resolvió no reponer la Resolución No. 4 y
concedió el recurso de apelación.

13. 10) La Sala Plena del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas
profirió el Acuerdo No. 183 de 23 de septiembre de 2025, a través del que
rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 4 de
28 de abril de 2025, por considerar que dicho acto administrativo, al no
versar sobre trámite disciplinario, ni calificación de servicios, no era
susceptible del recurso de alzada.

14. Como fundamento de la vulneración la parte actora señaló que la
Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025 del Juzgado 2 Civil del Circuito de
Fusagasugá desconoció el debido proceso administrativo y el derecho al
mérito, al privilegiar la estabilidad laboral reforzada de una secretaria en
provisionalidad frente al mejor derecho de una servidora de carrera que
obtuvo el cargo por concurso, a través de un acto sin suficiente motivación
y en contravía de la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza
temporal de la provisionalidad y la prevalencia del sistema de mérito.

15. Adicional a ello, consideró que cumplía los requisitos para el traslado
comoquiera que (a) se trataba de una empleada de carrera desde 2017,
(b) residía hace más de 4 años en Fusagasugá con su núcleo familiar, (c) por
motivos laborales debía desplazarse todos los días a Bogotá, (d) tenía a su
cargo el cuidado de su hija menor de 9 años y de su madre de la tercera
edad, quien padecía una enfermedad degenerativa y graves
padecimientos de salud.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación4

16. Mediante Sentencia de 12 de noviembre de 2025, la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al
amparo solicitado, dejó sin efectos la Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025,
y ordenó al Juez 2 Civil del Circuito de Fusagasugá que en el término de 2
días siguientes a la notificación de esa decisión, resolviera lo relacionado

4 Mediante Auto de 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca resolvió: (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandado al Juzgado 2
Civil del Circuito de Fusagasugá y, (3) vincular, en calidad de terceros con interés a la Unidad de Carrera Judicial
y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
• Posterior a la admisión, mediante Auto de 5 de noviembre de 2025, el despacho a cargo del asunto ordenó la
vinculación de José Roberto Campos y Bleidy Johanna Portela.

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Radicación: 25000-23-15-000- 2025-00923-01
Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandado: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
Decisión: Revoca - declara improcedente
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con la provisión del cargo de secretario de ese despacho y para tal efecto
debía nombrar en el cargo a Gina Norbely Cerón Quiroga.

17. Para ello, dio por superados los requisitos generales de la tutela y,
respecto del requisito de subsidiariedad, indicó que la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido de manera
excepcional la procedencia de la acción de tutela en contra de actos
administrativos cuando se debían analizar situaciones que podían generar
una afectación y/o vulneración de derechos fundamentales del trabajador
y su núcleo familiar y, dado que, a su juicio, en este caso, la decisión de
negar el traslado podía ocasionar una vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora, en virtud de la afectación a la unidad e
integridad de su núcleo familiar, entendió que se superaba este requisito.

18. Sobre el fondo del asunto señaló que había lugar a acceder a la
solicitud de amparo ya que el nominador inobservó las circunstancias
excepcionales de la señora Cerón Quiroga, respecto de su arraigo en
Fusagasugá y el cuidado que requerían su hija menor de edad y su madre
de la tercera edad. Adicional a ello, indicó que se desconoció que la
estabilidad laboral reforzada de una vinculación en provisionalidad era
relativa y no tenía la virtualidad de prevalecer sobre el derecho preferente
de carrera a un cargo vacante de carácter definitivo.

19. Inconforme con el fallo de primera instancia, el titular del Juzgado 2
Civil del Circuito de Fusagasugá presentó impugnación en la que cuestionó
la falta de estudio de la Resolución No. 5 de 29 de julio de 2025, en la que se
realizó la ponderación del caso.

20. En ese sentido mencionó que en dicha resolución se analizaron y se
consideraron las situaciones particulares de ambas servidoras y sus
respectivas situaciones familiares.

21. Agregó que no era cierto que la estabilidad laboral reforzada que le
fue reconocida a Bleidy Johanna Portela prevaleciera de manera absoluta
sobre quien ocupaba un cargo en propiedad, pues esa condición no fue
otorgada de manera indefinida, sino que fue limitada por 1 año.

22. Por último, refirió que la decisión impugnada omitió por completo
realizar un estudio sobre derecho de las familias diversas, con el que se
buscaba la protección de una niña que se encontraba en un proceso de
restablecimiento de derechos, y no se realizó una ponderación de
derechos, de manera específica, sobre los derechos superiores de los niños.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.3. Conclusión.

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Demandante: Gina Norbely Cerón Quiroga
Demandado: Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá
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2.1. Procedencia de la acción de tutela

23. En el caso bajo estudio, la Sala revocará la decisión de primer grado
para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

24. Para estudiar el aludido requisito, debe considerarse que la parte
demandante pretende que, por vía de tutela, se declare la cesación de los
efectos jurídicos de la Resolución No. 4 de 28 de abril de 2025, mediante la
cual el titular del Juzgado 2 Civil del Circuito de Fusagasugá no aceptó,
entre otra, la solicitud de traslado presentada por Gina Norbely Cerón
Quiroga y, en consecuencia, se proceda con su nombramiento en el cargo
de secretario de ese despacho judicial.

25. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

26. La Corte Constitucional5 ha sostenido que es deber del accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le ha otorgado para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales.

27. Adicional a ello, se debe poner de presente que la Corte
Constitucional6, en casos relacionados con traslados de servidores judiciales,
ha establecido que la acción de tutela se torna en improcedente si hay un
mecanismo judicial idóneo y eficaz para estudiar la controversia, que no se
lograra evidenciar que el acto fue arbitrario y que no se evidenciara la
existencia de una grave afectación a derechos fundamentales.

28. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala, en el asunto de la
referencia no se satisfizo el mencionado requisito (subsidiariedad) porque:
(a) para cuestionar el acto administrativo enjuiciado existía un medio de
control idóneo y eficaz, (b) dentro de ese mismo mecanismo judicial podía
solicitar medidas cautelares, incluso de urgencia; y (c) no se acreditó un
perjuicio irremediable.

29. a) Como se indicó líneas atrás, se evidenció que, principalmente, lo
solicitado por la demandante, era que se dejara sin efectos la Resolución
No. 4 de 28 de abril de 2025, expedida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de

5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Revisar, entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional T-48 de 2013, T-149 de 2022 y T-001 de 2024.

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Fusagasugá, esto es, un acto administrativo de carácter particular y
concreto.

30. Comoquiera que lo pretendido es la declaratoria de nulidad de un
acto administrativo, el mecanismo idóneo para la consecución de sus
pretensiones es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

31. Ante la ausencia de agotamiento del mecanismo judicial ordinario
con el que contaba la señora Cerón Quiroga, se advierte que lo que
pretendió fue sustituir ese mecanismo con la acción de tutela, pues no se
evidenció que la demandante iniciara algún tipo de actuación con el fin de
demandar el acto que, a su juicio, lesionaba sus derechos.

32. b) Adicional a lo anterior, debe aclararse que, si la demandante
consideraba que interponer el medio de control no resultaba lo
suficientemente eficaz para la consecución de sus pretensiones, se recuerda
que, al interior de ese mecanismo ordinario, era posible solicitar el decreto
de medidas cautelares, tal como lo dispone el artículo 229 del CPACA7, que
pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión8. En el
mismo sentido, si, a su juicio, no se podía agotar el procedimiento para las
medidas cautelares descritas, podía hacer uso de la figura de medidas
cautelares de urgencia, contemplada igualmente, en el CPACA9.

33. Cabe señalar que si bien la demandante consideró que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni las medidas cautelares
que se podían solicitar dentro de este resultaban adecuadas e idóneas para

7 Artículo 229. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado,

el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que
considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.// La decisión sobre la medida cautelar no implica
prejuzgamiento.// Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
8 Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y

deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:// 1. Ordenar que se mantenga la
situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante,
cuando fuere posible// 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida// 3. Suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo// 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o
la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus
efectos// 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer// Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.
9Artículo 234. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado

Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie
que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar// La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.

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la salvaguarda de sus derechos, lo cierto es que no expuso las razones por
las que, a su juicio, se daba esa falta de idoneidad, motivo por el que más
allá de su afirmación, no existen razones para realizar un estudio de por qué
se podría tener por superado el requisito bajo estudio.

34. c) Respecto de la posible configuración de un perjuicio irremediable,
consistente en la afectación a la unidad familiar, se advirtió que ese aspecto
no está demostrado, es decir, no está probado que los traslados o
desplazamientos de la demandante de Fusagasugá a Bogotá, lugar donde
se encuentra el cargo que actualmente desempeña, generaran un
rompimiento de la unidad familiar.

35. En esa medida, la Sala no puede inferir que en el presente caso se
causó un perjuicio irremediable en la medida en que, como se expuso líneas
atrás, no existen elementos probatorios suficientes que permitan determinar
tal situación.

36. No pasa por alto la Sala que la autoridad judicial de primer grado,
dentro del presente mecanismo constitucional, tuvo por superado el
requisito de subsidiariedad con base en la posible afectación a la unidad
familiar, pese a ello, como se advirtió, no fue posible evidenciar tal
afectación, de conformidad con el razonamiento realizado y el análisis de
los medios probatorios allegados al expediente.

37. En atención a los argumentos expuestos, se recuerda que no es
factible que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez
natural y desconozca la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, para
así pronunciarse sobre aspectos que son de su competencia.

2.2. Conclusión

38. Esta Sala considera que no se superó el requisito general de
subsidiariedad, ya que la parte demandante no hizo uso de los recursos
judiciales idóneos y eficaces para proteger los derechos invocados y no se
logró acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, se
revocará la decisión de primera instancia que accedió al amparo de tutela
y, en su lugar, se declarará la improcedencia de esta.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 12 de noviembre de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió al amparo solicitado por Gina
Norbely Cerón Quiroga. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
amparo presentada por Gina Norbely Cerón Quiroga, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes, por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

TERCERO: Por Secretaría General de esta Corporación, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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