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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00074-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00074-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: EXHORTAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en caso de que no lo haya hecho, adopte una decisión célere respecto a la petición elevada por el solicitante del amparo el 8 de febrero de 2026, dentro del marco de sus competencias. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00074-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

8 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez
Accionado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra actuación de autoridad administrativa. Carencia actual de objeto
por daño consumado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Germán Córdona Ordóñez, en calidad de representante legal del partido Cambio
Radical, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la sostenibilidad fiscal, al debido proceso administrativo, a la igualdad
en materia electoral y a la participación política1, que consideró vulneradas por el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado civil y el Movimiento
Pacto Histórico.

Lo anterior con ocasión a las actuaciones adelantadas por la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral respecto a la modificación de las
inscripciones de las listas de candidatos para la Cámara de Representantes en las
circunscripciones de Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca e Internacional,
para las elecciones al Congreso de la República previstas para el 8 de marzo de 2026.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. AAAE878EC5F82BBC 1063C403BEF21D4C
D90A0C0626351081 F279BBF4F5901AB5, carpeta “11001011002420260009100”, archivo “002Escritodetutela”.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La parte actora señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la
Resolución n.º 2581 del 5 de marzo de 2025, mediante la cual fijó el calendario
electoral para las elecciones de Congreso de la República previstas para el 8 de marzo
de 2026. En dicha providencia se estableció que el periodo de inscripción de
candidaturas se surtiría entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, y que el
término para la modificación de candidatos vencería el 8 de febrero de 2026. De igual
manera, indicó que, a través de la Resolución n.º 7958 del 8 de julio de 2025, la misma
autoridad definió el calendario correspondiente a las consultas populares
programadas para el 26 de octubre de 2025.

2.2. El accionante afirmó que, por su parte, el Consejo Nacional Electoral, mediante
Resolución No. 09673 del 17 de septiembre de 2025, aceptó la fusión de los partidos
Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano para
conformar el Movimiento Pacto Histórico, condicionada a la terminación de procesos
sancionatorios. El 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo la consulta interpartidista del
Pacto Histórico para la selección de candidatos al Congreso, en cuyo acuerdo se
estableció que sus resultados serían vincu lantes y que se podrían conformar
coaliciones respetando el orden de la consulta. Posteriormente, el 3 de diciembre de
2025 se cumplió la condición resolutoria, por lo que el Movimiento Pacto Histórico
adquirió personería jurídica.

2.3. Expuso que, vencidos los plazos de inscripción y modificación de candidaturas,
quedaron en firme las listas presentadas por el Movimiento Pacto Histórico en varias
circunscripciones. Sin embargo, diversos ciudadanos solicitaron ante el Consejo
Nacional Electoral la revocatoria de dichas inscripciones por presunta vulneración de
normas constitucionales y legales. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral
decidió revocar las listas en cinco circunscripciones (Bogotá, Cundinamarca, Cauca,
Valle del Cauca y circunscripción internacional) y ordenó permitir la inscripción
individual de listas dentro del plazo legal.

2.4. Manifestó que el 8 de febrero de 2026, el Partido Cambio Radical presentó ante
la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud para que no se aceptaran las
modificaciones derivadas de dichas revocatorias, alegando la inexistencia de la figura
de “escisión de listas”, la vulneración de la seguridad jurídica y el desconocimiento de
normas constitucionales y legales. No obstante, dicha solicitud no fue resuelta
mediante acto administrativo. Ese mismo día, se conoció que el Movimiento Pacto
Histórico realizó una modificación de sus listas ante la Registraduría, consistente en
la reinscripción de los mismos candidatos exclusivamente a su nombre, excluyendo al
movimiento Colombia Humana.

2

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó:

“1. SOLICITO SE AMPARE EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD
EN MATERIA ELECTORAL, PARTICIPACIÓN POLÍTICA y SOSTENIBILIDAD
FISCAL CONEXO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO VULNERADOS AL
PARTIDO CAMBIO RADICAL Y A TODOS LOS CIUDADANOS
COLOMBAINOS. (sic)

2. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las anteriores
pretensiones, solicito se ORDENE a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, lo siguiente:

2.1. ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
EXCLUIR DE MANERA DEFINITIVA de la tarjeta electoral de Cámara de
Representantes de Bogotá D.C., Cundinamarca, Circunscripción Internacional,
Valle del Cauca y Cauca al MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO (O en su estado
actual de coalición con el Movimiento Colombia Humana y/o demás
colectividades) en consideración que la revocatoria de inscripción está en firme
y no realizó una MODIFICACIÓN de la lista sino una REINSCRIPCIÓN:
Desconociendo la obligatoriedad de los resultados en lo relativo a la inclusión del
Movimiento Colombia Humana u otras colectividades, Desconociendo la
existencia de un acuerdo de coalición y habiendo realizado la reinscripción sin
ningún soporte legal, debido al no acatamiento de la orden del Consejo Nacional
Electoral, considerando que de acuerdo al calendario electoral ya culminó el
período de modificaciones por revocatoria de inscripción.

2.2. ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL tomar
todas las acciones necesarias para que se garantice el debido proceso y la
igualdad electoral con el fin de garantizar el respeto de las etapas sucesivas y
preclusivas del calendario electoral excluyendo al MOVIMIENTO PACTO
HISTÓRICO (O en su estado actual de coalición con el Movimiento Colombia
Humana)”2.

En la solicitud de amparo, como medida provisional deprecó:

“• ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que de manera
inmediata suspenda la impresión de tarjetas electorales, actas de escrutinio,
demás documentos y material electoral de la Cámara de Representantes de
Bogotá D.C., Cundinamarca, Circunscripción Internacional, Valle del Cauca y
Cauca.

• ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil excluir inmediatamente
de la tarjeta electoral de Cámara de Representantes de Bogotá D.C.,
Cundinamarca, Circunscripción Internacional, Valle del Cauca y Cauca al
MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO hasta que se resuelva la presente acción de
amparo constitucional”3.

Como argumento a sus pretensiones la parte actora sostuvo que las actuaciones
adelantadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil desconocieron las

2 Ibid.
3 Ibid.

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la revocatoria de
inscripción. Indicó que la orden de permitir la inscripción individual de listas no podía
cumplirse mediante la inscripción de todos los candidatos bajo un único partido
político, pues ello desconoce tanto el contenido de la decisión como la obligatoriedad
de los resultados de las consultas interpartidistas celebradas en 2025, además de
vulnerar el régimen de doble militancia.

Afirmó que la revocatoria de las listas implicaba la necesidad de presentar nuevos
candidatos, de modo que no resultaba jurídicamente válido reinscribir a los mismos.
En ese sentido, cuestionó que, bajo la figura de “modificación de candidatos”, se
hubiera efectuado una reinscripción de las listas, manteniendo a los mismos
aspirantes y excluyendo sin justificación a una de las organizaciones políticas
inicialmente participantes, lo cual, en su criterio, desconoce los acuerdos de coalición
y mantiene las listas en situación de revocatoria.

Expuso que la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, al considerar que no se respetaron las formas y requisitos previstos en la
normativa electoral, lo cual afecta la transparencia y equidad en la contienda
democrática. Finalmente, advirtió la configuración de un perjuicio irremediable, en la
medida en que la Registraduría avanzaría en la impresión del material electoral sin
haber resuelto de fondo las irregularidades señaladas, lo que, a su juicio, también
desconoce los derechos de las demás organizaciones políticas que sí cumplieron con
las reglas del proceso electoral.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 11 de febrero de 20264, la magistrada ponente de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción
de tutela; otorgó 2 días para que las accionadas rindieran informe, negó la medida
provisional y ordenó notificar a los sujetos procesales.

4.1. El Movimiento Pacto Histórico 5 solicitó declarar la improcedencia de la acción
o de manera subsidiaria negar las pretensiones de amparo. En primera medida
sostuvo que las que la controversia planteada era de naturaleza electoral y no
constitucional, pues buscaba la exclusión del Movimiento Pacto Histórico de la tarjeta
electoral, asunto propio del control judicial.

Sostuvo que no se encontraba acreditada la legitimación en la causa por activa, dado
que el accionante no demostró una afectación concreta a sus derechos fundamentales
ni un trato desigual que sustente la vulneración del derecho a la igualdad. Asimismo,
indicó que la solicitud no cumplía el requisito de subsidiariedad, en la medida en que

4
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 725A7BD47563FB05 180BE4318C87D4FE
F9409BF2DD6A82BE 5C92E09CB95E2D6F.
5 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado E73B07A7DFD0649F DA1B52DD29032D34

FA7B56AF6D21D29F E8A46C18AC262A10.
4

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

existían mecanismos ordinarios idóneos ante el Consejo Nacional Electoral y la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Finalmente, afirmó que las actuaciones cuestionadas se realizaron bajo el imperio de
la ley, dado que la modificación de listas se realizó conforme al artículo 31 de la Ley
1475 de 2011, y reiteró que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para
resolver controversias de carácter electoral.

4.2. El Consejo Nacional Electoral6 se opuso a las pretensiones de amparo porque,
no solo no se ha vulnerado, ni amenazado derecho fundamental alguno, sino además
porque esa entidad carece de competencia para satisfacer las pretensiones
formuladas por el convocante.

Expuso que, si bien el CNE expidió las Resoluciones No. 0841, 0862, 0843, 0748 y
0842 de 2026, mediante las cuales resolvió revocar inscripciones de listas a la Cámara
de Representantes de diferentes circunscripciones, lo cierto era que el proceso de
inscripción correspondía a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 solicitó declarar la improcedencia
del amparo, al señalar que la competencia para decidir sobre la revocatoria de
inscripciones corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, mientras
que su función es reglada y se limita a verificar requisitos y tramitar inscripciones y
sus modificaciones dentro de los términos legales. Indicó que, conforme al calendario
electoral, el plazo para modificar listas venció el 8 de febrero de 2026, dentro del cual
tramitó las modificaciones presentadas por la coalición Pacto Histórico y expidió los
formularios E-8 como constancia de las listas definitivas, además de remitir al Consejo
Nacional Electoral la solicitud presentada por el Partido Cambio Radical por ser de su
competencia.

Sostuvo que no existió una reinscripción irregular, sino una modificación autorizada
por el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011. En consecuencia, afirmó que la tutela es
improcedente por falta de subsidiariedad, al existir mecanismos ante el Consejo
Nacional Electoral y la jurisdicción contencioso-administrativa, y por ausencia de
vulneración de derechos fundamentales o perjuicio irremediable. Finalmente, advirtió
que, a menos de veinte días de las elecciones, resulta inviable excluir las listas por el
estado avanzado del proceso electoral y la prevalencia del interés general.

4.4. Encontrándose el expediente al despacho del juez constitucional de primera
instancia para proferir sentencia, el accionante allegó escrito con el que aportó los

6
Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado CBDE25FC0C05E49B 36359FF7FEDFEC6C
202D713BE1D9664B 91A7D98955317007.
7 Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 9EF24B614C9B10FC 63D876D7D8F2BA83

D5C113D46972D076 0BDCD6196E3E8B28.
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Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

formularios E-7 proferidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil con los que
inscribió nuevamente a los candidatos del Movimiento Pacto Histórico.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A,
mediante sentencia del 23 de febrero de 20268, declaró la improcedencia de la acción
por no superar el requisito de subsidiariedad. Explicó que, la parte accionante
pretendía, en esencia, obtener la exclusión definitiva de determinadas listas de la
tarjeta electoral, bajo el argumento de que la modificación de las mismas era contraria
a la Constitución y la ley.

En ese sentido, indicó que los cuestionamientos se dirigían directamente contra actos
administrativos de naturaleza electoral, cuya legalidad corresponde ser examinada
por la jurisdicción contencioso-administrativa, escenario natural para el estudio de
eventuales vicios de legalidad, indebida interpretación normativa o extralimitación en
ejercicio de competencias constitucionales y legales.

Por lo tanto, el juez constitucional de la primera instancia adujo que el convocante no
acreditó la inexistencia de mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni demostró su
falta de idoneidad o eficacia para la protección de las garantías fundamentales.
Además, tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable en términos
de gravedad, urgencia e inminencia que habilite la intervención del juez de tutela.

6. Impugnación9

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Reiteró todos los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo. Sostuvo que la acción de tutela sí
superaba el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el mecanismo
constitucional era procedente contra actos administrativos expedidos en trámites
electorales.

Explicó que la Corte Constitucional en la sentencia T-371 de 2024 analizó la
procedencia de la acción de tutela en el marco del procedimiento administrativo
electoral y explicó que por regla general esta no procede para cuestionar los actos
administrativos de trámite, puesto que no expresan en concreto la voluntad de la
administración y, además, son susceptibles de control por parte del juez de lo
contencioso administrativo cuando se controvierte la legalidad del acto administrativo
definitivo.

Sin embargo, adujo que la Corte también ha determinado que, de manera excepcional,
la tutela procede siempre que se acrediten tres requisitos: (i) que la actuación

8
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 7A47798C55033E2F EDEF07C3F0B7FA99
67199DC85146A268 9E2ED59C4DAA1FA6.
9 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado F4759839504E3945 F20C75E687D52C0D

BA3AE5C01258FF15 FC58DCFF49738BA9.
6

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

administrativa de la cual hace parte el acto de trámite no haya concluido, (ii) que el
acto defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y
(iii) que el acto ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental. Requisitos que consideró acreditados.

Mediante auto del 11 de marzo de 202610, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A concedió la
impugnación interpuesta por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 23 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción por no
superar el requisito de subsidiariedad.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se configuró la carencia
actual de objeto por daño consumado, por la presunta vulneración de los derechos
invocados por el accionante.

3. Carencia actual de objeto

Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se creó como un
procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, frente a violaciones o amenazas de las autoridades públicas o de
particulares. En este sentido, el juez de tutela debe dictar órdenes de cumplimiento
inmediato para hacer cesar la vulneración de los derechos.

Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reiterado que “ante la
alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”11.

10 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 9FDD15F91AE10179 0D568FA00CBAB83F

FD3313FD9584901C FD62DA46F16A448B.
11
Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de
2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la
situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha
modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la controversia
desaparece, en tres eventos que se conocen como daño consumado, hecho superado
o situación sobreviniente; situaciones en las que carece de sentido un
pronunciamiento de fondo, pues “la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío”.12

Así las cosas, la carencia de objeto se presenta: i) por hecho superado, cuando por
alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado,
cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez
constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii ) por
situación sobreviniente, cuando se presenta cualquier circunstancia que haya hecho
cesar la vulneración de los derechos fundamentales.

En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por daño, la Corte Constitucional
ha señalado, lo siguiente:

“(…) 33. El daño consumado se presenta cuando se ha perfeccionado la
afectación que mediante la tutela se pretendía evitar, de manera que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es posible que el juez de tutela dicte una orden para retrotraer la situación.13
Esta figura amerita algunas precisiones adicionales: i) si al presentar la tutela es
claro que el daño ya ocurrió, el juez, en principio, debe declarar improcedente el
amparo, pero si éste se consuma durante el trámite de primer o segunda instancia
o en sede de revisión, el juez puede dictar órdenes adicionales a fin de proteger
la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar a los
responsables; y ii) el daño debe ser irreversible pues de lo contrario si es posible
interrumpirlo, retrotraerlo o mitigarlo por orden judicial, no puede decretarse la
carencia de objeto”14.

4. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por daño consumado, por las razones que se
exponen a continuación:

4.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora aduce la vulneración
de los derechos a la sostenibilidad fiscal, el debido proceso administrativo, igualdad
en materia electoral y a la participación política, con ocasión a las actuaciones del
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil que

derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de
administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de
inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al
momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes
a las iniciales”.
12 Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también, sentencias T-535 de 1992. M.P.

Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; y T-033 de 1994. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
13
Ver, entre otras, las sentencia T481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
14 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

permitieron la modificación de listas a la Cámara de Representantes por parte del
Movimiento Pacto Histórico, con posterioridad a decisiones de revocatoria de
inscripción, y al no acceder a la solicitud de exclusión definitiva de dicha colectividad
de la tarjeta electoral en determinadas circunscripciones.

4.2. En consecuencia, se advierte que las pretensiones de la accionante se encaminan
a obtener la exclusión definitiva de la lista del Movimiento Pacto Histórico de las
elecciones para la Cámara de Representantes de determinadas circunscripciones
para el periodo 2026 – 2030.

4.3. Sobre el particular, esta judicatura advierte que, sería del caso entrar a determinar
si la acción de tutela supera los requisitos de procedibilidad de tutela para establecer
si se debe realizar un estudio de fondo, de no ser porque, a la fecha, ya no sería
posible acceder a la pretensión de la acción de tutela, consistente en: “EXCLUIR DE
MANERA DEFINITIVA de la tarjeta electoral de Cámara de Representantes de Bogotá
D.C., Cundinamarca, Circunscripción Internacional, Valle del Cauca y Cauca al
MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO (O en su estado actual de coalición con el
Movimiento Colombia Humana y/o demás colectividades) en consideración que la
revocatoria de inscripción está en firme y no realizó una MODIFICACIÓN de la lista
sino una REINSCRIPCIÓN: Desconociendo la obligatoriedad de los resultados en lo
relativo a la inclusión del Movimiento Colombia Humana u otras colectividades,
Desconociendo la existencia de un acuerdo de coalición y habiendo realizado la
reinscripción sin ningún soporte legal, debido al no acatamiento de la orden del
Consejo Nacional Electoral, considerando que de acuerdo al calendario electoral ya
culminó el período de modificaciones por revocatoria de inscripción”15. Esto en el
entendido que, en el presente asunto, ya se produjo la presunta afectación que se
pretendía evitar con el ejercicio del mecanismo constitucional de la referencia.

Lo anterior, en la medida en que constituye un hecho notorio que el 8 de marzo de
202616 se celebraron las elecciones en las que el convocante pretendía la exclusión
de la lista presentada por el Movimiento Pacto Histórico. En consecuencia, ya no
resulta posible impartir una orden encaminada a evitar o mitigar dicha situación, dado
que la jornada electoral culminó con la participación de las listas de candidatos
inscritas por ese partido.

En este punto, la Sala advierte que lo alegado por el solicitante de amparo se relaciona
con la legalidad de actos electorales, no con una afectación directa a derechos
fundamentales de carácter personal, situación permite colegir que no existe gravedad
en términos constitucionales.

15 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. AAAE878EC5F82BBC 1063C403BEF21D4C
D90A0C0626351081 F279BBF4F5901AB5, carpeta “11001011002420260009100”, archivo “002Escritodetutela”.
16
Consultar: https://www.registraduria.gov.co/El-Registrador-Nacional-presento-el-calendario-electoral-
para-las-elecciones-al.html

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00074-01
Accionante: Germán Córdoba Ordóñez

Al margen de lo expuesto, esta judicatura pone de presente que en el expediente no
obra prueba alguna de que a la fecha la Registraduría se haya pronunciado sobre la
solicitud presentada por la parte actora. En ese orden de ideas, si bien no resulta
procedente dictar una orden sobre el particular, en la medida que las pretensiones
iniciales únicamente dirigieron a que se ordenara la exclusión de la inscripción de los
candidatos lista indicada, sí resulta procedente exhortar a la mencionada autoridad
para que, en caso de que no lo haya hecho, adopte una decisión célere respecto a las
peticiones elevadas por el solicitante del amparo, dentro del marco de sus
competencias.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión impugnada, para en su lugar, declarar
la carencia actual de objeto por daño consumado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2026 por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: EXHORTAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en
caso de que no lo haya hecho, adopte una decisión célere respecto a la petición
elevada por el solicitante del amparo el 8 de febrero de 2026, dentro del marco de sus
competencias.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

10

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