Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00117-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00117-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2026-00117-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
8 de mayo de 2026
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00117-01
Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00117-01
Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
Accionado: Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia. Subsidiariedad – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia proferida el 10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La señora María Eugenia Tovar de Gaitán, actuando en nombre propio, formuló
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la vida, al mínimo vital, al debido proceso y
a la seguridad social 1, los cuales estima vulnerados por el Juzgado 24
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES.
Lo anterior, con ocasión de: (i) el auto proferido el 5 de noviembre de 2025 por el
Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual se
ordenó suspender provisionalmente las resoluciones que reconocieron el derecho
de acceso a la pensión de sobreviviente en favor de la accionante, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
11001-33-35-024-2022-00419-00; y (ii) la consecuente suspensión del pago de la
mesada pensional por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES a la accionante.
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 9ED7199127A9194C 268722E0428C5C50
D05A4C0EF40C0B4F 5D1926C58D86807A
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:
2.1. Mediante Resolución SUB 228796 del 17 de septiembre de 2021,
COLPENSIONES le reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora María
Eugenia Tovar de Gaitán, en calidad de cónyuge supérstite del señor Eduardo
Gaitán Márquez, a quien previamente le fue reconocida la pensión de vejez
mediante la Resolución 005690 del 29 de marzo de 1996.
2.2. Posteriormente, COLPENSIONES promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad,
con el fin de solicitar la nulidad de las resoluciones 005690 del 29 de marzo de 1996
y SUB 228796 del 17 de septiembre de 2021, por medio de las cuales se
reconocieron, respectivamente, el derecho pensional del señor Eduardo Gaitán
Márquez y el de la señora María Eugenia Tovar de Gaitán. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó, además, que esta última reintegre las
mesadas percibidas, así como los aportes al sistema de salud asumidos por la
administradora como consecuencia del reconocimiento pensional.
En ese contexto, alegó la incompatibilidad entre la pensión de vejez reconocida por
COLPENSIONES y la pensión de jubilación, actualmente asumida por la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 128 de la Constitución Política, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 y el
artículo 88 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, solicitó como medida
cautelar la suspensión provisional de las resoluciones demandadas.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-35-024-2022-00419-
00, autoridad judicial que, mediante auto del 5 de noviembre de 2025, decretó la
suspensión provisional de las resoluciones 005690 del 29 de marzo de 1996 y SUB
228796 del 17 de septiembre de 2021 y, en consecuencia, ordenó a
COLPENSIONES que suspendiera de inmediato los efectos de las resoluciones
demandadas una vez estuviera en firme la providencia.
2.4. Inconforme con dicha decisión, la señora María Eugenia Tovar de Gaitán
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Sostuvo que el
despacho negó la práctica de una prueba relevante para establecer que el Ministerio
de Salud no efectuó cotizaciones ante el Instituto de Seguros Sociales, lo cual
condujo, a su juicio, a la adopción de una decisión que vulnera sus derechos al
debido proceso y a la defensa, así como su salud física y mental.
2.5. Mediante providencia del 26 de febrero de 2026, el Juzgado 24 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá negó el recurso de reposición y concedió, en efecto
devolutivo, el recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite a la fecha.
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
2.6. En cumplimiento del auto del 5 de noviembre de 2025, COLPENSIONES
suspendió el pago de la mesada pensional a la señora María Eugenia Tovar de
Gaitán a partir del mes de diciembre 2025.
2.7. El 19 de enero de 2026, la accionante presentó derecho de petición ante
COLPENSIONES, en el que solicitó la reanudación del pago de su mesada
pensional y de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en tanto la EPS
SANITAS le informó que no se han efectuado los correspondientes pagos al sistema
de salud.
2.8. El 30 de enero de 2026, la accionada dio respuesta e informó que la suspensión
obedeció al cumplimiento de la decisión judicial del 5 de noviembre de 2025, la cual
fue objeto de recurso.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la vida, al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social. En
consecuencia, pidió que se ordene al Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y a COLPENSIONES reanudar el pago de la pensión de
sobrevivientes y restablecer la cotización al sistema de salud.
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de un perjuicio irremediable, en
atención a su condición de adulta mayor de 82 años y a que la pensión constituye
su principal fuente de subsistencia. Asimismo, sostuvo que la suspensión de la
mesada implicó la interrupción de la afiliación al sistema de salud, lo cual la expone
a un deterioro de su estado de salud y pone en riesgo su vida.
Adicionalmente, señaló que, dada su condición de especial vulnerabilidad y la
eventual demora en la adopción de una decisión de fondo dentro del proceso
ordinario, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio para
garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En ese sentido,
afirmó que el auto del 5 de noviembre de 2025 solo debería producir efectos una
vez se resuelva el recurso interpuesto.
Por lo anterior, solicitó la continuidad en el reconocimiento y pago de la mesada
pensional, con fundamento en los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad de los derechos en materia pensional.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 25 de febrero de 20262, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, admitió la acción
de tutela; solicitó la remisión del expediente ordinario objeto de controversia y
ordenó notificar la actuación a las partes e intervinientes.
2 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado DB1BD6CED8D756A7
CC2C3BF0FD556722 4D12EFD1CB734B6A B94F1D51C727DBED .
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.2. El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 3, remitió copia
digital del expediente ordinario.
Asimismo, manifestó que accedió a la solicitud de medida cautelar, debido a que
consideró que la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES y la pensión de
jubilación reconocida por CAJANAL son incompatibles, debido a que ambas se
causaron con cotizaciones realizadas en calidad de servidor público, lo cual está
proscrito por el artículo 128 de la Constitución Política, artículo 31 del Decreto 3135
de 1968 y artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, ya que ambas prestaciones
provienen del tesoro público.
Asimismo, reiteró la incompatibilidad de las mesadas pensionales, en tanto ambas
hallan justificación en la disminución laboral como consecuencia de la vejez, por lo
que, a su juicio, no es viable que se reconozcan dos emolumentos que respondan
a la misma causa.
Igualmente, señaló que el hecho de que la accionante tenga 82 años de edad y que
la suspensión del pago de la mesada pensional pueda afectar su salud física o
mental, no puede generar que se desconozcan las normas que regulan la
incompatibilidad pensional. Además, no consideró que se esté vulnerando su
derecho fundamental al mínimo vital, en tanto en la actualidad se encuentra
recibiendo una mesada pensional por parte de la UGPP, cuya cuantía es mucho
mayor a la de la pensión suspendida.
Adicionalmente, explicó que, contrario a lo que alega la accionante, interponer un
recurso en contra de una medida cautelar no genera que deje de surtir efectos,
debido a que la apelación se concedió en efecto devolutivo.
Finalmente, concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados,
en tanto el auto de 5 de noviembre de 2025 valoró las pruebas obrantes en el
proceso y la accionante no aportó prueba que sustente la afectación a su mínimo
vital y a su salud física o mental. Además, manifestó que la decisión respetó los
precedentes constitucionales aplicables.
4.3. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES 4, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción, en tanto no cumple los requisitos de
procedibilidad y no se ha materializado la vulneración de ningún derecho
fundamental por parte de las entidades accionadas.
Asimismo, precisó que no se cumple la subsidiariedad como requisito de
procedencia, por cuanto el presente caso debe ser conocido por la jurisdicción
ordinaria laboral y no por el juez de tutela.
3 Índice 0008 del expediente digital de primera instancia, certificado 6D3D6C35A719C93B 0900B468BD47662C
8F9CEF9B8609A12D 2BF63EFC0B2DE5A2.
4 Índice 0009 del expediente digital de primera instancia, certificado 2DD7182FBF7B7A83
BE50A1DEB58B9BA2 D9412EEFEFB1DC95 B8530B4261543D97
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
Igualmente, sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido
que la condición de sujeto de tercera edad no es una razón que justifique la
procedibilidad de la acción de tutela. Además, manifestó que no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que dé lugar a la procedencia de la acción.
En ese sentido, señaló que, a su juicio, la parte actora “pretende desnaturalizar la
acción de tutela”, al poner en conocimiento del juez de tutela asuntos que le
competen al juez ordinario, por ello, solicita que se declare la improcedencia de la
acción.
Finalmente, sostuvo que COLPENSIONES no ha vulnerado ningún derecho
fundamental, en tanto no tiene a su cargo ninguna petición ni trámite pendiente por
resolver a favor del ciudadano.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 10 de marzo de 20265, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de
tutela, al considerar que la parte actora pretende que el juez de tutela resuelva un
debate que está en curso en sede ordinaria.
Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional ha manifestado que, de conformidad
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, no está llamada a intervenir en
procesos judiciales que se encuentran en curso, debido a que la acción de tutela no
es un mecanismo alterno para la solución de controversias, sino que procede
exclusivamente cuando se han agotado los mecanismos de defensa que estén a
disposición del accionante, lo cual solo debe exceptuarse cuando exista un perjuicio
irremediable.
De otra parte, indicó que no encuentra probado que la suspensión de la mesada
pensional produzca un perjuicio grave e inminente para la subsistencia de la
accionante, debido a que al señor Eduardo Gaitán Márquez le fue reconocida una
pensión de jubilación a cargo de Cajanal, la cual fue sustituida a favor de la
accionante.
Además, constató que la accionante aún se encuentra afiliada al sistema de salud,
por lo que tampoco se encontró probada una amenaza inmediata a su derecho
fundamental a la salud.
Respecto al reproche realizado a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, advirtió que el oficio identificado con número de radicado
2025_23852112 del 5 de diciembre de 2025 obedece a un acto de ejecución que
tan solo pone en cumplimiento la orden impartida por el Juzgado 24 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá.
5 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado B90E80E67613C864
67477514FD0E18B0 3B780910A3578614 41E3158606FEE696.
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
Finalmente, explicó que el auto del 5 de noviembre de 2025 conserva su
ejecutoriedad en tanto la apelación fue concedida en efecto devolutivo y el artículo
298 del Código General del Proceso establece que las medidas cautelares son de
inmediato cumplimiento.
6. Impugnación6
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y manifestó su desacuerdo
con los fundamentos expuestos, debido a que, a su juicio, no pretende desplazar al
juez natural, por ello ha informado el estado del trámite adelantado ante la
jurisdicción administrativa.
Asimismo, reiteró que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad que
podría verse acentuada por el tiempo que transcurra hasta que se resuelva de fondo
el asunto, por ende, solicita que se le otorgue una protección inmediata con el fin de
proteger su derecho al mínimo vital y a la seguridad social.
De igual manera, insistió en que COLPENSIONES no debía suspender el pago de
las mesadas pensionales, en aplicación de los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que rigen los derechos en materia de
seguridad social.
Adicionalmente, afirmó que la acción de tutela satisface el requisito de
subsidiariedad, en tanto se le está ocasionando un perjuicio grave a su derecho al
mínimo vital, lo cual exige la intervención inmediata del juez constitucional. Señaló,
además, que, aunque se encuentra en curso un proceso ordinario, ha agotado los
recursos disponibles, sin que estos hayan resultado eficaces para la protección de
sus derechos fundamentales.
Por otra parte, indicó que COLPENSIONES incurrió en un error al ejecutar la
decisión judicial, pese a haber reconocido que el apoderado de la accionante
interpuso recurso contra el auto del 5 de noviembre de 2025. A su juicio, dicha
providencia no se encuentra en firme y, por tanto, no debía ser ejecutada por la
administradora de pensiones.
Finalmente, reiteró la vulneración de su derecho fundamental a la salud, por cuanto
la EPS Sanitas le informó la falta de pago de las cotizaciones, lo cual conlleva la
suspensión en la prestación de los servicios médicos.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de tutela proferida en primera
instancia.
Mediante auto del 20 de marzo de 20267, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, concedió la
6 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado C997D11928A0AD33
2A16BC45243B0A94 C1EC2C85450B5824 F72466B60385EE4E.
7 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado 153EC2B76499D96D
450C8F652873D927 33AE59C15FD80187 91756E2CA625B462 .
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la
medida en que la señora María Eugenia Tovar de Gaitán es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 11001-33-35-024-2022-00419-00.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva, en tanto el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá es la autoridad que profirió el Auto del 5 de noviembre de 2025 que, según
la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales y la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) es la responsable de ejecutar dicha
decisión.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 10 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
Teniendo en cuenta que la parte actora reprocha la decisión tomada por el Juzgado
24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá a través del Auto del 5 de
noviembre de 2025, es relevante advertir que los casos en que la solicitud de
amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el
juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad
general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos
que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática
jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1 Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 12.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
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de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 13.
La Corte Constitucional 14 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.
Asimismo, la Corte Constitucional ha fijado una serie de subreglas para determinar
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela en materia
pensional. Al respecto, la corporación ha precisado que la acción de tutela no es el
mecanismo de defensa principal que debe emplearse para invocar la protección del
derecho a la seguridad social, así las pretensiones giren en torno a la protección del
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, debido a que la controversia debe
ser dirimida por la jurisdicción ordinaria laboral o por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según sea el caso 15.
Asimismo, la Corporación ha precisado que en estos casos el juez constitucional
debe valorar cuatro factores para determinar el carácter subsidiario de la acción de
tutela en materia pensional, estos se resumen en valorar: (i) la idoneidad o eficacia
del mecanismo judicial en el caso concreto, a través del análisis de la argumentación
o las pruebas en las que la parte actora fu ndamenta la afectación o amenaza a de
sus derechos fundamentales; (ii) si el accionante adelantó alguna actividad
administrativa o judicial para obtener la protección, en el que se analiza “el esfuerzo
y desgaste procesal que el actor ha soportado con miras al reconocimiento de la
prestación”; (iii) la calidad del accionante como sujeto de especial protección
constitucional, “edad, condiciones de salud, pertenencia étnica, entre otros” y (iv) la
posible afectación al derecho al mínimo vital del accionante, en el que se evalúe si
el accionante tiene personas a su cargo y su situación económica actual 16.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La accionante cuestiona el auto proferido por el Juzgado 24 Administrativo del
Circuito Judicial, al estimar que vulneró sus derechos fundamentales al ordenar la
suspensión provisional de las resoluciones número 005690 del 29 de marzo de 1996
y SUB 228796 del 17 de septiembre de 2021, mediante las cuales se reconocieron,
13 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
14
Sentencia C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, T-247 de 2024
16 Ibidem
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Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
respectivamente, la pensión de vejez al señor Eduardo Gaitán Márquez y la pensión
de sobrevivientes en favor de la accionante.
5.2. No obstante, del examen del expediente correspondiente al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-024-
2022-00419-00, así como de los hechos expuestos en la solicitud de tutela, la Sala
advierte que la señora María Eugenia Tovar de Gaitán interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto del 5 de noviembre de 2025.
Asimismo, se evidencia que la autoridad judicial accionada, mediante providencia
del 26 de febrero de 2026, negó el recurso de reposición y concedió, en efecto
devolutivo, el recurso de apelación, el cual ingresó por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 5 de abril de 2026, donde actualmente se
encuentra en trámite, conforme a lo registrado en el aplicativo SAMAI17.
En ese orden, esta Subsección denota que la accionante utilizó el medio judicial
que tenía a su disposición para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales y, en concreto, pretende emplear la acción de tutela como un
mecanismo alterno para presentar sus reparos contra el auto de 5 de noviembre de
2025. De esta manera, los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan
suplir una oportunidad procesal que no fue aprovechada por la parte demandante,
situación que impide al juzgador constitucional resolver de fondo el asunto, en la
medida que estaría invadiendo el ámbito de competencia del juez de la causa, y
desconociendo el escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir
aquellas reclamaciones iusfundamentales.
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional ha desarrollado
subreglas específicas para analizar el requisito de subsidiariedad en materia
pensional. En ese contexto, la Sala procede a examinarlas:
i. Idoneidad y eficacia de otros mecanismos judiciales: Tal como se explicó,
la Sala advierte que actualmente se encuentra en curso el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 11001-33-
35-024-2022-00419-00. Asimismo, en el marco del trámite, la parte actora
presentó recurso de apelación contra el auto que dictó la autoridad judicial
accionada el 5 de noviembre de 2025.
Al respecto, se observa que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
constituye el escenario natural para resolver controversias relacionadas con
el reconocimiento y la validez de derechos pensionales. De igual manera, el
recurso de apelación es un mecanismo idóneo para cuestionar las decisiones
adoptadas por el juez de primera instancia.
En cuanto a su eficacia, la Sala advierte que el trámite procesal ha avanzado
con diligencia. En efecto, los recursos fueron interpuestos el 7 de noviembre
de 2025; posteriormente, el 26 de febrero de 2026 se negó la reposición y se
17 Índice 00001 del proceso ordinario en segunda instancia del aplicativo SAMAI
10
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00117-01
Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
concedió la apelación; y el expediente fue repartido al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 5 de abril de 2026. Por tanto, no se evidencia una
dilación injustificada que habilite la intervención del juez constitucional.
ii. Actuaciones judiciales adelantadas por el accionante: Si bien la
accionante ha ejercido los mecanismos ordinarios a su disposición, la Sala
observa que acudió a la acción de tutela sin esperar la resolución del recurso
de apelación actualmente en trámite, lo cual desnaturaliza el carácter
subsidiario de este mecanismo constitucional.
iii. Condición del accionante como sujeto de especial protección
constitucional: La Subsección reconoce que la accionante es una persona
adulta mayor de 82 años. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido
en sentencias como la T-012 de 2023 que la edad “no constituye una
condición suficiente –por sí sola– para relevarla de acudir ante la jurisdicción
respectiva. Esto pues todas las prestaciones del sistema pensional amparan
a sujetos de especial protección, ya sean adultos mayores o personas de la
tercera edad”18.
iv. Afectación al mínimo vital de la accionante: la Sala advierte que la
accionante no aportó ninguna prueba encaminada a demostrar la afectación
de su derecho al mínimo vital y no hizo referencia a su situación
socioeconómica. De hecho, en los hechos expuestos en la acción de tutela y
en la impugnación, omitió hacer referencia a la pensión de jubilación que las
entidades accionadas sostienen que actualmente se encuentra recibiendo.
5.3. Ahora bien, la señora Tovar de Gaitán alegó que la suspensión del pago de su
mesada pensional y la consiguiente falta de pago de la cotización al sistema de
seguridad social podría generarle un perjuicio irremediable en tanto la EPS
SANITAS cesaría la prestación de sus servicios médicos. No obstante, tras
consultar los registros consignados en la página web del ADRES, se evidenció que
la señora María Eugenia Tovar de Gaitán se encuentra afiliada a la EPS SANITAS
en el régimen contributivo de salud y, a fecha de 28 de abril de 2026, se encu entra
en estado “activo”. Por ende, no se advierte ninguna vulneración al derecho a la
salud, tal como se observa en la siguiente imagen 19:
18
Corte Constitucional, T-012 de 2023.
19 Información tomada de la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
en Salud – ADRES: https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
11
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00117-01
Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
En ese sentido, la Subsección advierte que no se supera el requisito de
subsidiariedad para la procedibilidad de la acción de tutela. En tales condiciones,
admitir el estudio de fondo del cargo implicaría sustituir la competencia del juez de
la causa y desnaturalizar el rol del juez constitucional, lo cual resulta inadmisible.
Por consiguiente, ante la ausencia de justificación sobre la ineficacia de los medios
judiciales ordinarios y la falta de acreditación de un perjuicio irremediable que
habilite la intervención excepcional del juez de tutela, la solicitud de amparo deviene
improcedente.
A partir de ello, es importante precisar que la inconformidad con lo decidido en la
providencia no habilita al juez constitucional a estudiar los cargos que serán objeto
de análisis por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.4. Asimismo, respecto a los cargos presentados contra la Administradora
Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, la Sala advierte que no se evidencia
la vulneración de los derechos fundamentales de la accionada, en tanto se limitó a
ejecutar la orden judicial impartida en la providencia del 5 de noviembre de 2025
por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Al punto, es pertinente recordar que, el artículo 323 del Código General de Proceso
dispone que, al concederse el recurso de apelación con efecto devolutivo, “no se
suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso”
Asimismo, el artículo 298 del mismo código dispone que las medidas cautelares
son de inmediato cumplimiento y que “la interposición de cualquier recurso no
impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada”.
Por ello, COLPENSIONES actuó exclusivamente en cumplimiento de una orden
judicial que tenía el deber de ejecutar.
5.5. En ese contexto, la Sala advierte que el accionante pretende reiterar su
inconformidad con la decisión adoptada e imponer su propia interpretación
normativa de las disposiciones aplicables al caso, pretendiendo que el juez de tutela
remplace al juez natural del asunto que se encuentra en curso.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito
de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por María Eugenia Tovar de
Gaitán contra el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
12
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00117-01
Accionante: María Eugenia Tovar de Gaitán
y la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, por no superar
el requisito de subsidiariedad, conforme la parta motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
13
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