RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00094-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00094-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00094-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO: Confirmar la sentencia de 3 de marzo de 2026 proferida por el 14 «Corte Constitucional, sentencias T-903 de 2010, T-707 de 2011, T-092 de 2016 y T-251 de 2018, entre muchas otras». 15 «Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014». 16 «Corte Constitucional, sentencias T-864 de 1999, T-498 de 2000 y T-571 de 2015, entre otras». 17 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2025, M.P. Diana Fajardo Rivera. Cursiva del texto original. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Fernando Tribin Echeverry Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el sentido de denegar el amparo de tutela solicitado por el señor Fernando Tribin Echeverry. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00094-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de abril de 2026

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00094-01
Demandante: FERNANDO TRIBIN ECHEVERRY
Demandado: JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial justificada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia de 3 de marzo de 2026, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, «negó por
improcedente» el amparo solicitado en la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Fernando Tribin Echeverry, por conducto de apoderado judicial,
promovió la tutela1 contra el Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Esto, con ocasión de la presunta demora en la que incurrió la autoridad judicial
accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra la Procuraduría General de la Nación con radicado 11001-
33-35-012-2023-00230-00, toda vez que no ha fijado fecha para que se surta la
audiencia inicial o resuelto la litis mediante sentencia anticipada.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: DECLARAR, que el JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ha incurrido (i) en un claro
desconocimiento del principio de celeridad contenido en el artículo 228 de la
Constitución Política, en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, y en el numeral 13

1
El 17 de febrero de 2026.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

del artículo 3 del C.P.A.C.A., (ii) en una omisión de sus deberes contenidos en el
los numerales 1 y 8 del artículo 42 del C.G.P., y por consiguiente, (iii) en una
mora desproporcional e injustificada en el trámite que se menciona.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi
poderdante FERNANDO TRIBIN ECHEVERRY.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que, dentro del término improrrogable de 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia, proceda sin más dilación a emitir auto
de sentencia anticipada o fijar fecha de audiencia inicial.2

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El accionante relató que el 29 de junio de 2023 promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la
Nación, con el propósito de obtener el reconocimiento de la bonificación por
compensación.

Narró que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, el 2 de agosto de 2023,
manifestó su impedimento para resolver el asunto.

Señaló que el expediente se remitió al Juzgado Primero Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, debido a la medida de
descongestión establecida en el Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de
20233, la cual finalizó el 15 de diciembre de ese mismo año, así que retornó al
juzgado de origen.

Afirmó que el 24 de febrero de 2024, el proceso fue asignado al Juzgado 404
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial Bogotá, el cual admitió la
demanda el 17 de junio de 2024 y corrió traslado a las partes el 17 de
septiembre del mismo año.

Indicó que el litigio actualmente está a cargo del Juzgado 801 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de otra medida
transitoria determinada por el Consejo Superior de la Judicatura.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del accionante, el Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Bogotá incurrió en una tardanza injustificada en el proceso sometido
a su consideración, dado que no se ha fijado la fecha en la que se realizará la
audiencia inicial o proferido sentencia anticipada, pese a que han transcurrido
17 meses desde que se surtió la última actuación, término que resulta

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
El Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de tres juzgados administrativos
transitorios en el Circuito Judicial de Bogotá, cuya competencia comprendió las reclamaciones
salariales y prestacionales promovidas por servidores públicos de la Rama Judicial y con
régimen similar.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

desproporcionado y originó la transgresión de sus derechos fundamentales
invocados.

1.5. Actuaciones procesales en primera instancia

Mediante auto de 17 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, admitió la acción constitucional
y ordenó notificar esta decisión al actor y como demandado al juez 801
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá. Además, vinculó al
procurador general de la Nación en calidad de tercero con interés.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente
intervención:

1.5.1. Procuraduría General de la Nación

En el informe rendido solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto los hechos que dieron origen a la presunta transgresión de
los derechos fundamentales del actor no se derivaron de alguna actuación de
esta entidad, sino que son atribuibles al juzgado que tiene a cargo el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-2023-
00230-00.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
en sentencia de 3 de marzo de 2026, «negó por improcedente» la acción de
tutela al concluir que no se configuró la mora judicial injustificada alegada por
el señor Tribin Echeverry, teniendo en cuenta que la dilación a la que hizo
alusión obedece a circunstancias administrativas.

Así, explicó que el juzgado accionado no rindió el informe solicitado y, en
principio podría aplicarse la presunción de veracidad y tener por acreditados
los hechos relatados por el actor. Sin embargo, a dicha autoridad no se le
podía atribuir la tardanza alegada, pues fue creado a inicios del año 2026
mediante el Acuerdo PCSJA25-12377 del 30 de diciembre de 2025, por lo que
llevaba, para aquella época, dos meses funcionando.

Además, el a quo puso de presente que el demandante no había presentado
impulsos procesales a los juzgados que han conocido del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de
la Nación, por lo que no se encontraba acreditada la vulneración de sus
derechos fundamentales.

1.7. Impugnación

Mediante escrito presentado el 13 de marzo del año en curso4 el demandante

4
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 10 de marzo
de 2026.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

impugnó el fallo de primera instancia y reiteró que su proceso ha superado los
términos establecidos para que se dicte el auto por medio del cual se convoque
a la audiencia inicial o que ordene proferir sentencia anticipada, así que se
configuraba una demora que no podía entenderse convalidada por el silencio
de las partes.

Así, el actor destacó que no era aceptable que el a quo justificara la dilación
procesal en razones administrativas –los impedimentos de jueces y la creación
de juzgados transitorios–, pues dichas cargas no debían trasladarse a él. De
modo que, se dejó desprotegido su derecho a obtener una decisión oportuna y
se permitió que la parálisis del proceso se prolongue indefinidamente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 3 de marzo de 2026, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 20195.

2.2. Cuestión previa

La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese sido resuelto por el a
quo.

Sobre el particular, se advierte que esta petición será denegada por cuanto
esta entidad fue vinculada en atención al posible interés que le asiste en las
resultas del presente asunto, dado que es la parte demandada en el proceso
dentro del cual se originó la presunta demora invocada por el actor, así que su
comparecencia resultaba necesaria para garantizar su derecho de defensa y
contradicción, por cuanto podría verse afectada por la decisión que se adopte
en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el Juzgado
801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del accionante, al incurrir en la presunta mora judicial en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-2023-
00230-00.

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) mora judicial y análisis del iii) caso
concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional, según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6.º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la
protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.5. Mora judicial

La Corte Constitucional explicó que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos.6

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o, c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en
la ley.7

Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado en el evento en que: a) se presente un incumplimiento en los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente; b) se desborda el concepto de plazo razonable que
involucra el análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global del
procedimiento; y, c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel
retraso.8

6
Sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
7
Sentencia T-803 de 2012.
8
Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

En criterio de la sala, existe mora judicial cuando hay dilación injustificada al
resolver los asuntos sometidos a la competencia de una autoridad judicial y, en
el evento de acreditarse esta conducta, constituye la transgresión del derecho
de acceso a la administración de justicia y, por contera, al debido proceso.

2.6. Caso concreto

El señor Tribin Echeverry cuestionó la presunta dilación injustificada en la que
incurrió el Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bogotá, dado que no ha fijado fecha para que se surta la audiencia inicial o
proferido la sentencia anticipada que dirima el litigio planteado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría
General de la Nación.

En primera instancia se «negó por improcedente» la acción de tutela, debido a
que el a quo consideró que la situación controvertida por el actor obedecía a
circunstancias administrativas, las cuales no podían ser atribuidas al juzgado
accionado pues, aunque no intervino en el trámite de la tutela y ello daría para
aplicar la presunción de veracidad, dicho despacho había iniciado funciones a
comienzos del año 2026, por lo que tenía poco tiempo en funcionamiento.

En desacuerdo con la anterior decisión, el accionante la impugnó con respaldo
en que sí se configura en su caso una tardanza injustificada, la cual no podía
excusarse en dificultades administrativas, ni considerarse convalidada por el
silencio de las partes, pues ello implica trasladar a los usuarios de la
administración de justicia cargas que no les corresponden y permite la
paralización indefinida de un litigio.

Al revisar las actuaciones surtidas en el medio de control promovido por el
actor identificado bajo el radicado 11001-33-35-012-2023-00230-009, se
constató que las más relevantes que se han adelantado son las siguientes:

• El 29 de junio de 2023 se radicó la demanda.

• El 2 de agosto de 2023, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá manifestó su impedimento para conocer del asunto.

• El 8 de septiembre de 2023 se remitió el expediente al Juzgado Primero
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, en atención a las
medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la
Judicatura10 y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá11.

• El 15 de diciembre de 2023 el proceso retornó al juzgado de origen, debido a
la terminación de la disposición transitoria.

9
Según las pruebas aportadas con el escrito de tutela y las actuaciones visibles en el siguiente
enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501220
2300230001100133
10
En el Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de 2023.
11
Mediante el Acuerdo CSJBTA22-110 del 21 de octubre de 2022 y el Oficio CSJBTO23-483
del 6 de febrero de 2023.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

• El 24 de febrero de 2024 la litis fue asignada al Juzgado 404 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial Bogotá que, en providencia de 17 de junio de
2024 admitió la demanda y el 17 de septiembre del mismo año corrió traslado a
las partes.

• El conocimiento del medio de control le correspondió al Juzgado 801
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, dado que en el
Acuerdo PCSJA25-12377 del 30 de diciembre de 2025 el Consejo Superior de
la Judicatura dispuso, entre otras, la creación de varios despachos transitorios
con vigencia del 13 de enero al 11 de diciembre de 2026.

Del anterior recuento se advierte que aun cuando la autoridad judicial
accionada no ha proferido alguna de las decisiones que el actor echa de
menos y que permita la continuación del proceso, se concuerda con el a quo
en que la demora advertida obedece a circunstancias ajenas a su voluntad y no
a una actuación negligente, máxime cuando dicho despacho inició labores este
año.

Nótese que el tiempo transcurrido en el medio de control presentado por el
señor Tribin Echeverry corresponde a etapas anteriores en las que el proceso
estuvo a cargo de otras autoridades judiciales, así que la demora obedece a
razones administrativas, como el impedimento manifestado por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la posterior creación de
despachos transitorios para atender reclamaciones prestacionales de
servidores de la Rama Judicial y entidades con régimen similar.

Esto quiere decir que el retraso judicial alegado por el accionante responde a
razones objetivas y verificables, derivadas de las medidas adoptadas por el
Consejo Superior de la Judicatura para superar la congestión que se ha
originado en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de
naturaleza laboral administrativa, las cuales a su vez han generado la
reasignación periódica de expedientes entre juzgados de planta y transitorios.

De este modo, se advierte que el litigio del actor no se ha resuelto de fondo por
hechos que no son atribuibles a la conducta del Juzgado 801 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, sino a la redistribución de
expedientes derivada de la creación de despachos transitorios para atender el
volumen de casos relacionados con las materias mencionadas.

Ahora bien, esta corporación, siguiendo los lineamientos de la Corte
Constitucional12, ha señalado que el principio de veracidad previsto en el
artículo 2013 del Decreto 2591 de 1991 opera cuando el juez requiere al
demandado para pronunciarse sobre los hechos y este guarda silencio, evento
en el cual tales afirmaciones se presumen ciertas.

Sin embargo, dicha presunción no implica que el juez deba acceder
automáticamente a las pretensiones del accionante, pues conserva la facultad

12
Al respecto, ver entre otras la sentencia T-260 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13
«ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del
plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo
que el juez estime necesaria otra averiguación previa».

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

de decidir con respaldo en el material probatorio obrante en el expediente.
Sobre este punto, en la sentencia la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

36. El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 contempla la figura de la presunción
de veracidad que debe ser aplicada cuando el juez ordena a la parte demandada
pronunciarse sobre los hechos objeto de la acción de tutela y a pesar de ello,
esta guarda silencio. En el presente caso, en principio, debería aplicarse dicha
presunción y tenerse por ciertos los hechos expuestos en el escrito de tutela
ante el silencio de la accionada (...).

37. Sin embargo, como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia
constitucional la presunción de veracidad exige que sea posible identificar la
vulneración de derechos fundamentales a partir de otros elementos de juicio que
obren en el expediente y de acuerdo con la valoración que efectúe el juez de
tutela.14La presunción de veracidad exige al juez de tutela ejercer su deber de
decretar pruebas de oficio para sustentar sus decisiones en la realidad y
asegurar la prevalencia del derecho sustancial15, debe adelantar actuaciones
mínimas y razonables para verificar los hechos sometidos a su consideración,
con el fin de determinar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.16

38. Por tanto, de acuerdo con la Corte Constitucional “no puede el juez de tutela
precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, sino
que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante la
adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente de la
situación fáctica y jurídica sobre la cual habrá de pronunciarse.”17

En el asunto objeto de estudio, el propio accionante allegó la imagen que da
cuenta de las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-012-2023-00230-00,
elemento probatorio que permite concluir que la mora judicial alegada no es
atribuible al despacho demandado, aun cuando dicha autoridad judicial no
hubiese intervenido en el trámite de la presente acción de tutela.

Así las cosas, la sala confirmará el fallo impugnado, en el sentido de denegar el
amparo solicitado por el actor, toda vez que no se evidencia que el Juzgado
801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá incurrió en una
dilación injustificada que atente contra su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y, por contera, al debido proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por la Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia de 3 de marzo de 2026 proferida por el

14
«Corte Constitucional, sentencias T-903 de 2010, T-707 de 2011, T-092 de 2016 y T-251 de
2018, entre muchas otras».
15
«Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014».
16
«Corte Constitucional, sentencias T-864 de 1999, T-498 de 2000 y T-571 de 2015, entre
otras».
17
Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2025, M.P. Diana Fajardo Rivera. Cursiva del texto
original.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fernando Tribin Echeverry
Demandado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00094-01

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
el sentido de denegar el amparo de tutela solicitado por el señor Fernando
Tribin Echeverry.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.