RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2025-01099-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-01099-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2025-01099-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2025-01099-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2025-01099-01
Accionante: Miguel Santos Barbosa
Accionados: Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada para Asuntos
Administrativos

Tema: Tutela contra decisión adoptada en trámite de conciliación extrajudicial que
tuvo por desistida la solicitud. REVOCA SENTENCIA-DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a través de la cual negó el amparo
solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Miguel Santos Barbosa pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por la Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada
para Asuntos Administrativos con el auto del 1 de septiembre de 2025 en el trámite
de conciliación extrajudicial, al que se le asignó el radicado E-2025-389000 (interno
2025-112).

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que el 1 de agosto de 2025, presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, División de Relacionamiento
Ciudadano, para que se convocara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
respecto a las pretensiones relacionadas con la nulidad de las resoluciones 989 del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

11 de marzo de 2025, mediante la cual se negó la petición de reconocimiento de la
calidad de denunciante respecto a la denuncia de vocación hereditaria D-156 del 3
de diciembre de 2024 presentada sobre los bienes de la causante Bertha Bravo
Arévalo, y 1420 del 3 de abril de igual anualidad, a través de la que se confirmó la
anterior decisión.

Que el 13 de agosto de 2025, la Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada para
Asuntos Administrativos inadmitió la solicitud por incumplimiento del artículo 101 de
la Ley 2220 de 2022, por lo que le concedió 5 días para subsanarla, por medio de
auto que le fue notificado el 19 de agosto de 2025 mediante correo electrónico a las
10 horas y 18 minutos.

Que el 27 de agosto de 2025, esto es, oportunamente, remitió a la Procuraduría
Cincuenta Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos la subsanación
ordenada, pero el 1 de septiembre de ese año, dicha entidad tuvo por desistida y no
presentada la solicitud de conciliación, bajo el entendido que el término para
subsanar transcurrió entre el 20 de agosto de 2025 y el 26 de agosto de esa
anualidad sin pronunciamiento alguno.

Que interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, pero a la
fecha de instauración de la acción no ha sido notificado de la determinación
adoptada.

Considera que la entidad accionada incurrió en varios errores graves que generaron
la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y que configuraron los
defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y «falsa
motivación», debido a que: i) fundamentó su decisión en una norma derogada, esto
es, el parágrafo 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010; ii) concluyó que no dio
cumplimiento al auto del 16 de noviembre de 2022, cuando este no fue proferido
dentro del trámite; iii) no observó la plenitud de las formas propias de cada juicio,
como lo ordena el artículo 4 constitucional; iv) contabilizó equivocadamente el
término de 5 días para subsanar la solicitud de conciliación, pues no tuvo en cuenta
que solo hasta el 21 de agosto de 2025 empezó a correr dicho término, pues esa
fue la fecha en que tuvo acceso al mensaje de notificación, y finalizó el 27 de ese
mes y año, acorde con el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 2213 del 13 de junio de
2022 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia SU-487/24); y v)
transgredió los artículos 2 (inciso 2), 29, 228 y 229 de la Constitución.

PRETENSIONES

El accionante solicitó dejar sin efectos el auto del 1 de septiembre de 2025 proferido
por la entidad accionada y, en su lugar, ordenarle pronunciarse en derecho sobre la
solicitud de conciliación.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 13 de enero de 2025, se admitió la acción y se corrió el traslado respectivo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos
afirmó que el accionante está facultado para radicar nuevamente la solicitud de
conciliación, previa corrección de las falencias advertidas, en los términos del inciso
3 del artículo 102 de la Ley 2220 de 2022 y la jurisprudencia del Consejo de Estado
y la Corte Constitucional sobre la materia, por lo cual la tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad.

Indicó que el artículo 1 de la Ley 2213 de 2022 no era aplicable al trámite
administrativo de la conciliación, pues, de un lado, no se trataba de un trámite
judicial y, de otro, aquel se encuentra regido por la Ley 2220 de 2022, en la cual se
previó que el término para subsanar sería de 5 días contados a partir del día
siguiente de la comunicación de la decisión, y que la notificación transmitida por
medios electrónicos se entendería recibida cuando se recepcionara el acuse de
recibo o se pudiera constatar por otro medio el acceso del destinatario al mensaje,
lo que en el caso ocurrió el 19 de agosto de 2025, cuando el sistema confirmó la
entrega de la comunicación.

Concluyó que respetó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
pues brindó la oportunidad al accionante de subsanar la solicitud y de recurrir la
decisión de desistimiento, pero no recibió algún correo a través del cual se
interpusiera el recurso de reposición. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, negar lo pretendido.

La Procuraduría General de la Nación adujo que no existió una actuación u
omisión por parte de la Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada para Asuntos
Administrativos que hubiera causado la supuesta amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales del actor, pues aplicó la normativa sobre la materia y
adoptó la decisión que correspondía, sin que este último la hubiere recurrido ni
demostrado la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que pidió desestimar
las súplicas.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección,
Segunda, Subsección A, negó el amparo solicitado porque determinó que en
materia de procedimientos conciliatorios no resultan aplicables las previsiones de la
Ley 2213 de 2022, especialmente lo relacionado con la puesta en conocimiento de
las decisiones adoptadas, pues el mecanismo de conciliación se encuentra regulado
en la Ley 2220 de 2022, la cual establece que los 5 días para la corrección de los
yerros de la solicitud se contarán a partir del día siguiente al envío de la
comunicación, lo que en el caso ocurrió el 19 de agosto de 2025, por lo que el
término transcurrió entre el 20 y el 26 de ese mes y año.

En cuanto a la alusión efectuada en la decisión discutida al Auto 249 del 16 de
noviembre de 2022, precisó que se trató de un simple error de transcripción, ya que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

en la parte considerativa se hizo referencia expresa a la decisión del 13 de agosto
de 2025, en la que se concedió el término para subsanar las falencias advertidas.

Igualmente, estimó que la mención a la Ley 1395 de 2010, con fundamento en la
cual se produjo el desistimiento tácito de la solicitud de convocatoria, cuyo artículo
52 fue derogado por la Ley 2220 de 2022, ocurrió la misma situación, pues en las
consideraciones del auto de inadmisión y el del 1 de septiembre de 2025 se invocó
esta última, situación que no conducía a la vulneración de derechos fundamentales,
en tanto en cualquiera de los regímenes se produciría el mismo efecto por la
presentación extemporánea de la subsanación de la solicitud de conciliación.

Advirtió que el actor allegó un escrito incompleto y aparentemente contentivo del
recurso de reposición, pero no reposa alguna constancia de envío o radicación ante
la delegada del Ministerio Público, lo que guarda concordancia con lo expuesto por
la entidad accionada en su contestación.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que no está desconociendo que
en el trámite de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso
administrativo deben utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones, sino
que está discutiendo la negativa de la Procuraduría y la decisión injustificada de no
aplicar el precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia SU-487/24 de la
Corte Constitucional, en la que se fijó como regla que la notificación por medios
electrónicos debía entenderse realizada una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje.

Afirmó que citó la Ley 2213 de 2022 teniendo en cuenta su objetivo, lo que no
significa que esté aseverando que debe aplicarse en materia del procedimiento
conciliatorio, sino que está controvirtiendo cuando se entiende notificada por vía
electrónica la actuación o providencia respectiva a las partes en un proceso o
trámite administrativo, en los términos definidos por la Corte Constitucional, al
interpretar el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.

Que la Sala efectuó un análisis apegado al texto gramatical de la Ley 2220 de 2022,
sin efectuar una interpretación conjunta del ordenamiento jurídico y la evolución del
derecho a través del examen jurisprudencial.

Señaló que interpuso oportunamente el recurso de reposición, como consta con el
escrito adjunto al escrito de tutela, en contra del Auto 112 del 1 de septiembre de
2025, por lo que la negativa de no tenerlo en cuenta vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y
desconoce la prevalencia del derecho sustancial.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a
las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisito de subsidiariedad y iii)
análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad

Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias y sólo ante la ausencia de dichas vías o
cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

La existencia de otro mecanismo ha sostenido la Corte, per se, no constituye una
razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la medida que el
mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apropiado para
generar el efecto protector de los derechos fundamentales; además, debe ser un
medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho.

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro mecanismo, debe verificarse si se está
ante la probable configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción; en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio, en uno
de sus tantos pronunciamientos, la Corte indicó:

«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener
en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que
configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas
inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales» . 1

1 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

En este entendido, la procedencia de la acción de tutela, respecto al requisito de
subsidiariedad, debe verificarse según las particularidades de cada caso; la
idoneidad y eficacia del recurso ordinario y la presencia o no de un perjuicio
irremediable.

Análisis del caso concreto

Esta Subsección no encuentra superado el requisito de subsidiariedad necesario
para la procedencia de la presente acción, como se procede a explicar.

A través de esta tutela el actor pretende controvertir el Auto 112A del 1 de
septiembre de 2025, mediante el cual la Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada
para Asuntos Administrativos entendió por desistida y no presentada la solicitud de
conciliación extrajudicial convocada por el hoy accionante.

Sin embargo, el señor Miguel Santos Barbosa no agotó el recurso de reposición con
el que contaba para discutir dicha decisión, el cual es procedente acorde con el
artículo 114 de la Ley 2220 de 2022, como fue señalado en el ordinal cuarto del
Auto controvertido.

Si bien el solicitante del amparo afirmó en su escrito de tutela que había interpuesto
la reposición en contra del Auto 112A del 1 de septiembre de 2025 y que no había
sido resuelto para la fecha de instauración de la tutela, lo cierto es que revisado el
expediente, se advierte que en el memorial de esta acción el actor únicamente
allegó un escrito de dos páginas en el que manifestó interponer dicho recurso, pero
no consta su radicación, de lo cual también dio cuenta la entidad accionada, quien
informó que revisado el canal habilitado para ese efecto no recibió algún mensaje
de datos proveniente del hoy accionante.

Al respecto, en la impugnación, el señor Miguel Santos Barbosa afirmó que sí
recurrió el Auto discutido en esta sede y que «aplicando el principio lógico, se infiere
que fue porque se envió a dicha procuraduría, lo cual es indiscutible a contrario
sensu lo discutible es que apareciera el pantallazo de envío y el escrito no
apareciera».

La argumentación precedente no resulta de recibo, pues era deber del accionante
demostrar que efectivamente había interpuesto el recurso; el hecho de aportar un
documento incompleto frente al que no consta su radicación ante la entidad impide
determinar si efectivamente fue presentado, para entender superado el requisito de
subsidiaridad, sin que resulte suficiente la simple manifestación del actor sobre el
particular, máxime cuando la Procuraduría Cincuenta Judicial II Delegada para
Asuntos Administrativos no encontró correo electrónico alguno del actor respecto a
la reposición.

En ese orden de ideas, se concluye que no se cumplió el requisito de subsidiariedad;
además, el solicitante del amparo tampoco expuso la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual, en todo caso, sería producto de su falta de diligencia, por lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 1 09 9- 0 1

que no puede constituir una justificación para obviar dicha exigencia. Por lo tanto,
se revocará la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 22 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.