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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01053-01

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2025-01053-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2025 dictada por la Subsección B de la Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2025-01053-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Niega amparo – ausencia de vulneración del derecho
fundamental invocado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2025 por la Sección Primera, Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó la solicitud
de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. Los señores Diana María Martínez Arias, Jorge Alirio y Sandra Liliana Cáceres

Muñoz, María Odilia Muñoz Rincón y Dagoberto Ortegón Tijaro instauraron acción
de tutela contra la Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos, con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.

2. Sostuvieron que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la decisión

adoptada por la autoridad accionada el 15 de octubre de 2025, por medio de la cual
se rechazó de plano la solicitud de conciliación tramitada bajo el radicado E-2025-
500231, por considerarla idéntica a las tramitadas previamente bajo los radicados E-
2025-037168-1433 y E-2025-376710-1539.

3. En la primera de dichas solicitudes1 los accionantes convocaron al municipio de

Tame, a la Compañía Mundial de Seguros S.A., a la sociedad Navitrans S.A. y al
señor José Agripino Torres Moreno, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la
reparación de los perjuicios que les fueron ocasionados por el fallecimiento del señor
Camilo Andrés Cáceres Martínez en accidente de tránsito ocurrido el 16 de marzo
de 2024.

1 Tramitada bajo el radicado E-2025-037168-1433.

1

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. Dicho asunto correspondió a la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos
Administrativos, la cual dispuso su admisión mediante auto del 20 de febrero de
2025. Posteriormente, a petición de los convocados, se vinculó al trámite conciliatorio
a las sociedades Rotrashvehi S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.

5. El 28 de marzo de 2025, la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos
Administrativos expidió constancia de no conciliación, al no lograrse acuerdo alguno
por ausencia de ánimo conciliatorio tanto de la parte convocada como de la
convocante. En cuanto a los terceros vinculados, se indicó que Rotrashvehi S.A.S.
no propuso fórmula de arreglo y Seguros Generales Suramericana S.A. no emitió
pronunciamiento. Por consiguiente, se declaró cumplido el requisito de procedibilidad
exigido para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

6. El 28 de julio de 2025, los accionantes presentaron una nueva solicitud de
conciliación2. En esa oportunidad, convocaron directamente a Rotrashvehi S.A.S y a
Seguros Generales Suramericana S.A., con el propósito de conciliar la reparación de
los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Camilo Andrés Cáceres Martínez
en el referido accidente de tránsito. Dicha petición fue rechazada por la Procuraduría
127 Judicial II para Asuntos Administrativos, tras estimar que versaba sobre los
mismos hechos y pretensiones planteados en la solicitud identificada con radicado
E-2025-037168-1433.

7. El 26 de septiembre de 2025, los demandantes convocaron nuevamente a las

sociedades Rotrashvehi S.A.S y a Seguros Generales Suramericana S.A. para llegar
a un acuerdo sobre los daños derivados del mencionado deceso. Esa solicitud fue
asignada a la Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual, por
medio de auto del 6 de octubre de 2025, remitió el asunto por competencia a las
Procuradurías Judiciales en Asuntos Civiles, dado que la controversia no involucraba
a una entidad pública, ni a particulares en ejercicio de función administrativa.

8. La decisión anterior fue revocada por la Procuraduría Once Judicial II para Asuntos

Administrativos mediante auto del 15 de octubre de 2025. En su lugar, rechazó de
plano la solicitud de conciliación, por tratarse de una petición idéntica a las dos
presentadas previamente. Señaló que en tales actuaciones participaron todas las
partes involucradas en la controversia, aun cuando las ahora convocadas hubieran
intervenido inicialmente como terceros.

9. La parte actora alegó que esa decisión comporta una vulneración a sus derechos

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues -a su
juicio- no se trata de solicitudes idénticas. Sostuvo que en la primera petición no se
convocó directamente a las aludidas sociedades, ni se formularon pretensiones en
su contra, razón por la cual comparecieron al trámite conciliatorio bajo la figura del
llamamiento en garantía.

2 Tramitada bajo el radicado E-2025-376710-1539.

2

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10. En ese sentido, adujo que la entidad accionada confundió la acción directa con la

figura del llamamiento en garantía, por lo que, al no haberse surtido el trámite
conciliatorio frente a dichos particulares como convocados directos, no será posible
demandarlos directamente. Agregó que se desconoció el fuero de atracción frente a
los particulares que tienen relación jurídica con el vehículo involucrado en el
accidente de tránsito, cuya propiedad la ostenta una entidad pública.

B. Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2025, la Sección Primera - Subsección

B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo constitucional
solicitado, tras estimar que la decisión acusada se encuentra ajustada a derecho.

12. Señaló que en la actuación adelantada bajo el radicado E-2025-037168-1433

intervinieron los aquí accionantes, el municipio de Tame, la empresa Navitrans S.A.S
y, con posterioridad a la admisión de la solicitud, se vinculó a las sociedades
Rotrashvehi S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A. Precisó que si bien
estas últimas fueron citadas bajo la figura del llamamiento en garantía, el artículo 70
de la Ley 2220 de 20223 no distingue la calidad de las partes, sino que se refiere de
manera general a los convocados.

13. Con fundamento en lo anterior, consideró que se encontraba acreditado el
cumplimiento del requisito de procedibilidad, pues en ese trámite se expidió
constancia de no conciliación. En consecuencia, estimó que no se vulneró el debido
proceso de la parte actora, ni se impidió el acceso a la administración de justicia,
toda vez que la finalidad de la norma se cumplió.

C. Impugnación

14. La parte accionante arguyó que el juez de primera instancia pasó por alto la
diferencia entre la figura del llamamiento en garantía y la acción directa. Insistió en
que de no agotarse el requisito de procedibilidad frente a las sociedades Rotrashvehi
S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A. en calidad de convocadas directas,
no será posible demandarlas a través del medio de control de reparación directa,
quedando supeditada su vinculación a que las entidades demandadas opten por
llamarlas en garantía en el marco del proceso.

15. En ese orden, afirmó que si bien las distintas solicitudes de conciliación recaen

sobre los mismos hechos, en la primera no se plantearon pretensiones contra dichas
sociedades. En cambio, en la última se elevaron reclamaciones en su contra, con
miras a atribuirles responsabilidad directa en una eventual demanda y no

3 “Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones.”

3

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

simplemente que acudieran al proceso en condición de llamadas en garantía.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

17. Esta
Subsección confirmará el fallo impugnado, pero por las razones que se
exponen a continuación.

18. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional4, el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia se concreta en la posibilidad real, cierta y
efectiva que tienen las personas de acudir ante las autoridades judiciales en aras de
reclamar la protección de sus derechos e intereses.

19. En el caso bajo estudio, la vulneración de dicha garantía se atribuye a la decisión

del 15 de octubre de 2025, mediante la cual la Procuraduría Once Judicial II para
Asuntos Administrativos rechazó de plano la petición conciliatoria identificada con
radicado E-2025-500231, al considerarla idéntica a otras previamente tramitadas.

20. A juicio de la parte actora, las solicitudes no son idénticas, pues en las últimas se

convocó directamente a las sociedades Rotrashvehi S.A.S. y Seguros Generales
Suramericana S.A., mientras que en la primera actuación estas intervinieron bajo la
figura del llamamiento en garantía. En su criterio, ello impediría tener por agotado el
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 frente
a dichas sociedades, pues no se surtió el trámite conciliatorio en calidad de
convocados directos, lo que eventualmente limitaría su posibilidad de demandarlas
en el medio de control de reparación directa.

21. Dicha inconformidad no evidencia una restricción actual y efectiva del acceso a la

administración de justicia, sino una eventual consecuencia procesal que, en criterio
del accionante, podría derivarse en el futuro. En otras palabras, su censura se edifica
sobre una hipótesis y no sobre una afectación concreta y real de algún derecho
fundamental.

22. Enefecto, en la constancia expedida dentro del trámite adelantado bajo el
radicado E-2025-037168-1433 se dejó consignado que una vez celebrada la

4 Ver, entre otras, las sentencias T-608 de 2019 y T-001 de 2025.

4

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

audiencia correspondiente, la conciliación se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio tanto de la parte convocante, como de la convocada, así como respecto
de los terceros, esto es, Rotrashvehi S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A.
En consecuencia, se declaró expresamente que el requisito de procedibilidad para
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encontraba satisfecho.

23. Con fundamento en tal actuación, la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos

Administrativos rechazó la segunda solicitud de conciliación presentada por la parte
actora, al constatar la identidad de hechos y pretensiones respecto del trámite
previamente surtido. Para el efecto, señaló que el trámite conciliatorio no tiene por
objeto modificar la calidad de los terceros a parte, máxime cuando se trata de los
mismos sujetos que ya fueron citados a la audiencia de conciliación. Por
consiguiente, concluyó que ya se había agotado el requisito de procedibilidad
respecto de quienes pretendían tenerse como convocados.

24. Posteriormente, tras la presentación de una tercera solicitud en la que se convocó

a las sociedades Rotrashvehi S.A.S. y Seguros Generales Suramericana S.A., la
Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos determinó que el
requisito de procedibilidad ya se encontraba cumplido, toda vez que en la primera
solicitud participaron todas las personas vinculadas a la controversia, incluso
aquellas que intervinieron inicialmente como terceros. Por ende, dispuso su rechazo
ante la identidad de causa y objeto.

25. Bajo ese escenario, no se evidencia que la decisión adoptada por la Procuraduría

accionada el 15 de octubre de 2025 haya impedido el acceso a la administración de
justicia de los accionantes, sino, por el contrario, reafirmó de manera expresa que el
requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control se encontraba agotado,
lo cual habilitaba a los interesados para presentar la demanda respectiva ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

26. El debate acerca de si la conciliación surtida en la primera actuación resulta
suficiente para entender agotado el requisito de procedibilidad respecto de todos los
intervinientes -incluidos aquellos vinculados como terceros- solo podría suscitarse
en el evento en que la parte actora presentara la demanda y el juez de conocimiento
adoptara una decisión que limitara su admisión o alcance por esa razón, lo que daría
a lugar a que se analizara la eventual configuración de una vulneración de derechos
fundamentales.

27. Sin embargo, esa situación no ha ocurrido. La parte accionante no acreditó haber

presentado la demanda, ni haber visto frustrada su posibilidad de acudir ante la
jurisdicción, con ocasión a una providencia judicial que le haya inadmitido o
rechazado sus pretensiones con fundamento en la supuesta falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad frente a las sociedades mencionados.

28. Así las cosas, la solicitud de amparo carece de sustento alguno, comoquiera que

5

Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

se edifica sobre un escenario hipotético que no se ha materializado, en tanto la parte
accionante ni si quiera ha ejercido la acción que, a su juicio, podría verse
comprometida, de ahí que no se advierta una afectación real, cierta y actual de los
derechos fundamentales invocados, susceptible de amparo constitucional.

29. Lo que se plantea en sede de tutela, en realidad, es la eventual posibilidad de que,

en el futuro, el juez natural adopte una interpretación distinta respecto del alcance
del requisito de procedibilidad frente a determinados sujetos. No obstante, dicha
situación no solo es incierta, sino que además corresponde al ámbito de competencia
del juez de conocimiento, que es el llamado a definir, en el marco del proceso
respectivo, si la demanda cumple o no los presupuestos legales.

30. Cabe señalar que la acción de tutela no fue concebida para prevenir decisiones

judiciales futuras ni para anticipar debates procesales que aún no se han suscitado
ante el juez natural, sino como un mecanismo de protección ante la acreditación de
una vulneración o amenaza cierta, actual e inminente de derechos fundamentales,
lo que se echa de menos en esta oportunidad.

31. Por lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido el 16 de diciembre de 2025

por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2025 dictada por la
Subsección B de la Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

5 VF

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Radicación: 25000-23-15-000-2025-01053-01
Demandante: Diana María Martínez Arias y otros
Demandado: Procuraduría Once Judicial II para Asuntos Administrativos
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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