Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2026-00060-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: EDUARDO LARA
Accionado: JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ1 Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda
digna, al debido proceso y a la protección especial del adulto mayor / MEDIO DE CONTROL
DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a automotor incautado / MORA JUDICIAL
– Circunstancias en las que se configura
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
en nombre propio, contra la sentencia del 20 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 29 del Decreto 2591 de 19912.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 5 de febrero de 2026, el señor Eduardo Lara promovió acción de tutela contra
el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Fiscalía
General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda
digna, al debido proceso y a la protección especial del adulto mayor.
Hechos relevantes
2. El actor refiere que la Fiscalía General de la Nación ordenó la retención de un
taxi de matrícula WEW053 y se “lo devolvió 10 meses después desvalijado,
inoperativo y sin documentos”3.
1
Si bien en la carátula del expediente visible en el aplicativo Samai aparece como parte accionada
el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con el escrito
de tutela, los informes allegados al plenario y la sentencia de primera instancia, se advierte que la
autoridad judicial corresponde al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
2
Que ingresó a despacho para fallo el 13 de marzo de 2026.
3
Folio 1 del escrito de tutela. Archivo “010ED_Demanda”.
1
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. Como consecuencia de lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
obtener el pago de los daños causados al automotor incautado. Sostiene que el
asunto correspondió al Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, sin embargo, pese a que “lleva años esperando”4, no se ha dictado
sentencia en el proceso.
4. Adicional a ello, denuncia que la Secretaría de Hacienda de Bogotá efectuó el
cobro de impuestos, intereses y embargos sobre seis taxis de su propiedad, que
están inoperativos, y sobre su vivienda, que es su “único refugio”5.
5. Finalmente, expone que la empresa Radio Taxi Aeropuerto le realizó un cobro
ejecutivo por un taxi desintegrado en 2014. El proceso se tramitó ante el Juzgado
Veinticuatro (24) Civil Municipal de Bogotá y condujo a la liquidación de sus bienes.
Pretensiones
6. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. ORDENAR a la Secretaría de Hacienda la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de todo proceso de cobro coactivo, embargo o generación de intereses
sobre mis 6 vehículos taxi y sobre mi vivienda, hasta que se dicte sentencia
definitiva en el proceso de Reparación Directa.
2. ORDENAR al Juez 60 Administrativo la PRELACIÓN DE FALLO
INMEDIATA por tratarse de un sujeto de especial protección cuya
subsistencia depende de dicha decisión.
3. DECLARAR la suspensión temporal de la obligación tributaria de los
vehículos, toda vez que existe una ruptura del equilibrio económico por
culpa del Estado”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El demandante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la vivienda digna, al debido proceso y a la protección especial del adulto
mayor. Al respecto, aduce que tiene 72 años y que, según lo señalado por la Corte
Constitucional en Sentencia T-011 de 2020, el Estado no puede cobrar impuestos
que afecten su subsistencia digna.
8. Afirma que “[su] casa está en riesgo de remate por deudas que nacieron de la
negligencia de la Fiscalía”7 y que “[l]a incautación y posterior desvalijamiento estatal
es un hecho de la administración que me exime de la carga tributaria por
imposibilidad de uso del bien”8.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Folio 2 ibid.
7
Ibid.
8
Ibid.
2
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Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
9. Finalmente, sostiene que “la justicia lenta no es justicia”9 y que la presunta mora
judicial en la que ha incurrido el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá al tramitar el medio de control de reparación directa constituye
una “condena de hambre”10.
Trámite procesal
10. Por medio de auto del 5 de febrero de 2026, el asunto correspondió inicialmente
al Juzgado Ochenta y Dos (82) Civil Municipal de Bogotá que remitió el expediente
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las reglas de
reparto establecidas en el numeral 6 del artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
11. A través de auto del 9 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela
de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Cincuenta (50) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría
Distrital de Hacienda de Bogotá para que ejercieran su derecho de defensa.
12. Posteriormente, el 16 y 17 de febrero de 2026, el a quo vinculó también al
Juzgado Veinticuatro (24) Civil Municipal de Bogotá, a la empresa Radio Taxi
Aeropuerto S.A. y al Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
Intervenciones
13. El Juzgado Cincuenta (50) Administrativo del Circuito Judicial Bogotá
sostuvo que no se configura una vulneración de derechos fundamentales atribuible
a ese despacho judicial, por cuanto no fue mencionado en el escrito de amparo,
razón por la cual solicitó su desvinculación del presente trámite.
14. No obstante, indicó que, una vez consultada la plataforma Samai, se evidenció
que el demandante promovió un medio de control de reparación directa que cursó
ante el Juzgado Sesenta Administrativo de Bogotá, identificado con el radicado núm.
11001-33-43-060-2024-00300-00, dentro del cual se profirió sentencia el 31 de julio
de 2025, mediante la cual se declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por el daño causado al vehículo de matrícula WEW053,
mientras se encontraba bajo su custodia.
15. En esa línea, señaló que contra dicha providencia se interpusieron los recursos
legales correspondientes, cuyo conocimiento fue asumido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, aclaró que, en relación con el
accionante, únicamente se tramitó una acción de cumplimiento contra la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá, radicada bajo el número 11001-33-42-050-2025-
00023-00, la cual, tras su reparto el 22 de enero de 2025, fue remitida por
competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot
9
Ibid.
10
Ibid.
3
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Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
mediante auto del día siguiente. En consecuencia, afirmó que no es posible predicar
la existencia de mora judicial atribuible a ese despacho.
16. La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Fondo Especial para la
Administración de Bienes, sostuvo que la presente acción de tutela resulta
improcedente y, en consecuencia, solicitó que se niegue el amparo invocado y se
le desvincule del trámite.
17. Precisó que, una vez consultado el sistema SIAF, se verificó que el vehículo de
placas WEW053 fue objeto de medida material de incautación con fines de comiso
y de suspensión del poder dispositivo dentro de la investigación radicada bajo el
número 110016000023202206151. Manifestó que el automotor fue incautado por la
Policía Nacional el 28 de noviembre de 2022 y se registró en su inventario un estado
regular, con partes faltantes y rayones, y que fue entregado al Fondo Especial para
la Administración de Bienes el 13 de enero de 2023, momento en el cual se dejó
constancia de su ingreso en grúa, con llaves y sin conocimiento de su estado
electromecánico.
18. Asimismo, indicó que el 13 de septiembre de 2023 el Juzgado Veintinueve (29)
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá autorizó la entrega
definitiva del bien al actor, diligencia que se llevó a cabo el 22 de septiembre
siguiente, en la cual el receptor manifestó recibirlo a satisfacción.
19. Por otra parte, precisó que las obligaciones tributarias recaen en el propietario
o poseedor del bien, y que su incumplimiento puede dar lugar a procesos de cobro
coactivo por parte de las autoridades competentes. En consecuencia, afirmó que no
ha incurrido en una vulneración de derechos fundamentales, en la medida en que
la entidad actuó dentro del marco de sus funciones legales y administrativas,
orientadas a la administración de bienes afectados por decisiones judiciales, sin
injerencia en el curso del proceso penal.
20. El Fiscal 134 Seccional adscrito a la Unidad de Fe Pública y Orden
Económico indicó que no se configura una vulneración de derechos
fundamentales, toda vez que la noticia criminal 110016000052202552973,
originada en denuncia presentada por el actor el 24 de febrero de 2025, se
encuentra en etapa de investigación dentro del término legal, por lo que la entidad
aún está ejerciendo sus competencias sin que pueda predicarse mora o inactividad
injustificada.
21. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, a través de su Subdirección
de Gestión Judicial, sostuvo que no se evidencia una violación de derechos
fundamentales y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela. Al
respecto, indicó que, una vez revisado el sistema SAP-CRM, no se encontraron
solicitudes pendientes del actor por resolver.
22. Asimismo, señaló que los predios identificados con CHIP AAA0119WFDM y
AAA0119WFOE, así como los vehículos de placas WEW053, WGH948, WGL091,
WPM018, WPM020 y WPM021, no registran obligaciones en mora; no obstante,
precisó que el vehículo de matrícula WHR341 presenta deudas correspondientes a
4
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
las vigencias 2021 a 2025, frente a las cuales los intereses sólo cesan con el pago
total de la obligación, sin embargo, aclaró que no cursan procesos de cobro coactivo
en contra del actor, sin perjuicio de las actuaciones que puedan adelantar otras
dependencias.
23. De igual forma, manifestó que la suspensión del proceso de cobro coactivo
procede únicamente en casos de suscripción de acuerdos de pago o de
interposición de demandas contra el acto administrativo que constituye título
ejecutivo. En consecuencia, afirmó que la entidad ha actuado conforme a la
normativa vigente, sin vulnerar derecho fundamental alguno, y recordó que mientras
el demandante ostente la titularidad de los bienes, se continuarán causando las
obligaciones tributarias correspondientes.
24. La sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. manifestó que la acción de tutela
resulta improcedente frente a esa entidad, por lo cual solicitó su desvinculación del
trámite. Al respecto, indicó que no es responsable de los hechos que fundamentan
la solicitud de amparo, tales como la inoperatividad de los vehículos, la suspensión
de cobros tributarios o el proceso de liquidación patrimonial que cursa ante el
Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá.
25. En ese sentido, planteó que no ha incurrido en vulneración de derecho
fundamental alguno del actor, en tanto los hechos alegados escapan a su ámbito
de competencia, por lo que no se configuran los presupuestos para su vinculación
en el presente trámite constitucional.
26. El Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela y que se ordene su
desvinculación del asunto, en tanto no se configura vulneración de derechos
fundamentales atribuible a ese despacho.
27. Precisó que el actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, identificado con el
radicado 11001-33-43-060-2024-00300-00, dentro del cual se profirió sentencia el
31 de julio de 2025, favorable a sus pretensiones, y se notificó el 1.° de agosto
siguiente al apoderado judicial del demandante.
28. Finalmente, señaló que dicha providencia fue recurrida por la entidad
demandada y que, una vez concedido el recurso mediante auto del 28 de agosto de
2025, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
su decisión. En consecuencia, afirmó que actualmente carece de competencia
sobre el asunto, al no tener en su poder el expediente, lo que impide cualquier
pronunciamiento adicional en el marco de la presente acción de tutela.
29. Las demás partes guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
30. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de sentencia del 20 de febrero de 2026, negó el amparo
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Accionante: Eduardo Lara
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Eduardo Lara, por
considerar que no se incurrió en vulneración alguna de derechos fundamentales.
31. Estableció que el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá no incurrió en una mora judicial injustificada, toda vez que dentro del proceso
de reparación directa radicado núm. 11001-33-43-060-2024-00300-00 se profirió
sentencia desde el 31 de julio del 2025 y su contenido fue favorable al actor. No
obstante, precisó que la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de
apelación contra la decisión en comento, trámite que se encuentra dentro de las
garantías procesales de las partes, por lo que no puede atribuirse un
desconocimiento de derechos fundamentales a la autoridad judicial.
32. En lo que respecta a la suspensión de cobro de impuestos, así como el trámite
de los procesos de cobro coactivo, medidas cautelares y generación de intereses
sobre sus bienes, manifestó que, tal como lo informó la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá, respecto de los predios y vehículos a nombre del demandante,
inclusive, frente al taxi de matrícula WEW053, actualmente no se presentan
obligaciones pendientes que le puedan generar intereses moratorios.
33. Finalmente, en lo relacionado con las conductas lesivas de la Fiscalía General
de la Nación, el a quo señaló que “aquellas ya fueron objeto de decisión por cuenta
de esta Jurisdicción, solo que, en primera instancia; y en todo caso se requiere el
agotamiento del trámite de resolución del recurso de apelación impetrado por esa
autoridad; pero para cuya agilización no se puede acudir a la acción de tutela, como
tampoco respecto de la denuncia presentada contra la empresa Radio Taxi
Aeropuerto por el proceso ejecutivo de menor cuantía que inició contra el actor”11.
La impugnación
34. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
36. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si el Juzgado Sesenta (60)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá incurrió en una mora judicial en el
11
Folio 10. Archivo “012ED_Sentencia”.
6
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
trámite del medio de control de reparación directa radicado núm. 11001-33-43-060-
2024-00300-00, y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna, al debido proceso y a la
protección especial del adulto mayor de la parte accionante?
37. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada; y (iii) examen de fondo del caso en concreto.
Mora judicial
38. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución12.
39. Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable13.
40. En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en
concreto, si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a
una actitud caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas
estructurales que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la
congestión judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los
despachos. Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas
directamente a los servidores judiciales.
41. La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable14.
12
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
13
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
14
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: Eduardo Lara
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
42. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional15, para establecer
si existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal y la segunda al análisis de fondo,
en el que se debe establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial
injustificada. Conforme el precedente constitucional, esta se presenta cuando se
verifican los siguientes elementos:
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga
excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales”.
43. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.
Análisis del caso en concreto
44. A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable16.
45. En el caso bajo examen, la Sala constata que no se cumplen los requisitos de
procedencia de la acción de tutela promovida por mora judicial. Ello, en atención a
que el señor Eduardo Lara solicita que se ordene dar prelación inmediata a la
expedición del fallo dentro del medio de control de reparación directa que inició y
que cursa ante el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá. No obstante, de conformidad con los informes rendidos en el presente
trámite, se advierte que en el proceso radicado núm. 11001-33-43-060-2024-00300-
00 se dictó providencia de primera instancia desde el 31 de julio de 2025.
15
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
16
En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
46. Al respecto, se tiene que, en la sentencia del 31 de julio de 2025, el Juzgado
Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió:
“PRIMERO: Declarar patrimonialmente responsable a la NACIÓN –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, frente al daño antijurídico sufrido por
el ciudadano EDUARDO LARA, titular de la C.C. 17.546.214,
correspondientes a los daños causados al automotor de placas WEW053
mientras estuvo bajo custodia de la demandada.
SEGUNDO: A título de reparación del daño, se condena a la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en abstracto, al pago de la
reparación, repuestos e instalación, necesarios para devolver el automotor
al estado en que se encontraba al momento de su incautación, para lo cual
deberá tramitarse el correspondiente incidente y elaborarse un dictamen
pericial para el efecto. […]”17.
47. Asimismo, conforme con la revisión del expediente ordinario radicado núm.
11001-33-43-060-2024-00300-00, visible en el aplicativo Samai, se tiene que la
decisión precitada se notificó a las partes desde el 1.° de agosto de 2025 y, tanto la
Fiscalía General de la Nación como el señor Eduardo Lara, presentaron recurso de
apelación, el se encuentra en curso ante la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dictó auto admisorio el 10 de octubre
de 2025.
48. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección considera que en el asunto
bajo estudio no se configura mora judicial alguna, en la medida en que el Juzgado
Sesenta (60) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia el 31 de julio de 2025, esto es, con anterioridad incluso a la
interposición de la acción de tutela de la referencia. Asimismo, en lo que respecta
al trámite surtido ante la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no se acreditó ni se alegó la existencia de un
efecto lesivo de derechos fundamentales que permita inferir la configuración de una
dilación injustificada.
49. Sobre este punto, es necesario reiterar que las posibles demoras en que pueda
incurrir un despacho judicial son generalmente consecuencia de la carga laboral,
pues estos adelantan los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de
los expedientes que tienen a cargo y el orden de ingreso, lo que exige una celosa
atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo que
dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos.
50. Asimismo, respecto del sistema de turnos, la Corte Constitucional18 ha señalado
que las autoridades judiciales, en principio, deben procesar y resolver los procesos
en el orden cronológico en el cual se hayan promovido o iniciado. Frente a ello,
estableció que, en la definición de criterios para fijar órdenes de atención de los
procesos judiciales, se debe evaluar que resulten razonables y respeten la igualdad,
a saber:
17
Folio 18. Archivo “29_Sentenciadepr_11001334306020240030_0_20250801093035621”.
18
Sentencia C-134 de 2023.
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Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
“[…] todas las personas tienen el mismo derecho a que sus conflictos sean
atendidos oportunamente por la administración de justicia. Dado el cúmulo
de procesos que ocupan a los juzgados, es entonces preciso establecer un
criterio para fijar el orden de atención a los mismos, criterio que debe ser
razonable y respetar el derecho de igualdad. La norma demandada
establece una pauta en ese sentido al determinar que los procesos serán
fallados de acuerdo con el orden de ingreso al despacho para sentencia.
Este criterio - conocido como el de la cola o el de la fila - respeta de manera
general el derecho de igualdad, en la medida en que determina que los
procesos serán fallados de acuerdo con el orden de ingreso, sin atender a
criterios de clasificación sospechosos - tales como la condición social de las
partes, la raza o el sexo de las mismas, etc. - o a favoritismos inaceptables
desde el punto de vista del derecho de igualdad. Asimismo, el criterio es
razonable porque fija como punto de partida para la elaboración del orden
en el que deben decidirse los casos el momento de ingreso de los mismos
al despacho para el fallo, es decir, el momento en el que ya todos los
procesos deben estar completos para proceder a dictar la sentencia. En ese
instante, los procesos deben contar con todos los elementos necesarios
para la emisión de la providencia y se encuentran, entonces, en una
situación similar, si bien evidentemente algunas sentencias requerirán más
elaboración que otras19”.
51. En ese sentido, ha dicho la jurisprudencia constitucional20 que la tardanza en la
observancia de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial.
52. Por otro lado, esta Subsección advierte que, conforme a lo informado por la
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, no se evidencia la existencia de
obligaciones pendientes respecto de los predios y vehículos registrados a nombre
del accionante que generen intereses moratorios, particularmente el automotor de
matrícula WEW053, el cual fue objeto de restablecimiento en virtud de lo ordenado
en la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá. En
consecuencia, no es posible inferir afectación alguna de derechos fundamentales
derivada del estado actual de dichas obligaciones.
53. Adicionalmente, frente al vehículo de placas WHR341, no se encuentra
acreditada ninguna afectación por incautación, limitación al poder dispositivo ni
denuncias relacionadas con retención indebida, daño o deterioro bajo custodia de
autoridades públicas; sin embargo, según la Secretaría Distrital de Hacienda de
Bogotá, el automotor registra obligaciones tributarias pendientes correspondientes
a las vigencias 2021 a 2025, cuyo incumplimiento ha generado intereses moratorios
que únicamente cesarían con el pago total de las mismas, pero que a la fecha no
se han iniciado procesos de cobro coactivo, sin perjuicio de las actuaciones que
eventualmente puedan adelantar las autoridades competentes.
19
Sentencia C-248 de 1999.
20
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018.
Radicación No: 11001-03-15-000-2018-02247-00.
10
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
54. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se configura vulneración alguna
de los derechos del actor atribuible a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá,
por cuanto la información suministrada refleja el estado real de sus bienes y las
obligaciones asociadas a los mismos, sin que se evidencie actuación irregular o
arbitraria por parte de dicha entidad.
55. De otra parte, en lo relacionado con las conductas atribuidas a la Fiscalía
General de la Nación, se observa que estas ya fueron objeto de pronunciamiento
por parte de esta jurisdicción en primera instancia, encontrándose actualmente en
trámite el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, cuyo agotamiento
debe surtirse conforme a los cauces ordinarios, sin que resulte procedente acudir a
la acción de tutela para su impulso.
56. Finalmente, igual conclusión se predica frente a las actuaciones relacionadas
con la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A., en tanto las controversias derivadas
del proceso ejecutivo iniciado contra el actor deben ventilarse a través de los
mecanismos judiciales ordinarios previstos para tal efecto.
57. Señalado lo anterior, al no advertirse vulneración alguna de derechos
fundamentales por parte de las autoridades y entidades accionadas, esta Sala de
Subsección confirmará la sentencia del 20 de febrero de 2026, a través de la cual
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó la acción de tutela presentada por el señor Eduardo Lara contra
el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Fiscalía
General de la Nación y la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2026, a través de la cual
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Eduardo Lara, en nombre propio, contra el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
11
Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00060-01
Accionante: Eduardo Lara
Accionado: Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y otros
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
12
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