Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00025-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: SONIA OLIVA FÚQUENE RODRÍGUEZ
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela –Carencia actual de objeto por hecho superado- se resolvió
el recurso de reposición en el trámite de la acción de tutela. Improcedencia por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. La accionante tiene pendiente por
agotar los recursos ordinarios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de impugnación promovida por Sonia Oliva Fúquene
Rodríguez contra la Sentencia del 29 de enero de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C declaró
improcedente la acción de tutela, de conformidad con lo consagrado en el artículo
86 de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
080 de 2019.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 16 de enero de 2026, la señora Sonia Oliva Fúquene Rodríguez, quien actúa
en nombre propio, promovió acción de tutela contra la Procuraduría General de la
Nación. Indicó que, mediante el Decreto 2299 del 25 de noviembre de 2025, la
entidad dispuso su reubicación de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas
4 para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales a la
Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción. Además, señaló que interpuso
recurso de reposición contra dicho acto administrativo, el cual —según afirmó— no
ha sido resuelto hasta la fecha. A su juicio, dicha autoridad vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad, trabajo y estabilidad laboral
reforzada para los trabajadores de carrera administrativa, así como el principio de
confianza legítima.
Hechos relevantes
2. La actora manifestó que se vinculó a la Procuraduría General de la Nación el 1°
de octubre de 1990. Además, manifestó que ha desarrollado una trayectoria laboral
continua y meritocrática de más de treinta y cinco años en la entidad. Indicó que
superó tres concursos de méritos y que actualmente ocupa el cargo de Asesor
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Grado 19 como ingeniera de sistemas, con especialización en gerencia de
proyectos informáticos y maestría en Business Intelligence.
3. Señaló que participó en la convocatoria 032 de 2015 para proveer el cargo de
Asesor Grado 19 en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, fue
nombrada en período de prueba mediante Decreto 2711 del 31 de mayo de 2018 y
tomó posesión el 10 de septiembre de ese mismo año. Precisó que superó el
período de prueba y que la entidad la inscribió en carrera administrativa el 6 de
febrero de 2019.
4. Expuso que el Decreto 0145 del 31 de enero de 2022 la asignó a la Unidad de
Vigilancia Electoral, donde ejerció funciones de vigilancia técnica en procesos
electorales, las cuales se consolidaron en la Procuraduría Delegada con funciones
mixtas para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales. Añadió
que el Decreto 0387 del 25 de abril de 2025 la reubicó en la Delegada para Asuntos
Electorales y Participación Democrática y que el Decreto 1936 del 20 de octubre de
2025 la retornó a la Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos
Electorales. La actora esbozó que la Resolución 277 del 8 de octubre de 2025
evidenció la necesidad institucional de perfiles tecnológicos para el ejercicio de
funciones técnicas en materia electoral, las cuales desempeñó en su calidad de
ingeniera de sistemas.
5. Afirmó que el Decreto 2299 del 25 de noviembre de 2025 ordenó su reubicación
con fundamento genérico en necesidades del servicio, sin exponer razones
específicas ni aportar estudio técnico que justificara la medida, y sin explicar por qué
la dependencia de origen prescindió de perfiles tecnológicos del nivel asesor.
Señaló que la entidad dispuso su traslado a la Procuraduría Segunda Distrital de
Instrucción en Bogotá, pese a la especialidad técnica de su cargo.
6. Adujo que interpuso recurso de reposición contra el Decreto 2299 del 25 de
noviembre de 2025 el día 2 de diciembre de 2025 y que la entidad no lo ha resuelto,
lo que vulnera sus derechos de petición y debido proceso. Agregó que la
administración continuó con la ejecución del acto y que esta situación la dejó en
estado de indefensión y desconoció los principios de mérito, igualdad y confianza
legítima.
7. Manifestó que el 1° de diciembre de 2025 se presentó en la Procuraduría
Segunda Distrital de Instrucción y que allí le asignaron funciones de apoyo
administrativo y de gestión documental propias de cargos asistenciales o
profesionales con perfil jurídico, las cuales no corresponden al nivel ni a las
competencias del empleo de Asesor Grado 19 ni a su perfil como ingeniera de
sistemas. Sostuvo que esta situación desnaturaliza su cargo y desmejora sus
condiciones laborales.
8. Finalmente, afirmó que se encuentra a dos años y medio de cumplir los requisitos
para acceder a la pensión y que, según la jurisprudencia constitucional, la
administración debe reforzar las garantías de estabilidad en estos casos. Indicó que
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
el traslado interrumpe su línea funcional especializada y afecta su estabilidad laboral
próxima a consolidarse.
Pretensiones
9. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la
normatividad aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez
tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho
de petición, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas, especialidad
técnica y correspondencia funcional del empleo y estabilidad reforzada en
carrera administrativa especial, reconocer respeto al principio de confianza
legitima previstos en la Constitución Nacional en su Preámbulo y en los
artículos 1, 13, 25, 29, 40, 86, 228 y 230, en razón a que han sido
VULNERADOS por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
SEGUNDA: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación dar respuesta
inmediata, motivada y de fondo al RECURSO DE REPOSICIÓN radicado en
diciembre de 2025 contra el Decreto 2299.
TERCERA: Suspender los efectos del Decreto 2299 del 25 de noviembre de
2025 mientras se resuelve de manera motivada, técnica y conforme al
régimen de carrera especial.
CUARTA: Ordenar que la entidad se abstenga de ejecutar medidas derivadas
de la reubicación mientras no exista una decisión motivada y respetuosa de
mi condición de funcionaria de carrera especial.
En subsidio, ordenar como medida de protección, mi reubicación definitiva en
la dependencia para la cual fui nombrada por concurso (DIRECCIÓN
NACIONAL INVESTIGACIONES ESPECIALES - DNIE) o, en su defecto, en
una dependencia con funciones equivalentes y coherentes con mi perfil
técnico (p. ej., Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital –
TICS), de conformidad con los principios de mérito, necesidad del servicio y
favorabilidad.
QUINTA: Oficiar a Veeduría de la Procuraduría General de la Nación por la
omisión en resolver el recurso dentro de los términos legales.
SEXTA: Que se disponga la revaluación del caso con ponderación individual.
SÉPTIMA: Que se me amparen los derechos como prepensionada, se
restablezca mi calidad de funcionaria en carrera administrativa en la
dependencia para la cual concursé y gane el cargo esto es la Dirección
Nacional de Investigaciones Especiales en la ciudad de Bogotá”1.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La actora sostuvo que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad, al trabajo en
1
Índice electrónico 02 de SAMAI. 2ED_SONIAOLIVAFUQUENEzip(.zip) NroActua 2.
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Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
condiciones dignas y justas, a la dignidad humana y al principio de confianza
legítima con ocasión del traslado dispuesto mediante el Decreto 2299 de 2025.
11. En cuanto al debido proceso, afirmó que la reubicación se sustentó en una
motivación genérica de “necesidades del servicio”, sin justificación concreta ni
correspondencia con las funciones asignadas, lo que derivó en la imposición de
labores ajenas al nivel y naturaleza de su cargo de asesora. Agregó que la entidad
no ha resuelto el recurso de reposición interpuesto contra dicho acto, situación que
limita su derecho de defensa y configura una afectación autónoma del debido
proceso.
12. En cuanto al derecho fundamental de petición, manifestó que la administración
incumplió su obligación de emitir una respuesta oportuna, clara y de fondo frente al
recurso interpuesto contra el acto administrativo que ordenó su traslado. Señaló que
la falta de pronunciamiento prolonga los efectos del acto cuestionado y la mantiene
en una situación de indefensión, al impedirle adoptar decisiones informadas sobre
la protección de sus derechos.
13. Respecto del derecho a la igualdad, indicó que la entidad le impide ejercer las
funciones propias del cargo de Asesor Grado 19, a diferencia de otros servidores
que ocupan el mismo empleo, sin justificación objetiva ni razonable, con un impacto
particular en su desarrollo profesional como mujer.
14. En relación con el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y la dignidad
humana, señaló que el traslado no constituyó un simple cambio de dependencia,
sino que produjo una alteración sustancial de sus condiciones laborales, al asignarle
funciones de apoyo operativo y administrativo propias de cargos de menor nivel
jerárquico. Indicó que esta situación desconoce la naturaleza del empleo de nivel
asesor, desnaturaliza su rol profesional como ingeniera de sistemas y afecta su
realización personal y funcional dentro de la entidad.
15. Asimismo, alegó la vulneración del principio de confianza legítima, al considerar
que accedió al cargo mediante concurso de méritos y desempeñó durante años
funciones técnicas y especializadas acordes con el nivel asesor, expectativa que la
entidad desconoció al modificar abruptamente sus condiciones de trabajo.
16. Añadió que se encuentra a dos años y medio de cumplir los requisitos para
acceder a la pensión y que la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en
estos casos, la administración debe reforzar las garantías de estabilidad laboral y
evitar medidas regresivas que afecten la trayectoria profesional del servidor público.
A su juicio, el traslado desnaturaliza su empleo, afecta su estabilidad funcional y
desconoce la protección reforzada que asiste a quienes se encuentran próximos a
pensionarse.
17. Sostuvo además que la discrecionalidad administrativa para ordenar traslados
no es absoluta y debe fundarse en necesidades reales del servicio, considerar la
situación particular del servidor, evitar desmejoras en sus funciones y estar
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
debidamente motivada. Indicó que tales exigencias no se cumplieron en el caso
concreto, lo que evidencia una actuación arbitraria y desproporcionada.
18. Con fundamento en lo anterior, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales y la adopción de una medida provisional consistente en la
suspensión inmediata de los efectos del Decreto 2299 de 2025, de conformidad con
el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable derivado de la desmejora profesional y funcional que enfrenta.
Señaló que la permanencia en funciones ajenas a su cargo y perfil mantiene una
afectación actual y continua de sus derechos, lo que justifica la intervención urgente
del juez constitucional para restablecer las condiciones laborales acordes con el
empleo de nivel asesor.
Trámite en primera instancia
19. Mediante auto del 20 de enero de 20252, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C admitió la presente acción de
tutela, y en consecuencia ordenó notificar a la parte accionada y vincular a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, negó la medida
provisional solicitada, consistente en suspender los efectos del Decreto 2299 de
2025 que dispuso la reubicación de la tutelante en la Procuraduría Segunda Distrital
de Instrucción.
Intervenciones
20. La Procuraduría General de la Nación3 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al existir
mecanismos ordinarios idóneos y eficaces de defensa judicial, en especial el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. En subsidio, pidió negar las pretensiones por no
acreditarse una vulneración actual, cierta y concreta de derechos fundamentales.
21. Sostuvo que la decisión de traslado se adoptó en ejercicio legítimo de la facultad
discrecional prevista en el Decreto Ley 262 de 2000, dentro de sus competencias
constitucionales y legales y con respeto del debido proceso y del principio de
legalidad. Indicó que la accionante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable y que, además, puede solicitar la suspensión provisional del acto
administrativo ante la jurisdicción competente.
22. Explicó que el acto de traslado constituye una decisión razonable y legítima,
producto del ejercicio de la facultad discrecional del Procurador General de la
Nación. Precisó que el numeral 34 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000 faculta
al nominador para distribuir y reubicar los empleos de la planta global de la entidad,
en desarrollo de sus funciones de dirección y administración del talento humano.
2
Índice electrónico 04 de SAMAI. 6Autoqueadmite_20260002500Autoadmit(.pdf) NroActua 4.
3
Índice electrónico 07 de SAMAI. 10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
2CONTESTACION(.pdf) NroActua 7.
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Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
23. Destacó que la medida no implicó desvinculación del servicio, supresión del
empleo, modificación del cargo, desmejora salarial ni afectación de derechos
prestacionales, pues se limitó al cambio de dependencia dentro de la misma entidad
y mantuvo intactas las condiciones económicas y jurídicas del empleo. Por ello,
afirmó que la accionante conserva su condición de servidora de carrera y su
estabilidad laboral, así como la posibilidad de acceder en el futuro a la pensión de
vejez.
24. Finalmente, afirmó que el Decreto 2299 de 2025 constituye un acto razonable,
expedido por autoridad competente, con fundamento legal y finalidad legítima, que
goza de presunción de legalidad y no evidencia arbitrariedad ni vulneración de
derechos fundamentales, por lo que el amparo resulta improcedente.
25. Por otra parte, señaló que el 2 de diciembre de 2025 la señora Sonia Oliva
Fuquene Rodríguez interpuso recurso de reposición contra el Decreto 2299 de
2025, radicado bajo el número E-2025-635705, en el que solicitó la revocatoria del
acto administrativo de reubicación.
26. Mediante la Resolución 022 del 22 de enero de 2026, el Procurador General de
la Nación rechazó por improcedente dicho recurso, al considerar que el Decreto
2299 de 2025 constituye un acto de trámite no susceptible de recursos en sede
administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Sentencia de primera instancia
27. A través de providencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado respecto del recurso de reposición interpuesto contra
el Decreto 2299 del 25 de noviembre de 2025. Asimismo, negó la vulneración de los
derechos a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada alegados por la
señora Sonia Oliva Fúquene Rodríguez.
28. El Tribunal concluyó que la tutela no constituye el mecanismo idóneo para
controvertir el acto administrativo de reubicación, pues la accionante puede acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo y solicitar las medidas cautelares
correspondientes. También determinó que no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable, dado que la reubicación se efectuó en Bogotá —ciudad en la
que reside— y no se demostró riesgo para su salud ni para la de su familia.
29. En relación con el recurso de reposición, la Sala advirtió una vulneración inicial
del derecho de petición por la respuesta tardía de la Procuraduría, la cual se emitió
con ocasión del trámite de tutela y fue notificada a los correos electrónicos de la
accionante, sin que ello implicara acceder a lo solicitado. Finalmente, precisó que la
condición de prepensionada no resultó afectada, pues no existió desvinculación del
servicio sino una reubicación en un cargo de carrera que le permite continuar
cotizando hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Impugnación
30. La accionante solicitó al juez de segunda instancia revocar la sentencia
impugnada, amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos el Decreto 2299
de 2025 y ordenar su reubicación en la “DNIE” o en una dependencia acorde con
su perfil técnico profesional. En subsidio, pidió la expedición de una nueva decisión
que resuelva de forma expresa, congruente y motivada todas las pretensiones.
31. Sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto por incongruencia y omisión
sustancial de pronunciamiento al no analizar aspectos centrales del debate
constitucional, como la inexistencia de la necesidad del servicio, la desmejora
funcional, la ruptura de la correspondencia entre el cargo obtenido por mérito y las
funciones asignadas, y la vulneración del derecho a la carrera administrativa y del
principio de mérito.
32. Afirmó que la tutela no se dirigió a controvertir la legalidad formal del acto, sino
a corregir una regresión funcional grave derivada de la asignación de funciones
ajenas e inferiores al cargo de Asesor Grado 19 – Ingeniera de Sistemas, lo que
vulnera el trabajo en condiciones dignas, la carrera administrativa y el libre ejercicio
profesional, aún sin reducción salarial.
33. Añadió que el fallo desconoció el precedente constitucional sobre la protección
reforzada de las personas próximas a pensionarse, al limitarse a constatar la
inexistencia de desvinculación sin examinar la regresión funcional y la afectación
material de su estabilidad laboral.
34. Finalmente, señaló que la respuesta extemporánea al recurso de reposición no
restableció derecho alguno ni configura hecho superado, por lo que la vulneración
de sus derechos fundamentales persiste y justifica la revocatoria del fallo.
CONSIDERACIONES
Competencia
35. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20194.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
36. La Procuraduría General de la Nación indicó que el 2 de diciembre de 2025 la
señora Sonia Oliva Fuquene Rodríguez interpuso recurso de reposición contra el
Decreto 2299 de 2025, radicado bajo el número E-2025-635705, mediante el cual
solicitó la revocatoria del acto de reubicación. No obstante, el Procurador General
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Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
lo rechazó por improcedente mediante la Resolución 022 del 22 de enero de 2026,
al considerar que se trata de un acto de trámite no susceptible de recursos,
conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, corresponde a la
Sala determinar si en el presente asunto, se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
37. Adicionalmente, corresponde a la Sala establecer, si la acción de tutela
presentada por la peticionaria cumple con los requisitos formales de procedibilidad
definidos por la jurisprudencia constitucional para su admisión. En caso de superar
este análisis preliminar, la Sala deberá determinar si el Decreto 2299 del 25 de
noviembre de 2025, mediante el cual se ordenó reubicar a la tutelante de la
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 4: para la Vigilancia Técnica y
Operativa de los Procesos Electorales hacia la Procuraduría Segunda Distrital de
Instrucción, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, petición,
igualdad, trabajo y estabilidad laboral reforzada para los trabajadores de carrera
administrativa, así como el principio de confianza legítima.
38. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado (i) el principio
de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela; (iii) la
subsidiariedad de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular; (iv) examinará la aplicación del principio de subsidiariedad en casos de
traslado de servidores públicos; y (v) se estudiará el caso concreto en su aspecto
formal o material.
La carencia actual de objeto por hecho superado
39. La Corte señala que la carencia actual de objeto se presenta cuando durante el
trámite de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la
presunta vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver5.
40. El Tribunal Constitucional6 ha identificado tres supuestos para la configuración
de la carencia actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la
Subsección se detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado.
41. La figura del hecho superado se configura cuando la vulneración o amenaza del
derecho fundamental desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de
manera voluntaria y oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho
presuntamente vulnerado7. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no
subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2022.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022.
7
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
8
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
42. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela8.
Principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela
43. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan
vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en
situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios9.
44. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio irremediable.
Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este mecanismo de
amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo judicial
disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño irreparable.
45. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes10.
La subsidiariedad de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter particular
46. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución política, la acción de tutela es
de carácter subsidiario y, por tanto, sólo procede cuando no exista otro mecanismo
judicial eficaz para la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que se
pretenda evitar un perjuicio irremediable y se interponga como mecanismo
transitorio. Así, este principio impone a los ciudadanos la obligación de agotar
previamente los recursos ordinarios y extraordinarios que ofrece el ordenamiento
jurídico, evitando que la tutela se convierta en una vía preferente o supletoria de los
mecanismos establecidos en otras jurisdicciones.
47. La Corte Constitucional ha establecido de forma reiterada que en términos
generales la acción de tutela no es procedente para controvertir actos
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-771 de 2014.
9
Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017.
10
Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010.
9
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
administrativos. Ello obedece a la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, pues
exige al ciudadano acudir previamente a las vías judiciales ordinarias dispuestas
por el ordenamiento jurídico, en particular a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, para resolver los conflictos que se susciten con la administración y
garantizar la protección de sus derechos11.
48. En lo que respecta específicamente a los actos administrativos de carácter
particular, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que la
procedencia de la tutela se somete a un estándar de excepcionalidad aún más
riguroso. Esto se debe a que tales actos gozan de una presunción de legalidad, y
por tanto pueden ser cuestionados a través de medios judiciales ordinarios eficaces,
como los mecanismos de control establecidos en el contencioso administrativo. Así,
para que una acción de tutela pueda ser procedente contra un acto administrativo
deberá satisfacer lo siguiente:
“La Corte ha establecido que la tutela es procedente cuando (i) no exista otro
mecanismo de defensa judicial; (ii) existiendo, la intervención del juez
constitucional sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, evento en el cual procederá de manera transitoria; o (iii) si los
mecanismos de defensa judicial no resultan idóneos o eficaces para lograr la
protección de los derechos presuntamente conculcados, caso en el cual
procederá de manera definitiva. La idoneidad se refiere a la aptitud material
del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde
con el contenido del derecho, mientras que la eficacia hace alusión al hecho
que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera oportuna
e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado12”.
49. En suma, la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular
es de procedencia excepcional, en atención a su naturaleza subsidiaria y a la
presunción de legalidad que ampara este tipo de decisiones. Por regla general, su
control corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
consecuencia, el amparo solo resulta procedente cuando no exista otro medio de
defensa judicial, cuando este no sea idóneo o eficaz para la protección de los
derechos fundamentales, o cuando sea necesario evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, sin que pueda emplearse como una instancia alternativa para
cuestionar la legalidad del acto administrativo.
La subsidiariedad para controvertir actos administrativos de traslado de
servidor público
50. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Corte ha señalado que, aunque
existe una vía ordinaria para controvertir actos administrativos de traslado de una
dependencia a otra, la acción de tutela es procedente de forma excepcional cuando
la reubicación del servidor público pone en grave riesgos sus derechos
fundamentales o los de su núcleo familiar. En estos casos, los jueces
constitucionales admiten la procedencia de la tutela después de corroborar que los
medios ordinarios no son idóneos ni eficaces. Esto sucede, ya sea porque se
11
Corte Constitucional, Sentencia T-381 de 2022.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2018.
10
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
requiere evitar un perjuicio irremediable lo que habilita su uso transitorio o porque la
vía ordinaria no garantiza una protección, en cuyo caso procede de forma
definitiva13.
51. En particular, la jurisprudencia constitucional ha identificado cuatro escenarios
que pueden justificar la intervención del juez de tutela14:
“a) la decisión sobre [el] traslado laboral genera serios problemas de salud,
especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones
para brindar el cuidado médico requerido; b) La decisión sobre [el] traslado
pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia; c) Las
condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del
traslado; [y] d) La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera
separación transitoria y de la razonabilidad de la carga que se impone con
el traslado”.
52. Sobre la base de estos criterios, corresponde al juez constitucional examinar las
particularidades del caso concreto para establecer si se configura alguno de estos
supuestos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
53. Sonia Oliva Fúquene Rodríguez promovió acción de tutela contra la
Procuraduría General de la Nación. Expuso que mediante el Decreto 2299 del 25
de noviembre de 2025, la entidad ordenó su reubicación desde la Procuraduría
Delegada con Funciones Mixtas 4 para la Vigilancia Técnica y Operativa de los
Procesos Electorales hacia la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción.
Señaló, además, que contra dicho acto administrativo interpuso recurso de
reposición, el cual no ha sido resuelto a la fecha, lo que ha prolongado la
incertidumbre frente a su situación laboral. A su juicio, esta actuación vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad, al trabajo y a
la estabilidad laboral reforzada de los servidores vinculados al sistema de carrera
administrativa, así como el principio de confianza legítima.
54. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa. En segundo
lugar, evaluará si en el caso concreto se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado y si se satisface el principio de subsidiariedad que rige la
procedencia de la acción de tutela.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
55. Sonia Oliva Fúquene Rodríguez cuenta con legitimación en la causa por activa,
dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración
invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por el
pronunciamiento adoptado por la Procuraduría General de la Nación, determinación
que, según afirma, transgredió sus garantías constitucionales.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-192 de 2024.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-252 de 2021.
11
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
56. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la
Procuraduría General de la Nación, autoridad que emitió la decisión a la que se le
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por la
accionante.
Hecho superado
57. El 2 de diciembre de 2025, la señora Sonia Oliva Fúquene Rodríguez interpuso
recurso de reposición contra el Decreto 2299 de 202515, radicado bajo el número E-
2025-635705, mediante el cual solicitó que se revocara el acto que dispuso su
reubicación. Dicho recurso fue rechazado por improcedente por el Procurador
General de la Nación a través de la Resolución 022 del 22 de enero de 2026 16, al
considerar que el decreto constituía un acto de trámite no susceptible de recursos
en sede administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011.
58. En este aspecto, la situación que dio lugar a la interposición de la acción de
tutela se encuentra superada, en tanto la autoridad accionada emitió una decisión
expresa frente al recurso presentado y la notificó en debida forma17.En
consecuencia, desapareció el supuesto fáctico que sustentaba la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso frente a
la falta de respuesta de su solicitud de revocar la decisión de la administración de
reubicarlo, lo que configura la carencia actual de objeto por hecho superado e impide
al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo. .
Subsidiariedad
59. La Sala observa que en el presente caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad exigido para la procedencia de la acción de tutela en relación con los
derechos al debido proceso, a la igualdad
y al trabajo para los trabajadores de carrera administrativa que se reclamaron como
vulnerados por la reubicación cuestionada. Ello obedece a que Sonia Oliva Fúquene
Rodríguez contaba con un medio judicial ordinario para controvertir el acto
administrativo que ordenó reubicarla de la Procuraduría Delegada con Funciones
Mixtas 4: para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales a la
Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción.
60. En este contexto, la tutelante tenía a su disposición el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para discutir la legalidad del acto administrativo frente al cual se
15
Índice electrónico 02 de SAMAI. 2ED_SONIAOLIVAFUQUENEzip(.zip) NroActua 2. En concreto
paginas 107-108.
16
Índice electrónico 07 de SAMAI.
11_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaRESOLUCION022DE22(.pdf) NroActua 7.
17
Índice electrónico 07 de SAMAI. 8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda
NOTIFICACIONRES022(.pdf) NroActua 7.
12
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
encuentra inconforme. En efecto, el artículo 13818 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19 dispone que toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y que se le restablezca su derecho. De modo que, si la peticionaria estimaba que
fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de los servidores vinculados al sistema
de carrera administrativa, así como el principio de confianza legítima, le
correspondía formular una demanda en ejercicio del medio de control previamente
indicado y solicitar la protección de tales derechos mediante las medidas cautelares
previstas a partir del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo20.
61. Ahora bien, esta subsección encuentra que, en el escrito de tutela, la parte
actora solicitó una medida transitoria, al considerar que enfrenta un perjuicio
irremediable derivado de los cambios funcionales no justificados, la desmejora
profesional y la vulneración de sus derechos fundamentales.
62. En primer lugar, resulta importante precisar que en el marco de los procesos
declarativos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
existe la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, con el fin de
“proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia21” y, por esa vía, obtener la realización del derecho sustancial. En línea
con lo anterior, la Corte Constitucional se ha referido a las características básicas
de este tipo de medidas, en los siguientes términos:
“(a) El ámbito de aplicación de las medidas cautelares, conforme al artículo
229 del CPACA, se extiende a todos los procesos declarativos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto,
el juez puede decretarlas a petición de parte, antes de la notificación del auto
admisorio o en cualquier estado del trámite, cuando lo estime necesario para
la protección y garantía provisional del objeto del proceso o para la efectividad
de la sentencia;
(b) El artículo 230 de esa normativa estableció que las medidas cautelares
pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. En este
sentido, el juez puede (a) suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo y (b) suspender un procedimiento o una actuación de cualquier
naturaleza;
(c) El artículo 231 fija las condiciones para la procedencia de la medida
18
A cuyo tenor: “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y
cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
19
Ley 1437 de 2011.
20
En adelante: CPACA.
21
Artículo 229 del CPACA.
13
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Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo,
cuando se pretenda su nulidad;
(d) El artículo 232 establece que no se requerirá prestar caución cuando se
trate de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos;
y, Finalmente, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia.
Las primeras podrán adoptarse antes de la notificación del auto admisorio de
la demanda o en cualquier estado del proceso, mientras que las segundas
podrán dictarse desde el momento en que se presente una solicitud en ese
sentido y sin necesidad de notificar previamente a la contraparte.”22
63. En esa misma lógica, la Corte Constitucional, en la sentencia SU- 691 del 2017,
reiteró que por regla general, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dispone
de mecanismos procesales adecuados y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales. Al respecto, precisó que:
“Con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo nació una nueva relación entre acción de tutela y los medios
de control judicial ordinarios que se ejercen ante la justicia administrativa. El
resultado es que la intervención positiva sobre las medidas cautelares debe
desplazar a la acción de tutela cada vez más –pero en un sentido de lo
correcto, a la luz del art. 86, pues al interior de las acciones ordinarias se
puede resolver la problemática de la protección efectiva y pronta de los
derechos fundamentales”
64. En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la
intervención del juez de tutela frente a decisiones de traslado o reubicación laboral
tiene un carácter estrictamente excepcional y solo se justifica cuando se acredita la
afectación directa de derechos fundamentales. En ese sentido, ha identificado
cuatro escenarios específicos que habilitan el amparo transitorio: (i) cuando el
traslado genera serios problemas de salud, especialmente si en el lugar de destino
no existen condiciones adecuadas para brindar la atención médica requerida; (ii)
cuando la decisión pone en riesgo la vida o la integridad personal del servidor o de
su núcleo familiar; (iii) cuando las condiciones de salud de los familiares del
trabajador, por su gravedad, inciden de manera determinante en la valoración sobre
la procedencia del traslado; y (iv) cuando la medida ocasiona una ruptura del núcleo
familiar que supera la carga razonable derivada de una separación transitoria.
65. En el caso concreto, la Sala advierte que la reubicación de la accionante no
generó una afectación en su estado de salud que justifique la intervención del juez
constitucional. En efecto, la Procuraduría General de la Nación dispuso su traslado
desde la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 4 para la Vigilancia Técnica
y Operativa de los Procesos Electorales hacia la Procuraduría Segunda Distrital de
Instrucción, dependencias que se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. Esta
circunstancia impide afirmar que se haya alterado su acceso a servicios médicos o
que se haya interrumpido la atención en salud que eventualmente requiera. Por
tanto, no se configura la hipótesis excepcional relativa a la afectación grave de la
salud como consecuencia de la decisión administrativa.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2023.
14
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
66. De igual forma, la Sala observa que la accionante no demostró que la
reubicación comprometiera su vida o su integridad personal, ni que afectara de
manera grave la salud de algún miembro de su familia, ni que implicara una ruptura
significativa del núcleo familiar que desbordara las cargas razonables inherentes a
este tipo de decisiones administrativas. En consecuencia, no se acreditan las
circunstancias excepcionales previstas por la jurisprudencia constitucional que
habilitan la procedencia de la acción de tutela frente a medidas de traslado laboral.
67. En tercer lugar, no se configuran los elementos del perjuicio irremediable. En
efecto, la reubicación no genera, por sí sola, un daño inminente, grave o urgente.
La orden de traslado no implica una amenaza inmediata que está por suceder, ya
que la reubicación no cambia su situación en salud de la actora y las medidas
cautelares pueden resolver una eventual vulneración de derechos. Por esta misma
razón, el daño a sus derechos fundamentales no es grave y no se requieren medidas
urgentes. En cambio, la peticionaria cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a
través del cual puede controvertir la legalidad del acto administrativo cuestionado y
solicitar la protección de sus derechos fundamentales mediante las medidas
cautelares consagradas en el artículo 229 del CPACA y siguientes. En este
contexto, no se evidencia la necesidad de una intervención excepcional por parte
del juez de tutela, dado que existen mecanismos judiciales ordinarios idóneos para
resolver la controversia planteada.
68. La Sala concluye que no se acredita el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que la accionante pretende controvertir un acto
administrativo de carácter particular sin haber acudido previamente a los
mecanismos ordinarios disponibles para ello. Adicionalmente, no se constata la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional. Así las cosas, solo queda pendiente estudiar la alegada infracción
del derecho a la estabilidad laboral reforzada y su condición de prepensionada.
Inexistencia de amenaza y/o vulneración de los derechos de la condición de
prepensión y estabilidad laboral reforzada
69. En lo que respecta a la condición de prepensionada que la accionante afirma
ostentar y a la alegada vulneración de la estabilidad laboral reforzada, la Sala no
observa una amenaza o afectación alguna de sus derechos fundamentales, en
particular del derecho a la seguridad social. Cabe anotar que la acción de tutela
tiene como presupuesto que existe una acción u omisión que ponga en riesgo o
vulnere derechos fundamentales23.
70. En este contexto, la Corte Constitucional ha precisado que la vulneración
supone un daño consumado, mientras que la amenaza alude a una afectación
potencial, próxima e inminente, distinción relevante para analizar la procedencia de
la tutela, la carencia actual de objeto y el perjuicio irremediable24. En esa línea, la
jurisprudencia ha señalado que la amenaza exige la concurrencia de elementos
23
Corte Constitucional Sentencia T-116 de 2022 y T-111 de 2008.
24
Ibid.
15
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
subjetivos y objetivos que permitan inferir razonablemente la existencia de un riesgo
real y grave, sin que baste un peligro meramente eventual o general. Además, la
Sentencia T-1201 de 2006 advirtió que la dificultad de probar plenamente esa
inminencia en el trámite breve de tutela no significa que el peligro no exista, por lo
que corresponde al juez recaudar las pruebas necesarias para valorar la naturaleza
del riesgo con la mayor certeza posible, especialmente cuando pueda derivarse un
perjuicio irremediable, criterio reiterado en la Sentencia T-116 de 2022.
71. Sobre el particular, la decisión adoptada por la Procuraduría General de la
Nación no implicó su desvinculación del servicio, la supresión del empleo, la
modificación del cargo ni una desmejora salarial o prestacional. La medida se limitó
a disponer su reubicación a otra dependencia dentro de la misma entidad, sin alterar
la naturaleza del empleo ni las condiciones económicas y jurídicas que lo rigen. Por
tanto, la accionante conserva íntegramente su calidad de servidora pública inscrita
en carrera administrativa, con las garantías propias de estabilidad que dicho
régimen comporta.
72. En ese contexto, no se configura una vulneración a la estabilidad laboral
reforzada asociada a la proximidad del cumplimiento de requisitos pensionales,
pues la accionante continúa vinculada al servicio y puede seguir efectuando las
cotizaciones correspondientes hasta consolidar su derecho a la pensión de vejez.
Tampoco se presenta una amenaza a su condición de prepensionada o a la
estabilidad laboral reforzada, ya que la reubicación no impacta en esas garantías
laborales ni la pone en riesgo. En consecuencia, la Sala concluye que la reubicación
dispuesta no compromete su derecho fundamental a la seguridad social ni
desconoce las garantías derivadas de su eventual condición de prepensionada.
73. En síntesis, la Sala advierte, de una parte, que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado, en tanto la autoridad accionada emitió un
pronunciamiento frente al recurso interpuesto y notificó la decisión correspondiente,
con lo cual cesó la situación que dio origen a la solicitud de amparo. De otra parte,
no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues la accionante pretende
controvertir un acto administrativo sin haber acudido previamente a los mecanismos
ordinarios de defensa judicial previstos en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ni acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención excepcional del juez constitucional.
74. Por estas razones, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad y
configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado. Asimismo, se negará
la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social de la señora Sonia
Oliva Fúquene Rodríguez, en relación con la condición de prepensionada que afirma
ostentar y la consecuente estabilidad laboral reforzada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
16
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00025-01
Accionante: Sonia Oliva Fúquene Rodríguez
Accionado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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