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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01041-01

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo de los derechos fundamentales de Oberman David Vigoya Bautista, en la solicitud de tutela promovida por contra el juez veinte civil del circuito judicial de Bogotá. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 7 Radicado: 25000-23-15-000-2025-01041-01 Demandante: Oberman David Vigoya Bautista La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-01041-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2025-01041-01
Demandante: Oberman David Vigoya Bautista
Demandado: Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá

Temas: Tutela como mecanismo transitorio para que se expida
certificado que le permita participar en la convocatoria 28.
Decisión: Confirma decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la Sala la impugnación formulada por Oberman David Vigoya
Bautista en contra de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual
se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Oberman David Vigoya Bautista promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la falta de expedición del certificado laboral necesario
para inscribirse y acreditar los requisitos exigidos en la convocatoria 28 de la Rama
Judicial.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. El 26 de noviembre de 2025 solicitó al titular del Juzgado Veinte Civil del
Circuito de Bogotá una certificación de funciones conforme a lo establecido en el
Decreto de 2001 y la Resolución de 2012 (manuales de funciones), en aras de poder
cumplir con los requisitos del Acuerdo PCSJA25-12348, mediante el cual se
convocó a concurso en la Rama Judicial, sin embargo, para la fecha de interposición

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2025-01041-01
Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

del amparo constitucional (28 de noviembre), no había recibido el documento
solicitado.

2.2. Se vulneraron sus derechos fundamentales, en tanto la certificación
solicitada tenía fines concretos relacionados con la convocatoria 28 de la Rama
Judicial.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Salvaguardar mi derecho constitucional al debido proceso, en consecuencia,
ordenarle al accionado, en el caso remoto de que no cumpla la medida provisional, que
expida el certificado requerido y concomitantemente adoptar una medida tendiente a
permitirme participar en la convocatoria 28, en caso de que el certificado no lo obtenga
antes del 1 de diciembre de 2025.

Ordenar las demás medidas que estime la Magistratura en orden a que me garanticen
el acceso a la convocatoria 28, debido a que la omisión de cargar el certificado laboral
del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, obedece a causas que no son imputables al
suscrito. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Veinte Civil del Circuito Judicial de Bogotá2 manifestó que el
término para responder la petición que elevó el demandante vencería el 19 de
diciembre de 2025, por lo que la solicitud presentada fue extemporánea, no
obstante, el día 1.° anterior se le expidió la certificación laboral.

5. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio3.

1.3 Sentencia de primera instancia4

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia del 4 de diciembre de 2025 negó el amparo invocado, en tanto el
demandante debió actuar de manera diligente y no pretender soslayar su falta de
cuidado trasladando su responsabilidad al juez constitucional, respecto de un
documento que debió ser solicitado con antelación, en consideración al acuerdo de
convocatoria y las fechas de inscripción, ya que esperó para solicitar la certificación
con funciones cuando faltaban 3 días hábiles para el cierre de la inscripción, e

2 Ver índice 2 de Samai.
3 A través de auto del 1.° de diciembre de 2025, el juez de primera instancia admitió la solicitud de

tutela y dispuso vincular al Juzgado Veinte Civil del Circuito Judicial de Bogotá.
La presente solicitud de tutela, en principio, fue tramitada ante la Corte Suprema de Justicia,
corporación judicial que, en segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado y la remitió al
Tribunal Administrativo de Bolívar.
4 Ver índice 2 de Samai.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-01041-01
Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

interpuso la solicitud de tutela a 2 días hábiles de la finalización del término de
inscripción.

1.4. Escrito de impugnación5

7. La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia para solicitar
que se revoque o modifique parcialmente la decisión y declare que existió
transgresión a sus derechos, configurándose un hecho superado por la tardía
expedición del certificado. Esto, en la medida en que el tribunal incurrió en errores
al no analizar de forma constitucional la omisión del juez demandado en expedir de
manera oportuna un certificado laboral necesario para la inscripción en la
convocatoria 28 de la Rama Judicial. Se desconoció su actuar diligente al solicitar
el documento dentro del plazo de inscripción, pero el juez solo lo expidió el 2 de
diciembre de 2025, fuera del término referido, pese a solicitudes reiteradas y a la
intervención de otras entidades. Criticó que el fallo lo responsabilizara injustamente
de una presunta falta de diligencia, ignoró el contexto disciplinario y judicial que
dificultaba obtener el certificado, omitió vincular a otras entidades potencialmente
obligadas y desconoció la obligación de tramitar la tutela con prelación.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico: iii) procedencia de la solicitud de tutela – marco jurídico aplicable; y iv)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.2. Problema jurídico

10. En los términos del escrito de impugnación, esta Sala de decisión deberá
determinar: ¿si el Juzgado Veinte Civil del Circuito Judicial de Bogotá vulneró los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso de Oberman David Vigoya
Bautista, en la medida en que, presuntamente, no dio respuesta oportuna a la
solicitud presentada el 26 de noviembre de 2025, dirigido a que se le expidiera un
certificado laboral requerido para aportar en la convocatoria 28 de la Rama Judicial?

5 Ver índice 2 de Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-01041-01
Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

11. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

12. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Del contenido y alcance del derecho de petición.

13. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición, ha señalado la Corte Constitucional:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición,
como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la
vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la
respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se
adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud
formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

14. Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin
de evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el
derecho de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de
la acción de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con
un pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».

15. El artículo 23 de la Constitución Política estableció que toda persona tiene
derecho a presentar peticiones ante la autoridad competente y a obtener dentro del
término legal una solución a ella suficiente, efectiva y congruente. Dice la norma:

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El

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Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales […].

16. En ese mismo sentido, según lo establecido en la Constitución Política, el
derecho de petición comprende varios elementos así: (1) la posibilidad de presentar
solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a
recibirlas o tramitarlas; (2) el derecho a obtener una respuesta oportuna; (3) el
derecho a que dicha respuesta sea de fondo, es decir, que quien la expide tiene la
obligación de emitir un pronunciamiento completo y coherente respecto de todos los
asuntos relacionados en la solicitud, sin que ello signifique que la misma deba ser
favorablemente al peticionario; y, (4) el derecho a recibir una comunicación oportuna
frente a la decisión.

2.3.2. Derecho al debido proceso

17. El debido proceso se define como «[…] la regulación jurídica que […] limita los
poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos,
de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley […]»8,
premisa construida con fundamento en el principio superior de la primacía del
derecho sustancial sobre las formas, que, según el artículo 29 de la Constitución
Política, «[…] se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]».

18. El objetivo fundamental del referido derecho, entonces, no es otro que la
preservación del valor material de la justicia, situación que demanda de las
autoridades públicas que sus actuaciones estén destinadas a preservar las
garantías sustanciales y procedimentales consagradas en la Constitución y en la
ley.

19. En sentido amplio, el referido planteamiento encierra a su vez la protección
de ciertas garantías mínimas que la jurisprudencia constitucional ha enlistado de la
siguiente manera: «[…] (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la
presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que
conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una
obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el
derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho
a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y,
por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su
contra. […]»9.

20. Por su parte, debe resaltarse que el derecho al debido proceso administrativo
parte del contenido establecido -de manera general- en el artículo 29 de la
Constitución Política, tiene relación directa con el complejo espectro de garantías
que permiten el curso de un trámite establecido de manera previa, en el que a las
partes se les respete el derecho de defensa en una clara sujeción de las autoridades

8 Sentencia T-682 de 2015 de la Corte Constitucional.
9 Sentencia C-642 de 2002 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

estatales al principio de legalidad. Al respecto, en la providencia T-928 de 2010, la
Corte Constitucional expresó:

«[…] Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso
administrativo, la jurisprudencia de esta Corporación lo definió como “(…) la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de
protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones
de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren
sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Así las cosas, el debido
proceso administrativo se convierte en una manifestación del principio de legalidad,
conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar
previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los
trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se
debe indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la
Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se
surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación
[…]».

2.4. Análisis de la Sala

21. Si bien es cierto, Oberman David Vigoya Bautista no invocó el amparo
del derecho fundamental de petición, de acuerdo a los contornos particulares
del asunto puesto a consideración, se entiende que el reclamo formulado debe
estudiarse desde tal perspectiva por tratarse de una solicitud presentada ante
el juez veinte civil del circuito judicial de Bogotá el 26 de noviembre de 2025
para que se expidiera el correspondiente certificado laboral con el fin de aportarlo a
la convocatoria 28 de la Rama Judicial.

22. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa que el Juez
Veinte Civil del Circuito Judicial de Bogotá expidió la mencionada certificación
el 1.° de diciembre de 2025 con constancia de envío del 2 de igual mes y año.

23. En este orden de ideas, el Juez Veinte Civil del Circuito Judicial de Bogotá
atendió la petición presentada por el demandante teniendo en cuenta que en el
escrito de impugnación no se expuso inconformidad alguna en cuanto a los
requerimientos propios del documento solicitado, es decir, conforme a lo establecido
en el Decreto de 2001 y la Resolución de 2012 (manuales de funciones).

24. A juicio de la Sala, en el presente asunto no se vulneró el núcleo esencial del
derecho de petición, en la medida en que la solicitud del certificado laboral
pretendido fue resuelta dentro de los 10 días siguientes a su recepción, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 14 del CPACA.

25. De tal manera, contrario a lo pretendido por el demandante en la
impugnación, no es posible declarar la carencia actual de objeto, pues no se vulneró
el derecho en mención para que se configurara aquella, ya sea por daño
consumado, hecho superado o sobreviniente. Distinto es que aquel pretendiera que
su solicitud de resolviera de manera expedita para cumplir con los términos fijados
en la convocatoria 28 de la Rama Judicial, pese a que contó del 14 de noviembre al

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1.° de diciembre de 2025 para aportar los documentos pertinentes. Lapso que, de
manera alguna, obligaba al juez demandado a emitir una respuesta inmediata, solo
porque el demandante elevó su solicitud faltando dos días para su vencimiento.

26. Por su parte, desde la perspectiva del debido proceso administrativo,
tampoco se evidencia su vulneración, en tanto no se encuentra regulado
procedimiento alguno que obligara al juez veinte civil del circuito judicial de Bogotá
a expedir la aludida certificación laboral en el término pretendido por el demandante,
frente a lo cual es pertinente destacar que la norma que reglamenta la Convocatoria
28 de la Rama Judicial solo obliga a quienes se inscribieron en ella, situación que
debe tener presente el demandante para ejercer las acciones y recursos
procedentes para la defensa de sus intereses con mayor diligencia.

27. En este orden de ideas, no es de recibo apelar a un estudio desde la óptica
constitucional o la intervención de otras autoridades para desconocer u omitir los
parámetros y requisitos fijados en la ley, pues, como quedó evidenciado, en el
marco de la normativa aplicable no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.

3. Conclusión

28. Así las cosas, esta Sala de decisión confirmará el pronunciamiento de
primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales de Oberman
David Vigoya Bautista, en la solicitud de tutela promovida por contra el juez veinte
civil del circuito judicial de Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó el
amparo de los derechos fundamentales de Oberman David Vigoya Bautista, en la
solicitud de tutela promovida por contra el juez veinte civil del circuito judicial de
Bogotá.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

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Radicado: 25000-23-15-000-2025-01041-01
Demandante: Oberman David Vigoya Bautista

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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