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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00953-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-00953-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2025-00953-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00953-01
Accionante: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS, DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho en la que se accedió a reliquidación de asignación de retiro
y en proceso ejecutivo se declaró el pago total de la obligación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 13 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de octubre de 2025, el demandante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana,
supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“ [Sic en toda la cita] Respetuosaemntte al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Seccion
segunda B – Sala en la que fue Proferida la sentencia 02-7905, que en consonancia con lo
Expuesto por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-367 de 2014 en la que Expresa
que “La administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la providencia judicial,
no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. “ Solicito Asumir el conocimiento de esta
Tutela y Acceder a la siguientes Pretensiones.

PRIMERA
1.1. Expresar que la Liquidación Efectuada por el entonces Jefe de Liquidación y Control de
Nomina de la Caja de Retiro de Fuerzas Miliatres JORGE ELIECER RODRIGUEZ ORJUELA que
sirve de sustento a la Resolución 4310 de 2004 , constituye PLENA PUEBA del INCUMPLIMIENTO
de lo Ordenado en sentencia 02-7905 en cuanto en ella se OMITE.

1.1.1. La Formacion del Nuevo Monto de la Asignacion Base de la Asignacion de Retiro con la
Inclusión de la prima de Actualizacion para los años 1993, 1994 y 1995.

1.1.2. La Reliquidacion y Reajuste de mi Asignacion de Retiro con la inclusión de la prima de
Actulaizacion para los Años 1993 , 1994 y 1995.

1.1.3. la Reliquidacion de mi Asignacion de Retiro a partir de 1996 l lo cual debia hacer Previa
Revisión de los Reajustes anuales de Ley.

SEGUNDA

Respecto de los Efectos y Aplicación de la Prima de Actulaizacion.

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Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

2.1. ACLARAR Quien tiene la Razón entre (i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -sección
segunda B (sentencia 02-7905) (ii) El CONSEJO DE ESTADO (Auto Radicado 13001-23- 31- 000-
2008-00669- 01); O, la Caja de Retiro de Fuerzas Militares que en la parte Final del Artículo 4ª de
Documento contentivo de Prevaricato y Falsedad Resolución 4310 de 2004. Contradice y
Desconoce lo Expresado y Ordenado en sentencia 02-7905 sobre la Prima de Actualizacion.

2.2. CONFIRMAR que en la parte Resolutiva del Documento contentivo de Prevaricato y Falsedad
Resolución 4310 de 2004; NO existe Mención alguna sobre lo Ordenado en sentencia 02-7905 A
partir de 1996, que es el año en que con Decreto 107 de 1996 Entra en vigencia la Escala Gradual
Porcentual Ordenada en Articulo 13 de la ley 4ª de 1992 , lo que equivale a decir que La CAJA DE
RETIRO DE FUERZAS MILITARES, INCUMPLIO lo Ordenado respecto de la Misma.

TERCERA

DECLARAR que las Liquidaciones de Mesadas Certificadas por la CAJA DE RETIRO DE
FUERZAS MILITARES Constituyen PLENA PRUEBA de

3.1. EL Incumplimiento de Lo Ordenado en sentencia 02-7905.

3.2. La ilegal Disminución en Porcentaje Liquidatorio de Prima de Actividad Respecto de lo
dispuesto en Artículos 80 del decreto 089 de 1984 (33%) – que es lo que Obra en certificación de
Haberes Fuerza Aérea -179 de1985 ; el Incremento Ordenado a la misma mediante decreto 2863
de 2007 ; que es como a partir del Decreto 673 de 2008 se Expresa que es el 49,5% del Sueldo
Basico.

3.3. La ilegal exclusión de los Factores o Partidas Computables para Asignacion de Retiro (i)
Subsidio de Alimentación (ii) Prima de Especialista , Y (iii) Jinetas de Buena conducta , obrantes
en Certicacion de Haberes Fuerza Aérea 179 de 1985.

3.4. Una Cuantia o Porcentaje Liquidatorio de Asignacion de Retiro Inferior a la Legal Producto de
la OMISION de lo que le Imponían los Artículos 229 y 222 Literal B del decreto 089 de 1984.

CUARTA

DECLARAR que con los procesos Ordinarios 11001-33-31-023-2007-0072300/01, 11001-3331-
027-2008-00109-00/01, 11001-33-31-013-2008-00188-00/01, de Sentencias Manifiestamente
Contrarias a la ley adelantados con anterioridad al Ejecutivo 11001333100920100003400/01; Se
cumple el Requisito de Procedencia Excpecional de la Tutela como Mecanismo Definitivo Señalado
por la Honorable Corte Constitucional en las Sentencias T-421 DE 2011, T-208/12, T-245/17, T-
375 de 2018 y T-009 de 2019.

QUINTA

TUTELAR Mis Derechos Fundamentales a la Dignidad Humana y Debido Proceso claramente
Vulnerados por la CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES y en consecuencia ORDENAR a
la Accionada.

5.1. Dar cumplimiento al sentencia 02-7905 Tomado Como Partidas o Factores salariales
Computables en mi Asignacion de Retiro ( La que el Tribunal en sentencia 02-7905 Ordenó Re
liquidar ) en Cuantia del 58 % los factores o Partidas Computables Obrantes e Certificación de
haberes Fuerza Aérea 179 de 1985 , con las Modificaciones Legales que A continuancion se
Plasman

(…)

5.2. Para Efectos de la RELIQUIDACION Ordenada en la Sentencia 02-7905 Tomar como
SUELDOS BASICOS los siguientes

5.2.1. Con Inclusión de Prima de Actualizacion para los años 1993, 1994 y 1995 los que Se
plasman a Columna Derecha la siguiente Liquidación sustentada en los Artículos 2º y 28 de los
Decretos 25 de 1993, 65 de 1994, y Articulo 29 del Decreto 133 de 1995

(…)

5.2.2. A partir de 1996 Respecto de lo que Considere Legal entre la siguientes Bases Liquidatarias
de Escala Gradual Porcentual (El sueldo Básico para el Grado de General – que es el mismo de
los Ministros del Despacho Ejecutivo).

(…)

5.3. Actualizando los valores No pagados Bajo la Formula Aceptada por el Consejo de Estado.
como lo dispuso la sentencia 02-7905.

Índice Inicial
R = RH x ----------.-------
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5.4. Dando Cumplimiento al sentencia con los Artículo 176 y 177 del CCA”.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela se observa como hechos relevantes los
siguientes:

La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 3 de septiembre de 2004, declaró la nulidad de la
Resolución núm. 0398 de 2001, por medio de la cual la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante Cremil), negó al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
la prima de actualización. En consecuencia, ordenó el pago de la mencionada prima
desde enero de 1993 hasta su vigencia conforme con los Decretos 25 de 1993, 65
de 1994 y 133 de 1995 y la reliquidación de la asignación de retiro como Suboficial
Técnico Primero desde 1996.

El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó demanda ejecutiva contra Cremil
(radicado núm. 11001-33-31-009-2010-00034-00), con sustento en que no aplicó
correctamente la fórmula de actualización ni la escala gradual porcentual basada en
el sueldo básico del grado de General, además que se usaron valores inferiores y
se omitieron factores salariales computables de acuerdo con los certificados por la
Fuerza Aérea en 1985.

El proceso ejecutivo, en un primer momento, lo adelantó el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá, que por auto de 13 de mayo de 2010 emitió
mandamiento de pago, sin embargo, en virtud del Acuerdo núm. PSAA-129454 de
23 de mayo de 2012, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el asunto
fue trasladado al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Bogotá, despacho que declaró probada la excepción de pago total de la obligación.

Finalmente, contra la anterior decisión interpuso recurso extraordinario de revisión
(radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00557-00), respecto del cual la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en auto de 19 de marzo de 2020
dispuso su rechazó por extemporáneo, al considerar que la providencia que puso
fin al proceso ejecutivo “quedó debidamente ejecutoriada el 5 de abril de 2016 y el
recurso fue presentado el 30 de julio de 2019, es decir 3 años después de la
ejecutoria”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, “por la Ilegal Pretensión
de DESPOJARME de Sentencia Judicial 02-7905 Proferida por la Seccion (sic)
Segunda – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que para el
Suscrito y con Fundamento en Articulo 13 de la Ley 4ª de 1992 y Criterios del
Consejo de Estado, Ordeno la RELIQUIDACION (sic) de mi ASIGNACION (sic) DE
RETIRO; ilegal Pretensión de DESPOJO de lo cual en lo cual, y en mi Sentir en lo
JUDICIAL también es Responsable la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura”.

Agregó que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos
fundamentales, en tanto ordenó trasladar el proceso ejecutivo que adelantó para
lograr el cumplimiento de lo ordenado por la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sostuvo que Cremil incurrió en “fraude procesal”, al no dar cumplimiento a lo
ordenado por el referido Tribunal, a lo que agregó que “los Magistrados del la
Subsecion (sic) B de Segunda de Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Asumiesen el conocimiento de las Tutelas que asignaran a al Juzgado 34
Administrativo de Bogotá que además (sic) de Permitir el Fraude Procesal y de
Prevaricar, incurrió en Abuso de Autoridad”.

Resaltó que es un “adulto mayor (73 años, 3 meses) ciudadano no Abogado, Alto
Grado de Morbilidad (Diabético-Hipertenso – Problemas Respiratorios por lo que
desde 2008 y por prescripción Médica debo vivir conectado a un Cilindro de Oxígeno
y Dormir Conectado a un C-PAP”.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

El Grupo de Apoyo de Acciones Constitucionales solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, bajo el argumento de que la vulneración de
los derechos fundamentales alegada por el actor es inexistente. Adicionalmente,
pidió que se desvincule a la entidad por configurarse la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

4.2. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas

El director solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no
ha vulnerado ni puesto en peligro los derechos fundamentales del demandante.

Afirmó que el actuar de la entidad se ajustó a la Constitución y a la ley, más aún
cuando carece de competencia para efectuar el trámite requerido por el
demandante, es decir, el cumplimiento de la sentencia que ordenó el pago de la
prima de actualización como Suboficial Técnico y por la decisión de reasignar el
proceso a un Juzgado de Descongestión, a lo que agregó que las pretensiones
relacionadas en el escrito de la tutela tampoco involucran a esa entidad.

4.3. Respuesta de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

La apoderada de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, en tanto las providencias judiciales dictas en el proceso ordinario no
resultaron caprichosas ni arbitrarias.

Indicó que por los mismos hechos y pretensiones el demandante ha presentado 15
acciones de tutela, por lo que ha sido sancionado por incurrir en temeridad en varias
solicitudes de amparo.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 13 de noviembre de 2025, declaró improcedente la
acción de tutela por configurarse la cosa juzgada constitucional, al existir con
anterioridad acciones de tutelas previamente decididas sobre el mismo tema.

Indicó que del estudio realizado concluyó que las pretensiones del accionante en
todas esas tutelas guardaban relación, pues en el fondo pretendía que se declarara
el incumplimiento de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en ese sentido, que se
ordenara realizar una nueva liquidación de asignación de retiro.

Afirmó que el accionante ha presentado nuevas acciones de tutela dentro de las
cuales se pretende lo mismo, como la solicitud de amparo tramitada ante el Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá (radicado núm. 11001-33-36-
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034-2024-00331-00), donde se declaró improcedente y se condenó al actor a
sanción pecuniaria por concepto de multa por su actuación temeraria, decisión que
fue confirmada por el Tribunal en sentencia de 7 de febrero de 2025.

Se refirió también a la acción de tutela adelantada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá (radicado núm. 11001-33-34-002-2024-00141-
00), contra Cremil, en la que se declaró improcedente por existencia de cosa
juzgada, decisión que fue confirmada por este mismo Tribunal.

Resaltó que existe identidad en el objeto porque las acciones buscan que se ampare
los derechos fundamentales a la dignidad humana y al debido proceso que
considera vulnerados por Cremil, al no realizar nueva liquidación y reajuste de
asignación de retiro. También identidad de causa petendi, pues todas las acciones
de tutela se fundamentan en los mismos hechos, además que existe identidad de
partes, en tanto la acción va dirigida en contra Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares y el accionante es el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo.

Precisó que si bien se ha constatado la configuración de la cosa juzgada
constitucional, lo cierto es que no se configura temeridad en el ejercicio de la acción
de tutela, toda vez que no se acreditó la existencia de mala fe ni un actuar desleal
por parte del accionante.

Finalmente, aseguró que el argumento del accionante consistente en que la
accionada –“Consejo Seccional de la Judicatura”- vulneró sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y debido proceso al expedir el Acuerdo núm.
PSAA12-9454 de 23 de mayo de 2012, en virtud del cual se remitió proceso
ejecutivo a un juzgado de descongestión, también se declaró improcedente en la
medida que existe otro mecanismo de defensa judicial, como es el medio de control
de simple nulidad, donde puede controvertir las inconformidades respecto del
mencionado acto administrativo.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:

Afirmó que la decisión impugnada omitió pronunciarse sobre “el fraude procesal en
que incurrió la Abogada de La Caja de Retiro de Fuerzas Militares” en 10 acciones
de tutela que adelantó contra la mencionada entidad y que conllevó que las
decisiones proferidas en estas no configuraban cosa juzgada, por estar inmersas
en un ilícito.

Aseguró que en la sentencia impugnada la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca también omitió referirse “a todos los
radicados en los que la Abogada de CREMIL sustento su FRAUDE PROCESAL al
contestar la Tutela yo Cito los radicados en los que el suscrito con los que solicite
le hiciesen cumplir la sentencia 02-7905 a al Cremil, y lo hago para DESVIRTUAR
la Inexistente COSA JUZGADA que Predican”.

Resaltó que la sentencia impugnada vulneró el artículo 230 de la Constitución
Política, pues “Desconoció el carácter Vinculante de los Precedentes
Jurisprudenciales Plasmados en sentencias T-1034 de 2005; C-483 de 2008 y
SU027 de 2021 Sobre los que se sustentó la Inexistencia de la TEMERIDAD,
Sentencias que Nuevamente Reproduzco”.

Agregó que “las Sentencias Proferidas en proceso Ejecutivo
11001333100920100003400/01 y de Tutela 11001-33-43-063-2018-003500-00 y
5

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00953-01
Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

15238-33-33-001-2020-00032-00/01, 15001-31-87-003-2020-00046-00/01 2021-
0158 ; 11001-33-34-004-2023-00035 00, 11001-33-35-021-2023-00220-00/01,
11001-33-37-042-2023-00202-00/01; 11001-33-34-002-2024-0014100/01, 11001-
33-36-034-2024-00331-00/01,y 1001-31-10-030-2025- 00271-00 /01 Son
Constitutivas de PREVARICATO POR ACCIÓN y por lo que de Conformidad con la
sentencia T-006 de 1992 - Por haber sido Proferidas con violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de orden sustantivo como
procesal, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el
ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada”.

Por último, señaló los servidores y las autoridades judiciales que considera
responsables de la “ilícita pretensión de despojo de la sentencia 02-7906 y del
altísimo monto que Alcanzan mis Pretensiones Económicas, que estan (sic)
sustentadas en la Ley (la Normatividad Aplicable al suscrito)”.

En escrito adicional, solicitó que se remitiera copia del expediente de tutela a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 13 de noviembre de 2025 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por configurarse la cosa juzgada constitucional
y desatender el presupuesto de la subsidiariedad y, en caso afirmativo y que cumpla
con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial
accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la dignidad humana de la parte actora.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

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En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, al no dar
cumplimiento a la sentencia de 3 de septiembre de 2004 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y porque se ordenó remitir el
proceso ejecutivo que adelantó contra Cremil al Juzgado Primero Administrativo en
Descongestión del Circuito de Bogotá.

La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 13 de noviembre de 2025, declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo, bajo el argumento de que se configuró la cosa juzgada
constitucional, en tanto ha promovido otras acciones de tutela en las que había
formulado las mismas pretensiones relacionadas con el cumplimiento de la decisión
declarativa de 3 de septiembre de 2004, y por inobservancia del requisito de la
subsidiariedad, en tanto que frente al acuerdo que ordenó remitir el proceso
ejecutivo a un juzgado de descongestión es susceptible de ser demandado en el
medio de control de nulidad simple.

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual limitó su reproche al hecho
de que en la sentencia impugnada no se refirió al supuesto fraude procesal en el
que incurrió la abogada de Cremil, así como a las actuaciones ilícitas realizadas por
unos servidores y autoridades judiciales.

Descendiendo al caso concreto, en atención únicamente al argumento propuesto
en el escrito de impugnación, la Sala confirmará la sentencia impugnada porque la
acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, sea lo primero precisar que la Corte Constitucional, a partir de lo
previsto en el artículo 86 superior, ha señalado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, que no es el medio llamado a reemplazar los procesos ordinarios
o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes1.

Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c) cuando
se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo planteado por el demandante en el escrito de impugnación, se
observa que reprocha que en la sentencia impugnada no se hubiera analizado la
responsabilidad penal de la abogada de Cremil, así como de los servidores públicos
señalados en el mismo escrito, asunto respecto del cual el juzgador de tutela de
primera instancia declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, al evidenciar
la configuración de la cosa juzgada constitucional y el incumplimiento del requisito
1
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014.
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Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

de la subsidiariedad. Por consiguiente, no había lugar a realizar algún
pronunciamiento de mérito frente a los argumentos planteados en la demanda de
tutela.

Sin embargo, en la impugnación el demandante insiste en que se debió abordar el
alegato relacionado con la responsabilidad penal -fraude procesal-, pues considera
que se incurrió en un acto ilícito al no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia
de 3 de septiembre de 2004, en el que se ordenó el pago de la prima de
actualización y la reliquidación de la asignación de retiro del señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo como Suboficial Técnico Primero.

Por lo anterior, la Sala considera necesario recordar que de acuerdo con el artículo
250 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de
“adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos
que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio
de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del
mismo”, disposición constitucional que debe entenderse en concordancia con el
artículo 232 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

A su turno, el artículo 29 de la Ley 906 de 2004 dispone que “corresponde a la
jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el
territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en los casos que determinen los
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna”

Es decir, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico la autoridad competente para
realizar las investigaciones relacionadas con la comisión de algún tipo penal es la
Fiscalía General de la Nación y el encargado de su juzgamiento es el
correspondiente juez penal.

Con sustento en lo anterior, es dable concluir que el juez de tutela no es el
competente para investigar la supuesta comisión de un delito ni el encargado de
juzgar, en tanto existen otras autoridades a quienes la Constitución Política y la ley
les confirió esa competencia.

Adicionalmente, se debe precisar al demandante que el estudio que se hizo de la
figura de la temeridad en la sentencia impugnada fue para precisar que no incurrió
en la misma, contrario a lo que indica en los reparos que sustentan el escrito de
impugnación, pues el Tribunal consideró que no se observaba mala fe. En efecto,
del estudio del expediente de tutela la Sala reconoce que el accionante ha
presentado simultaneas acciones de tutela con identidad de objeto, de causa
petendi y de partes (duplicidad). Igualmente, se observa que el actor informó sobre
la existencia de los otros mecanismos constitucionales, los que consideró que eran
contrarios a la ley, y que es un adulto mayor que padece varios problemas de salud,
sin embargo, estas situaciones antes mencionadas no justifican la presentación de
esta nueva solicitud de amparo y, en consecuencia, no es suficiente para revocar la
improcedencia declarada por el a quo.

Por otro lado, en lo relacionado con el hecho de que en la sentencia impugnada no
se tuvieran en cuenta las sentencias mencionadas en la contestación de la tutela
por parte de Cremil y que estas eran las constitutivas de fraude procesal, la Sala

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ARTÍCULO 23. FUNCION BASICA. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella,
por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público, investigar los
delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación
de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la
fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Las funciones previstas en el numeral segundo del
artículo 251 de la Constitución Política, podrá delegarlas en los Directores Nacionales y Seccionales de la Fiscalía.
PARÁGRAFO. La Fiscalía está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus
derechos y garantías procesales. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar
aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley.
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Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

observa que, contrario a lo manifestado por el actor, sí fueron valoradas por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al punto que pudo constatar que existió identidad de objeto, causa petendi y de
partes para concluir que se configuraba la cosa juzgada constitucional.

En efecto, el a quo se refirió a las acciones de tutelas que mencionó Cremil en la
contestación de la acción de tutela, particularmente la solicitud de amparo con
radicado núm. 11001-33-37-042-2023-00202-00/01 iniciada por el accionante
contra Cremil, en la que solicitó el cumplimiento de la sentencia 02-7905 y, en
consecuencia, se ordene“(1ª) El Reajuste y Reliquidación de mi asignación de retiro,
con la Inclusión de la Prima de Actualización para los años 1993, 1994 y 1995; (2ª)
La Revisión de los Reajustes Anuales de Ley y la reliquidación de mi asignación de
Retiro, a partir de Enero 01 de 1996; (3ª) La actualización de los Dineros Dejados
de Liquidar y pagar y (4ª ) El cumplimiento de la Sentencia con los Artículos 176 y
177 del CCA”.

El mencionado trámite constitucional fue resuelto por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 15
de agosto de 2023, en la que confirmó la decisión de 18 de julio de 2023 del Juzgado
Cuarenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá que declaró la temeridad y
condenó al señor Cuervo Cuervo al pago por concepto de multa la suma equivalente
de un salario mínimo legal mensual vigente.

Al respecto, la Sala observa que en la solicitud de amparo con radicado núm. 11001-
33-37-042-2023-00202-00/01 se declaró la temeridad porque se evidenciaron 5
acciones de tutela (11001-33-43-063-2018-00350-00; 15238-33-33-001-2020-
00032-00; 152383105001-2021-00158-00; 110013103026-2023-00047-00;
110013335021-2023-00220- 00) adelantadas por el señor Jorge Eliécer Cuervo
Cuervo contra Cremil, por los mismos hechos, fundamentos y pretensiones, en las
que también se había declarado la improcedencia, cosa juzgada constitucional o la
temeridad.

Ahora bien, el hecho de que el demandante simplemente afirme que en los casos
anteriores se incurrió en “fraude procesal” y que por esto no se configura la cosa
juzgada, no resulta suficiente para revocar la decisión impugnada, más aún cuando
la solicitud de amparo bajo examen solo se limita a reprochar el supuesto
incumplimiento del Cremil de un fallo que ordenó la reliquidación de la acción de
retiro del accionante, es decir, no plantea debate alguno en relación con las
autoridades judiciales que conocieron de las otras demandas de tutela que señala
estar inmersa en la referida conducta típica.

Así las cosas, frente a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, la
acción de tutela resulta improcedente porque el demandante cuenta con otros
mecanismos ordinarios para reprochar la presunta responsabilidad penal de la
abogada de Cremil y demás servidores públicos que relacionó en la impugnación,
lo cual, se reitera, escapa del ámbito de competencia del juez de tutela.

Finalmente, respecto a la solicitud de envío de copias a la Comisión Seccional y
Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, la Sala advierte
al actor que, bajo su responsabilidad, puede hacer uso de los diferentes
mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, con el fin de que
las mencionadas autoridades, dentro de las competencias establecidas en la
Constitución y la ley, se pronuncien sobre la supuesta comisión del tipo penal o
disciplinario que alega en dicha solicitud, lo cual, se reitera, no es de competencia
del juez constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada de 13 de
noviembre de 2025.
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Accionante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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