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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00114-01

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el sentido de negar el amparo de los derechos fundamentales de Cecilia Mendoza, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Colpensiones. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2026-00114-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza
Demandado: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Incidente de desacato de
tutela – derecho de petición /Defecto fáctico
Decisión: Confirma negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Cecilia Mendoza, en contra de la
sentencia proferida el 9 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante la cual se decidió la
solicitud de amparo de la referencia y negó1.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud

1. Cecilia Mendoza promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y de petición, con ocasión la respuesta insatisfactoria a
una solicitud y la providencia del 20 de febrero de 2026 con la que el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo de Bogotá declaró cumplido el fallo de tutela que amparó y
ordenó dar respuesta a sus requerimientos y archivó el incidente de desacato con
el radicado 11001-333-6035-2025-00134-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. El 28 de febrero de 2025, presentó derecho de petición ante Colpensiones 3

1 Pese a que, en la parte resolutiva de la providencia impugnada, el a quo negó las pretensiones, en

la parte considerativa la estableció como consecuencia de la falta de subsidiariedad, lo cual es una
imprecisión técnica que se aclarará en esta providencia al confirmar lo resuelto.
2 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
3 De ahora en adelante Colpensiones.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

con el fin de obtener la revocatoria directa de la Resolución SUB-35021 del 11 de
octubre de 2024 por considerar que tal reconocimiento pensional fue realizado de
manera fraudulenta.

2.2. Al no obtener respuesta oportuna interpuso solicitud de tutela, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá el cual negó el amparo en sentencia del 29 de abril de 2025, la
cual fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fallo de
segunda instancia del 22 de mayo de 2025 que tuteló sus derechos fundamentales
al debido proceso y de petición y ordenó a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones que resolviera de fondo la solicitud de revocatoria directa
del 28 de febrero de 2025.

2.3. Al considerar que no se dio cumplimiento a la orden de tutela, adelantó
incidente de desacato en el que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá
profirió el auto del 20 de febrero de 2026 con el que concluyó que la orden del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca estaba satisfecha, en tanto Colpensiones
adelantó las gestiones pertinentes para revocar el acto administrativo fraudulento y
pronunciarse respecto al derecho pensional.

2.4. Se vulneraron sus derechos fundamentales, en la medida en que el juzgado
demandado desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre el núcleo
esencial del derecho de petición porque se estaba avalando la ineficacia
administrativa de Colpensiones y se apartó de su deber como garante de derechos
por lo cual no pretendió la expedición de un nuevo acto administrativo, sino que
buscaba que la entidad cumpliera con el deber legal de resolver de fondo su
petición.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y PETICIÓN EN SU DIMENSIÓN DE
RESPUESTA DE FONDO A LAS PRETENSIONES TERCERA Y CUARTA DE UNA
REVOCATORIA DIRECTA RADICADA DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2025, en el
sentido lógico de la solicitud, las cuales permanecen sin respuesta.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO el AUTO DEL 20 DE FEBRERO DE 2026, proferido
por el JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ en el marco del Rad. 2025-134,
mediante el cual se declaró cumplido el fallo de tutela y se archivó el incidente de
desacato, incurriendo en un defecto sustantivo.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado 35 Administrativo de Bogotá que, en ejercicio de su
competencia funcional como Juez de cumplimiento según el Artículo 27 del Decreto 2591
de 1991, proceda a REABRIR de manera inmediata el trámite de cumplimiento y/o
incidente de desacato, exigiendo a COLPENSIONES la satisfacción material y completa
de la orden judicial, es decir, una respuesta de fondo y lógico tal cual fueron planteadas,
a las peticiones TRES Y CUATRO, de la solicitud de revocatoria directa radicada el 28
de febrero de 2025, pendiente de respuesta.

QUINTA: SUBSIDIARIA: En caso de que su Despacho considere que procedente un
nuevo fallo de tutela nuevo, para que COLPENSIONES resuelva de manera lógica a lo

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

planteado y fondo, los puntos TERCERO Y CUARTO de mi solicitud de Revocatoria
Directa radicada desde el 28 de febrero de 2025, solicito se tutelen los derechos
fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, DERECHO A RECIBIR UNA
RESPUESTA COHERENTE Y LÓGICO CON LO PEDIDO, en consecuencia, se ordene
a COLPENSIONES una respuesta de fondo y lógico tal cual fueron planteadas, a las
peticiones TRES Y CUATRO, de la solicitud de revocatoria directa radicada el 28 de
febrero de 2025, pendiente de respuesta. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá4 manifestó que respecto a la sentencia de tutela del 22 de mayo de 2025 la
demandante presentó desacato, el cual fue resuelto con el auto del 5 de agosto de
2025 que declaró el cumplimiento del fallo, al encontrar que Colpensiones expidió
la Resolución SUB-183987 del 11 de junio de 2025 que negó la revocatoria
solicitada por Cecilia Mendoza.

4.1. Con una nueva petición de desacato, ese despacho evidenció que
Colpensiones no valoró todas las pruebas aportadas por la demandante, por tanto
con el auto del 14 de agosto de 2025 se decidió dejar sin efectos el auto del 5 de
agosto de 2025 y requerir a la demandada para cumpliera con la orden de tutela por
la que se abrió el desacato y la entidad previsional allegó la Resolución SUB-
271331 del 25 de agosto de 2025, de manera que el despacho se abstuvo de
continuar con el desacato presentado al considerar que el acto administrativo no
resolvía de manera directa lo pedido pero que no se podía declarar un
incumplimiento porque la situación particular exigía la necesidad de obtener plena
certeza sobre el origen de los documentos que sirvieron de fundamento para el
reconocimiento del derecho cuya revocatoria se solicitaba, entonces que era
necesario esperar que se terminara el estudio interno de seguridad para establecer
si había lugar a revocar el acto administrativo.

4.2. La demandante estuvo inconforme con lo resuelto por el juzgado e interpuso
solicitud de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones, y la decisión se impugnó ante el Consejo de Estado que confirmó la
decisión.

4.3. El 5 de febrero de 2026 la demandante solicitó reactivar el incidente de
desacato e indicó, como hecho nuevo que demostraba el incumplimiento a la
sentencia de tutela, que Colpensiones emitió el Auto GFP-1572-15 del 9 de
diciembre de 2025 en donde informó que finalizó la investigación y encontró fraude
procesal y obtención de documento público falso en el reconocimiento de pensión
de Jasmín Margarita Camargo por lo que ese despacho resolvió de fondo la petición
de desacato teniendo por cumplido el fallo.

4.4. Cecilia Mendoza pretendió el restablecimiento de un derecho pensional que
le fue reconocido, pero el incidente de desacato no era el escenario adecuado para
tal objetivo porque el alcance de la sentencia no conllevaba a que Colpensiones
tuviera que acoger lo pedido por la demandante o que tuviera que reconocer un

4 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

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Demandante: Cecilia Mendoza

derecho de manera que ese despacho le dio trámite a sus peticiones y por tanto
solicitó que se desestimaran las pretensiones invocadas.

5. La Administradora Colombiana de Pensiones5 afirmó que el amparo
pretendido debía declararse improcedente en atención a que buscaba revivir otra
solicitud de tutela y que no existía legitimación en la causa por pasiva porque lo
pedido no iba dirigido contra esa entidad.

1.3. Sentencia de primera6

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, en sentencia del 9 de marzo de 2026 negó la solicitud de tutela, después de
revisar las actuaciones procesales surtidas en el trámite incidental de desacato del
fallo de tutela que ordenó a Colpensiones dar respuesta a las solicitudes de la
demandante y concluir que el juzgado demandado no incurrió en defecto especial
alguno en la providencia que resolvió de manera desfavorable las pretensiones de
la demandante.

1.4. Escrito de impugnación7

7. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia en el que reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de tutela inicial y su condición de persona adulta mayor y sujeto de especial
protección constitucional.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela y
marco jurídico aplicable; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de
201910, esta Sala es competente para conocer la impugnación contra la sentencia
de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.

2.2. Delimitación del asunto a decidir

10. Pese a que en el presente asunto, la demandante, en su escrito de tutela no
argumentó de manera expresa la configuración de causales específicas para que

5 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
6 Ver índice 2 de Samai.
7 Ver índice 2 de Samai.
8 TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Cecilia Mendoza

proceda el estudio de este mecanismo de amparo constitucional frente a la
providencia judicial que pretende dejar sin efectos, el juez de tutela, en uso de su
facultad de interpretación, entiende que los argumentos de inconformidad
relacionados con el cumplimiento de un fallo de tutela se adecúan al defecto fáctico,
por tal motivo se efectuará el estudio de la causa desde tal perspectiva.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3.1. Solicitud de tutela contra desacato

17. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso concreto la providencia que
se cuestiona es aquella que declaró cumplida una orden de tutela, es pertinente
advertir que en reiterada jurisprudencia se ha considerado que, por regla general,
la solicitud de tutela no procede dentro del trámite de una acción constitucional. Lo
anterior, en tanto se trata de una acción que tiene carácter excepcional, en razón a
que la propia Constitución Política la ha señalado como un mecanismo encaminado
a la protección de derechos fundamentales, y que, por lo tanto, su utilización debe
hacerse en forma racional, de manera que no se reste su eficacia.

18. Sin embargo, en ciertas ocasiones es procedente dejar de lado tal postura
para estudiar de fondo tales providencias, esto es, en aquellos eventos en los que,
bajo una interpretación restrictiva, sea evidente la vulneración grave de derechos
fundamentales.

19. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T- 482 de 2013 expresó que
la solicitud de tutela contra la providencia que decide el incidente de desacato
procede en forma excepcional, «[…] siempre que logre verificarse la existencia de una
vía de hecho […]», pues en virtud de tal procedimiento se toman decisiones que
pueden vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

20. Adicionalmente, consideró, que para que proceda la tutela contra la
providencia que resuelve un incidente de desacato es necesario además de superar
los requisitos generales y específicos de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales17, que el trámite incidental haya finalizado; y en relación con

15 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

el demandante que: i) los argumentos expuestos en el trámite del desacato y en la
solicitud de tutela contra éste deben ser coherentes y no contradictorios, ii) no se
trate de asuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es el
incidente de desacato; y iii) no puede pedir o presentar pruebas que no fueron
originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente.

21. Así mismo, en relación con el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencia de desacato, consideró que éste debe limitarse a estudiar: i) si
el juez que negó el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo cuyo
incumplimiento define; ii) si respetó el debido proceso y, iii) si la sanción impuesta –
si fuere el caso- no resulte arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate
o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela donde se produjo el
incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance
y contenido de aquella18.

22. En ese orden de ideas, el actuar del juez constitucional que conoce del
recurso de amparo impetrado contra decisiones de desacato, está limitado al
estudio del trámite y la decisión adoptada en virtud del incidente mismo, por lo tanto
el juez de tutela no puede entrar a desplegar un estudio del fondo del asunto y
reabrir el debate que quedó clausurado en el proceso constitucional inicial y en
consecuencia, le está vedado revisar la decisión original de proteger el derecho o
cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de
la primera causa cuyo desacato se estudia.

23. Así las cosas, en el sub-lite al pretenderse el estudio de las providencias que
impusieron sanción con ocasión del presunto incumplimiento de una orden de tutela,
hace procedente analizar de fondo la solicitud de tutela impetrada, siempre y cuando
se superen los demás requisitos generales de procedencia del recurso de amparo
contra decisiones judiciales, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales
dentro del marco de un Estado social de derecho.

2.4. Problema jurídico

24. La Sala deberá definir si: ¿el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de Cecilia Mendoza
al proferir la providencia de 20 de febrero de 2026 mediante la cual se declaró
cumplido el fallo de tutela y se archivó el incidente de desacato, con la que incurrió,
presuntamente, en defecto fáctico?

y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f.
Que no se trate de sentencias de tutela.
18 Corte Constitucional T-1113-05 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

25. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Del defecto fáctico

26. Enprimer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional19, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

27. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»21. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.

28. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Sobre el caso concreto

29. Cecilia Mendoza acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
proferida el 20 de febrero de 2026 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá mediante la cual se declaró cumplido el fallo de tutela y
se archivó el incidente de desacato en el incidente de desacato identificado con el
radicado 11001-33-36-035-2025-00134-00.

30. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en el defecto
fáctico, en la medida en que lo pretendido con el incidente de desacato era el
cumplimiento de la orden de tutela encaminada a que se resolviera de fondo su
petición, lo contrario era avalar la ineficacia administrativa de Colpensiones al
apartarse de su deber como garante de derechos.

19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

31. Al descender al caso en concreto, debe precisarse que Cecilia Mendoza
presentó solicitud de tutela en contra de Colpensiones, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá que emitió la
sentencia de primera instancia del 29 de abril de 2025 que negó las pretensiones
de la demanda; decisión que fue impugnada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que profirió la sentencia del 22 de mayo de 2025 que revocó la
decisión del a quo y en su lugar amparó el derecho fundamental de petición y al
debido proceso ordenó a la demandada que procediera a resolver la solicitud del 28
de febrero de 2025.

32. Con posterioridad, la parte demandante radicó solicitud de desacato en contra
de Colpensiones al considerar que existió incumplimiento del fallo del 22 de mayo
de 2025, en la medida en que su petición del 28 de febrero de 2025 contaba con 4
requerimientos, de los cuales sólo 2 fueron resueltos. Sin embargo, el juzgado
demandado en esta oportunidad expidió al auto del 20 de febrero de 2026 con el
que evidenció que la entidad previsional sí atendió la petición de Cecilia Mendoza,
motivo por el cual declaró cumplida la orden de amparo y se abstuvo de tramitar el
desacato, al considerar lo siguiente:

«[…] Visto lo anterior, procede el Despacho a verificar el cumplimiento del fallo de tutela
proferido el 22 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D. Para tal fin, se recuerda que la sentencia de tutela
amparó los derechos de petición y debido proceso de Cecilia Mendoza y, en tal sentido,
ordenó a la entidad accionada que resolviera de fondo la solicitud de revocatoria por ella
presentada el 28 de febrero de 2025; y de encontrar que la misma, está incompleta, o
que la peticionaria debía realizar una gestión de trámite a su cargo, debería dar
aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 16, en el artículo 17 y 95 y
siguientes, de la Ley 1437 de 2011.

Así mismo, resulta indispensable recordar cual que el objeto de la petición del 28 de
febrero de 2025 consistía en que la entidad decidiera la revocatoria Directa de la
Resolución SUB-35021 del 11 de octubre de 2024, mediante la cual se reconoció una
prestación económica a favor de Jazmín Margarita Camargo Pacheco.

Ahora bien, se precisa que el Despacho, mediante auto del 09 de septiembre de 2025,
decidió un incidente de desacato previamente presentado por la accionante. En dicha
providencia, se constató que la Subdirección de Prestaciones Económicas de
Colpensiones no había incurrido en desacato al fallo de tutela mencionado porque había
expedido la Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 2025, mediante la cual había
negado la solicitud de revocatoria directa, al tiempo que había decidido adelantar una
investigación administrativa interna orientada a determinar si entre la señora Jasmín
Margarita Camargo Pacheco y el señor Rubén Darío Mendoza había existido o no
relación de convivencia.

La señora Cecilia Mendoza consideró que lo resuelto en el auto del 09 de septiembre de
2025 implicaba la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, pues
consideró que este Despacho no había adoptado las medidas necesarias para que el
fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D” fuera acatado por Colpensiones y, por tal razón, promovió una
acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que esa
corporación ordenara el cumplimiento de lo ordenado en el fallo del 22 de mayo de 2025.
La acción de tutela impetrada en contra de este Despacho fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “D”, bajo radicado
25000231500020250083400 y, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025, esa
autoridad judicial decidió negar las pretensiones que hizo la señora Mendoza en contra
de este juzgado. En la parte considerativa de tal providencia, se indicó lo siguiente:

9

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

“[…] no puede pasar por alto la Sala que la orden proferida por esta Corporación el
22 de mayo de 2025, consistió en resolver de fondo la solicitud elevada por la actora
el 28 de febrero de 2025 (de revocatoria directa) y al dictarse la Resolución No. SUB-
271331 del 25 de agosto de 2025 donde se niega dicho pedido así como la pensión
de sobrevivientes, cumple con tal cometido, pese a ello el A quo -en su condición de
autoridad competente para verificar el cumplimiento del fallo- consideró que para el
cumplimiento total de la orden además se requiere que una vez finalizados los 6
meses que arguyó la entidad para adelantar la investigación administrativa especial,
notifiqué su resultado a la señora Cecilia Mendoza, decisión que respeta esta
colegiatura pese a que se insiste, la orden amparada en sede de tutela ya fue
cumplida con la expedición del citado acto administrativo. […]”

Además, el Tribunal declaró que la tutela era improcedente en cuanto al reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes. Lo anterior, porque estimó que en el caso de la
accionante existe un conflicto en torno a la titularidad del derecho pensional que debe
ser dirimido por Colpensiones o, de ser el caso, a través de un proceso ordinario ante la
jurisdicción competente, escenario en el que, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal,
podría garantizarse la conformación del contradictorio y la práctica y confrontación de
pruebas bajo los principios de inmediación, publicidad y defensa.

La accionante impugnó la decisión del 25 de septiembre de 2025, pero la determinación
de primera instancia fue confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia del 30 de octubre de 2025.

Pues bien, visto lo anterior, el Despacho observa que, hasta este punto, la respuesta que
le había dado la entidad a su solicitud de revocatoria directa ya había sido objeto de
control por parte de un juez de tutela. En efecto, este Despacho encontró que, aunque
no se había resuelto la solicitud de revocatoria con base en toda la evidencia, era
necesario que la entidad culminara la investigación, debido a que la actuación
administrativa objeto de interés de la señora Cecilia Mendoza trasciende sus derechos
particulares y afecta a otra persona. De otro lado, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló, en la sentencia de primera instancia antes referida, que la referida
resolución si era suficiente para tener por cumplido el fallo de tutela.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por la accionante y también por la entidad en el
último informe de cumplimiento allegado, está demostrado que, en esta oportunidad,
existe un hecho nuevo, puesto que la Subdirección de Determinación de la Dirección de
Prestaciones Económicas de Colpensiones expidió la Resolución 392373 del 10 de
diciembre de 2025, acto administrativo que, en su artículo primero, decidió revocar la
Resolución 350521 del 11 de octubre de 2024. Lo anterior quiere decir que la petición
de la accionante fue resuelta de forma parcialmente favorable a sus intereses, puesto
que en la petición del 28 de febrero de 2025 ella buscaba precisamente que el acto de
reconocimiento pensional de la señora Margarita Camargo Pacheco fuera revocado, y
así fue.

Según lo dicho por Colpensiones, la decisión administrativa está en etapa de notificación
y en su contra proceden recursos, lo que quiere decir que no se encuentra en firme, pero
ello no implica que no se haya dado cumplimiento al fallo de tutela, pues hace parte de
las etapas propias de la actuación administrativa.

Ahora bien, la accionante también había pedido que se le reconociera a ella, en su
calidad de madre del fallecido señor Rubén Darío Mendoza, el reconocimiento y pago de
una pensión de sobrevivientes. Pero esa petición fue decidida desfavorablemente por
medio de Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 2025, acto administrativo cuya
validez no ha sido cuestionada y que, por lo tanto, tiene fuerza vinculante para este
juzgado y para las partes del proceso.

Entonces, a partir de lo expuesto, el Despacho tiene por cumplido el fallo de tutela, pues
la entidad contestó la solicitud de revocatoria que presentó la señora Cecilia Mendoza el
28 de febrero de 2025 mediante Resolución 392373 del 10 de diciembre de 2025, acto

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

administrativo que acogió favorablemente lo pedido y que, previamente, por medio de
Resolución SUB 271331 del 25 de agosto de 2025, había negado la prestación
económica referida en la misma petición.

Visto lo anterior, resulta importante destacar que el núcleo esencial que envuelve el
derecho de petición consiste en que haya una respuesta precisa, concreta y de fondo a
lo pedido, y que sea comunicada al interesado, más no que necesariamente tenga que
accederse a lo pedido. Tal circunstancia impide al Juez constitucional pronunciarse
frente a las eventuales discrepancias que surjan entre las partes con ocasión del
contenido de la petición y su respuesta.

Así las cosas, dado que el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” fue acatado, así se declarará y el
Despacho se abstendrá de iniciar el incidente de desacato en contra de la Subdirección
de Determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones. […]».
(sic)

33. Sumado a esto, debe reiterarse que la sentencia del 22 de mayo de 2025 ordenó
a Colpensiones dar respuesta a la petición del 28 de febrero de 2025, la cual se
estructuró en 4 peticiones: i) un estudio de seguridad sobre la documentación
presentada por Jasmín Margarita Camargo Pacheco; ii) que se realizara una
validación de los documentos aportados por los beneficiarios de una prestación
económica por suplantación de los hermanos del causante; iii) que se revocara la
Resolución SUB-35021 del 11 de octubre de 2024, y iv) que se reconociera y pagara
la pensión de sobrevivientes a la demandante.

34. De tal manera, en tanto la demandante consideraba que Colpensiones no dio
respuesta a los puntos 3 y 4, se evidencia que, en el auto del 20 de febrero de 2026,
el Juzgado demandado se pronunció sobre aquello al considerar cumplido el fallo
de tutela, en tanto la entidad previsional expidió la Resolución SUB-271331 del 25
de agosto de 2025 y el Auto GFP-1572-15 del 9 de diciembre de 2025 con los cuales
resolvió, respectivamente:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Revocatoria Directa de la Resolución SUB 350521
del 11 de octubre de 2024, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la pensión de sobrevivientes a la señora MENDOZA
CECILIA, ya identificada en calidad de madre, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta resolución. […]».

«[…] PRIMERO: Determinar que hubo fraude en el reconocimiento de la prestación
económica objeto de estudio en la Investigación Administrativa Especial No. 565-25 por
las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO: Remitir esta decisión a la Dirección de Prestaciones Económicas de
Colpensiones, para que, dentro del ámbito de sus facultades y competencias, contenidas
en el Acuerdo de la Junta Directiva de Colpensiones No. 131 de 2018, de donde se
destaca: “Decidir sobre la revocatoria directa de los actos administrativos expedidos por
esta dirección, de oficio o a petición de parte”, proceda a tomar la decisión que
corresponda frente a la Resolución SUB 350521 del 11 de octubre de 2024, emitida por
la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y demás Actos
Administrativos relacionados.

TERCERO: Remitir al grupo de gestión penal de la Gerencia de Prevención del Fraude
de Colpensiones, en donde se determinará sobre la procedencia del traslado de esta

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

actuación a la Fiscalía General de la Nación, en lo relacionado a los actos que
constituirían ilícitos tales como fraude procesal, obtención de documento público falso,
entre otros que pudieran tipificarse, con el fin que se adelante la investigación pertinente,
si corresponde. […]».

35. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto fáctico o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

36. Lo anterior, en la medida en que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá explicó de manera suficiente las razones por las
cuales consideró que se dio respuesta completa y de fondo a las solicitudes
formuladas en el derecho de petición que la demandante presentó ante
Colpensiones, tan es así que evidenció que previo a esta solicitud de amparo,
aquella ya había presentado una por los mismos hechos, la cual fue negada, en
tanto para aquella oportunidad Colpensiones estaba realizando las gestiones
pertinentes para pronunciarse acerca de la revocatoria directa de un acto de
reconocimiento pensional, lo cual era parte de sus requerimientos.

37. De acuerdo con lo expuesto, luego de analizar las actuaciones desplegadas
por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá durante
el incidente de desacato, la Sala no encuentra que se configurara el defecto fáctico
alegado por la tutelante, pues se evidencia que la autoridad judicial demandada
adelantó el trámite incidental necesario para verificar el cumplimiento del fallo de
tutela del 22 de mayo de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

39. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
defecto fáctico, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que
regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al incidente
de desacato cuestionado.

40. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

41. Ahora bien, visto lo anterior, esta Sala de decisión considera improcedente
pronunciarse de manera favorable a la pretensión subsidiaria manifestada en el

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

escrito de tutela, es decir, ordenar a Colpensiones que se pronuncie respecto a la
solicitud de revocatoria directa de un acto de reconocimiento pensional, pues
precisamente esto fue la causa y objeto de la solicitud de tutela por la que se
adelantó el trámite incidental en el que se declaró cumplido el fallo que amparó su
derecho fundamental de petición y que pretende cuestionar de nuevo en esta
oportunidad, lo cual contraría el fenómeno de cosa juzgada.

42. Además, de acuerdo a los supuestos fácticos y jurídicos relacionados con la
solicitud presentada a Colpensiones, se evidencia que aquella versa sobre un
reconocimiento pensional de sobrevivientes que se encuentra en discusión y debe
ser resuelto por la entidad previsional en sede administrativa o, en su defecto, por
el juez natural del asunto en un proceso contencioso-administrativo.

3. Conclusión

43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de Cecilia Mendoza, en la solicitud de tutela
presentada contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el sentido de
negar el amparo de los derechos fundamentales de Cecilia Mendoza, en la solicitud
de tutela presentada contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y Colpensiones.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00114-01
Demandante: Cecilia Mendoza

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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