Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00035-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 25000-23-15-000-2026-00035-01
Demandante JOHN CARLOS ARROYO GODÍN
Demandado FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas Requisito general de subsidiariedad de la tutela. Acto administrativo
que declara insubsistente el nombramiento en provisionalidad como
consecuencia del resultado insatisfactorio en la evaluación del
desempeño laboral. Resoluciones 0-2456 y 0-2457 del 14 de julio de
2016 expedidas por la Fiscalía General de la Nación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo del 4
de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que dispuso:
«PRIMERO. - DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia presentada por
el señor John Carlos Arroyo Godín, por las consideraciones expuestas. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de enero de 20261, el señor John Carlos Arroyo Godín interpuso acción de
tutela contra la Fiscalía General de la Nación, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, a la salud
y a la seguridad social, con ocasión de la expedición de los actos administrativos 0-
570 del 11 de mayo de 2018 y 0-0737 del 2 de junio de 2018, en los que se declaró
insubsistente el nombramiento en provisionalidad del accionante, y se le confirmó
la decisión.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Cita textual)
« PRIMERA: Solicitar, mediante la presente Acción de Tutela Constitucional, el Amparo de
forma Excepcional de los Derechos Fundamentales Constitucionales y Laborales del
Accionante, Derechos Fundamentales: Al Trabajo, a la Vida en condiciones Dignas Y
Justas, a la igualdad, al Debido Proceso Administrativo, al Mínimo Vital, a la Salud en
Conexidad con la Seguridad Social, Favorabilidad y demás que Considere Vulnerados el
señor juez a JOHN CARLOS ARROYO GODIN, por todas las Acciones u Omisiones e
Irregularidades Laborales y Administrativas Cometidas por la Accionada, la Fiscalía
General de la Nación. Con la expedición irregular del Acto Administrativo No. 0-0570 del
2018. Y el cual quedo en firme con la resolución N. 0-0737 DEL 25 de junio de 2018.
SEGUNDA. Solicitar muy respetuosamente al señor juez, después del Análisis y el
Discernimiento objetivo de la Constitución Nacional, la Norma Administrativa, la carrera
administrativa, las Excepciones de ley y la Excepción de Inconstitucionalidad y con
Fundamento y Sustento en LAS SENTENCIAS: T-087/2018 EMANADA POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL, LA SENTENCIA T-373 DEL AÑO 2017 EMANADA POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL, Y LA SENTENCIA N. 11001-03-25-000-2017-00281-00 del 24 de
abril del año 2020 EMANA (sic) POR EL CONSEJO DE ESTADO y las razones de Hecho
y Derecho esbozadas en la presente Acción de Tutela. Decretar y Ordenar a la
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Samai, índice 2. Expediente 25000-23-15-000-2026-00035-00.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00035-01
Demandante: John Carlos Arroyo Godín
Accionada. La Fiscalía General de La Nación, Reintegrar a sus labores en el cargo de
Técnico Investigador II del CTI, uno igual o mejores condiciones al Accionante JOHN
CARLOS ARROYO GODIN.
TERCERA: Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, el Reintegro del Accionante JOHN
CARLOS ARROYO GODIN en la Seccional de Barranquilla, teniendo en cuenta que, si
su reintegro se realiza en la Seccional de Cartagena donde laboraba, Se Seguirían
Vulnerando sus Derechos Fundamentales y Laborales, al igual que si Estabilidad Laboral.
Ya que sería Sometido Nuevamente a Situaciones de Acoso Laboral por parte de los
Superiores de estas Seccional (sic), los cuales generaron esta evaluación injusta,
extemporánea, irregular, mal intencionada y Viciada de Legalidad y Legitimidad
Administrativa.
CUARTA. Ordenar a la parte Accionada la FGN. Resarcir el daño Económico y Moral
causado al accionante y Ex/servidos Público del CTI JOHN CARLOS ARROYO GODIN
por más de 7 años. Con la Expedición irregular del acto Administrativo No. 0-0570 DEL
2018. El cual Decreto de manera injusta y transgrediendo leyes administrativas, laborales,
Constitucionales, la Discrecionalidad administrativa y la carrera administrativa. Su
Insubsistencia laboral como servidor Público de carácter provisional del CTI de la FGN.
Vulnerándose con este acto administrativo Espurio e Inconstitucional, sus Derechos
Fundamentales Constitucionales y laborales».
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 14 de julio de 2016, la Fiscalía General de la Nación profirió la Resolución
0-2456, «Por medio de la cual se reglamenta el sistema de evaluación del desempeño laboral
de los servidores que ostenten derechos de carrera o se encuentren en periodo de prueba en
el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación; y se aprueban y adoptan
los parámetros y el instrumento para su aplicación».
2.2. El 14 de julio de 2016, la Fiscalía General de la Nación dictó la Resolución 0-
2457, «Por medio de la cual se adopta el sistema de evaluación del desempeño laboral
contenido en la Resolución N° 02456 del 14 de julio de 2016, para la evaluación de los
servidores vinculados a través de nombramientos en provisionalidad».
2.3. El 11 de mayo de 2018, la Fiscalía General de la Nación a través de la
Resolución 0-0570 declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad
del señor John Carlos Arroyo Godín del cargo que desempeñaba en el CTI
seccional Cartagena, como consecuencia del resultado insatisfactorio en la
evaluación del desempeño laboral, como fundamento de este acto se citaron
las resoluciones 0-2456 y 0-2457 del 14 de julio de 2016. Contra este el
accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
2.4. Mediante la Resolución 0-0737 de 25 de junio de 2018, se confirmó el acto que
declaró insubsistente su nombramiento y se rechazó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto por tratarse de una decisión proferida por el
representante legal de la entidad.
2.5. Mediante resolución 0-1549 del 20 de diciembre de 2018, la Fiscalía General
de la Nación actualizó «la reglamentación del sistema de evaluación del desempeño
laboral de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y se adoptan los parámetros y
el instrumento para su aplicación».
2.6. El 24 de abril de 2020, el Consejo de Estado dictó sentencia en el proceso
11001-03-25-000-2017-00281-00, en el que se declaró la nulidad de la
Resolución 0-2457 de 2016.
3. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues: (i) se supera el requisito de inmediatez dado que la
vulneración de los derechos es continua y actual ya que han pasado «7 años de
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Demandante: John Carlos Arroyo Godín
vulneración reiterada de sus derechos laborales», recordó que la acción de tutela no impone
un término de caducidad sino la protección de los derechos; (ii) cumple con el
requisito de la subsidiariedad dado que ejerció los recursos de ley y actualmente
«NO CUENTA EL SUSCRITO ACCIONANTE […] CON NINGUN (sic) MEDIO DE CONTROL LEGAL
Y ADMINISTRATIVO PARA EJERCER LA DEFENSA DE LA VIOLACION DE SUS DERECHOS
LABORALES» los cuales asegura fueron vulnerados con la expedición del acto 0-0570
DEL 2018; (iii) existe un daño «irreparable»; (iv) se identificaron todos los hechos que
generaron la vulneración; y (v) no se cuestiona una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que se incurrió en los siguientes vicios:
Indicó que el acto administrativo 0-0570 de 2018 fue expedido de forma irregular
vulnerando el artículo 25, 29, 48, 49, 83 y 125 de la Constitución Política, en razón
a que: (i) se declaró la insubsistencia de un servidor en provisionalidad mediante
una «calificación insuficiente» equiparándolo a uno «de carrera» al usar el mismo
parámetro de evaluación, sin contar los vicios de forma en los que incurrió el
evaluador llegando a establecer un puntaje de 54,5; (ii) la calificación se dio de
forma extemporánea, es decir 40 días después de la fecha límite; (iii) el evaluador
omitió relacionar la fecha límite para que el evaluado pudiera interponer su recurso
de reposición; y (iv) tampoco se indicaron los parámetros de calificación utilizados
que debían dar el 100% de la nota (factor de resultados, el factor de responsabilidad y
el factor de habilidades laborales).
Explicó que el acto administrativo 0-0570 de 2018 tuvo como fundamento las
Resoluciones 0-2456 y 0-2457 del 14 de julio de 2016, las cuales fueron declaradas
nulas por el Consejo de Estado mediante sentencia del 24 de abril de 2020 (exp.
11001-03-25-000-2017-00281-00), por lo que consideró que «si un acto general viciado de
legalidad y legitimidad y decretado Nulo por el Consejo de Estado produjo y sigue produciendo
efectos jurídicos en el tiempo sobre un acto particular, hay lugar a pronunciarse sobre la legalidad
de este último», en este aspecto dijo que existió decaimiento del acto administrativo
0570 de 2018 de conformidad con el artículo 31 inciso 2 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implicaría
que no se puede mantener «la insubsistencia del accionante».
Manifestó que no era posible motivar una declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento en provisionalidad, por lo que solicitó que se diera aplicación a una
excepción de inconstitucionalidad en su caso. Como sustento citó las siguientes
sentencias: C-619 de 2003, T-373 del 2017 y la SU-1185 de 2001.
Señaló que por más de 7 años se le han vulnerado sus derechos lo que le ha
generado unos perjuicios irremediables, ya que dejó de cotizar para su pensión pese
a que le faltaban 266 semanas, tuvo que vincularse como beneficiario en salud de
su esposa, y su salud desmejoró específicamente en lo relacionado con la válvula
mitral del corazón y la presión arterial
Mencionó que se encuentra próximo a ser una persona de la tercera edad, por lo
que resulta fundamental su reintegro a la entidad para poder garantizar su mínimo
vital y el de su familia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 23 de enero de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E admitió la acción de tutela presentada por el
señor John Carlos Arroyo Godín contra la Fiscalía General de la Nación; y
ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. La Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías de
Bolívar2 señaló que revisado el asunto se determinó que es de competencia
del nivel central de la entidad, específicamente de la Dirección Ejecutiva de la
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Demandante: John Carlos Arroyo Godín
Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Subdirección de Apoyo
Caribe. En consecuencia, informó que el 27 de enero de 2026 procedió a dar
el traslado integral de la acción constitucional a la Subdirección de Apoyo
Caribe mediante el oficio 20540-0186 y al Director Ejecutivo de la entidad.
4.3. La Fiscalía General de la Nación, Subdirector de Talento Humano3, rindió
informe en el que señaló que esa dependencia no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor dado que «la Resolución No. 0-0570 del 11 de
mayo de 2018, confirmada mediante la Resolución No. 0-0737 del 25 de junio de 2018»
fueron proferidas por el Fiscal General de la Nación producto del resultado
insatisfactorio obtenido en la evaluación de desempeño.
Decisión que se adoptó conforme a una de las causales objetivas de retiro del
servicio «en virtud del mandato legal de que trata el Decreto Ley 020 de 2014 y la
normatividad vigente para ese momento, como lo eran las Resoluciones internas Nos. 0-2456
del 14 de julio de 2016 y 0-2457 del 14 de julio de 2016», lo que quiere decir que el acto
acusado fue expedido con el lleno de los requisitos legales y gozan de
presunción de legalidad.
Explicó que si el actor estaba inconforme con el resultado de la evaluación de
desempeño debió haber presentado recurso contra esta, lo cual no hizo. Así
mismo, si no estaba de acuerdo con el acto administrativo que declaró
insubsistente el nombramiento en provisionalidad y que confirmó esa decisión
y rechazó por improcedente el recurso de apelación, debió haber efectuado la
respectiva reclamación administrativa y posteriormente cuestionar su legalidad
a través de los medios de control establecidos en la ley.
Lo que demuestra que no se supera el requisito de la subsidiariedad pues el
actor contaba con otros medios de defensa para controvertir los actos
administrativos.
Resaltó que el actuar del actor es extemporáneo toda vez que los actos
debatidos fueron proferidos en el año 2018, «y la primera actuación administrativa
formulada a la entidad al respecto, que se observó, se identifica con el radicado No.
20216110184682 data del año 2021, es decir dos años después», en donde se le
respondió que los actos administrativos particulares estaban debidamente
ejecutoriados y que la sentencia que mencionaba no declaró la nulidad de
estos, luego no era posible atender la solicitud de reintegro.
De igual forma, para el año 2024 el actor elevó una nueva solicitud ante la
entidad, en donde se le recordó que «la sentencia del Consejo de Estado No. 2017-
00281 del 24 de abril de 2020, resolvió declarar la nulidad de la Resolución No. 02457 de
2016, más no se pronunció sobre las evaluaciones que se realizaron con aplicación de esa
resolución».
Mencionó que para el año 2025 el accionante presentó demanda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la cual fue rechazada el 26 de
agosto de 2025 por caducidad (proceso 11001-03-24-000-2025-00264-00 (2181-
2025)).
Añadió que, en este asunto tampoco se cumple con el requisito de la
inmediatez ya que «a solicitud que efectuó el accionante fue extemporánea y que ahora
está elevando resulta también tardía, evidenciándose que transcurrió un tiempo considerable
en que pudo haber ejercido su derecho de defensa».
En consecuencia, solicitó se declarara improcedente esta acción
constitucional.
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5. Providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 4 de febrero de 20264 resolvió declarar improcedente el
amparo solicitado por el señor John Carlos Arroyo Godín, al considerar que no se
acreditó el requisito general de subsidiariedad.
En primera medida el juez realizó un análisis probatorio, identificando las pruebas
aportadas a la acción. Luego, explicó que conforme a lo probado la fuente de la
amenaza de los derechos fundamentales del actor es una actuación administrativa
que culminó con la expedición de los actos que controvierte, pues su desempeño
laboral fue calificado por la entidad accionada en donde se determinó que obtuvo
una «evaluación insatisfactoria» (resolución 0-0570 del 11 de mayo de 2018). Indicó que con
posterioridad el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra esa decisión, los cuales fueron resueltos por la Fiscalía General de la Nación
mediante el acto 0-0737 del 25 de junio de 2018, en el cual se confirmó el acto
recurrido.
Manifestó que si bien lo cuestionado por el actor eran unos actos administrativos
particulares estos eran susceptibles de ser demandados a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo que, explicó que dentro del
plenario no obraba prueba alguna que demostrara que el accionante ejerció dentro
del término legal el medio de control idóneo, salvo la demanda de nulidad simple
que fue radicada con el número 11001-03-24-000-2025-00264-00 y conocida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que fue rechazada por
caducidad «al haber sido sustanciado el proceso según las reglas fijadas para el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho».
Por último, señaló que el actor manifestó que mediante sentencia «No. 2017-00281 de
2020» el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 0-2457 de 2016, la
cual sirvió de fundamento para que se declarara la insubsistencia de su
nombramiento.
Frente a esto el tribunal dijo que «dicha circunstancia por sí sola no restablece los derechos
particulares pretendidos por el accionante ni modifica su situación jurídica -consolidada-, como
quiera que las resoluciones que controvierte mantienen su presunción de legalidad la cual solo puede
ser desvirtuada por sentencia judicial», de manera que el juez constitucional no puede
sustituir al juez ordinario, ni discutir aspectos que no se expusieron en tiempo, pues
la inactividad del accionante hace improcedente este mecanismo, salvo que exista
un perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en este caso pues el último acto
cuestionado data del 25 de junio de 2018, lo que demuestra que han transcurrido
más de 7 años.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia para que fuera revocado. Esto en
los siguientes términos:
Consideró que fue errada la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
por no superar el requisito de la subsidiariedad pues aseguró que con los anexos
del escrito de tutela se demostró que «utilizo (sic) los medios de defensa que tubo (sic) a su
alcance para demostrar la clara vulneración de sus derechos fundamentales durante 7 años y por
diferentes medios legales de defensa», a su vez mencionó que sus derechos fueron
vulnerados por un acto administrativo «ESPURIO» lo que vulneró sus derechos.
Señaló que la acción de tutela puede ser presentada de forma excepcional, cuando
no existe otro medio de defensa judicial, o existiendo sea ineficaz y se pretenda
evitar un perjuicio irremediable, como en efecto lo mencionó el tribunal. Aseguró
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que en su caso no hay otro medio de defensa y se presenta un perjuicio
irremediable, al existir un daño a la salud y al no haber podido cotizar su pensión,
por lo que consideró que: «Con todo respeto con la señora Magistrada, será necesario mostrarle
mi acta de defunción, para así poder demostrarle que se me ha causado un perjuicio Irremediable»,
reiteró que lleva 7 años sin obtener sustento económico lo que ha afectado su
mínimo vital y el de su familia.
Enfatizó que en la página 6 de la sentencia se mencionó que es procedente la acción
de tutela «cuando la presunta vulneración de los derechos fundamentales provenga de un acto
administrativo que puedan controvertirse en sede del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solo resultara procedente la acción cuando se demuestre la existencia de un
PERJUICIO IRREMEDIABLE.», por lo que consideró que probó la existencia del perjuicio
irremediable.
Dijo que en este caso el acto que lo declaró insubsistente perdió ejecutoriedad dado
que desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho conforme al numeral
2 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, aspecto que es susceptible de ser exigido a través de acción de
cumplimiento.
Puso de presente que no acudió al medio de control pues se «le impidió acudir en su
momento» por las siguientes razones: (i) por el «sin número de omisiones ilegales cometidas
en el formato de evaluación del accionante que vulneraron su derecho defensa y contradicción y la
vulneración de los derechos de la buena fe, competencia, discrecionalidad administrativa vulnerados
por la FGN.»; y (ii) porque la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad
del acto que fundamentó su insubsistencia fue dictada dos años después de dictarse
su acto particular, por lo que, ya no se encontraba en término para demandar en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en el escrito de impugnación
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar improcedente la acción por considerar que no se superó el
requisito de la subsidiariedad.
De considerar que no le asistió razón al juez de tutela en primera instancia, la Sala
determinará si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, a la salud y a la seguridad social del señor
Arroyo Godín, con ocasión a la expedición de los actos administrativos 0-570 del 11
de mayo de 2018 y 0-0737 del 2 de junio de 2018, por los que se declaró
insubsistente su nombramiento en provisionalidad, y se le confirmó la decisión.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
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3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
4. Análisis del caso concreto
4.1. El señor John Carlos Arroyo Godín en su escrito de impugnación cuestiona
que su acción de tutela sí supera el requisito de subsidiariedad pues probó que
utilizó los medios de defensa que tenía a su alcance. Adicionalmente, explicó
que esta acción constitucional si procede pues no hay otro medio de defensa
y existe un perjuicio, como es el daño a la salud y la imposibilidad de cotizar
mensualmente a pensión lo que ha afectado su mínimo vital y el de su familia.
Dijo que en este caso el acto que lo declaró insubsistente perdió ejecutoriedad
dado que desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho conforme
al numeral 2 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, aspecto que es susceptible de ser exigido a
través de acción de cumplimiento.
Explicó que no acudió al medio de control a demandar los actos pues se «le
impidió acudir en su momento» por las siguientes razones: (i) por el «sin número de
omisiones ilegales cometidas en el formato de evaluación del accionante que vulneraron su
derecho defensa y contradicción y la vulneración de los derechos de la buena fe, competencia,
discrecionalidad administrativa vulnerados por la FGN.»; y (ii) porque la sentencia del
Consejo de Estado que declaró la nulidad del acto que fundamentó su
insubsistencia fue dictada dos años después del acto de insubsistencia, por lo
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Demandante: John Carlos Arroyo Godín
que ya no se encontraba en término para demandar en ejercicio del medio de
control.
4.2. En ese sentido, la Sala observa que en realidad lo que se persigue con la
presente acción es cuestionar la Resolución 0-0570 del 11 de mayo de 2018,
que declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad del señor John
Carlos Arroyo Godín del cargo que desempeñaba en el CTI seccional
Cartagena como consecuencia del resultado insatisfactorio en la evaluación
del desempeño laboral, y la Resolución 0-0737 de 25 de junio de 2018, por
medio de la cual se confirmó el acto que declaró insubsistente su
nombramiento y se rechazó por improcedente el recurso de apelación.
Sería del caso analizar los argumentos propuestos, pero se advierte que los
referidos actos administrativos tienen naturaleza definitiva, pues se declaró al
actor insubsistente y se confirmó esa decisión. En esa medida, tal y como lo
planteó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad, como se ha afirmado en otras
oportunidades6, debido a que el demandante contaba con otro medio de
defensa judicial a través del cual podía controvertir el acto administrativo objeto
de inconformidad.
A pesar de que el impugnante consideró que no le fue posible presentar el
medio de control para cuestionar la legalidad de los actos administrativos
porque de una parte: (i) existía un «sin número de omisiones ilegales cometidas en el
formato de evaluación del accionante que vulneraron su derecho defensa y contradicción y la
vulneración de los derechos de la buena fe, competencia, discrecionalidad administrativa
vulnerados por la FGN.»; y (ii) de otro lado, porque la sentencia del Consejo de
Estado que declaró la nulidad del acto que fundamentó su insubsistencia fue
dictada dos años después de su salida, para esta Sala no son de recibo esos
argumentos de defensa como se explicará a continuación.
Como lo mencionó la Fiscalía General de la Nación en su contestación si el
actor estaba inconforme con el resultado de la evaluación de desempeño, al
advertir que existía un «sin número de omisiones ilegales cometidas en el formato de
evaluación», debió haber presentado el recurso de reposición; y si estaba
inconforme con las decisiones adoptadas en las resoluciones 0-0570 del 11
de mayo de 2018 y 0-0737 de 25 de junio de 2018, debió haber demandado la
nulidad de estos actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual
no hizo.
Respecto al argumento según el cual el señor Arroyo Godín no demandó en
tiempo porque la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del
acto que fundamentó su insubsistencia fue dictada dos años después del acto
de insubsistencia, esto demuestra la inactividad del hoy accionante pues la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debía haberse presentado
dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, como lo indica el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y no a los dos años, independientemente de que él u otra
persona hubiera demandado la nulidad de los actos que sirvieron de
fundamento para el acto de insubsistencia.
Frente al argumento que plantea el actor según el cual no cuenta con otro
medio de defensa lo que hace procedente la acción de tutela, se debe explicar
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente Nro. 23001-23-33-000-2019-
00175-01. Sentencia del 21 de agosto de 2019. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Expediente Nro. 11001-03-15-000-
2020-01444-00. Sentencia del 21 de mayo de 2020. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); Expediente Nro. 11001-03-
15-000-2020-03983-00. Sentencia del 8 de octubre de 2020. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E), entre otros.
8
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00035-01
Demandante: John Carlos Arroyo Godín
que en efecto no cuenta con otro medio debido a su inactividad al no haber
presentado en tiempo el medio de control como se explicó anteriormente,
luego la acción de tutela no es un mecanismo que se pueda invocar para revivir
oportunidades procesales que el señor Arroyo Godín no utilizó en el momento
procesal que correspondía.
De lo anterior, se concluye que el actor contaba con la oportunidad cuestionar
los actos administrativos, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011. En ejercicio de esa pretensión contenciosa, el actor pudo haber alegado
la lesión de sus derechos subjetivos para que se declarara la nulidad del acto
y se le restableciera el derecho mediante el reintegro a su cargo, argumentos
que planteó en el escrito de tutela y de impugnación.
Por último, respecto al planteamiento según el cual el acto que lo declaró
insubsistente perdió ejecutoriedad dado que desaparecieron los fundamentos
de hecho y de derecho conforme al numeral 2 del artículo 91 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se debe
indicar que la sentencia del 24 de abril del 2020, en donde el Consejo de
Estado declaró la nulidad de la Resolución 0-2457 de 2016, tiene efectos ex
nunc (hacia el futuro) y no restablece de manera automática derechos, lo que
significa que el señor John Carlos debía, independientemente de la decisión
del medio de control de nulidad, demandar la nulidad de su propia
insubsistencia para poder reclamar el restablecimiento que hoy pretende, pues
los actos administrativos cuentan con una presunción de legalidad que debe
ser desvirtuada.
4.3. Bajo este contexto, es claro que ante el incumplimiento del requisito formal de
subsidiariedad no puede esta Sala pronunciarse de fondo frente a las
inconformidades relacionadas por la parte accionante, pues la ley había
establecido mecanismos judiciales idóneos y eficaces para tal propósito,
situación que descarta la procedencia de la acción de tutela.
Se recuerda que la naturaleza subsidiaria y residual de esta acción
constitucional tiene por propósito evitar que esta se convierta en un
mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para desconocer los
mecanismos de defensa previstos por la Constitución y la ley. De esa manera
se evita que el juez de tutela decida asuntos que deben ser debatidos en su
escenario natural. Por lo mismo, la acción de tutela es improcedente en cuanto
se utiliza como instrumento adicional o supletorio, o cuando con esta se
pretenda obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las
instancias de la respectiva jurisdicción7.
De otra parte, conviene hacer énfasis en que el proceso ordinario es el primer
escenario en el que debe procurarse la protección de los derechos
presuntamente conculcados, más aún si se tiene en cuenta que las normas
procesales han establecido medios y recursos que pueden ser ejercidos por
las partes para alegar presuntas irregularidades y que sea el juez de la causa
quien se pronuncie sobre el particular. Por lo que, en el caso concreto es el
juez ordinario quien debe decidir si hay lugar o no a mantener incólume la
legalidad del acto discutido.
4.4. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que garantizan celeridad y mayor
campo de valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que
en el supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud, originado por
el acto proferido por la Fiscalía General de la Nación, las medidas cautelares
7
Corte Constitucional. Sentencia SU 599 de 1999.
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Demandante: John Carlos Arroyo Godín
podrían haber garantizado la idoneidad y celeridad del medio de control
referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
“i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo” 8.
De modo que el actor, en el proceso ordinario, podría haber pedido la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos en
cuestión. Medida cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo,
en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia.
4.5. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pudo
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto
obedece a que la decisión de la Fiscalía General de la Nación (hace más de 7
años), consistió en declarar insubsistente el nombramiento provisional del
señor Arroyo Godín, por lo que no constituía una actuación que amenazara o
afectara un derecho fundamental y que ameritara la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración.
En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses
de los administrados implica que existe un perjuicio irremediable que deba
evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de amparo.
Así pues, el actor no puede pretender que se considere que existe un perjuicio
irremediable cuando teniendo los mecanismos de defensa legales no los utilizó
en tiempo, y las situaciones que plantea resultan ser la consecuencia de su
inactividad.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014. Radicado 25000-
23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00035-01
Demandante: John Carlos Arroyo Godín
5. Conclusión
Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de
subsidiariedad en el caso examinado, se procederá a confirmar la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
señor John Carlos Arroyo Godín.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 4 de febrero de 2026, proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E .
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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