Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2025-00992-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2025-00992-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-15-000-2025-00992-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO
TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO
AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES
JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 21 de noviembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 denegó la solicitud de
amparo.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01
Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO
I. ANTECEDENTES
La señora ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y dignidad humana, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ2 al no haberle
dado trámite a la entrega del título judicial que le corresponde como
sucesora procesal dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2015-00245-00.
I.2.- Hechos
Afirmó que su padre el señor MARIO DE JESÚS DÍAZ MISAS
(q.e.p.d.), promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material,
2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Ministerio.
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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01
Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO
ocasionados por la muerte de su hijo el señor BRANDON DANIEL
DÍAZ MÉNDEZ durante la prestación del servicio militar.
Indicó que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2015-00245-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que,
mediante sentencia de 12 de octubre de 2017, accedió a las
pretensiones y le ordenó al MINISTERIO reconocer en favor de su
padre los perjuicios invocados.
Arguyó que el JUZGADO mediante auto de 14 de agosto de 2025, la
reconoció como sucesora procesal de su padre y ordenó la entrega
del depósito judicial núm. 400100008731432 por valor de
$180.517.060,13.
Aseveró que el 24 de septiembre de 2025, el expediente ingresó al
despacho al advertir la necesidad de clarificar la orden de entrega al
evidenciar una contradicción.
Mencionó que el 16 de octubre de 2025, su apoderado judicial radicó
una petición de impulso procesal, con el fin de que se corrigiera la
providencia sin dilaciones y se expidiera el título judicial directamente
a su nombre.
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Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que ha transcurrido más de un mes desde que el
expediente ingresó al despacho para la corrección, sin que se haya
cumplido la orden judicial.
Mencionó que “[…] existe una dilación injustificada en el
cumplimiento de la orden judicial, pues lo único que me manifiesta
la Secretaría es que debo estar pendiente de la página SAMAI, lo cual
no constituye una respuesta clara, precisa ni de fondo, y prolonga la
vulneración de mis derechos fundamentales […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, derecho de petición
y mínimo vital.
2. Que se ordene al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., Sección Primera, que en un término no
superior a cinco (5) días hábiles:
Corrija la providencia subsanando las contradicciones señaladas.
Expida y entregue el título judicial No. 400100008731432, por
valor de $180.517.060,13, directamente a mi nombre, Adriana
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Elizabeth Díaz Urbano, en calidad de hija legítima, heredera y
sucesora procesal reconocida, teniendo en cuenta que ya se aportó
mi cédula de ciudadanía en el impulso procesal.
Brinde una respuesta clara, precisa y de fondo sobre el estado
actual del trámite, indicando fechas concretas de
cumplimiento, y evite respuestas evasivas como “el proceso está
en cola” o “debe estar pendiente de la página SAMAI”.
3. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no
se presente nuevas dilaciones en el cumplimiento de la orden
judicial […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO hizo un recuento de las actuaciones adelantadas
en el proceso objeto de estudio y mencionó que no ha incurrido en
mora judicial, pues le ha impartido el trámite correspondiente a la
actuación conforme a la carga de expedientes del despacho.
Indicó que las providencias se profieren en estricto orden de ingreso
al despacho, y que la solicitud de entrega del título judicial fue
resuelta mediante la providencia que en la actualidad está al
despacho para ser aclarada.
Mencionó que no se avizora la vulneración de los derechos invocados,
puesto que cada una de las inquietudes solicitadas por la actora han
sido resueltas de fondo y de manera oportuna.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025,
denegó el amparo del derecho fundamental de petición, al evidenciar
que el requerimiento efectuado por la actora es de índole judicial, por
lo que no comporta de forma alguna el desconocimiento del derecho
de petición.
Señaló que no había lugar a declarar que la autoridad judicial
accionada hubiera incurrido en mora judicial injustificada, pues el
tiempo que ha transcurrido para impulsar el proceso no ha obedecido
a un comportamiento caprichoso o irracional y, por lo tanto, no
advirtió alguna circunstancia de la que se pudiera concluir la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL,
manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,
a su juicio, la decisión de primera instancia no valoró de manera
integral las pruebas que demuestran la vulneración de sus garantías
constitucionales.
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Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada ha incurrido en
dilaciones injustificadas que afectan otras garantías como el mínimo
vital y la vida digna, pues han transcurrido varios meses sin que se
materialice la entrega del título.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo
de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y dignidad
humana, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO, al no
haberle dado trámite a la entrega de título judicial que le corresponde
como sucesora procesal dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2015-00245-
00.
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025,
denegó la solicitud de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, la decisión de primera
instancia no valoró de manera integral las pruebas que demuestran
la vulneración de sus garantías constitucionales.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada ha incurrido en
dilaciones injustificadas que afectan otras garantías como el mínimo
vital y la vida digna, pues han transcurrido varios meses sin que se
materialice la entrega del título.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos deprecados.
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Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho
de petición ejercido ante autoridades judiciales.
En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de
que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.
Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 2015-01196-00:
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
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de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
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soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)6.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia7 que le asigna la ley8 […]”.
Bajo ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la actora
6
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
7
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
8
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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con la solicitud presentada el 16 de octubre de 2025, es que el
JUZGADO resuelva de manera prioritaria la corrección del auto de
14 de agosto de 2025 y, en su lugar, disponga de manera inmediata
la entrega del título judicial, asunto que implica emitir un
pronunciamiento dentro del proceso judicial, por lo que tal
circunstancia resulta improcedente.
Por lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
respecto al derecho de petición, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Ahora bien, la Sala determinará si la autoridad judicial accionada ha
incurrido en mora judicial, al no emitir un pronunciamiento
relacionado con la entrega del título judicial a la actora.
La mora judicial, ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal
y estructural […]”9 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
9
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
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solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional10 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte11 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
10
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
11
Ibidem.
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la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora12. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”13.
13.5. En la providencia T-230 de 201314, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
12
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
13
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
14
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional15.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional16, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad17; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio18.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201619, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
15
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
16
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
17
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
18
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
19
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2015-00245-
00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.
Según la información relacionada con el proceso objeto de
controversia20 en la sede electrónica SAMAI se advierte lo siguiente:
• El proceso fue radicado el 9 de marzo de 2015,
correspondiéndole por reparto al JUZGADO que, a través del
auto de 5 de mayo de 2016, avocó el conocimiento y ordenó
notificar la demanda a la entidad accionada.
• Una vez surtido el trámite procesal, el 12 de octubre de 2017
se profirió sentencia de primera instancia, en la que se accedieron
a las pretensiones de la demanda.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013336036201500
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• Posteriormente, el Juzgado desplegó varias actuaciones a
saber: i) el 15 de octubre de 2021, emitió el auto que aprobó la
liquidación de costas, ii) el 15 de agosto de 2023, requirió un
poder y corrió traslado del contrato de cesión de derechos
litigiosos, iii) el 24 de octubre de 2023, se denegó el
reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos y la solicitud
de entrega del depósito judicial.
• La autoridad judicial accionada, mediante providencia de 14 de
agosto de 2025, reconoció a la actora como sucesora procesal y
ordenó la entrega del depósito judicial.
• El 24 de septiembre de 2025, el expediente ingresó al despacho
con un informe secretarial en el que se dispuso la imposibilidad
de dar cumplimento a la orden proferida en proveído de 14 de
agosto de este año, debido a unas inconsistencias relacionadas
con el número de identificación de la beneficiaria del título y la
entrega a su apoderado judicial.
En virtud de lo anterior, la Sala observa que si bien no se ha dictado
la providencia en la que se decida la corrección de la orden impartida
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en el auto de 14 de agosto de 2025, también lo es que, el proceso
se encuentra en trámite y en turno para decidir lo que en derecho
corresponda.
Asimismo, la Sala observa que la autoridad judicial accionada aduce
la existencia de una excesiva carga laboral, sumada a la congestión
que normalmente enfrenta la Rama Judicial, sin embargo, a pesar de
tales circunstancias no podría considerarse la vulneración de derecho
al acceso a la administración de justicia de las partes y el debido
proceso de la actora, pues, tal y como lo refiere el JUZGADO en el
informe de tutela el asunto en cuestión se encuentra al despacho y
en turno para decidir la actuación procesal que involucra la orden de
entrega del título.
Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, toda vez que la autoridad judicial accionada no ha incurrido
en una mora judicial injustificada, razón por la que se confirmará la
decisión del a quo.
En consecuencia, se modificará parcialmente la decisión del a quo en
lo que respecta a la vulneración del derecho de petición y, en su lugar,
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se declarará improcedente el amparo solicitado, en lo demás, se
confirmará la decisión, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo que
respecta a la vulneración del derecho de petición, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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