Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-01086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-01086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2025-01086-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 25000-23-15-000-2025-01086-01
Demandante HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
LIQUIDADO
Demandado JUZGADO CUARENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Se tiene por no presentado el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia al remitir a un canal
diferente al autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura.
Remisión al correo electrónico del juzgado. Radicación a través de
Samai. Recurso de Queja. Requisitos generales de procedibilidad:
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide la impugnación1 interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 20 de enero de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela interpuesta por el
Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado contra del (sic) Juzgado Cuarenta y
Tres (43) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese por el medio más expedito a la demandada, a la accionante y a su
apoderada, y al defensor del pueblo, conforme al artículo 30 del Decreto No 2591 de 1991.
TERCERO: Reconocer a la Dra. Nayibe Quejada Bejarano, identificada con la cédula de
ciudadanía 1077429965 de Quibdó, y T.P. 188013 del CSJ, como apoderada de la accionada,
en los términos y para los efectos del poder conferido. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de diciembre de 20252, el Hospital Departamental San Francisco de Asís
Liquidado interpuso acción de tutela, a través de apoderada judicial, contra el
Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al haber dictado el auto del 25 de julio de 2025, mediante el cual el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-37-043-2021-00002-00.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones:
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Samai, índice 13. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Samai, índice 2. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-01086-01
Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
«Amparar los derechos fundamentales de los accionantes a la defensa, al debido proceso, y
al acceso efectivo a la administración de justicia.
• Dejar sin efectos el auto del 25 de julio de 2025 emitido por el juzgado 43 Administrativo
del Circuito de Bogotá D.C, proferida dentro del proceso con radicado No.
11001333704320210000200.
• En su lugar, ordenar que se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 05 de marzo de 2024, dentro del proceso con radicado No.
11001333704320210000200.
• Como medida complementaria, se ordene al juzgado emitir directrices internas para
garantizar la valoración del precedente vinculante sobre radicación de recursos por correo
electrónico.» (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Para el año 2021 la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Nacional de Salud, el
Hospital Departamental San Francisco de Asís en liquidación y el señor Omar
Alexander Prieto García (liquidador del hospital), con la finalidad de que se
declarara la nulidad del auto 294 del 22 de mayo de 2020, por el cual el agente
especial liquidador ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del proceso
de cobro coactivo HDSF-890900842-1 contra la Caja de Compensación
Familiar, y a título de restablecimiento del derecho se condenara al pago de
$22.710.354, suma indexada junto con los intereses moratorios.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-37-043-2021-00002-00.
2.3. El 5 de marzo de 2024, el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá,
dictó sentencia de primera instancia en donde resolvió: (i) declarar la nulidad
del auto 294 del 22 de mayo de 2020, (ii) dio por terminado el proceso de cobro
coactivo HDSF-890900842-1, en consecuencia, ordenó levantar las medidas
cautelares decretadas, (iii) desvinculó a la Superintendencia de Salud, y (iv)
no se condenó en costas.
Contra esta decisión Comfenalco Antioquia presentó solicitud de aclaración.
Con auto del 20 de marzo de 2024, el juzgado resolvió aclarar el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de que los
Remanentes del Hospital San Francisco de Asís debían realizar la «devolución
de la suma de $22.710.354 a favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMFENALCO ANTIOQUIA debidamente indexada a la fecha de ejecutoria de la
presente sentencia conforme al artículo 187 del CPACA, junto con los intereses
moratorios que se llegaren a causar en los términos de los artículos 192 y 195
ibidem».
2.4. La parte actora menciona que, el 12 de marzo de 2024 remitió al correo
electrónico: jadmin43bta@notificacionesrj.gov.co el recurso de apelación contra
la sentencia del 5 de marzo de 2024.
2.5. Con escrito del 25 de febrero de 2025, la apoderada del Hospital
Departamental San Francisco de Asís Liquidado presentó solicitud de nulidad
«de todo lo actuado a partir de la EMISION (sic) DE LASENTENCIA (sic) dentro de (sic)
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proceso de referencia», en donde adicionalmente pidió que se notificara
nuevamente la sentencia y se tuviera por presentado el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
2.6. Con auto del 28 de marzo de 2025, el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo
de Bogotá, resolvió denegar la solicitud de nulidad presentada, no accedió a
la solicitud de notificar nuevamente la sentencia, tuvo por no presentado el
recurso de apelación contra el fallo y les advirtió a las partes que todos los
memoriales debían ser radicados a través de la ventanilla virtual de Samai.
Contra esta decisión el Hospital Departamental San Francisco de Asís
Liquidado presentó recurso de apelación.
2.7. Mediante auto del 25 de julio de 2025, el Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Bogotá se abstuvo de impartir trámite al recurso de apelación
interpuesto por el Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
contra la providencia del 28 de marzo de 2025. Esto al considerar que el
recurso fue remitido al correo electrónico del juzgado, «canal digital diferente al
autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA23-
12068 del 16 de mayo de 2023 circular PCSJC24-1, implementado a través de la
Circular PCSJC24-1 de 11 de enero de 2024», y que fue presentado de forma
extemporánea.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que el Juzgado 43 Administrativo de Bogotá vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al haber dictado el auto del 25 de julio de 2025, mediante el cual el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá «negó el recurso de apelación contra la
sentencia del 5 de marzo de dos mil veinticuatro (2024)», dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-37-043-2021-00002-00.
Indicó que en este caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, dado que «ya se han agotado los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial disponibles», a su vez, se cumplió con el
requisito de la inmediatez, pues asegura que el amparo fue presentado en un
término razonable.
Explicó que la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la autoridad
accionada radica en que no se encuentra de acuerdo con que no se le diera trámite
al recurso de apelación que presentó contra la sentencia del 5 de marzo de 2024
por haberla enviado al correo electrónico: jadmin43bta@notificacionesrj.gov.co del
Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá.
Explicó que, no está de acuerdo con que se considere que el correo del juzgado no
es un canal idóneo para recibir los memoriales del despacho, cuando por ese mismo
medio «se notificaron todas las actuaciones del proceso y se radicaron los demás
memoriales del mismo, como alegatos de conclusión, y contestación de la demanda», tan
es así que dijo que el juzgado surtió algunas notificaciones por medios diferentes al
Sistema de Gestión Samai como se puede evidenciar en el índice 50 y 51 del medio
de control.
Añadió que se desconoció el precedente del Consejo de Estado pues en un caso
similar al suyo (auto del 23 de febrero de 2023) se mencionó que las herramientas
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Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
tecnológicas buscaban facilitar el acceso a la administración de justicia, de ahí que
la remisión de un recurso a un canal digital diferente al dispuesto para la recepción
de memoriales no podía ser obstáculo para la efectividad de los derechos
subjetivos.
Como sustento transcribió el siguiente aparte de la mencionada providencia:
«Para el caso objeto de estudio se advierte que, la parte demandada haciendo uso de los canales
digitales remitió escrito de alzada a un correo electrónico que no correspondía al de la corporación
que profirió la decisión; empero no por esto, se podía tener por extemporáneo el recurso de
apelación, puesto que se encuentra demostrado que dentro del término previsto en el numeral 1° del
artículo 247 del CPACA, la apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de alzada,
circunstancia que da cuenta de la voluntad de impugnar la decisión que perjudicaba los intereses de
la entidad que representa. […]»
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 15 de diciembre de 20253, la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de
tutela interpuesta por el Hospital Departamental San Francisco de Asís
Liquidado contra el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá; se requirió al juzgado para que rindiera un informe relacionado con el
proceso 11001-33-37-043-2021-00002-00 en lo referente al recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia; se le pidió a la abogada Nayibe
Quejada Bejarano aportar el poder especial que la legitimaba para presentar
esta acción constitucional; y se dispuso a efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. El Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá4 rindió
informe en el que manifestó que el accionante únicamente cuestiona el auto
del 25 de julio de 2025, que según él, negó el recurso de apelación contra la
sentencia del 5 de marzo de 2024, sin embargo, no es cierto que ese auto
haya negado el recurso de apelación de la sentencia, por el contrario el auto
debatido fue el que negó el recurso de apelación contra el auto del 28 de marzo
de 2025 mediante el cual se resolvió una solicitud de nulidad.
Explicado lo anterior, indicó que el auto cuestionado (25 de julio de 2025) tuvo
como fundamento para abstenerse de impartir el trámite al recurso de
apelación contra la providencia del 28 de marzo de 2025 las siguientes dos
razones: (i) El recurso se presentó a través de correo electrónico, «canal digital
diferente al autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 circular PCSJC24-1», pues señaló que
no fue presentado a través del aplicativo Samai. De ahí que consideró que los
memoriales que son radicados en canales diferentes al destinado a su
recepción deben tenerse por no presentados, conforme lo ha indicado el
Consejo de Estado en providencias del 7 de febrero de 2022 y del 29 de marzo
de 2023. Añadió que en el trámite del medio de control se les informó a las
partes en los autos del 27 de febrero, 3 de marzo y 28 de marzo de 2025 cuál
era el único canal habilitado para recibir los memoriales, y (ii) el recurso se
presentó de manera extemporánea, pues el auto del 28 de marzo de 2025 se
notificó por estado el 31 de marzo de 2025, por lo que, el término para
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Samai, índice 4. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Samai, índice 7. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
interponer el recurso transcurrió del 1° al 3 de abril de 2025 y la parte
demandada remitió el recurso el 4 de abril de 2025.
De otra parte, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito general
de la subsidiariedad en la medida que no se interpuso el recurso de reposición,
conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, de ahí que debe declararse
improcedente. Añadió que, la abogada Nayibe Quejada Bejarano no cuenta
con el poder para actuar en esta acción y que el Hospital Departamental San
Francisco de Asís ya fue liquidado y no tiene capacidad para ser parte en la
acción de tutela.
Por último, informó que autorizó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que realizara la consulta del medio de control en Samai.
5. Providencia impugnada
La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 declaró improcedente en primera instancia esta acción de tutela.
Previo a realizar el estudio de fondo, el tribunal señaló que la abogada Nayibe
Quejada Bejarano aportó el poder otorgado por la mandataria de los remanentes
del ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó liquidado. Luego
precisó que lo pretendido por la parte actora es que se dejara sin efectos el auto del
25 de julio de 2025, emitido en el proceso 11001-33-37-043-2021-00002-00, y se
conceda el recurso de apelación contra la sentencia del 5 de marzo de 2024. A
renglón seguido se hizo referencia a las pruebas obrantes en el expediente y a los
hechos probados.
Citó los artículos 243 y 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 62 y 65 de la Ley 2080 de
2021, para hacer mención del recurso de apelación y de queja, y el artículo 353 del
Código General del Proceso para referirse a la interposición y trámite de este último
recurso, mencionando que «el recurso de queja procede cuando no se conceda un
recurso de apelación, y debe interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que
denegó la apelación».
Después se refirió a los requisitos generales de procedibilidad determinando que:
(i) se cumplía con la relevancia constitucional toda vez que el defecto alegado podía
llevar a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, (ii) se cumplió con la inmediatez, pues la providencia
cuestionada data del 25 de julio de 2025, es decir dentro de un término prudencial,
y (iii) la providencia que se debate no fue dictada dentro del trámite de una acción
de tutela, sino dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin
embargo, mencionó que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad dado
que, contra el numeral tercero del auto del 28 de marzo de 2025, en donde se
dispuso: «TERCERO: TENER por NO presentado el recurso de apelación» procedía el
recurso de queja el cual no se presentó, lo que hacía improcedente esta acción de
tutela.
El estudio de fondo lo dividió en dos partes: (i) de un lado analizó la procedencia de
los recursos contra el auto del 28 de marzo de 2025, y de otro, (ii) la procedencia
de los recursos contra el auto del 25 de julio de 2025.
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Samai, índice 10. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
Explicó que el hospital presentó recurso de apelación contra el auto del 28 de marzo
de 2025 solicitando se decretara la nulidad, sin embargo, contra la decisión que
resolvió esa solicitud no presentó recurso de queja, a pesar de que en el numeral
tercero de ese auto se tuvo por no presentado el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, por lo que se consideró que no agotó en debida
forma todos los recursos judiciales que tenía a su alcance.
Si bien «en principio podría pensare (sic) en una posible vulneración de los derechos
fundamentales de la actora por parte del juzgado accionado, al no darle trámite al recurso
de apelación presentado contra la sentencia, bajo el argumento de que presuntamente no
fue radicado en el canal digital dispuesto para tal fin», lo cierto era que contra esa
decisión procedía el recurso de queja el cual no ejerció.
A su vez, mencionó que, contra el auto del 25 de julio de 2025, mediante el cual el
juzgado se abstuvo de impartir trámite al recurso de apelación contra el auto del 28
de marzo de 2025, procedía el recurso de queja el cual debía haberse interpuesto
en subsidio del de reposición «con el fin de que el superior del juez accionado decidiera
si el recurso fue denegado en debida forma o no», lo cual no ocurrió.
En consecuencia, no es procedente estudiar por vía de tutela si el recurso contra
este auto fue presentado por el medio idóneo y dentro del término, pues ese estudio
le correspondía al superior del juez accionado una vez resolviera la queja, ya que
esta acción no es el mecanismo para revivir opciones jurídicas que se dejaron de
utilizar.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó6 el fallo de primera instancia, en los siguientes términos:
Indicó que el fallo de primera instancia desconoció el artículo 86 de la Constitución
Política, el cual establece que la acción de tutela se concibe como un mecanismo
de protección de los derechos fundamentales y no como una figura supeditada a los
ritualismos procesales. Cuestionó que el tribunal solo se limitó a verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia sin ponderar «El principio
de subsidiariedad, ii) la gravedad de la afectación al derecho fundamental al debido proceso
y ii) el acceso a la administración de justicia, específicamente en su dimensión de derecho
a la impugnación y a la doble instancia».
Aseguró que el tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigirle al hospital
que hubiera interpuesto el recurso de queja sin analizar la eficacia real del
mecanismo y la vulneración al derecho al debido proceso al negársele la posibilidad
de tener una segunda instancia sin justificación.
Como fundamento citó la sentencia T-375 de 2018 para mencionar, en relación con
el requisito de subsidiariedad, que existen dos excepciones: (i) que el medio de
defensa establecido en la ley no es idóneo y eficaz, y (ii) que existiendo un medio
idóneo éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
este mecanismo constitucional procedería como mecanismo transitorio. Por lo que
consideró que no se puede desconocer el precedente constitucional.
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Samai, índice 13. Expediente 25000-23-15-000-2025-01086-00.
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Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
Manifestó que el fallo de primera instancia reconoció expresamente que podría
haber existido una vulneración al debido proceso, sin embargo, se abstuvo de
estudiarlo por motivos formales.
Afirmó que no pretende revivir términos sino «corregir una actuación judicial que cerró
injustificadamente el acceso a la segunda instancia» pues aseguró que el recurso de
apelación fue presentado en término, dirigido al correo del juzgado, y no se
demostró afectación al debido proceso de la contraparte.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una
mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación, le
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar improcedente esta acción. Para ello la Sala determinará si se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad, específicamente el de
subsidiariedad.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-01086-01
Demandante: Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
En caso de superarse dicho análisis se pasará a determinar si el Juzgado Cuarenta
y Tres Administrativo de Bogotá incurrió en un defecto procedimental y por
desconocimiento del precedente con ocasión al auto del 25 de julio de 2025 dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-37-043-
2021-00002-00.
4. Alcance del requisito de subsidiariedad como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que señala que la
solicitud de amparo, «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.».
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros medios que permiten
satisfacer los derechos fundamentales del actor. Siguiendo estos parámetros, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que la existencia de otros medios de
defensa no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente,
puesto que bajo ciertas circunstancias su carácter subsidiario y residual puede
llegar a tener algunas excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20158 precisó que eso puede
ocurrir «(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de
defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es
un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto
su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela.» 9
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos10.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.
5. Análisis del caso concreto
5.1. El Hospital Departamental San Francisco de Asís liquidado en su escrito de
impugnación indicó que el fallo de primera instancia desconoció el artículo 86
de la Constitución Política pues el tribunal solo se limitó a verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia sin ponderar «El
principio de subsidiariedad, ii) la gravedad de la afectación al derecho fundamental al debido
8
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
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Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
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Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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proceso y ii) el acceso a la administración de justicia, específicamente en su dimensión de
derecho a la impugnación y a la doble instancia».
Aseguró que se incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigirle al hospital
que hubiera interpuesto el recurso de queja sin analizar la eficacia real del
mecanismo, como fundamento citó la sentencia T-375 de 2018 para mencionar
que el requisito de subsidiariedad se puede superar cuando: (i) el medio de
defensa establecido en la ley no es idóneo y eficaz, y (ii) existiendo un medio
idóneo éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el
cual este mecanismo constitucional procedería como mecanismo transitorio.
Manifestó que el fallo de primera instancia reconoció expresamente que podría
haber existido una vulneración al debido proceso, sin embargo, se abstuvo de
estudiarlo por motivos formales. Afirmó que no pretende revivir términos sino
«corregir una actuación judicial que cerró injustificadamente el acceso a la segunda
instancia» pues aseguró que el recurso de apelación fue presentado en
término, dirigido al correo del juzgado, y no se demostró afectación al debido
proceso de la contraparte.
5.2. Se pone de presente que tal como lo mencionó en su informe el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, esta acción está dirigida a
cuestionar el auto del 25 de julio de 2025, dado que en el escrito de tutela se
señaló: «interpongo ACCION (sic) DE TUTELA, contra el auto del veinticinco (25) de julio de
dos mil veinticinco (2025) […] que negó el recurso de apelación contra la sentencia del 5 de
marzo de dos mil veinticuatro (2024)».
Sin embargo, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó una interpretación más amplia del
amparo, para estudiar no solo lo relacionado con el auto del 25 de julio de
2025 (mediante el cual el juzgado se abstuvo de dar trámite al recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 28 de marzo de 2025), sino que también estudió el
auto del 28 de marzo de 2025 (en el que se resolvió denegar la solicitud de nulidad,
no se accedió a la solicitud de notificar nuevamente la sentencia, y se tuvo por no
presentado el recurso de apelación), esto bajo el entendido de que la parte
accionante tenía inconformidades respecto de la providencia que tuvo por no
presentado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Así pues, bajo estos parámetros se procede a resolver los planteamientos de
la impugnación formulada.
5.3. Ahora bien, esta Sección encuentra que la acción de tutela presentada por la
parte actora incurre en la causal de improcedencia contenida en el numeral 1°
del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, ya que la apoderada judicial del
hospital en el medio de control contaba con otros medios de defensa para
procurar la protección de los derechos invocados en la petición de amparo, tal
como lo mencionó la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia.
Así, lo que en el fondo pretende la parte actora es que se reconozca que el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el medio de
control 11001-33-37-043-2021-00002-00 fue presentado dentro del término legal
a través de uno de los canales de comunicación habilitados para el Juzgado
Cuarenta y Tres Administrativo de Bogotá, lo que conllevaría a que se dejara
sin efectos el auto del 28 de marzo de 2025, por medio del cual se tuvo por no
presentado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y,
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en su lugar, se concediera el recurso ante el superior para dar trámite a la
segunda instancia.
A esta conclusión se llegó, luego de que la Sala revisara el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-37-043-2021-00002-00 en el
Sistema de Gestión Samai, en el cual se advirtió que, el Juzgado 43
Administrativo de Bogotá dictó la sentencia de primera instancia el 5 de marzo
de 2024 (Samai, índice 50) providencia que fue notificada en la misma fecha y
aclarada mediante auto del 20 de marzo de 2024 (Samai, índice 55), con
posterioridad el juzgado dictó el auto del 27 de febrero de 2025, en el cual
requirió a los remanentes del hospital para que en el término de 5 días
informaran acerca del cumplimiento del fallo, razón por la cual la apoderada
del hospital remitió una solicitud de nulidad con fundamento en que no se había
tramitado el recurso de apelación que interpuso el 12 de marzo de 2024 (Samai,
índice 68 y 69), solicitud que fue resuelta por el juzgado con auto del 28 de
marzo de 2025.
Como fundamento del mencionado auto el juzgado dijo que: (i) se rechazaría
la nulidad al fundarse en causal distinta a las previstas en la ley, conforme al
artículo 135 del Código General del Proceso; (ii) no se accedería a notificar
nuevamente la sentencia ya que consideró que no existió irregularidad en esta,
pues de acuerdo al artículo 203 de la Ley 1437 de 2011 las sentencias se
notifican dentro de los tres días siguientes a su fecha mediante envío de
mensaje a través de buzón electrónico para notificación judicial informado por
las partes, como en efecto ocurrió el 5 de marzo de 2024; y (iii) no se tendría
por presentado el recurso de apelación contra la sentencia a pesar de que
hubiera sido enviado en término al correo electrónico del despacho:
jadmin43bta@notificacionesrj.gov.co, ya que conforme a la «Circular PCSJC24-1 el
Consejo Superior de la Judicatura dispuso que: “todos los despachos judiciales de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa deberán estar vinculados y usando el aplicativo
SAMAI, a partir del lunes 22 de enero de 2024» por lo que, todos los memoriales
debían ser radicados a través de la ventanilla de Samai. En consecuencia, en
esta providencia se resolvió:
«PRIMERO: DENEGAR la nulidad solicitada por la parte demandada REMANENTES DE ESE
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS LIQUIDADA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de notificar nuevamente la sentencia proferida el 5 de
marzo de 2024.
TERCERO: TENER por NO presentado el recurso de apelación.
CUARTO: ADVERTIR a las partes, que todos los memoriales deben ser radicados a través de
la VENTANILLA VIRTUAL DE SAMAI. […]»
Esta decisión fue notificada por estado del 31 de marzo de 2025 (Samai, índice
77) y recurrida por el hospital mediante recurso de apelación, el cual fue
remitido al correo electrónico: jadmin43bta@notificacionesrj.gov.co el 4 de abril
de 2025, a las 9:45 a.m. (Samai, índice 79).
Lo anterior demuestra que contrario a lo afirmado por la parte impugnante, el
Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado sí contaba con otros
medios de defensa para poder cuestionar el auto del 28 de marzo de 2025,
mediante el cual se tuvo por no presentado el recurso de apelación (contra la
sentencia de primera instancia), pues tal como lo puso de presente en juzgado
en su contestación, el hoy accionante pudo haber discutido el fondo del auto
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que consideró contrario a derecho si hubiera presentado el recurso de
reposición y en subsidio de queja, pues el artículo 352 del Código General del
Proceso establece que el recurso de queja es procedente cuando el juez de
primera instancia niegue el recurso de apelación, como ocurrió en este caso,
para que el superior lo conceda si es procedente.
A renglón seguido el artículo 353 de la misma normatividad señala que este
recurso se debe interponer en subsidio del de reposición, de ahí que sea
necesario acudir a la norma que establece el término de interposición, así
pues, el artículo 318 de este código fijó un término de 3 días contados a partir
de la notificación de la providencia, para presentar el recurso de reposición
cuando el auto se pronunciara fuera de audiencia.
Sin embargo, contra esta decisión la apoderada del hospital no presentó el
recurso de reposición y en subsidio de queja, aun cuando podía haberlo hecho,
sino que presentó un recurso de apelación, pero de forma extemporánea, lo
que impidió que el juzgado hubiera adecuado el recurso conforme al parágrafo
del artículo 318 del Código General del Proceso, el cual establece:
«PAR. - Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso
improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resulte
procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.» (Énfasis propio)
Frente a la presentación del recurso de apelación el juzgado lo resolvió
mediante auto del 25 de julio de 2025 (providencia cuestionada) en donde se
abstuvo de impartir trámite al recurso de apelación interpuesto contra el auto
del 28 de marzo de 2025, al considerar que el recurso fue remitido al correo
electrónico del juzgado cuando se le había indicado a la apoderada el canal
por donde debía radicarlo, sumado a que, el recurso fue presentado de forma
extemporánea. Esto en los siguientes términos:
«Por todo lo expuesto, atendiendo a que la parte demandada remitió el recurso de apelación
al correo electrónico, esto es, canal digital diferente al autorizado por el Consejo Superior de
la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 circular
PCSJC24-1, implementado a través de la Circular PCSJC24-1 de 11 de enero de 2024 e
informado en diferentes providencias por este Despacho, se tendrá por no presentado el
recurso de apelación.
Aunado a lo expuesto, el Despacho considera necesario advertir que fue presentado
extemporáneamente, toda vez que el auto proferido el 28 de marzo de 2025 se notificó por
estado el día 31 de enero (sic)11, por lo que el término para interponer el recurso transcurrió
desde el 1º al 3 de abril, y la parte demandada lo remitió al correo electrónico el día 4 de abril.»
En este sentido, si bien el Hospital Departamental San Francisco de Asís
Liquidado radicó su recurso de apelación contra el auto del 28 de marzo de
2025 de forma extemporánea, esto no significa que se hubiera agotado todos
los recursos ordinarios posibles, pues no se dio un estudio de fondo por no
haberse presentado en tiempo. En otras palabras, es como si no hubiera
agotado los recursos ordinarios. Decisión contra la cual, tal como lo mencionó
el tribunal, procedía también el recurso de reposición y en subsidio de queja al
tratarse de un auto que se abstuvo de dar trámite a un recurso de apelación,
sin embargo, tampoco fueron interpuestos.
Lo anterior implica que, si la parte actora contaba con el recurso de reposición
y en subsidio de queja para discutir el auto mediante el cual se tuvo por no
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Se precisa que esa decisión fue notificada por estado del 31 de marzo de 2025.
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presentado el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
no puede pretender que a través de la acción de tutela se estudie si el auto del
28 de marzo de 2025 fue dictado conforme a derecho, pues esto era función
de la autoridad judicial que le correspondía conocer del recurso de queja, sin
embargo, como el Hospital Departamental San Francisco de Asís Liquidado
presentó por fuera de término el recurso de apelación contra el auto del 28 de
marzo de 2025 no fue posible tal análisis, y no se puede pretender que se
utilice este mecanismo constitucional para subsanar la falta de diligencia de la
apoderada en la presentación de ese recurso, como lo planteó en el primer
argumento de la impugnación.
5.4. Adicionalmente, frente al argumento según el cual el tribunal no analizó la
eficacia real del recurso de queja, se debe indicar que si bien la sentencia T-
375 de 2018 estableció unos eventos en los cuales se puede superar el
requisito general de subsidiariedad, en este caso no se encuentra configurado
ninguno de ellos, pues: (i) de haberse presentado el recurso de reposición y
en subsidio de queja contra el auto del 28 de marzo de 2025 este asunto
hubiera sido de conocimiento del superior funcional quien según la valoración
probatoria podría haber revocado la decisión de tener por no presentado el
recurso a pesar de haber sido enviado al juzgado en término, sin embargo
estos recursos no fueron presentados, sino que se remitió un recurso de
apelación de forma extemporánea, y (ii) tampoco se considera que la
presentación oportuna de esos recursos no hubiera impedido la ocurrencia de
un perjuicio que alega el accionante, pues por falta de diligencia de la defensa
técnica no se presentaron los recursos adecuados, ni tampoco se presentó
dentro del plazo establecido en la ley. De ahí que no prospera este cargo.
5.5. Por último, si bien el impugnante cuestionó que el tribunal manifestó
expresamente que podría haber existido una vulneración al debido proceso, lo
cierto es que esta autoridad judicial explicó las razones por las cuales no se
superaron los requisitos generales de procedibilidad, específicamente el de
subsidiariedad.
Tal como se mencionó anteriormente, la tutela contra providencias judiciales
es excepcional y para poder realizar un estudio de los defectos especiales se
requiere que se superen todos los requisitos generales, lo cual no ocurrió en
este caso, pues le correspondía al Hospital Departamental San Francisco de
Asís liquidado haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios
previo a acudir a la acción de tutela, lo cual no hizo.
A pesar de que el recurso de apelación contra la sentencia fue presentado en
término, le correspondía a la autoridad que resolviera la queja estudiar la
decisión del Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, estudio que no es de
competencia del juez de tutela cuando no se superan los requisitos generales.
6. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, por
considerar que el asunto de la referencia no supera los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente el de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, dictada el 20 de enero de 2026, proferida
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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