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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00077-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00077-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Ana Lucía Gil 20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 12 Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01 Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco Casteblanco contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2026-00077-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de abril de 2026

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco
Accionado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La señora Ana Lucía Gil Casteblanco, actuando en nombre propio1, promovió acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, al debido proceso y a la tutela efectiva judicial, los cuales
estima vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.

Aunque en principio podría inferirse que la solicitud se sustenta en una presunta mora
judicial en el trámite de la impugnación formulada dentro de la acción de tutela radicada
con el número 11001-33-35-012-2025-00356-00, del análisis integral del escrito se
advierte que su inconformidad se dirige, en realidad, contra el auto del 7 de noviembre
de 2025, mediante el cual se rechazó por extemporánea dicha impugnación, así como
contra la providencia del 3 de febrero de 2026 que decidió no reponer esa determinación.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 7304F0E628B7A28C
075629C9F53DEB41 530E092D3D7DAD43 4834D91BEDC60466.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

2.1. La accionante manifestó que, junto con su núcleo familiar, presentó derecho de
petición ante Colpensiones el 10 de julio de 2024, bajo el radicado 2024_139438182024,
con el fin de obtener el reconocimiento de la indemnización sustitutiva pensional con
ocasión del fallecimiento de su hermana, María Julia Gil Casteblanco (q.e.p.d.), ocurrido
el 5 de septiembre de 2022.

2.2. Mediante Resolución SUB54179 del 19 de febrero de 2025, radicado 2025-2782875,
Colpensiones negó la solicitud.

2.3. Contra esa decisión interpuso los recursos de ley; sin embargo, ante la ausencia de
respuesta de fondo durante más de seis meses, promovió acción de tutela el 12 de
septiembre de 2025.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá bajo el radicado 11001-33-35-012-2025-00356-00, autoridad que, mediante
sentencia del 26 de septiembre de 2025, negó el amparo al considerar que la accionante
acudió a un canal inadecuado ante Colpensiones. Dicha decisión se notificó a las partes
por correo electrónico el 29 de septiembre de 2025.

2.5. El 28 de octubre de 2025 el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

2.6. El 29 de octubre de 2025 la accionante solicitó dar trámite a la impugnación que
afirma haber presentado el 29 de septiembre de 2025, para lo cual aportó una captura de
pantalla del envío realizado a diversas direcciones electrónicas.

No obstante, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, el juzgado rechazó por
extemporánea la impugnación, al considerar que el término para interponerla vencía el 6
de octubre de 2025.

2.7. Inconforme con la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y
reiteró los argumentos mencionados.

2.8. Mediante auto del 3 de febrero de 2026, el juzgado resolvió no reponer la providencia
recurrida, al advertir que el correo utilizado para remitir la impugnación
(samai@notificacionesrj.gov.co) no correspondía al canal oficial habilitado
(admin12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co), el cual había sido informado oportunamente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, que se ordene al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá dar
trámite a la impugnación presentada el 29 de septiembre de 2025.

Como sustento, afirmó que interpuso oportunamente la impugnación y que la autoridad
judicial omitió su trámite. Añadió que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional

2

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Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

y que, con posterioridad, recibió notificaciones a través del mismo correo electrónico 2 que
previamente había sido desconocido por el despacho judicial.

Finalmente, señaló que han transcurrido aproximadamente veinte meses sin que
Colpensiones haya adoptado una decisión de fondo, situación que, en su criterio, agrava
la afectación de sus derechos, dadas sus condiciones personales y económicas.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 12 de febrero de 20263, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección B admitió la acción de tutela; requirió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera copia del expediente de tutela
objeto de la presente acción; vinculó como tercera con interés a la Administradora
Colombiana de Pensiones-Colpensiones y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Procuraduría General de la Nación 4 allegó concepto en el que indicó que en el
asunto no se configura un perjuicio irremediable, ya que la tutela busca un
pronunciamiento de fondo por parte de Colpensiones frente a los recursos interpuestos,
y el silencio de la entidad constituye un acto administrativo susceptible de control judicial.

Asimismo, concluyó que no hubo vulneración de los derechos al debido proceso ni al
acceso a la administración de justicia. Esto, porque el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá actuó conforme a la normativa aplicable al rechazar la impugnación
presentada por la accionante, dado que fue radicada de manera extemporánea.

En efecto, explicó que la sentencia de tutela fue notificada el 29 de septiembre de 2025
y el término para impugnar vencía el 6 de octubre siguiente; sin embargo, la impugnación
fue presentada el 29 de octubre de 2025, sin que existiera prueba de una presentación
oportuna. Por ello, el rechazo de la impugnación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.

4.2. Colpensiones5 informó que el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, mediante
auto del 3 de febrero de 2026, resolvió lo concerniente a la impugnación presentada por
Ana Lucía Gil dentro del expediente 11001-33-35-012-2025-00356-00, decisión en la que
la entidad no tuvo intervención.

Señaló que la Resolución SUB 54179 del 19 de febrero de 2025 se encuentra en firme,
ya que no se interpusieron recursos en tiempo ni por los canales idóneos; además,

2 samai@notif icacionesrj.gov.co,
3 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado C8C2BADFFD1DD92D 6B3FCE36FC3A8180

F474FC26515C0A60 2D6B8AEC59E01112.
4
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado 53567A6E58436072 1ADB33668BA38001
169CF28381467D4C 98807DBD04227920.
5 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 34834C0B5158BEE4 4966E218451D15BC

1BA3F5BAB4221A8F A51A18858D745B67.

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

precisó que el correo notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co no era un canal
válido para presentar recursos administrativos.

Asimismo, indicó que la controversia ya fue resuelta en la tutela fallada el 26 de
septiembre de 2025, por lo que existe cosa juzgada y no hay trámites pendientes. En
consecuencia, solicitó negar la tutela por improcedente, al pretender reabrir un asunto ya
decidido y dirigirse contra una sentencia de tutela.

4.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá6 allegó copia digital del
expediente de tutela y realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del
trámite constitucional. Conforme a lo expuesto, consideró que no se vulneró derecho
fundamental alguno.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de febrero de 20267, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B negó la solicitud de tutela.

Sostuvo que la parte actora pretendía imputar una mora judicial respecto de la decisión
pertinente ante la impugnación presentada el 29 de septiembre de 2025, en contra del
fallo del 26 de septiembre del mismo año.

Adujo que, una vez revisado el expediente, se constató que la solicitante aportó prueba
de que remitió el escrito de impugnación el 29 de septiembre de 2025 al correo electrónico
samai@notificacionesrj.gov.co, sin embargo, este no era el canal adecuado para allegar
el referido memorial. Esto, teniendo en cuenta que, mediante el auto admisorio del 12 de
septiembre de 2025, el juzgado informó que el canal habilitado para recibir memoriales
era admin12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Así las cosas, explicó que el correo remitido a un canal diferente debía entenderse como
no recibido por la autoridad judicial y, por ende, dado que solo hasta el 29 de octubre de
2025 la parte actora remitió en debida forma el escrito de impugnación, para dicha fecha
ya había transcurrido el término legal dispuesto para presentar la oposición al fallo de
primera instancia dentro de la acción de tutela 11001-33-35-012-2025-00356-00, por lo
que la misma resultó extemporánea.

En consecuencia, el juez constitucional de primera instancia, advirtió que no existía
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

6. Impugnación8

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos

6 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 1CB85CAA847009D5 17B92CD6E3D838E4

43CB9D1AF04E1742 C7A8135270EDBE1F.
7
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 2DCD8863A9E639E6 AD7C91E72210C729
8F03432F956B3657 C5D1C6D430B3D7C4.
8 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado F84CF20163A2D2E4 29307155801C112A

904927B7B8E5AA18 45E7C8008DE6E3DD.

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Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

expuestos en la solicitud de amparo. Sostuvo que el correo electrónico al cual remitió la
impugnación fue utilizado por el despacho judicial para notificar actuaciones, por lo que
consideró que debía ser válido para la recepción de memoriales.

Adicionalmente, indicó que las condiciones de conectividad en su lugar de residencia
dificultan el acceso adecuado a los medios electrónicos.

Mediante auto del 27 de febrero de 20269, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B concedió la
impugnación interpuesta por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que la señora Ana Lucía Gil Casteblanco es titular de los derechos fundamentales
cuya protección invoca, en su condición de accionante dentro de la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 11001-33-35-012-2025-00356-00.

2.2. De igual manera, se acredita la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá profirió las decisiones que, a juicio
de la accionante, desconocieron las garantías constitucionales invocadas.

2.3. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de tutela no delimita con
claridad la providencia objeto de cuestionamiento. No obstante, de la lectura integral del
escrito de amparo y de los elementos probatorios obrantes en el expediente, se infiere
que la inconformidad de la actora se dirige contra el auto del 7 de noviembre de 2025,
mediante el cual se rechazó por extemporánea dicha impugnación, así como contra la
providencia del 3 de febrero de 2026 que decidió no reponer esa determinación .

En consecuencia, el estudio de fondo se circunscribirá al auto del 3 de febrero de 2026,
en tanto constituye el acto procesal definitivo dentro del trámite cuestionado y concreta
la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados.

9 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 430FFFA2E41EB7D0 078930548C105B8C

33DFA4B98E12C33B 9EA4222242D7805B.

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Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
18 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección B, mediante la cual se negó la acción de tutela.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza y
contra actuaciones de los jueces de tutela

La Corte ha señalado que, para que proceda la solicitud de amparo, es necesario que la
providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida; por lo cual, se debe distinguir si esta se dirige contra el fallo proferido en el
proceso de tutela o contra una actuación previa o posterior a esta

Así pues, cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso diferentes
a la sentencia, que es lo que nos interesa para la resolución del presente caso, la Corte
aludió lo siguiente:

“Con todo, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la solicitud de amparo
cuando esta se dirige contra otro tipo de actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia. Para ello, es necesario distinguir si estas se produjeron con
anterioridad o con posterioridad al fallo. En el primer caso, la tutela procede cuando,
cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, el accionante controvierte, por
ejemplo, “la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”.
En la segunda hipótesis, la acción de tutela procede cuando se reclama alguna
garantía fundamental que habría sido vulnerada en el trámite del incidente de
desacato o en el trámite de impugnación del fallo de tutela”14.

En esos términos, explicó la Corte que la acción de tutela solo procede contra fallos de
la misma naturaleza cuando no han sido proferidos por la Corte Constitucional y exista
fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela, siempre y cuando no
busquen el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia.

En consecuencia, la Sala advierte que, en principio, la solicitud de amparo resulta
susceptible de análisis, en la medida en que se dirige contra el auto que decidió no
reponer una providencia proferida en el trámite de una acción de tutela. No obstante, se
continuará con el examen de los demás requisitos generales de procedibilidad, con el fin
de determinar si en el caso concreto se cumplen las condiciones que habilitan el estudio
de fondo de la controversia.

4.2. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la

13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional T-298 de 2023.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico; y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,

15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00077-01
Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 16.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela, por no superarse el requisito de
relevancia constitucional, conforme a las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el presente asunto, la Sala advierte que, aunque inicialmente podría pensarse
que la acción de tutela se dirige contra la supuesta demora en resolver una impugnación
interpuesta contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida dentro de la
acción de tutela radicada bajo el número 11001-33-35-012-2025-00356-00, lo cierto es
que, a partir de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, se colige que la
inconformidad de la actora se dirige contra el auto del 7 de noviembre de 2025, mediante
el cual se rechazó por extemporánea dicha impugnación, así como contra la providencia
del 3 de febrero de 2026 que decidió no reponer esa determinación .

Al analizar las actuaciones del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, se
evidencia que la sentencia de tutela fue notificada el 29 de septiembre de 2025, por lo
que el término para impugnar vencía el 6 de octubre siguiente. Sin embargo, la actora
presentó la impugnación el 29 de octubre, esto es, fuera del término legal, razón por la
cual fue rechazada por extemporánea.

Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto mediante auto del 3 de febrero de 2026, oportunidad en la que la
autoridad judicial decidió no reponer la decisión impugnada y, en consecuencia, mantener
incólume el rechazo por extemporaneidad de la impugnación, bajo las siguientes
consideraciones:

“En efecto, el fallo de tutela fue proferido el 26 de septiembre de 2025 y notificado por
correo electrónico el 29 de septiembre de 2025, por lo tanto, el término para impugnar
vencía el 6 de octubre de 2025. Según la Ley 2213 de 2022, el término para impugnar
el fallo de tutela inicia 2 días hábiles después de la remisión del mensaje de datos,
por su parte, el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que, dentro de los
tres días siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el solicitante.

La accionante señala que radicó el recurso el mismo 29 de septiembre, a través del
correo samai@notificacionesrj.gov.co. Esta dirección no corresponde al dominio
institucional del juzgado, ni constituye un canal oficial para la radicación de escritos
procesales. En consecuencia, dicho mensaje no fue recibido ni tramitado por el
juzgado, ni ingresó al sistema de gestión judicial SAMAI, por lo que no puede tenerse
como válida la presentación del recurso dentro del término legal”17.

La autoridad judicial indicó que, en el auto admisorio de la acción de tutela, se estableció
de manera expresa que la radicación de memoriales debía efectuarse a través del correo

16
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 2DDBB8B992FD1821

5C04971DF6328EAD FA2B571BC18B1574 89A420BC2441DDB6. Expediente digital de tutela, archivo
“18AutoNiegaReposicion03022026.pdf”.

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Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

institucional admin12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co. Asimismo, precisó que la propia
accionante reconoció no haber presentado la impugnación por dicho canal oficial.

Con el fin de respaldar dicha afirmación, el despacho incorporó una captura de pantalla
de la parte resolutiva del auto admisorio correspondiente al trámite identificado con el
radicado 11001-33-35-012-2025-00356-00:

Con fundamento en lo expuesto, el tribunal concluyó que:

“El correo electrónico samai@notificacionesrj.gov.co. es ajeno al despacho, y por lo
tanto no se le puede hacer seguimiento. Como la carga de verificar y utilizar el canal
correcto recae en la parte interesada, la utilización de un correo institucional no
autorizado no suple el cumplimiento de las reglas procesales ni puede trasladar al
despacho las consecuencias de un error en la radicación, máxime cuando las
instrucciones sobre el canal habilitado fueron claras y expresas desde el inicio del
trámite.

Solo hasta el 29 de octubre de 2025, cuando el término para impugnar se encontraba
ampliamente vencido, la actora dirigió comunicación al correo institucional autorizado
del despacho, razón por la cual la impugnación fue correctamente rechazada por
extemporánea.

En ese contexto, la decisión adoptada mediante el auto del 7 de noviembre de 2025
se ajusta a derecho y no vulnera el debido proceso ni el acceso a la administración
de justicia, pues la extemporaneidad del recurso obedece exclusivamente al
incumplimiento del canal y del término legal por parte de la recurrente.

Adicionalmente, el 28 de octubre de 2025 antes de que el despacho conociera de la
impugnación, el expediente digital fue remitido a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, conforme con lo previsto en el inciso segundo del artículo 31 del

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Decreto Ley 2591 de 1991, por lo que el expediente entró en la base interna de
procesos terminados”18.

5.2. Se advierte que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá expuso de
manera suficiente las razones por las cuales rechazó por extemporánea la impugnación,
al constatar que la parte actora no acreditó su presentación a través del canal dispuesto
para tal efecto.

En particular, precisó que, si bien la accionante afirmó haber radicado la impugnación el
29 de septiembre de 2025, lo cierto es que la remitió al correo electrónico
samai@notificacionesrj.gov.co, el cual no correspondía a un canal oficial ni se encontraba
habilitado por el despacho. Señaló, además, que el medio autorizado para la recepción
de memoriales era admin12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, circunstancia que era
conocida por la actora. En consecuencia, concluyó que la impugnación no podía tenerse
como válidamente presentada.

Bajo este contexto, los elementos expuestos permiten a la Sala inferir que el asunto
sometido a consideración fue examinado por el juez competente con fundamento en los
hechos acreditados y en las normas aplicables. Asimismo, no se evidencia que la decisión
haya sido adoptada de manera arbitraria, carente de sustento o sin el debido análisis
jurídico, ni que durante el trámite se hubieren vulnerado los derechos fundamentales de
la parte actora.

5.3. Ahora bien, se observa que la parte actora omitió estructurar sus inconformidades a
partir de la configuración de alguno de los defectos que habilitan, de manera excepcional,
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta circun stancia
evidencia que su desacuerdo se circunscribe a un asunto de mera legalidad, sin que se
advierta un esfuerzo argumentativo orientado a demostrar la vulneración de derechos
fundamentales.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitu cional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 19.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

18 Ibid.
19 Sentencia SU-215 de 2022.

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5.4. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de la
acción de tutela, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco del proceso constitucional, sin esbozar las razones concretas
por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con la
providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que,
como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Esto, aunado a que el actor no presentó reparos concretos en contra de los argumentos
que llevaron al tribunal a declarar la nulidad de los actos.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis realizado por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá no habilita
al juez constitucional para que interfiera en la apreciación realizada por la autoridad
judicial, en tanto no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de
carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue
zanjado por el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.

En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, para, en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Ana Lucía Gil

20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Accionante: Ana Lucía Gil Casteblanco

Casteblanco contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

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