RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00013-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00013-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00013-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero por los argumentos expuestos en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2026-00013-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros
Accionados: Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Confirmar improcedencia, pero por las razones expuestas en este
proveído

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 29 de
enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores Nelson Salgado Serna, Heydi Johana Morales Brito, Jesús Eljidio
Valencia Ramírez y Jhon Eiber Cardona con sus respectivos grupos familiares, a
través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
interpusieron demanda contra el Instituto Nacional de Vías y Autopistas del Café S.A.,
por los perjuicios ocasionados por el fallecimiento de los señores Nelson Fabian
Salgado Pérez y José David Marquéz y las lesiones sufridas por los señores Jesús
Eljidio Valencia y Jhon Eiber ante el colapso del puente “el alambrado”, ubicado entre
los departamentos del Quindío y Valle del Cauca.

3. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del
30 de mayo de 2025 ordenó el desglose de la demanda, al considerar que no se
cumplían las exigencias de la acumulación de pretensiones, por cuanto las
circunstancias fácticas alegadas por cada grupo familiar resultaban disímiles, al igual
que los daños antijurídicos y las pruebas.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

4. El mismo día, la autoridad judicial admitió la demanda, en relación con el grupo
familiar compuesto por el señor Nelson Salgado Serna y otros1.

5. Inconforme, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación contra el auto que ordenó el desglose de la demanda. Al
respecto, el Juzgado accionado, a través de auto del 27 de junio de 2025, resolvió no
reponer su decisión y rechazar el recurso de apelación por improcedente.

6. La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio queja contra el
auto que rechazó por improcedente el recurso de apelación. Luego, la autoridad
judicial, mediante auto del 1° de agosto de 2025 decidió no reponer su decisión y
concedió el recurso de queja.

7. Por consiguiente, el apoderado radicó las demandas de los demás grupos
familiares, las cuales correspondieron a otros despachos judiciales.

8. Luego, solicitó la acumulación de procesos. Sin embargo, el Juzgado accionado,
mediante auto del 12 de noviembre de 2025, resolvió de manera negativa la solicitud,
decisión que fue objeto de recurso de reposición, resuelto de manera desfavorable
por medio del auto del 28 de noviembre de esa anualidad.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo, al interpretar erróneamente los artículos 165 de la Ley 1437 de
2011 y 88 del CGP, en relación con la acumulación subjetiva; y el artículo 148 del
Código General del Proceso frente a la acumulación de procesos, pues ordenó el
desglose de las demandas, aun cuando todas versaban sobre el mismo hecho y
contenían pretensiones relacionadas.

10. Por lo anterior, considera que se vulneró su derecho fundamental al acceso
“pronto” a la administración de justicia, pues el trámite de las cuatro demandas por
separado constituye un desgaste innecesario a la justicia y las partes procesales, e
incluso, a su juicio, podrían proferirse sentencias contradictorias.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Se ruega amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en los términos ya referenciados, como consecuencia
de haber incurrido el operador jurídico en un defecto material o sustantivo al
desinterpretar y aplicar las normas jurídicas reglamentaria de la acumulación
subjetiva de pretensiones y la acumulación procesal.

En consecuencia, se solicita, dejar sin efectos las dos providencias ya
referenciadas y disponer: (i) admitir las demandas por los cuatro grupos ya
referenciados, cumpliéndose con el requisito de la acumulación subjetiva de
pretensiones; (ii) admitir la acumulación de los procesos sustantivos».
(Sic en toda la cita)

1 Diana Patricia Pérez Martínez, quien actúa en nombre propio y representación de su hija Laura Sofía Salgado

Pérez; Carol Ajenor Salgado Pérez, Jesús David Salgado Pérez y Clara Alicia Bedoya.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 19 de enero de 2026 y
se ordenó notificar al Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá
como accionado.

13. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá realizó una
descripción de las actuaciones surtidas al interior del proceso, destacando su
supuesto apego a la normatividad vigente y la garantía a los derechos fundamentales
de las partes. Por lo tanto, solicitó que se niegue el amparo.

2.5. Sentencia impugnada

14. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de enero de 2026, declaró improcedente
la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida en que,
al momento de resolver el asunto, se encontraba en trámite un recurso de queja
presentado por la parte demandante contra el auto del 27 de junio de 2025, mediante
el cual se rechazó el recurso de apelación.

2.6. Impugnación

15. La parte accionante impugnó la decisión judicial, al considerar que la autoridad
judicial desconoció que la acción de tutela contenía dos cuestionamientos, a saber,
el presunto desconocimiento de la acumulación subjetiva de pretensiones, el cual fue
susceptible de recurso de queja y el desconocimiento de los requisitos que
constituyen presupuesto de la acumulación procesal.

16. Ahora bien, mediante escrito de adición a la impugnación, señaló que la acción de
tutela no debía ser declarada improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el recurso de queja interpuesto estaba orientado
a que se concediera la apelación, mas no a que se estudiara el fondo de la
controversia.

17. Asimismo, manifestó que los argumentos del juez natural no resultaban
contundentes en relación con su decisión de ordenar el desglose de las demandas,
pues los perjuicios se derivaron de un solo hecho, esto es, el colapso de un puente.
Por el contrario, adujo que la acumulación procesal se fundamenta en los principios
de celeridad y economía procesal.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

3.2. Cuestión previa

19. Se advierte que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca se limitó a examinar el presunto defecto sustantivo respecto del
auto proferido el 30 de mayo de 2025, omitiendo el análisis del auto expedido el 28
de noviembre de 2025, pese a que la parte accionante cuestionó ambas providencias.

3.3. Problema jurídico

20. En consecuencia, esta Subsección abordará el estudio de la acción de tutela en
los siguientes términos:

21. Por una parte, teniendo en cuenta que la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró acreditados los requisitos
generales de procedibilidad, salvo el de subsidiariedad frente al auto del 30 de mayo
de 2025, esta Subsección se limitará a verificar si dicho requisito se satisface. De ser
así, se procederá al estudio de fondo del asunto.

22. Por otra parte, respecto del auto expedido el 28 de noviembre de 2025, esta
Subsección deberá determinar si se cumple con los requisitos generales de
procedibilidad y, en caso afirmativo, resolver de fondo la controversia planteada.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

23. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

24. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

26. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

28. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4.1. Del requisito general de subsidiariedad

29. La Sala advierte que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad
en relación con el auto proferido el 30 de mayo de 2025 por el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual se ordenó el desglose
de las demandas, tal y como se consideró en primera instancia de tutela, toda vez
que a la fecha de presentación del escrito de referencia, no se habían agotado todos
los recursos que la parte demandante tenía a su disposición para defender sus
intereses, como se explica a continuación:

30. En efecto, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto del 30 de mayo de 2025 ordenó el desglose de la demanda.
Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio,
apelación contra dicha decisión. Al respecto, el Juzgado accionado, a través del auto
del 27 de junio de 2025, resolvió no reponer su decisión y rechazar el recurso de
apelación por improcedente.

31. Luego, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio queja
contra el auto que rechazó por improcedente el recurso de apelación. Sobre el
particular, la autoridad judicial, mediante auto del 1° de agosto de 2025 decidió no
reponer su decisión y concedió el recurso de queja.

32. En ese momento, se presentó la acción de tutela de referencia, sin que
previamente se hubiera resuelto el recurso de queja, desconociendo el carácter
subsidiario y residual que rige este mecanismo constitucional, situación que le impide
al juez de tutela pronunciarse sobre un asunto cuando no se han agotado los medios
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces.

33. Ahora bien, aunque el actor sostuvo que la acción de tutela no debía declararse
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que el recurso de queja interpuesto estaba dirigido a que se concediera la apelación
y no a que se examinara el fondo de la controversia, lo cierto es que el inciso cuarto
del artículo 353 de la Ley 1564 de 2012 dispone que, si el superior considera indebida
la negativa de conceder la apelación o la casación, deberá admitirla y comunicar su
decisión al inferior. En consecuencia, el argumento del actor carece de fundamento.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

34. En consecuencia, esta Subsección advierte que confirmará la sentencia proferida
el 29 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al cuestionamiento
del auto emitido el 30 de mayo de 2025.

3.4.2. Del requisito general de relevancia constitucional

35. De otro lado, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto sustantivo por aplicar de manera incorrecta el artículo 148 del
Código General del Proceso, en la medida en que resolvió no reponer su decisión de
negar la acumulación de procesos a través del auto del 28 de noviembre de 2025,
con lo cual vulneró su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
y a los principios de economía procesal y celeridad.

36. De conformidad con lo expuesto, la Subsección considera que el asunto
sometido a análisis no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por
las razones que se exponen a continuación:

37. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia se encuentra
previsto en el artículo 229 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
«se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de
abogado».

38. Al respecto, la Corte Constitucional3 ha indicado que dicha prerrogativa se
entiende «como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en
condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza
jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la
determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley».

39. En ese contexto, la decisión del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Bogotá no constituye una vulneración al acceso a la administración de justicia,
pues requerir al apoderado de la parte demandante para que efectuara el desglose
de la demanda e interpusiera una nueva por cada grupo familiar no se traduce como
una obstaculización a poner en conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo una controversia.

40. Ahora, si bien el accionante alega una transgresión a los principios de economía
y celeridad, lo cierto es que al no acreditarse la afectación de un derecho
fundamental y, en consecuencia, tampoco la configuración de un perjuicio
irremediable, el asunto se convierte en uno meramente legal, circunstancia que
imposibilita al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo.

3 Sentencia T-799 de 2001, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00013-01
Accionante: Nelson Salgado Serna y otros

41. Así las cosas, es menester recordarle al accionante que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales no persigue un juicio de corrección
sino de validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez
constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de «una actuación
ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías
básicas del derecho al debido proceso».4

42. En consecuencia, esta Subsección procederá a confirmar la sentencia proferida
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero
por los argumentos expuestos en precedencia.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, pero por los argumentos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

4 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.