Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-01052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2025-01052-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2025-01052-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
12 de febrero de 2026
Demandante: Liseth Katherine Sanabria García
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2025-01052-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-01052-01
Demandante: LISETH KATHERINE SANABRIA GARCÍA
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Temas: Tutela de fondo por mora judicial. Confirma sentencia de primera
instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud de impugnación presentada por la parte actora
contra la providencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 2 de diciembre de 2025, la señora Liseth Katherine Sanabria García, en nombre
propio, interpuso acción de amparo contra el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la presunta mora
judicial en la que incurrió dicha autoridad en el trámite del incidente de desacato
promovido por el presunto incumplimiento de las órdenes dictadas en la acción de
tutela identificada con el radicado 11001-33-34-006-2025-00300-00, promovido contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial y
Policía Nacional.
1.2. Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
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Demandante: Liseth Katherine Sanabria García
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2025-01052-01
1. Solicito señor juez, ampare mi derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO, el
cual se encuentra vulnerado por parte del Juzgado 6 Administrativo del Circuito de
Bogotá.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado 6 Administrativo dl Circuito
de Bogotá, realizar las gestiones pertinentes respecto al incidente de desacato de la
tutela 11001333400620250030000, en contra del Ejercito Nacional debido al
incumplimiento del fallo emitido el 12 de agosto de 2025.1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por la señora Liseth Katherine Sanabria García se
sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
La parte actora afirmó que instauró acción de tutela ante el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional, con el
fin de que se amparara su derecho fundamental de petición.
Puntualizó que, por medio de fallo proferido el 12 de agosto de 2025, la entidad
accionada accedió al amparo solicitado, y ordenó lo siguiente:
PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental de petición de la señora Liseth
Katherine Sanabria, respecto del Ejército Nacional, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: ORDÉNASE, al Comandante del Ejército Nacional, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, proceda a emitir y notificar una respuesta de fondo, clara, completa,
precisa y conforme a lo solicitado por la accionante en la petición radicada el 11 de
mayo de 2025. Dentro del mismo término deberá acreditar el cumplimiento de la
orden ante esta Despacho.
Narró que, ante el incumplimiento por parte de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional de lo ordenado en la sentencia, el 29 de octubre de 2025
presentó solicitud de apertura de incidente de desacato, la cual ingresó al despacho
enjuiciado el 30 de octubre siguiente. Relató que, para la fecha en que se instauró
este mecanismo de amparo, el juzgado accionado no había impulsado el trámite
incidental.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la accionante, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la mora judicial injustificada en la que ha
incurrido en impulsar el trámite incidental, pese a que la solicitud se encuentra al
despacho desde el 30 de octubre de 2025.
Argumentó que es deber de los jueces de primera instancia velar por el cumplimiento
de los fallos de tutela, según lo sostiene la jurisprudencia constitucional, deber que no
1 Transcripción literal del texto original.
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se ha cumplido en el presente caso, dada la demora en la resolución del incidente de
desacato.
1.5. Trámite en primera instancia
A través de auto del 3 de diciembre de 2025, la magistrada ponente de la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó admitir
la solicitud de tutela y notificar esta decisión al juez sexto administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, a quien se le otorgó el término de 3 días para que se pronunciara.
De igual manera, se vinculó como tercero con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1.6. Intervención
Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Por medio de informe allegado el 9 de diciembre de 2025, el titular del despacho
accionado dio respuesta a la acción de tutela, en la cual puso de presente que, previo
a iniciar el incidente de desacato, se requirió mediante auto del 4 de diciembre de la
misma anualidad al comandante del Ejército Nacional para que cumpliera lo ordenado
en el fallo de tutela. Añadió que, una vez cumplido lo anterior, ingresará el proceso de
tutela al despacho para resolver lo que en derecho corresponda.
De la misma forma, indicó que lo narrado en el escrito de tutela no constituye una
dilación injustificada o mora judicial, ya que corresponde a una situación involuntaria
que encuentra justificación en el exceso de carga laboral que ha afrontado el
despacho accionado, aunado a la alta complejidad de los asuntos de que conoce, lo
cual permite colegir que no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados
en la demanda constitucional.
En concordancia con lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
1.7 Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia del 10 de diciembre de 2025, declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
En dicho fallo, se analizaron las circunstancias que dieron origen al retraso aducido,
señalando que el incumplimiento de los plazos procesales no constituye por sí mismo
una violación automática de los derechos fundamentales, salvo que dicho retraso
genere un perjuicio irremediable, y añadió el a quo que, si bien la alta carga laboral y
la congestión judicial pueden justificar demoras de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, esto no implica trasladar la ineficiencia del estado al ciudadano, con la
consecuente vulneración de sus derechos.
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No obstante, toda vez que lo pretendido por la parte demandante era que el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá diera trámite al incidente de
desacato en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
por el incumplimiento del fallo del 12 de agosto de 2025, y comoquiera que el 4 de
diciembre de la misma anualidad, el despacho accionado requirió al comandante del
Ejército Nacional el acatamiento de la orden tutela y, por consiguiente, impulsó el
trámite incidental promovido por la parte actora, se concluyó que en el presente
asunto se superó la situación que dio origen a la solicitud de amparo.
1.8 Impugnación
La accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia mediante
escrito radicado el 13 de enero de 2026, en el cual argumentó que, si bien es cierto
que la jurisprudencia constitucional reconoce la excesiva carga laboral que enfrentan
los funcionarios judiciales, esta situación no implica omitir el pronunciamiento dentro
de los trámites de acciones constitucionales.
Indicó que el accionado no se pronunció en el término legal, visto que transcurrió 1
mes desde la presentación de la solicitud del incidente de desacato hasta que se
instauró la presente acción de amparo, demora que generó una vulneración a su
derecho de acceso a la administración de justicia.
En lo concerniente a la declaración de la carencia actual de objeto por hecho
superado, manifestó que, a pesar de que por medio del auto de 4 de diciembre de
2025 se requirió a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional que
cumpliera con la orden contenida en el fallo de tutela, esto no significa que la
vulneración a su derecho haya cesado. Narró haber recibido pronunciamiento de
dicha entidad en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, sin embargo,
precisó que dicha contestación no resolvió de fondo la solicitud, prolongando la
afectación a su garantía iusfundamental.
En este sentido, añadió que la omisión por parte del juzgado accionado perpetúa el
desconocimiento a su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
ya que no se ha materializado el cumplimiento efectivo de la providencia que ordenó
el amparo.
1.9 Trámite en segunda instancia
Estando el expediente al despacho del magistrado ponente para resolver la
impugnación presentada por la parte actora, se advirtió que no se dispuso la
vinculación formal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ni de la Policía Nacional, a
pesar del interés que les asiste en las resultas del presente trámite, con ocasión a
que conforman el extremo demandado en el proceso de tutela cuya mora se predica
en el presente amparo.
Es así como, por medio de auto del 26 de enero de 2026, se ordenó su notificación
en calidad de terceros con interés y, de conformidad con el artículo 137 del Código
General del Proceso, se les puso en conocimiento la posible configuración de la
causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo código.
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No obstante, las entidades vinculadas no se pronunciaron acerca del presente trámite
constitucional.
1.9.1. Por medio de memorial allegado el 12 de febrero 2026, la autoridad accionada
informó que, por medio de providencia del 9 de febrero de la misma anualidad,
decidió el incidente de desacato promovido por la accionante dentro del trámite de
tutela identificado con el radicado 11001-33-34-006-2025-00300-00, y ordenó
sancionar por desacato al comandante y al director de personal del Ejército Nacional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
demandante contra la providencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
adoptado en primera instancia mediante el cual se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Por tal motivo, se analizará si persiste la vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la actora con ocasión
de la presunta mora judicial en la que ha incurrido el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, o si, por el contrario, hay lugar a confirmar la
sentencia impugnada.
Para resolver el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) mora
judicial y; (iii) análisis el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
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sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.2
2.4. Mora judicial
La Corte Constitucional explicó que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a
desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso
de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de estos3.
De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando4: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra justificado
cuando5: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; b) se desborda el
concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
el análisis global del procedimiento; y, c) exista falta de motivo o justificación
razonable en aquel retraso.
En criterio de la Sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al resolver
los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en el evento de
acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho de acceso a la
administración de justicia y, de contera, al debido proceso.
2.5. Caso concreto
La accionante consideró vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia por cuanto, a la fecha de interposición de
esta acción de amparo, la autoridad enjuiciada no había dado trámite a la solicitud de
apertura de incidente de desacato en el proceso de tutela de radicado 11001-33-34-
006-2025-00300-00 promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional.
En primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado toda vez que, en su contestación al escrito inicial de demanda, el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá informó que impulsó el trámite
2 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Sentencia T-1019 de 2010.
4 Sentencia T-803 de 2012.
5 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
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incidental presentado por la parte actora mediante auto del 4 de diciembre de 2025,
en el que se requirió a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional el
acatamiento de la orden de amparo contenida en el fallo del 12 de agosto de 2025. Lo
anterior, a juicio del a quo, permitió determinar el cese a la afectación a las garantías
constitucionales de la accionante.
En el escrito de impugnación, la tutelante cuestionó la decisión del a quo y reiteró que
el despacho accionado incumplió los términos legales pese a la afectación a sus
derechos fundamentales. Igualmente, manifestó que, a pesar del requerimiento
realizado mediante la providencia del 4 de diciembre de 2025, lo cierto es que esto no
implica que haya desaparecido la vulneración de su derecho de petición ya que,
aunque recibió el 16 de diciembre de 2025 contestación por parte de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional en acatamiento a lo ordenado en la
sentencia proferida el 12 de agosto del 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en dicha respuesta no se resolvió de fondo su solicitud.
En ese orden, sostuvo que, a pesar de que el requerimiento realizado por la autoridad
demandada cumplió con las formalidades exigidas por la ley, ello no garantizó la
protección de sus garantías constitucionales, toda vez que no se ha materializado el
cumplimiento efectivo de la providencia que ordenó el amparo.
Ahora bien, frente a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, esta
Sala de Decisión en anteriores oportunidades ha señalado que existen eventos en los
que la amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
transcurso de la acción de tutela, o la violación del derecho constitucional amenazado
se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde
efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir órdenes para que cese la transgresión de dichas garantías superiores.
Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: i)
por hecho superado, ii) por daño consumado y iii) por una situación sobreviniente.
Además, la citada corporación ha considerado que el hecho superado obedece a lo
estipulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de
la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de
tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
En el asunto bajo estudio, se advierte que la tutelante, en el escrito de impugnación,
señaló que el quebranto de su derecho de petición aún persiste, dado que, a pesar
del requerimiento realizado por el juzgado accionado el 4 de diciembre de 2025, la
respuesta otorgada por parte de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional a su solicitud no resolvió de fondo lo pedido.
Revisados los motivos de censura expuestos por la parte actora, se observa que
estos no tienen la categoría para conducir a la revocatoria de la providencia de
primera instancia. En cuanto a estos, es oportuno indicar que lo solicitado por la
accionante en la demanda constitucional que ocupa a la sala es que se ampare su
derecho fundamental al debido proceso, y, en consecuencia, que se ordene al
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Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dar trámite al incidente
de desacato promovido en el proceso de radicado 11001-33-34-006-2025-00300-00.
Con respecto a esto, visto que la autoridad judicial accionada, durante el curso de
este proceso de tutela demostró haber dado impulso al trámite incidental cuya mora
era alegada por la demandante, y toda vez que, de conformidad con lo informado por
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por medio del
memorial6 allegado en segunda instancia, en auto del 9 de febrero de 2026 7 se
decidió el incidente de desacato promovido por la señora Sanabria García y se
ordenó sancionar al comandante y al director de personal del Ejército Nacional, es
claro que se satisfizo por completo la pretensión y desapareció el hecho que motivó la
presente solicitud de amparo, razón por la cual se confirmará la decisión de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Ahora bien, con relación a la presunta afectación al derecho fundamental de petición
invocado por la parte actora, cabe puntualizar que no corresponde a este escenario
pronunciarse al respecto, debido a que tal reproche dista del objeto inicial de esta
acción de tutela.
En todo caso, el análisis del quebranto de dicha garantía constitucional corresponde
al proceso 11001-33-34-006-2025-00300-00, que es el escenario adecuado para
manifestar la inconformidad que pueda tener la accionante frente a la respuesta
brindada por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional en
cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela proferido el 12 de agosto de 2025
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia,
pues al igual que el a quo, se concluye que cualquier orden que se imparta por parte
de esta sala resultaría inane, debido a que la posible transgresión invocada cesó con
la actuación del despacho accionado, el cual promovió y decidió el incidente de
desacato en el transcurso del presente trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 10 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
6 Samai, índice 10.
7 Samai, índice 38 del expediente 11001-33-34-006-2025-00300-00.
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TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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