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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00018-01

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00018-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que accedió al amparo deprecado. En su lugar, NEGAR, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor Carlos Antonio Gómez Ramírez, en los términos indicados en la parte considerativa. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2026-00018-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-15-000-2026-00018-011
Accionante : Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado : Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá,
Sección Tercera
Vinculada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que dispuso no dar
apertura a incidente de desacato por presunto cumplimiento
de orden de amparo
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por Colpensiones contra el fallo
de Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que accedió al
amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El accionante, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso el presente

recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de
Bogotá, Sección Tercera.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

3. Por consiguiente, solicitó que, «[…] en el término improrrogable de las 48 horas siguientes,

[imponga] a COLPENSIONES que cumpla en fiel forma con la sentencia de tutela [de 29 de octubre
de 2025] proferida [por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, dentro del trámite constitucional con radicado 11001-33-36-038-2025-00324-01] […], de manera
que el recurso de reposición lo resuelva la Directora de Prestaciones Económicas [de esa entidad],
y si hay lugar a ello, el recurso de apelación lo desate su superior jerárquico ».

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el

accionante se puede evidenciar que, presentó acción de tutela (expediente 11001-
33-36-038-2025-00324-01) con el fin de solicitar la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y los derechos conexos de defensa, contradicción,
igualdad y tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) al omitir resolver el
recurso de reposición y/o tramitar el recurso de apelación interpuesto el Cinco de
Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) contra la decisión negativa de cumplir la
Resolución No. SUB36585 de Doce (12) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019),
mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez.

5. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá,

Sección Tercera accedió parcialmente al amparo deprecado, al estimar que, «[…] la
respuesta de Colpensiones no vulneró el derecho al debido proceso, pues […] no creó, modificó ni
extinguió una situación jurídica, y por tanto no era susceptible de recursos. No obstante, advirtió que
la solicitud del 5 de agosto de 2025 no había sido contestada de fondo, pese a haber transcurrido el
término legal […]» y, en consecuencia, preceptuó:

PRIMERO: AMPARAR, de oficio, el derecho fundamental de petición del señor
CARLOS ANTONIO GÓMEZ RAMÍREZ vulnerado por la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES que, en el término de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes
al recibo de la comunicación, dé respuesta a la petición de 5 de agosto de 2025,
Radicado No. 2025_16845258, por medio del cual la apoderada del señor CARLOS
ANTONIO GÓMEZ RAMÍREZ¸ interpuso los recursos ordinarios frente al Radicado No.
BZ2025_15440729-2201545 de 31 de julio de 2025, pero solo en el sentido de
informarle si proceden o no los recursos interpuestos.

TERCERO: DENEGAR los demás amparos solicitados.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

6. Dicha determinación fue modificada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a través de sentencia de
Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), con fundamento en que,
«[…] la falta de respuesta sobre los recursos administrativos impidió al accionante ejercer de manera
efectiva su derecho de defensa y contradicción frente a las decisiones adoptadas por Colpensiones »,

por lo que, «[…] la entidad accionada incumplió su deber legal […], configurándose una
vulneración al derecho de petición y, por conexidad, al debido proceso administrativo », por lo

tanto, dispuso:

PRIMERO. – MODIFICAR los numerales 1 y 2 de la sentencia proferida el veintidós (22)
de septiembre de dos mil veinticinco (2025) por el Juzgado Treinta y Ocho (38)
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. En su lugar, disponer lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR, los derechos fundamentales de petición y debido
proceso del señor CARLOS ANTONIO GÓMEZ RAMÍREZ, vulnerado por la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES al
negarse a dar trámite a los recursos de reposición y apelación interpuestos contra
la decisión que negó las pretensiones de la solicitud presentada el 17 de julio de
2025.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES que, en el término de cuarenta ocho (48) horas,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, trámite y resuelva
el recurso de reposición en contra del Radicado No. 2025_16845258 de 31 de
julio de 2025, expedido por la Directora de Prestaciones Económicas de
Colpensiones.

En caso que dicho recurso sea resuelto de manera desfavorable al accionante,
la Directora de Prestaciones Económicas de Colpensiones deberá remitirlo de
forma inmediata al superior jerárquico, quien contará con un término máximo de
(15) días para resolver el recurso de apelación que en subsidio interpuso la parte
actora.

La entidad deberá acreditar ante Juzgado que notificó en debida forma las
decisiones.

7. El actor formuló incidente de desacato, argumentando que la orden constitucional

no solo exigía el trámite y resolución de los recursos, sino que estableció
expresamente que el recurso de reposición debía ser resuelto por la Directora de
Prestaciones Económicas, funcionaria que había proferido el acto administrativo
cuestionado, y que, en caso de ser desfavorable, se remitiera la actuación al
superior jerárquico para decidir el recurso de apelación; sin embargo, Colpensiones
no la acató, toda vez que, el recurso de reposición fue desatado por una funcionaria
subalterna y el de apelación por la misma que había expedido el acto administrativo
impugnado.

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

8. Por medio de auto de Once (11) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el

Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera dispuso no
dar apertura al trámite incidental, por cuanto, «[…] la orden de segunda instancia proferida
el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección "A", consistió en que Colpensiones tramitara y resolviera el recurso de reposición
interpuesto contra el acto administrativo identificado con Radicado No. 2025_16845258 del 31 de
julio de 2025, y en caso de ser desfavorable, lo remitiera de forma inmediata al superior jerárquico
para que decidiera el recurso de apelación subsidiario dentro del término máximo de quince (15)
días», lo cual, a su juicio, se cumplió, dado que, « […] la entidad procedió a escalar el caso
a la Subdirección de Determinación VI, la cual mediante Resolución SUB386108 del 2 de diciembre
de 2025, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante », decisión que fue

confirmada mediante providencia de Quince (15) de los mismos mes y año.

9. Sobre la precedente situación, el tutelante, dentro de su escrito inicial, radicado el

Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) sostuvo que, «[a]l permitir el
juzgado accionado que la sentencia de tutela se hubiese cumplido en la forma errada e ilegal en que
se hizo, está avalando la violación del debido proceso y el derecho de contradicción con el cual se
pretende que el funcionario que emite una de[terminación] advers[a] se encargue de resolver la
reposición que se le interponga, y que sea su superior jerárquico, y no él, el que desate el recurso
de apelación», lo que conlleva a que se incurra en defecto procedimental absoluto

ante la «[…] irregularidad […] que tiene sustento en la equivocada concepción del amparo
constitucional».

II. TRÁMITE PROCESAL

10. Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, a través de auto de Veinte (20) de
Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de tutela. En dicha
decisión se ordenó notificar al Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de
Bogotá, Sección Tercera, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

11. Posteriormente, mediante sentencia de Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil
Veintiséis (2026), dicho tribunal accedió al amparo deprecado, al considerar que,
«[…] se observa que el recurso de reposición no fue resuelto por la Directora de Prestaciones
Económicas, funcionaria que expidió la Resolución Núm. 2025_16845258 de 31 de julio de 2025,
sino por la Subdirectora de Determinación VI de Colpensiones, lo cual evidencia que la orden
constitucional no fue acatada en los términos expresamente fijados ».

12. Inconforme con esa decisión, el actor presentó impugnación, la cual fue
4

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

concedida por este Despacho; no obstante, por medio de auto de Seis (6) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026) se declaró la nulidad de lo actuado desde la admisión,
inclusive, y se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, integrar debidamente el contradictorio y, por lo tanto, se sirva
vincular, notificar y dar oportunidad para intervenir a Colpensiones y quienes
pudieran tener interés legítimo en el presente trámite constitucional.

2.1 Contestaciones de la acción.

13. 2.1.1 El Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección

Tercera3 relacionó cada una de las actuaciones surtidas en ese despacho y, explicó
que, la controversia planteada por el accionante radica en cuestionar la competencia
del funcionario que expidió los actos administrativos que resolvieron los recursos,
asunto que no puede ser objeto de control por el juez constitucional.

14. Luego, por conducto de memorial adjuntó una providencia de Veintisiete (27) de

Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)4, en la que declaró cumplida la orden de amparo
prevista en la sentencia de Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025), toda vez que, «[…] la Doctora JENNY MARCELA VIZCAINO JARA, en calidad de
DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE COLPENSIONES, mediante oficio del 2 de
marzo de 2026, resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por el accionante contra
la decisión adoptada por COLPENSIONES frente al radicado No. 2025_16845258 de 31 de julio de
2025».

15. 2.1.2 La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)5 pidió

declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que, « […] no
es el medio idóneo para la consecución de derechos económicos, entre los que se encuentra el
pretendido por el actor en el presente asunto, toda vez que[,] con lo solicitado, se desconoce [su]
carácter subsidiario y residual […] como requisito de procedibilidad, teniendo […] otros medios de
defensa administrativos y judiciales, previstos por el ordenamiento interno a efectos de la [protección]
de sus derechos, por lo que, resolver lo deprecado por el Juez de Tutela, no solo desborda el ámbito
de sus propias competencias, sino que, puede generar, a futuro, el detrimento de los recursos de
naturaleza pública administrados por Colpensiones […]».

2.3 Providencia impugnada6.

3
Índice 00008 del expediente de Samai de primera instancia.
4
Índice 00033 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 00031 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00035 del expediente de Samai de primera instancia.
5

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16. Mediante sentencia de Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A accedió
al amparo deprecado, al considerar que, «[…] revisados los actos administrativos aportados
por Colpensiones como supuesto cumplimiento de la orden judicial, se observa que el recurso de
reposición no fue resuelto por la Directora de Prestaciones Económicas, funcionaria que expidió la
Resolución Núm. 2025_16845258 de 31 de julio de 2025, sino por la Subdirectora de Determinación
VI de Colpensiones, lo cual evidencia que la orden constitucional no fue acatada en los términos
expresamente fijados por el juez de segunda instancia», por lo que, concluyó que, «[…] el
Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva
del accionante, al negar la apertura del incidente de desacato y tener por cumplida una orden de
tutela sin verificar su acatamiento integral, en los términos expresamente fijados ».

17. Explicó que, «[…] aun a la luz de las intervenciones allegadas con ocasión de la vinculación

de Colpensiones, y de las actuaciones posteriores del juzgado accionado, se mantiene la conclusión
según la cual existió una vulneración de los derechos fundamentales invocados, en los términos
previamente expuestos».

18. En consecuencia, dispuso:

PRIMERO. – AMPÁRASE los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. – ORDÉNASE al Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Tercera que, dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reanude el trámite
correspondiente y verifique de manera estricta, material e integral el cumplimiento de la
orden impartida en la sentencia de tutela de segunda instancia proferida el veintinueve
(29) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

TERCERO. - ORDÉNASE al Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Tercera que, en el marco de dicha
verificación, constate específicamente que el recurso de reposición interpuesto por el
accionante sea resuelto por la Directora de Prestaciones Económicas de Colpensiones,
funcionaria que expidió el acto administrativo objeto de impugnación, y que, en caso de
resultar desfavorable, el recurso de apelación sea decidido por el superior jerárquico,
en los términos fijados en la referida sentencia.

2.4 La impugnación7.

19. Inconforme con esa determinación, Colpensiones la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, «[…] el actor pretende desnaturalizar la acción de tutela intentado que,
por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos

7
Índice 00039 del expediente de Samai de primera instancia.
6

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Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
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que deben ser de conocimiento del juez ordinario competente, a través de los mecanismos legales
establecidos para ello, por lo que, se debe declarar la improcedencia […] ante el carácter subsidiario
de esta».

20. Agregó que, «[…] mientras las determinaciones afecten situaciones que redundan en temas

económicos, deben basar las mismas en el principio constitucional de sostenibilidad fiscal del
sistema pensional, de lo contario[,] so pena de la protección al derecho de un afiliado o ciudadano,
pueden verse afectados todos aquellos que hacen parte del sistema».

21. Que, en todo caso, «[…] no se puede considerar que […] ha vulnerado derecho fundamental

alguno, por cuanto no tiene responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos
fundamentales. Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente […] no tiene petición o trámite
pendiente por resolver a favor del ciudadano».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

22. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201911, expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 La acción.

23. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión previa.

8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
7

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24. Cabe advertir que, aunque la pretensión del actor puntualmente consiste en que,

«[…] en el término improrrogable de las 48 horas siguientes, [imponga] a COLPENSIONES que
cumpla en fiel forma con la sentencia de tutela [de 29 de octubre de 2025] proferida [por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del trámite constitucional
con radicado 11001-33-36-038-2025-00324-01] […], de manera que el recurso de reposición lo
resuelva la Directora de Prestaciones Económicas [de esa entidad], y si hay lugar a ello, el recurso
de apelación lo desate su superior jerárquico», lo cierto es que, de sus argumentos se colige

que, su inconformidad radica en el auto de Quince (15) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), por cuyo conducto la autoridad judicial accionada dispuso no
reponer la providencia de Once (11) de los mismos mes y año, en la que determinó
no darle apertura al incidente de desacato que formuló con ese propósito y, por el
contrario, declaró el cumplimiento de esa orden, por lo que, se efectuará el análisis
conforme a esa providencia.

3.4 Problema Jurídico.

25. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si

el auto de Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por cuyo
conducto la autoridad judicial accionada dispuso no reponer la providencia de Once
(11) de los mismos mes y año, en la que determinó no dar apertura al incidente de
desacato formulado por el actor dentro del trámite constitucional con radicado
11001-33-36-038-2025-00324-01, adolece de defecto procedimental absoluto y, por
consiguiente, vulnera su derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

26. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si

12 Sentencia C-590 de 2005.
13 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
8

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con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

27. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

28. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
9

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afectan derechos fundamentales.

29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor, en
una omisión por parte de la autoridad judicial accionada de verificar en debida forma
el cumplimiento de la orden de amparo discutida, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el
Catorce (14) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)14 y la solicitud de amparo se
presentó el Diecinueve (19) siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el
auto acusado no es de tutela, sino que se surtió en trámite de incidente de desacato
por el supuesto incumplimiento al fallo de tutela proferido dentro del proceso con
radicado 11001-33-36-038-2025-00324-01.

3.6 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones emitidas
en trámite incidental de desacato.

30. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-034 de Tres (3) de Mayo

de Dos Mil Dieciocho (2018)15 sostuvo que es procedente, de manera excepcional,
atacar vía tutela una providencia emitida en el trámite de un incidente de desacato,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –
incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b)
no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 12 de diciembre de 2026, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 16 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
15
M. P. Alberto Rojas Ríos.

10

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

31. En ese orden de ideas, en el sub lite se observa que, (i) la providencia atacada

fue la que resolvió no reponer el auto por cuyo conducto se dispuso no dar apertura
al incidente de desacato formulado por el actor en contra de Colpensiones, la cual
quedó ejecutoriada el Catorce (14) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026); (ii) como
atrás se indicó, se acreditan los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, además, fue planteado y sustentado el
defecto procedimental absoluto; y (iii) los argumentos del accionante son
consistentes con los señalados dentro del incidente de desacato.

32. Así las cosas, habiéndose acreditado los requisitos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencias judiciales, y los especiales para atacar
decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental absoluto,
invocada por el accionante.

3.6.1 Defecto procedimental.

33. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el

funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»16, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho

sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración de justicia17.

34. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737

de 2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores18; y (v) que no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye 19.

16
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
18
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
11

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

35. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación20 también ha indicado que el

defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa
las formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado
(actúa por fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos
que no corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del
principio de legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las
partes intervinientes.

3.6.2 Carencia de objeto por hecho superado.

36. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a

garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando
ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública21; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión
desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual
da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al
respecto, la Corte Constitucional22 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:

4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha
señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de
amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”23.
Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta
en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción
de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo
tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 24. En
este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de
los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea]
para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo
que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que
se demuestre el hecho superado”25 (Subrayado por fuera del texto original).

20
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
21
Artículo 86 de la Carta Política.
22
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra
Porto.
24
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur
Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
25
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
12

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200826, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].

37. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los

derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por
el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por
hecho superado.

3.7 Solución al caso concreto.

38. En el asunto sub examine el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurre en defecto procedimental absoluto, porque, «[a]l permitir el juzgado accionado que
la sentencia de tutela se hubiese cumplido en la forma errada e ilegal en que se hizo, está avalando
la violación del debido proceso y el derecho de contradicción con el cual se pretende que el
funcionario que emite una de[terminación] advers[a] se encargue de resolver la reposición que se le
interponga, y que sea su superior jerárquico, y no él, el que desate el recurso de apelación ».

39. Ahora bien, se observa que la autoridad judicial accionada en el auto reprochado,

en el que se dispuso «NO REPONER el auto del 11 de diciembre de 2025, por medio del cual
no se dio curso al trámite incidental de desacato promovido en contra de la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES», sostuvo:

Mediante auto del 11 de diciembre de 2025, este Despacho resolvió no abrir el trámite
incidental de desacato promovido contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES, por considerar acreditado el cumplimiento del fallo
de tutela proferido el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "A".

Contra dicha providencia, la apoderada judicial del accionante interpuso recurso de
reposición mediante memorial allegado el 12 de diciembre de 2025, argumentando que
la sentencia de segunda instancia no fue cumplida íntegramente por la entidad
accionada, toda vez que el recurso de reposición debió ser resuelto por la Directora de
Prestaciones Económicas y no por un funcionario subalterno, conforme a la ley y a lo
ordenado expresamente por el Tribunal Superior.

26
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
13

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

[…]

En el presente caso, la recurrente sostiene que la sentencia de segunda instancia
ordenó expresamente que fuera la Directora de Prestaciones Económicas quien
resolviera el recurso de reposición, y que al haberlo resuelto un funcionario subalterno
(el Subdirector de Determinación), se configuró un incumplimiento del fallo de tutela.

Este Despacho advierte que una revisión exhaustiva de la sentencia proferida el 29 de
octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revela que la orden
judicial consistió en que Colpensiones tramitara y resolviera el recurso de reposición
interpuesto contra el Radicado No. 2025_16845258 del 31 de julio de 2025, y en caso
de ser desfavorable, lo remitiera de forma inmediata al superior jerárquico para resolver
el recurso de apelación subsidiario dentro del término máximo de quince (15) días.

La orden judicial no precisó qué funcionario específico debía resolver el recurso de
reposición, sino que se limitó a ordenar a la entidad que tramitara y resolviera dicho
recurso. La determinación de cuál funcionario dentro de la estructura administrativa de
Colpensiones es competente para resolver recursos de reposición es un asunto de
naturaleza administrativa y legal que escapa al control del juez constitucional.

Si bien la recurrente sostiene que la ley establece que el recurso de reposición debe ser
resuelto por el funcionario que emitió la decisión recurrida, tal interpretación y aplicación
de las normas del CPACA corresponde ser dilucidada por la jurisdicción contencioso
administrativa, no por el juez de tutela. La eventual incorrecta asignación de
competencias dentro de la estructura administrativa de la entidad constituye un vicio de
legalidad del acto administrativo que deberá ser controvertido mediante los mecanismos
ordinarios de control judicial previstos en la Ley 1437 de 2011.

El juez constitucional carece de competencia para definir la estructura jerárquica y
funcional de las entidades administrativas, así como para determinar qué funcionarios
son competentes para expedir determinados actos administrativos. Su función se limita
a verificar que se haya dado cumplimiento material a las órdenes contenidas en el fallo
de tutela, sin que pueda pronunciarse sobre aspectos técnicos, de legalidad o de
competencia funcional que son propios de otras jurisdicciones.

En el caso concreto, Colpensiones dio cumplimiento a la orden judicial al resolver el
recurso de reposición mediante la Resolución SUB386108 del 2 de diciembre de 2025,
en la cual se pronunció de fondo sobre los argumentos expuestos por el accionante. La
circunstancia de que dicha resolución haya sido proferida por el Subdirector de
Determinación y no por la Directora de Prestaciones Económicas no constituye
incumplimiento del fallo de tutela, sino una eventual controversia sobre competencia
administrativa que debe ser dirimida por la jurisdicción especializada.

40. Con base en lo expuesto, se colige que la autoridad accionada determinó que, no

era dable dar apertura al incidente de desacato formulado por el actor contra
Colpensiones, porque, según su análisis, dicha entidad sí había acatado la orden
de amparo prevista en la sentencia de Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), en tanto, en esta solo se dispuso resolver el recurso de
reposición interpuesto en contra el acto administrativo 2025_16845258 de Treinta y
Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), expedido por la Directora de
Prestaciones Económicas, en el que se despachó de manera desfavorable su
solicitud de cumplir la Resolución No. SUB36585 de Doce (12) de Febrero de Dos
Mil Diecinueve (2019), mediante la cual, se le reconoció pensión de vejez y, de ser
necesario, tramitar el recurso de apelación ante el superior jerárquico; pero no

14

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

especificó expresamente que fuera la Directora de Prestaciones Económicas quien
lo debía desatar, por lo que, al haberlo hecho «[…] un funcionario subalterno (el Subdirector
de Determinación), [no] se configuró un incumplimiento».

41. Adicionalmente, manifestó que, «[l]a eventual incorrecta asignación de competencias
dentro de la estructura administrativa de la entidad constituye un vicio de legalidad del acto
administrativo que deberá ser controvertido mediante los mecanismos ordinarios de control judicial
previstos en la Ley 1437 de 2011», pues, «[e]l juez constitucional carece de competencia para
definir la estructura jerárquica y funcional […], así como para determinar qué funcionarios son
competentes para expedir determinados actos administrativos ».

42. Sin embargo, para la Sala, la interpretación efectuada por el Juzgado Treinta y

Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera es errada, si se tiene en
cuenta que, contrario a su examen, de la orden de amparo cuyo cumplimiento se
alega, se desprende claramente que la autoridad que debe atender el recurso de
reposición del accionante es la misma que emitió el acto administrativo cuestionado,
esto es, la Directora de Prestaciones Económicas y que, en caso de ser
desfavorable, es el superior jerárquico ante quien se debe tramitar el recurso de
apelación interpuesto en subsidio del de reposición.

43. Cabe precisar que, aunque el incidente de desacato no comporta un juicio de

legalidad sobre los actos administrativos expedidos en cumplimiento de una orden
judicial, sí impone al juez constitucional el deber de verificar si la orden de tutela fue
acatada en los estrictos términos en que fue proferida, por lo que, si en aquella se
definió quién debe adoptar la decisión administrativa, no resulta acertado que el
cumplimiento se tenga por satisfecho si la actuación es adelantada por un
funcionario distinto, menos aún, cuando el fundamento recae en que se trata de un
debate de competencia funcional ajeno al juez constitucional.

44. Lo anterior implicaría desconocer que, de conformidad con el artículo 74 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), por regla general, el recurso de reposición debe interponerse «[…] ante
quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque », y el de apelación

«[…] ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito », por lo tanto,
el permitir que el recurso de reposición sea resuelto por un funcionario distinto,
conllevaría a ignorar su propia naturaleza y a vulnerar la garantía superior del debido
proceso.
15

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

45. En ese orden de ideas, en un principio esta Sala estaría de acuerdo con la

sentencia impugnada, en cuanto a que debería accederse al amparo, en tanto,
puntualmente en la providencia censurada se tuvo por cumplida una orden de
amparo sin verificar si fue acatada en los estrictos términos en que se profirió.

46. No obstante, verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai, se observa que, mediante auto de Veintisiete (27) de Abril de
Dos Mil Veintiséis (2026)27, esto es, antes de proferirse la sentencia de primera
instancia, el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera
declaró cumplida la sentencia de tutela de Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)28, comoquiera que, Colpensiones aportó memoriales en los que
acreditó que, con oficio 2025_16845258 - 2026_4023895 de Veintisiete (27) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026) y 2025_16845258-2026_4174496 del Dos (2)
de Marzo del mismo año, la Directora de Prestaciones Económicas y el Gerente de
Determinación de Derechos de esa entidad, desataron «[…] los recursos de reposición y
apelación interpuestos por el accionante contra las decisiones adoptadas frente a lo solicitado en la
petición No. 2025_16845258 del 5 de agosto de 2025 […] conforme a lo ordenado por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca» en la aludida providencia, lo cual, le fue debidamente

comunicada al correo electrónico doco2005@hotmail.com.

47. Así las cosas, para la Sala, en el asunto se configura una carencia actual del

objeto de la tutela por hecho superado, en razón a que, por medio de dicho auto de
Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se satisfizo la pretensión
formulada por el actor en la acción de tutela, consistente en que la autoridad
accionada verificara que el cumplimiento de la orden de amparo de Veintinueve (29)
de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) se realizara en debida forma, en cuanto a
que, el recurso de reposición fuera resuelto por la Directora de Prestaciones
Económicas de Colpensiones y, de ser desfavorable, el de apelación fuera tramitado
por el superior jerárquico, lo que evidencia que ha cesado la presunta conducta
lesiva de sus derechos fundamentales.

III. DECISIÓN

48. Por los motivos expuestos, comoquiera que los hechos que han dado lugar al

ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite, la Sala

27
Notificado el mismo día.
28
Índice 00063 del expediente de Samai 11001-33-36-038-2025-00324-00.
16

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00018-01
Accionante: Carlos Antonio Gómez Ramírez
Accionado: Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera

revocará el fallo impugnado, que accedió al amparo deprecado, para, en su lugar,
negar la solicitud de amparo incoada por el señor Carlos Antonio Gómez Ramírez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que accedió al amparo deprecado. En su lugar, NEGAR, en razón a
la carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados
por el señor Carlos Antonio Gómez Ramírez, en los términos indicados en la parte
considerativa.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

17

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