Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00127-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00127-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00127-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandante: L.E.T. CONSULTORES S.A.S.
Demandado: Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00127-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., catorce [14] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00127-01
Demandante: L.E.T. CONSULTORES S.A.S.
Demandado: JUZGADO 55 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
BOGOTÁ
Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionada contra
la sentencia proferida el 11 de marzo de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C concedió el amparo
deprecado en el mecanismo constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La sociedad Law Economy And Taxes Consultants S.A.S, en adelante, L.E.T.
CONSULTORES S.A.S., actuando a través de apoderado, promovió acción de tutela1
contra el Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
auto del 6 de febrero de 2026 dictado por la autoridad judicial accionada, mediante el
cual rechazó de plano la acción de cumplimiento que presentó en contra del municipio
de Rionegro [Antioquia), proceso identificado con radicado 11001-33-42-055-2026-
00034-002.
1 El 25 de marzo de 2026. Índice 1 del expediente en Samai 25000-23-15-000-2026-00127-00.
2 Solicitó se le ordenara a la entidad territorial el cumplimiento de los artículos 141 de la Ley 769 de 2002; 2, 4 y 7
de la Ley 1625 de 2013 y 2.2.1.3.3., 2.2.1.3.4., 2.2.1.3.5.2., 2.2.1.3.5.3. y 2.2.1.3.5.4 del Decreto 1079 de 2015.
Todo ello en consonancia con las circulares externas 2024000000307 del 4 de junio de 2024, expedida por el
Ministerio de Transporte, y 20245330000024 del 28 de agosto de 2024, de la Superintendencia de Transporte.
1
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Demandante: L.E.T. CONSULTORES S.A.S.
Demandado: Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00127-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA: Que se ordene al juzgado cincuenta y cinco (55) administrativo del circuito
judicial de Bogotá, D.C. dar trámite a la acción de cumplimiento incoada por LAW
ECONOMY AND TAXES SAS, a través del suscrito representante legal en contra del
municipio de Rionegro (Antioquia).
TERCERA: En caso de no prosperar la anterior pretensión, ordenar al juzgado cincuenta
y cinco (55) administrativo del circuito judicial de Bogotá, D.C. dar trámite y resolver el
recurso de reposición interpuesto en contra del auto del 18 de febrero de 2026 por medio
del cual rechazó por improcedente la acción de cumplimiento varias veces relacionada
en el presente escrito de tutela.3
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y el expediente, se establecen los siguientes supuestos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
Al Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le correspondió conocer
de la acción de cumplimiento presentada por L.E.T. CONSULTORES S.A.S, en contra
del municipio de Rionegro [Antioquia], en la cual se solicitó dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos: a) 2.2.1.3.3., b) 2.2.1.3.4, c) 2.2.1.3.5.2, d) 2.2.1.3.5.3. y e)
2.2.1.3.5.4 del Decreto 1079 de 20154; el artículo 141 de la Ley 769 de 20025 y los
artículos 2, 4 y 7 de la Ley 1625 de 20136, en concordancia con las circulares externas:
CE 2024000000307 de 4 de junio de 2024 proferida por el Ministerio de Transporte y
202453300000024 de 28 de agosto de 2024 expedida por la Superintendencia de
Transporte.
Mediante auto del 6 de febrero de 2026, el juzgado accionado rechazó de plano la
acción de cumplimiento al considerar que las disposiciones cuyo acatamiento se
pretendía no correspondían a actos administrativos o normas de carácter general,
impersonal y abstracto, y que la parte actora contaba con los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho previstos en los artículos 137 y 138
del CPACA.
Inconforme con la decisión, L.E.T. CONSULTORES S.A.S interpuso recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, al estimar que el juzgado incurrió en una
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
4 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte».
5 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
6 «Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas».
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interpretación equivocada del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, pues las normas cuyo
cumplimiento se solicitaba, esto es, disposiciones del Decreto 1079 de 2015 y de las
Leyes 769 de 2002 y 1625 de 2013, tienen naturaleza general, impersonal y abstracta.
Adujo que el decreto mencionado es un acto administrativo reglamentario expedido
por el Ejecutivo y que las leyes invocadas fueron dictadas por el Congreso de la
República, por lo que la acción de cumplimiento sí recaía sobre normas susceptibles
de exigirse por esta vía, en concordancia con las circulares externas del Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de Transporte.
El Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en proveído del 19 de
febrero de 2026 declaró improcedentes los recursos interpuestos, con fundamento en
el artículo 167 de la Ley 393 de 1997 y en la Sentencia C-319 de 20138 de la Corte
Constitucional, al considerar que contra el auto que rechaza la demanda en acción de
cumplimiento no proceden los recursos de reposición ni apelación.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora, en primer lugar, afirmó que la solicitud de amparo supera todos los
requisitos generales de procedencia fijados por la Corte Constitucional9.
Luego señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo al
hacer una interpretación errada de las normas respecto de las cuales se solicita
ordenar su cumplimiento al municipio de Rionegro [Antioquia] pues consideró que no
son normas de carácter general, impersonal y abstracto, lo que condujo a una
distorsión de lo planteado en la demanda.
Recalcó que nunca pretendió el cumplimiento de un acto administrativo particular y
concreto sino por el contario de normas contenidas en el estatuto del transporte,
entonces, la confusión en la que incurre el juez lo condujo de manera desacertada a
afirmar que cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otra parte, alegó que se incurrió en un defecto procedimental al no dar trámite,
al recurso de reposición y en subsidio el de apelación oportunamente interpuesto y
que «Dejar al arbitrio de un juez unipersonal una decisión de tanta trascendencia, sin
posibilidad de que se revise su decisión es altamente inconveniente y para nada
contribuye con la tutela efectiva de los derechos de quienes concurren a una rama del
7 Artículo 16.Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción
de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el
cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y
resuelto a más tardar al día siguiente.
8 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
9 (a) legitimación en la causa; (b) relevancia constitucional; (c) inmediatez; (d) subsidiariedad; (e) identificación
razonable de los hechos que generaron la presunta vulneración y de los derechos fundamentales comprometidos;
y (f) que la providencia cuestionada no corresponda a una sentencia de tutela.
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poder público a efectos de que se le brinde la protección que necesita como
miembro de la sociedad en la república de Colombia».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 27 de febrero de 2026, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar al Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en calidad
de accionado.
1.6. Intervenciones
Remitida la respectiva comunicación, el Juzgado 55 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá allegó informe en el cual estimó que el asunto no reviste
relevancia constitucional puesto que la sociedad tutelante pretende acceder a una
instancia adicional para que se aplique una interpretación normativa diferente a la del
juez natural.
Respecto de los yerros alegados indicó que la acción de cumplimiento fue rechazada
por improcedente, toda vez que no recaía sobre el cumplimiento de normas o actos
administrativos de contenido general, impersonal y abstracto, sino que pretendía la
satisfacción de una situación particular y concreta, consistente en que se ordenara al
municipio de Rionegro permitir a determinados conductores del servicio público
individual tipo taxi recoger pasajeros en el aeropuerto José María Córdova con destino
a Medellín y municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin restricción
alguna y que tal pretensión desborda el objeto previsto en el artículo 8710 de la
Constitución Política, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de normas con
efectos generales y no sustituir los medios ordinarios de defensa judicial.
Igualmente, enfatizó que el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue
rechazado por improcedente en aplicación del artículo 16 de la Ley 393 de 1997,
disposición declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 de
2013.
1.7. Sentencia de primera instancia11
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C profirió
fallo el 11 de marzo de 2026 en el cual amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia deprecados al encontrar
configurados los defectos sustantivo y procedimental.
10 ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una
ley o un acto administrativo.
En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
11 Notificada el 12 de marzo de 2026. Índice 14 del expediente en Samai 25000-23-15-000-2026-00127-00.
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Para arribar a dicha conclusión el a quo constitucional, en primer lugar, afirmó que la
solicitud de amparo supera todos los requisitos generales de procedencia fijados por
la Corte Constitucional12. En particular, indicó que el asunto goza de relevancia
constitucional, ya que el problema planteado no se limita a una discrepancia frente a
la interpretación de normas legales, sino que plantea la posible afectación de
garantías constitucionales, en la medida en que el rechazo de plano de la demanda
impide que el accionante acceda al mecanismo judicial previsto por el ordenamiento
jurídico para solicitar el cumplimiento de disposiciones normativas, en síntesis, a su
criterio, el asunto adquiere relevancia constitucional al impactar de manera directa
sobre el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
En segundo lugar, refirió generalidades sobre los defectos sustantivo y procedimental
alegados para concluir que se configuraron por cuanto la autoridad judicial accionada
rechazó de plano la acción de cumplimiento al estimar que, mediante este mecanismo,
la sociedad accionante pretendía el cumplimiento de actos administrativos de carácter
particular, sin embargo, esa consideración no corresponde a una causal legal que
habilite el rechazo de plano de la demanda dentro del trámite de esa acción
constitucional.
Para sustentar lo dicho recordó que el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, advierte que
el rechazo de plano únicamente procede cuando el accionante no aporta prueba del
requisito de procedibilidad consistente en haber requerido previamente a la autoridad
demandada para el cumplimiento de la norma o del acto administrativo.
Bajo ese contexto, concluyó que el juzgado accionado al haber acudido al rechazo de
plano por una razón distinta a las previstas por el legislador se apartó del
procedimiento establecido para el trámite de la acción de cumplimiento y omitió una
etapa sustancial del proceso, consistente en admitir la demanda y darle el trámite
correspondiente, lo cual a su vez impidió el desarrollo del debate procesal y afectó el
derecho de acceso a la administración de justicia.
Asimismo, indicó que si bien la autoridad judicial acusada precisó que la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha señalado que la acción de cumplimiento está dirigida a
hacer efectivos los deberes que emanan de mandatos contenidos en la ley o en actos
administrativos imperativos e inobjetables, y no al reconocimiento de situaciones
jurídicas particulares, aplicó de manera errónea dicha regla, comoquiera que, la
demanda de cumplimiento se fundamentó en disposiciones normativas de carácter
general, específicamente los artículos 2.2.1.3.3, 2.2.1.3.4, 2.2.1.3.5.2, 2.2.1.3.5.3 y
12 (a) legitimación en la causa; (b) relevancia constitucional; (c) inmediatez; (d) subsidiariedad; (e) identificación
razonable de los hechos que generaron la presunta vulneración y de los derechos fundamentales comprometidos;
y (f) que la providencia cuestionada no corresponda a una sentencia de tutela.
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2.2.1.3.5.4 del Decreto 1079 de 201513, el artículo 141 de la Ley 769 de 200214 y los
artículos 2, 4 y 7 de la Ley 1625 de 201315 y, a pesar de ello, concluyó que lo
pretendido era el cumplimiento de un acto administrativo de carácter particular,
conclusión que no se acompasa con el contenido de la demanda. En consecuencia,
para el a quo constitucional la decisión se fundamentó en una interpretación
equivocada del alcance de lo establecido en la Ley 393 de 1997.
Con base en lo anterior (i) concedió el amparo deprecado, (ii) dejó sin efectos el auto
proferido el 6 de febrero de 2025 y (iii) ordenó al juzgado accionado estudiar la
admisión de la demanda, la cual «solo podrá rechazarse por acreditarse el
incumplimiento del requisito de constitución en renuencia a la autoridad accionada».
1.8. Impugnación16
La autoridad judicial accionada solicitó revocar la sentencia de primera instancia al
considerar que el a quo constitucional incurrió en un error de apreciación, pues a su
juicio, sólo se ocupó de objetar sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento,
en lo correspondiente a estar dirigida a un grupo específico de personas, pero paso
por alto, «que también se declaró improcedente porque el accionante no aplicó
el principio de subsidiariedad, puesto que, claramente cuenta con los medios de
control, de: nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, ante un juez natural, para
que allí, se diriman sus requerimientos».
Indicó que, en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, se fijaron los principios, requisitos
y el procedimiento de la acción de cumplimiento y en lo referente a su improcedencia,
señaló que no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo,
que, de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el
accionante».
Manifestó que el Consejo de Estado, sobre el punto ha explicado que:
La razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las
diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las
competencias de las diferentes jurisdicciones.
No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como
un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello, la causal en análisis
le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario.
Solo en casos excepcionales el juez de la acción de cumplimiento puede, pese a la
existencia de un instrumento judicial, pronunciarse de fondo en relación con la solicitud,
13 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte».
14 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas».
16 Ver índice 15 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 17 de marzo de 2026.
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siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e
inminencia del perjuicio.17
Con base en la mencionada cita, el tribunal accionado adujo que tomó la decisión de
rechazo porque la alta corporación ha señalado que la acción de cumplimiento es
subsidiaria, y no debe ser usada para desplazar el mecanismo judicial ordinario,
excepto cuando se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
Adujo que en el sub judice como quiera que la pretensión principal, es incluir a todos
los conductores de vehículos tipo taxi, dentro de la Resolución número 354 de 2017,
lo cual permitiría el acopio de pasajeros desde la terminal aérea de Rionegro hacia el
municipio de Medellín u otro municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin
restricción, era evidente que el acto administrativo respecto del cual se busca que se
ordene su cumplimiento se dirige a sujetos determinados que, son precisamente
quienes ejercen la labor de cargue y descargue de los pasajeros en el aeropuerto José
María Córdova.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada por la parte
accionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así
como el Acuerdo 080 de 201918.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 11 de marzo de 2026, proferida por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que concedió el amparo deprecado
en el mecanismo constitucional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los defectos
invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. (20 de noviembre de 2013) Radicado Núm. 25000-23-41-000-2013-
02063-01(ACU). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales21.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201422, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía
e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción
de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
19 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela, actora: Nery
Germania Álvarez Bello. magistrada ponente: María Elizabeth García González.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
21 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
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a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”25
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal.”26 En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales”27
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29. (Resaltado de la
Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual
se explica que los accionantes deben exponer los defectos30 en los que incurrió la
decisión atacada.
Ahora bien, en el presente caso la Sala concuerda con el a quo, en el entendido que
la interpretación de normas procesales, en un sentido restrictivo, puede llevar a ser
nugatorio garantías sustanciales como el acceso a la administración de justicia.
Nótese que, de acuerdo con lo ocurrido en esta oportunidad, la acción de
cumplimiento fue rechazada de plano, es decir, el problema jurídico no se queda en
una mera discusión legal, sino que transciende a la posible vulneración al núcleo
esencial del debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.
30 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error inducido, decisión
sin motivación o desconocimiento del precedente.
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En este orden de ideas, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de las tutelantes, cuya controversia no
se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se justificó
en una notoria tensión entre los garantías invocadas y la decisión judicial objeto de
reproche.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante fue
proferida en el marco la acción de cumplimiento identificada con el radicado 11001-
33-42-055-2026-00034-00.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
atacada data del 6 de febrero de 2026, por lo que, sin necesidad de contar la
ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo se presentó de manera oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201431, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200532, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró que
seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra el auto que rechazó
no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que se tiene cumplida esta
exigencia.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2..6.1. Referente al defecto procedimental, se tiene que la Corte Constitucional ha
reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se
presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P:
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
32 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
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una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales33.
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales
el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al
proceso respectivo»34.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente
de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación
de las normas procesales»35.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando el
operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
(absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la acción de tutela
en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos36:
i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado.
33 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también ha considerado
que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la defensa técnica, puesto que «…
el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su propio defensor y, de no ser ello
posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel
básico de formación jurídica» (sentencia T- 561 de 2014).
34 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
35 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
36 Ibidem.
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2.6.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional37, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»38.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente39 o porque ha sido derogada40, es inexistente41,
inexequible42 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador43.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma44.
c) La disposición aplicada es regresiva45 o contraria a la Constitución46.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición47.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma48 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.7. Caso concreto
En el presente caso se tiene que la sociedad accionante L.E.T. CONSULTORES
S.A.S, interpuso acción de cumplimiento en contra del municipio de Rionegro
[Antioquia], en la cual se solicitó dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos: a)
2.2.1.3.3., b) 2.2.1.3.4, c) 2.2.1.3.5.2, d) 2.2.1.3.5.3. y e) 2.2.1.3.5.4 del Decreto 1079
37 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
38 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.01.05, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio entre otras.
39 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
42 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
44 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28.10.05,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
45 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
48 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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de 201549; el artículo 141 de la Ley 769 de 200250 y los artículos 2, 4 y 7 de la Ley
1625 de 201351, en concordancia con las circulares externas: CE 2024000000307 de
4 de junio de 2024 proferida por el Ministerio de Transporte y 202453300000024 de
28 de agosto de 2024 expedida por la Superintendencia de Transporte.
El juzgado accionado rechazó de plano la acción de cumplimiento al considerar que
las disposiciones cuyo acatamiento se pretendía no correspondían a actos
administrativos o normas de carácter general, impersonal y abstracto, y que la parte
actora contaba con los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
actuando como a quo constitucional estimó que el juzgado accionado al haber acudido
al rechazo de plano por una razón distinta a la prevista en el artículo 12 de la Ley 393
de 1997 se apartó del procedimiento establecido para el trámite de la acción de
cumplimiento.
Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primer
grado ya que, el rechazo de plano en el trámite de la acción de cumplimiento se
presenta ante la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la renuencia
respecto de la parte accionada, el cual deberá acreditarse con la demanda.
Para sustentar lo dicho esta Sala de Decisión considera oportuno recordar que la
acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en
las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Ahora, para ejercer este medio de control, del contenido del artículo 10 de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Artículo. 10. Contenido de la Solicitud. La solicitud deberá contener:
1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.
2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo
incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del
mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera
sumaria de su existencia.
3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.
4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.
5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo
del artículo 8 de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle
pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.
6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.
49 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte».
50 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
51 «Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas».
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7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no
haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante
ninguna otra autoridad.
Parágrafo. - La solicitud también podrá ser presentada en forma verbal cuando el
solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de
extrema urgencia.
Por su parte, el artículo 12 prevé:
Corrección de la solicitud. Dentro de los tres (3) días siguientes a la
presentación de la demanda el Juez de cumplimiento decidirá sobre su
admisión o rechazo.
Si la solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 se
prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de dos (2) días. Si no lo
hiciere dentro de este término la demanda será rechazada. En caso de que
no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que
trata el inciso segundo del artículo 8, salvo que se trate de la excepción allí
contemplada, el rechazo procederá de plano.
Si la solicitud fuere verbal, el Juez procederá a corregirla en el acto con la
información adicional que le proporcione el solicitante52.
De la norma en cita es diáfano concluir que el incumplimiento de alguno de los
requisitos del artículo 10 ibidem puede conducir a dos escenarios, de un lado
inadmisión, caso en el cual se otorga al accionante 2 días como término perentorio
para su correspondiente corrección; y del otro, rechazo de plano, cuando no se aporte
el requisito de procedibilidad de la renuencia.
En el panorama de la inadmisión a su vez puede suceder que la parte accionante
atienda los requerimientos, lo que dará lugar a la admisión, y de no hacerse, se podrá
rechazar.
Por otro lado, en el escenario que realmente interesa al asunto, el artículo 12 de la
Ley 393 de 1997, es claro al expresar que, el rechazo de plano se origina cuando el
accionante no aporta la prueba de haber agotado en debida forma el requisito de
procedibilidad, o de la constitución de renuencia.
En resumen, las causales de rechazo de la acción de cumplimiento a la luz del
legislador son únicamente dos, a saber: la falta de corrección del auto de inadmisión
dentro del término de ley, y la falta de prueba de haber requerido previamente a la
autoridad accionada.
Quiere decir esto que si los anteriores eventos no se estructuran se deberá admitir y
surtir el trámite correspondiente, en otras palabras, procederá el estudio del asunto
52 Destacado de la Sala.
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donde corresponde determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es
invocada/s. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s
pretensión/es formulada/s.
Así las cosas, insiste la Sala en que la postura adoptada por el juzgado accionado,
lejos de actuar como un postulado procesal que garantice un ejercicio efectivo del
derecho sustancial, genera un desconocimiento de lo dispuesto por el legislador frente
a las causales de rechazo de la acción de cumplimiento.
En ese orden de ideas, la Sección concuerda con el a quo constitucional al evidenciar
que, en efecto, la autoridad judicial accionada al desconocer lo dispuesto en el artículo
12 de la Ley 393 de 1997 se apartó del procedimiento establecido para el trámite de
la acción de cumplimiento y ello conlleva vulnerar las garantías del debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
Por lo expuesto, la Sección Quinta confirmará la sentencia de 11 de marzo de 2026
proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, que concedió el amparo deprecado en el mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 marzo de 2026 proferida por Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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