Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01002-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2025-01002-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de febrero de 2026
Radicado: 25000-23- 15-000-2025-01002-01
Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-15-000-2025-01002-01
Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
Accionado: Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Derecho de petición. Ausencia de vulneración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionada en contra de la
sentencia proferida el 1° de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que negó la solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela mediante la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales de
petición, de acceso a la información pública y al debido proceso, los cuales estimó
vulnerados por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá, al no haber
dado respuesta oportuna ni de fondo a las solicitudes radicadas el 25 de agosto, 13
de octubre y 2 de noviembre de 2025, mediante las cuales requirió acceso a
información y a constancias procesales.
Adujo que no se le entregó copia íntegra del expediente de tutela identificado con el
radicado núm. 11001-33-35-017-2025-00244-00, dentro de la cual actuó en calidad
de accionante, situación que, a su juicio, configura la vulneración de las garantías
constitucionales invocadas.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El 19 de agosto de 2025, el señor Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
interpuso acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Radicado: 25000-23- 15-000-2025-01002-01
Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.
2.2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-35-017-2025-00244-00, y fue
admitido mediante auto del 19 de agosto de 2025.
2.3. El 25 de agosto de 2025, el accionante radicó ante dicho despacho derecho de
petición mediante el cual solicitó acceso a la información y constancias procesales,
memorial identificado como Doc. 22A1 – Petición 25/08/25, radicado 2033099.
2.4. En esa misma fecha, mediante correo electrónico, el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá remitió el expediente digital a la dirección
de correo electrónico ed@mancera.net.
2.5. Mediante sentencia del 1.º de septiembre de 2025, el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá ordenó tutelar los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
2.6. Con posterioridad, la autoridad judicial continuó el trámite del proceso y profirió,
entre otras, las siguientes providencias: i) Auto del 8 de septiembre de 2025,
mediante el cual concedió la impugnación; ii) Auto del 30 de septiembre de 2025,
por el cual se abstuvo de abrir incidente de desacato promovido por el señor
Mancera Cifuentes contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, al
considerar acreditado el cumplimiento del fallo de tutela núm. 131 del 1.º de
septiembre de 2025, con fundamento en el memorial del 19 de septiembre de 2025
y el Oficio núm. 2025-09-04-S-GACJI-25-0049 del 5 de septiembre de 2025, junto
con su constancia de notificación; y iii) Auto del 10 de octubre de 2025, mediante el
cual ordenó estarse a lo resuelto en el auto del 30 de septiembre de 2025, que
dispuso abstenerse de abrir el incidente de desacato.
2.7. Finalmente, mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá dispuso obedecer, cumplir y estarse a lo
resuelto por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en providencia del 3 de octubre de 2025, mediante la cual se revocó
la sentencia proferida el 1.º de septiembre de 2025 y, en su lugar, se negó el amparo
de los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo del
señor Mancera Cifuentes, por configurarse un hecho superado.
2.8. El accionante señaló que, ante la presunta falta de respuesta del despacho
judicial, presentó reiteraciones el 13 de octubre de 2025 (radicado 2206262 – Doc.
25K) y el 2 de noviembre de 2025 (radicado 228867 – Doc. 25K1).
2.9. Sostuvo que el 6 de noviembre de 2025, luego de transcurridos más de setenta
(70) días hábiles, el despacho emitió una respuesta tardía e incompleta, que no
resolvió de manera clara, completa y congruente lo solicitado, al atender solo de
forma parcial la petición inicial y omitir pronunciamiento de fondo frente a la
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
reiteración presentada el 2 de noviembre, mediante la cual solicitó expresamente la
entrega íntegra del expediente judicial en medio digital.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional que se ordene al Juzgado
Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá responder de fondo y de
manera completa la petición presentada el 2 de noviembre de 2025. Asimismo, pidió
ordenar la entrega íntegra del expediente y de todos los documentos, providencias,
constancias, correos electrónicos y archivos solicitados, en formato digital y sin
fraccionamiento; prevenir al despacho accionado para que se abstenga de continuar
incurriendo en silencio administrativo inconstitucional; oficiar a la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su competencia, ante la presunta
omisión prolongada; y advertir la obligación de preservar la totalidad de los archivos,
versiones, correos electrónicos, metadatos y constancias, sin supresión ni
alteración posterior a la interposición de la presente acción de tutela.
3.2. Como fundamento de la acción constitucional, la parte actora sostuvo que la
respuesta emitida el 6 de noviembre alude únicamente de manera parcial a la
petición inicial del 25 de agosto, sin resolver de fondo la reiteración vigente del 2 de
noviembre de 2025, mediante la cual se solicitó expresamente la entrega íntegra
del expediente judicial en formato digital. Señaló que, conforme al criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional (T-377 de 2000, T-466 de 1992, T-453 de
2021 y SU-458 de 2019), cada reiteración reactiva el término legal y genera una
nueva obligación de respuesta sustancial; por tanto, al no atenderse la solicitud
vigente, la vulneración persiste. Añadió que la falta de entrega completa del
expediente y de los archivos, providencias, correos y constancias requeridas impide
el ejercicio pleno de control judicial y probatorio, configurando una denegación
material de acceso a la justicia.
4. Trámite de tutela en primera instancia e intervenciones
4.1. Mediante auto del 18 de noviembre de 20251 se admitió la acción de tutela, se
vinculó como terceros con interés al Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser el
accionado dentro de la acción de tutela Nro. 11001-33-35-017-2025-00244-00 que
cursó en el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá.
4.2. El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá 2 sostuvo que ha dado
respuesta a las solicitudes del accionante relacionadas con el acceso al expediente,
precisando que las peticiones formuladas dentro de un proceso judicial deben
tramitarse conforme a la normativa procesal aplicable. En ese sentido, indicó que
las decisiones adoptadas corresponden al marco legal y que la acción de tutela no
puede emplearse como mecanismo para controvertir providencias judiciales, pues
ello desbordaría la jurisdicción constitucional y afectaría la seguridad jurídica y la
1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.
2 Índice 00007 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
autonomía funcional del juez, razón por la cual solicitó negar el amparo por
improcedente.
Explicó que, mediante correo electrónico del 25 de agosto de 2025, la secretaría
remitió al accionante el expediente digital completo, incluida la contestación de la
entidad accionada, lo cual consta en el índice 017 del expediente SAMAI.
Posteriormente, ante una nueva solicitud presentada el 14 de octubre de 2025, el
despacho reiteró el 6 de noviembre la respuesta inicial, explicó el procedimiento de
acceso y proporcionó el enlace para la consulta pública del expediente. Añadió que,
pese a lo anterior, y con ocasión de la acción de tutela, el despacho volvió a reiterar
la información y remitió nuevamente el expediente digital al correo del accionante,
afirmando así haber satisfecho su deber de respuesta.
4.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores3 solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela frente a esa Cartera Ministerial, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Señaló que no existe nexo de causalidad entre
la presunta vulneración de los derechos invocados por la parte accionante y acción
u omisión atribuible al Ministerio, por lo que la tutela resulta improcedente en su
contra y procede su desvinculación del trámite constitucional.
5. La sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia del 1° de diciembre de 20254 mediante la cual
ordenó negar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor Mancera.
Consideró que, con ocasión de las peticiones formuladas por el señor Edwin
Dagoberto Mancera Cifuentes y conforme a las pruebas aportadas, el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dio respuesta a las
solicitudes elevadas por el accionante. En particular, respecto de la petición
presentada el 25 de agosto de 2025, mediante la cual solicitó acceso al memorial
de contestación y a los doce (12) anexos radicados en Samai, se constató que ese
mismo día el secretario del despacho remitió a la dirección de correo electrónico del
señor Mancera el expediente digital requerido.
Asimismo, señaló que frente a la reiteraciones elevadas por el accionante, los días
13 de octubre y 2 de noviembre de 2024, el Juzgado accionado dio contestación a
las solicitudes del accionante, en el sentido de enviarle a través de mensaje dirigido
al correo electrónico del señor Mancera, el trámite que debía surtir a efectos de
acceder al expediente digital solicitado; igualmente dejó constancia de que el
expediente en Samai es de acceso público y le envió el link del mismo.
3 Índice 00008 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.
4 Índice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
6. Impugnación
El señor Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes presentó escrito de impugnación5 al
considerar que la sentencia incurrió en errores evidentes de valoración probatoria,
defectos procedimentales y conclusiones incompatibles con el expediente. Sostuvo
que el tribunal configuró defectos fácticos y de motivación al asumir implícitamente
la existencia de un “hecho superado”, cuando el juzgado de primera instancia nunca
adoptó tal conclusión. En su criterio, la segunda instancia revocó la decisión
atribuyéndole fundamentos inexistentes y declaró superado el hecho sin verificar el
cumplimiento material de la orden, la expedición de un acto administrativo, la
suficiencia de la respuesta ni la persistencia de los efectos lesivos, lo que comporta
un defecto fáctico por presumir un cumplimiento inexistente y un defecto sustantivo
por aplicación indebida de dicha figura.
Asimismo, alegó un defecto de notificación, pues el auto del 8 de noviembre de 2025
no le fue comunicado por correo ni resultaba visible en SAMAI, por lo que
desconocía su existencia hasta recibir la sentencia, generándose una carga
procesal imposible contraria a la jurisprudencia constitucional. Añadió la
inaccesibilidad al expediente pese a múltiples solicitudes, el cual solo pudo consultar
después de proferida la sentencia, lo que afectó su derecho de defensa. Igualmente
sostuvo que la Cancillería no presentó respuesta sustantiva ni acreditó
cumplimiento, siendo el Tribunal quien suplió indebidamente su defensa, y denunció
una asimetría procesal al imputársele inactividad pese a las omisiones de la
Administración, configurándose —a su juicio— una afectación al debido proceso y
a la igualdad procesal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la impugnación presentada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Edwin
Dagoberto Mancera Cifuentes al ser el titular del derecho que afirma fue vulnerado,
por la falta de respuestas a las peticiones presentadas ante la autoridad judicial
accionada.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá Nación en la medida que es la
autoridad ante quien se radicaron las peticiones.
5 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar el fallo de primera instancia que negó
el amparo del derecho de petición.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en
los casos que establece la ley.
5. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está
establecida en el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, y de acuerdo con el artículo 137
de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma
respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las autoridades y a
“obtener pronta resolución, completa y de fondo”.
La Corte Constitucional8 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este
derecho bajo los siguientes términos:
6 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
7 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección
o formación”.
8 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005,
T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y
T-083 de 2017, entre otras.
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos
intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los
cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el
derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se
circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución,
iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión”9.
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por
escrito, y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio
remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá
comunicarlo10.
Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de
fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si
considera quees necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga
competencia, explicando las razones de su decisión; dentro de los términos
previstos en la ley.
Otro punto para destacar es, que a través de la Ley 1755 de 2015 11 se reguló el
término para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince
(15) días después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o
información se deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción
y si no se le da respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido
aceptada y por ende las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por
su parte, el artículo 20 ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para
evitar un perjuicioirremediable al peticionario.
Asimismo, es menester de la Sala indicar que, de conformidad con la sentencia T-
230 de 202012, debe distinguirse los tipos generales de manifestaciones, que, en
principio, supondrían el ejercicio del derecho de petición, así como aquellas que no
se encuentran amparadas en esta garantía constitucional:
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es
consideradocomo un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para
hacer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los
ciudadanos pueden acudir ante autoridades con el fin de informarse y hacer
efectivos los demás derechos fundamentales.
9 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
10 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
11 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Códigode
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
12 Sentencia T-230/2020; Ref.: Expediente T-7.040.215 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Bogotá D.C., siete
(7) de julio de dos mil veinte (2020).
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
6. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará el fallo de primera instancia, en la medida en que
no se acreditó la vulneración del derecho de petición, conforme a las razones que
se exponen a continuación.
6.1. En el caso bajo estudio, el señor Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes solicitó
la protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
información pública y al debido proceso, que consideró vulnerados por el Juzgado
Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá, al no haber recibido respuesta de fondo a
sus peticiones, especialmente a la elevada el 2 de noviembre de 2025.
6.2. Con base en los documentos aportados por las entidades accionadas y la
información registrada en el expediente digital SAMAI, esta Sala advierte que el
Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá, respondió a la petición del
accionante de la siguiente manera:
El 25 de agosto de 202513, Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes presentó escrito de
petición, en los siguientes términos:
“[…] Dentro del proceso de tutela con radicado 11001-33-35-017-2025-
00244-00, en calidad de accionante, respetuosa y humildemente solicito se
me otorgue acceso al memorial de contestación presentado por la parte
accionada el día 22 de agosto de 2025, así como a los 12 anexos que fueron
radicados junto con dicho escrito, según consta en el sistema SAMAI.
Lo anterior con el fin de garantizar mi derecho de contradicción y defensa
dentro del trámite de la presente acción de tutela.” (sic).
Mediante correo electrónico del 25 de agosto de 202514, el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral de Bogotá, dio respuesta en los siguientes términos:
13 Índice 0002 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela del Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de
Bogotá.
14 Índice 0017 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela del Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de
Bogotá.
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
Inconforme con la respuesta otorgada, el accionante presentó nuevas peticiones los
días 13 de octubre y 2 de noviembre de 2025, mediante las cuales reiteró la misma
solicitud.
En atención a tales requerimientos, la entidad accionada, mediante correo
electrónico del 6 de noviembre de 2025, indicó al señor Mancera Cifuentes los
lineamientos para acceder al expediente digital a través del aplicativo SAMAI, en los
siguientes términos:
De los informes remitidos y de la revisión del trámite de tutela adelantado ante el
Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá, se advierte que la autoridad
judicial accionada remitió al correo electrónico ed@mancera.net, suministrado por
el accionante en su escrito de tutela, las pautas e instrucciones necesarias para
acceder y revisar el expediente digital. Lo anterior, en la medida en que este debe
ser consultado a través de la plataforma SAMAI, respecto de la cual el accionante
debía realizar previamente su registro para efectuar la correspondiente inspección
del expediente. Tal circunstancia fue reiterada por el Juzgado mediante correo
electrónico del 6 de noviembre de 2025.
6.3. Así las cosas, la Sala no advierte la vulneración de los derechos fundamentales
de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por
el accionante, en la medida en que, mediante comunicación del 6 de noviembre de
2025 el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Bogotá emitió una
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Accionante: Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes
respuesta clara, oportuna y congruente con lo solicitado, brindando una orientación
adecuada y pertinente sobre el procedimiento para acceder al expediente digital.
Lo anterior resulta acorde con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12068 del 16
de mayo de 2023, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el
cual se establece el uso obligatorio del aplicativo SAMAI para la gestión y consulta
de expedientes digitales en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
circunstancia que respalda la suficiencia de la respuesta suministrada por el
despacho judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección C que
negó la acción de tutela de Edwin Dagoberto Mancera Cifuentes contra del Juzgado
Diecisiete Oral Administrativo de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
ECG
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