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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00140-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00140-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada del 12 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2026-00140-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

21 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00140-01
Demandante: Amaris Martínez Kopp

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00140-01
Demandante: Amaris Martínez Kopp
Demandado: Defensoría del Pueblo - Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos

Tema: Tutela para el cumplimiento de una providencia judicial.
Subsidiariedad.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 12 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela para exigir el
cumplimiento de la suma que la accionante AMARIS MARTÍNEZ KOPP considera le fue
reconocida mediante la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por la Subsección “A”,
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR a la ALCALDÍA DE VILLETA (CUNDINAMARCA), de esta
acción, en tanto que carece de legitimación en la causa por pasiva; conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de febrero de 20261, la señora Amaris Martínez Kopp interpuso acción de tutela
contra la Defensoría del Pueblo -Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y mínimo vital. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y mínimo vital.

SEGUNDA: Que se ordene a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – FONDO PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a efectuar el
pago de la suma de $19.835.572,53, correspondiente a la indemnización reconocida
judicialmente.

TERCERA: Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
efectivo e inmediato de la sentencia proferida dentro de la Acción de Grupo radicada bajo
el No. 11001333103020100057701.

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La demanda de tutela inicialmente se repartió al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá que, en auto de 26 de febrero de 2026,
la remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Amaris Martínez Kopp

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Acción de grupo

La señora Rosa Esther Kopp Becerra y otros propietarios y/o afectados del barrio El
Mirador del municipio de Villeta promovieron acción de grupo contra el ente territorial
por la expedición de permisos de urbanización en terrenos geológicamente inestables,
sin los estudios técnicos de viabilidad del terreno ni la instalación de redes de
acueducto y alcantarillado. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-31-030-2010-
00577-00. Dentro del grupo accionante figura la señora Amaris Martínez Kopp, hoy
actora en sede de tutela.

La señora Rosa Esther Kopp Becerra, madre de la actora, se vinculó a la acción de
grupo en calidad de propietaria de uno de los inmuebles del barrio El Mirador del
municipio de Villeta. La señora Kopp Becerra falleció el 27 de octubre de 2014.

La señora Amaris Martínez Kopp, también fue integrante del grupo accionante por
derecho propio, al ser propietaria del predio Lote 4 – Manzana F, es decir, de un
inmueble distinto del que era titular su madre.

El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, en sentencia de 7 de junio de 2013,
declaró responsable al municipio de Villeta por los daños y perjuicios ocasionados a
los habitantes del barrio El Mirador ante el incumplimiento de sus funciones de
vigilancia y control en el proceso de urbanización adelantado en ese barrio. y le ordenó
pagar $ 621.375.000 por perjuicios materiales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia de 12 de julio de 2018, modificó la decisión proferida en primera
instancia y, entre otras disposiciones, declaró la concurrencia de culpas entre el
municipio de Villeta y los miembros del grupo actor. En consecuencia, condenó al ente
territorial al pago de una indemnización colectiva equivalente a $6.069.685.195,71 por
concepto de perjuicios materiales.

En esa providencia, en lo referido a las indemnizaciones individuales, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dispuso que no se
reconocería el 100 % del valor de la indemnización porque existió concurrencia de
culpas, y para el efecto, estableció los siguientes subgrupos:

1. Primer subgrupo. Conformado por los predios en los que solamente está el lote,
con indemnización de $ 18.032.338,665.

2. Segundo subgrupo. Conformado por los lotes con construcción y con licencia de
construcción, con indemnización de $39.671.145,07.

3. Tercer subgrupo. Conformado por los lotes con construcción, pero sin licencia de
construcción, con indemnización $19.835.572,535.

En autos de 2 de agosto de 2019, 30 de septiembre y 29 de octubre de 2019, el
Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá consolidó el grupo de demandantes y
adherentes.

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Demandante: Amaris Martínez Kopp

En auto de 21 de abril de 2022, el citado juzgado decidió sobre varias solicitudes de
modificación, aclaración y especificación del grupo y de vinculaciones como
beneficiarios, elevadas por la parte demandante, coadyuvadas por el Municipio de
Villeta y la Defensoría del Pueblo.

En audiencia de verificación de cumplimiento de 23 de mayo de 2022 se determinó
que el monto total de la obligación ascendía a la suma de $2.901.403.227, según los
parámetros establecidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
sentencia de segunda instancia.

De acuerdo con el certificado de tradición del inmueble identificado con matrícula No.
156-77280, en 2014 la señora Rosa Esther Kopp Becerra vendió el predio de su
propiedad a la señora Ruth Aparicio Tavera, quien ese mismo año constituyó usufructo
a favor de la señora Amaris Martínez Kopp. Posteriormente, el 8 de marzo de 2016,
la señora Martínez Kopp renunció al usufructo que tenía a su favor, con lo cual el
dominio pleno del inmueble se consolidó en cabeza de la señora Aparicio Tavera. En
esa misma fecha, la señora Aparicio Tavera vendió el inmueble a la señora Amaris
Martínez Kopp, quien adquirió así la propiedad plena del bien a título de compraventa.

Proceso ejecutivo

El apoderado de la señora Amaris Martínez Kopp solicitó librar mandamiento de pago
contra el municipio de Villeta por la suma de $6.069.685.195,71, a lo que el Juzgado
Treinta Administrativo de Bogotá accedió en providencia de 27 de enero de 2020.

En providencia de 20 de febrero de 2023, el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá
declaró terminado el proceso por pago total de la obligación, al encontrar acreditado
que, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 18 de marzo de 2022, el municipio de Villeta
transfirió la suma debida al Fondo de los Derechos Colectivos de la Defensoría del
Pueblo. En ese mismo proveído, el juzgado requirió a la Defensoría del Pueblo para
que realizara el pago a los actores hasta la suma de $2.901.403.227.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes hechos y argumentos:

Indicó que actúa en calidad de heredera única de su madre Rosa Esther Kopp
Becerra, quien falleció el 27 de octubre de 2014, y que aceptó la herencia con
beneficio de inventario.

Informó que, como consecuencia de una acción de grupo adelantada contra el
municipio de Villeta, a favor de la señora Kopp Becerra (q. e. p. d.) como propietaria
de uno de los inmuebles afectados, se reconocieron perjuicios materiales por la suma
de $ 19.835.572,53.

Resaltó que el derecho de indemnización reconocido judicialmente a la causante se
incorporó a la sucesión como partida única del activo cierto de la masa hereditaria.
Sostuvo que la suma reconocida por autoridad judicial constituye un derecho cierto,
claro y ejecutoriado, que a la fecha no ha sido pagado por la Defensoría del Pueblo, a
pesar de que como heredera ha cumplido las exigencias requeridas por esa entidad.

Ante la falta de pago, alegó que el derecho reconocido en una sentencia se convierte
en una declaración simbólica sin eficacia real cuando no se logra su cumplimiento
efectivo, lo que vulnera los derechos al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia
y el mínimo vital.
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Demandante: Amaris Martínez Kopp

En este caso, concluyó que se ha presentado un incumplimiento o dilación injustificada
en el pago de una indemnización reconocida judicialmente, a pesar de que la Ley 472
de 1998 asigna al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos la
obligación de administrar y pagar las indemnizaciones reconocidas en acciones de
grupo. Esa función es reglada y no puede convertirse en un trámite indefinidamente
dilatorio.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto de 3 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora
y a la Defensoría del Pueblo - Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos y a la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca), en calidad de demandados.

5. Oposición

La Defensoría del Pueblo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de tutela y
pidió que se declarara la improcedencia porque no se satisface el requisito de la
subsidiariedad, conforme a las siguientes razones:

Señaló que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 65 (3) y 71 de la Ley 472 de
1998, esa Defensoría cumple con la función de administradora del Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y le corresponde realizar el pago de
las indemnizaciones en los términos de la sentencia a quienes fueron parte del
proceso y a quienes posteriormente se adhirieron al grupo.

Para el cumplimiento de sentencias de acciones de grupo que deba pagar el referido
Fondo, explicó que existe un trámite jurídico-administrativo interno (código: SR – P05)
que finaliza con la expedición del acto administrativo que ordena el pago de la
indemnización individual a los beneficiarios. Informó que para iniciar el trámite el
beneficiario debe aportar los siguientes documentos:

• Fotocopia del documento de identidad
• Registro Único Tributario – RUT
• Formato SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)
• Certificación de la cuenta bancaria donde se deban consignar los dineros
• Cumplimiento de los requisitos ordenados por el juez para proceder con el pago
correspondiente, en caso de ser aplicable.
• En el caso de beneficiarios fallecidos, los herederos deberán presentar la
escritura pública de sucesión, junto con los documentos adicionales exigidos
para la acreditación de derechos.
• Copia de las sentencias de primera y segunda instancia, con constancia de
ejecutoria.
• Copia de la publicación del extracto de la sentencia.
• Copia de la providencia que conformó el grupo que se adhirió en el término de
los 20 días (numeral 4° del art. 65 de la Ley 472 de 1998), si hubiese lugar, o
el auto que le ordena al Fondo su conformación.
• Consignación de la totalidad de la condena impuesta por parte de la entidad
demandada, a la Defensoría del Pueblo.

Recibida la documentación, indicó que la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de esa defensoría procede a: (i) analizar los documentos aportados; (ii)
comprobar que la(s) entidad(es) condenada(s) haya(n) consignado el valor de la
condena en los términos ordenados por la autoridad judicial. En caso de advertirse
omisiones o inconsistencias, se requiere a las entidades obligadas al pago; (iii) con
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base en los porcentajes o montos ordenados en la providencia judicial, elaborar la
liquidación por parte del equipo contable del Fondo; (iv) ingresar los datos de los
beneficiarios en el Sistema de Información y Análisis Financiero – SIAF; y, finalmente,
(v) elaborar el proyecto de resolución que ordena el pago correspondiente.

Explicado lo anterior, para el caso objeto de tutela, indicó que, frente a la pretensión
económica de la actora, esto es, el pago de la indemnización ordenada en el proceso
de acción de grupo 2010-00577, era relevante tener en cuenta lo ordenado en la
sentencia de segunda instancia. Además, advirtió que debía cumplirse el auto del 23
de mayo de 2022 del Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá que, en relación con
los inmuebles de la tabla dinámica en la que se registró el propietario antiguo y el
nuevo, determinó que: «en aquellos casos donde hubo traspaso de la propiedad deberán
mediar los acuerdos entre las partes beneficiarias, preferiblemente protocolizados y aportados
a la Defensoría del Pueblo para que esta pueda proceder a su pago, entre otras
consideraciones».

Señaló que, en el caso de la actora al revisar si los documentos aportados cumplían
lo dispuesto por el despacho judicial, encontró lo siguiente:

• En el certificado de tradición No. 156-77280, en el 2014, la señora Rosa Esther Kopp
Becerra (beneficiaria reconocida) vendió el inmueble a la señora Ruth Aparicio
Tavera.

• En el mismo año, la señora Ruth Aparicio Tavera constituyó usufructo a favor de
Amaris Martínez Kopp.

• El 8 de marzo de 2016, la señora Ruth Aparicio Tavera vende a la señora Amaris
Martínez Kopp.

De lo verificado, señaló que, para ordenar el pago, la actora debe allegar el acuerdo
entre las partes protocolizado. Tal requerimiento se le hizo a la señora Martínez Kopp
por oficio de 16 de diciembre de 2025, sin que lo haya aportado aún.

En ese orden, sostuvo que no es posible ordenar el pago hasta que se cumpla con los
requisitos exigidos en la sentencia.

Ahora bien, frente a la pretensión económica perseguida con la presente acción
constitucional, alegó que no es procedente, puesto que el reconocimiento y pago de
una suma de dinero derivada de un proceso judicial de acción de grupo debe lograrse
por las vías administrativas y judiciales dispuestas para ello y no por la vía excepcional
de la acción de tutela.

Además, señaló que, en el presente caso, la actora no demostró ni argumentó la
existencia de un perjuicio irremediable ni que los mecanismos ordinarios previstos en
el ordenamiento jurídico como el proceso de sucesión, la solicitud ante el juez natural
del proceso colectivo o la gestión administrativa con la documentación exigida resulten
ineficaces para la protección de los derechos que reclama.

La Alcaldía de Villeta (Cundinamarca) pidió la desvinculación del trámite de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no existía alguna acción
u omisión atribuible a ese ente territorial del que se derivara la vulneración de los
derechos invocados ni el pago pedido correspondía al ámbito de sus competencias
funcionales.

En efecto, informó que el municipio cumplió íntegramente con la obligación impuesta
en la sentencia dictada en el marco de la acción de grupo, consistente en consignar
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al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (administrado por la
Defensoría del Pueblo) los recursos destinados a la indemnización colectiva. En ese
entendido, alegó que el reconocimiento, administración y pago individual de las
indemnizaciones ordenadas le corresponde hacerlo al citado Fondo.

Sobre la transferencia de los recursos por parte del ente territorial, indicó que en el
proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá quedó
acreditado el cumplimiento de la obligación judicial, por lo que, en providencia de 20
de febrero de 2023, ese despacho declaró terminado el juicio por pago total y requirió
a la Defensoría del Pueblo para que procediera con el pago a los beneficiarios.

6. Sentencia de primera instancia

El 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró
improcedente la acción de tutela.

Sostuvo que para exigir el cumplimiento de la indemnización que la actora
consideraba se le reconoció en sentencia del 12 de julio de 2018 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, podía acudir al
proceso ejecutivo.

Aunado a lo anterior, advirtió que la actora no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, puesto que no se evidencia urgencia, inminencia, impostergabilidad y
gravedad. Por el contrario, observó que la tutelante realiza cotizaciones a pensión y
está afiliada en salud, en el régimen contributivo, con Sanitas S.A.S., lo que significa
que tiene un trabajo.

En relación con la vinculación de la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca), declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva porque, conforme al numeral 3° del artículo 65
de la Ley 472 de 1998, el pago de las indemnizaciones, en las acciones de grupo
correspondía al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
administrado por la Defensoría del Pueblo. Aunado a que quedó demostrado que esa
alcaldía transfirió a dicho fondo el monto total de la condena impuesta, para que
procediera a realizar el pago a los beneficiarios.

7. Impugnación

La actora impugnó la decisión de primer grado con el fin de que se revocara y se
accediera al amparo solicitado. Sostuvo que el a quo desconoció la naturaleza
constitucional del conflicto, pues no se trata de una simple reclamación económica
ordinaria que puede hacerse efectiva a través del proceso ejecutivo sino de una
actuación contradictoria, dilatoria, arbitraria y abusiva de la Defensoría del Pueblo que
ha impedido el pago de una indemnización judicialmente reconocida.

En este caso, advirtió que correspondía al juez constitucional verificar si el otro
mecanismo judicial resultaba idóneo y eficaz, según las circunstancias concretas que
la rodean, como que ha soportado por más de quince años el desgaste de una acción
de grupo, una sucesión, múltiples requerimientos administrativos, solicitudes no
comunicadas de manera clara y oportuna y cargas imposibles o irrazonables que la
Defensoría del Pueblo ha venido imponiendo para evitar el pago.

En ese contexto, alegó que la actitud de la demandada desborda por completo el plano
de una simple controversia económica y compromete directamente derechos
fundamentales, puesto que resulta desproporcionada e injusta la nueva exigencia de
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«acuerdo entre las partes, preferiblemente protocolizado» por la transferencia del dominio
del inmueble. Al respecto, afirmó que la Defensoría del Pueblo no le comunicó de
manera clara, precisa y desde el inicio que debía adelantar un trámite adicional como
condición imprescindible para el pago.

Sobre esa exigencia, sostuvo que la entidad la comunicó a otras personas o en otros
contextos, pero no lo hizo de manera individualizada respecto de ella. En ese
entendido, al no haber sido comunicada se desconoció el principio de confianza
legítima, el deber de información, la buena fe y el debido proceso administrativo.

Insistió en que la conducta de la entidad ha sido abiertamente contradictoria porque
le exigió adelantar la sucesión para que le asignaran el derecho indemnizatorio, lo que
cumplió; luego, hizo una nueva exigencia: un acuerdo adicional con terceros.

Consideró que no puede exigir el cumplimiento de una condición, y una vez satisfecha,
inventar otra distinta para seguir bloqueando el reconocimiento efectivo del derecho.
Frente a esa nueva exigencia, estimó que es imposible, irrazonable y
desproporcionada porque la otra persona que debe firmar el acuerdo «puede haber
fallecido, no encontrarse ubicable o simplemente no tener voluntad de comparecer».

En ese entendido, alegó que la Defensoría no valoró la imposibilidad real de obtener
acuerdos con terceros y que el pago no puede supeditarse a localizar, convencer o
lograr la comparecencia de terceros ajenos a su voluntad; esa exigencia constituye
una clara barrera para la satisfacción del derecho que tiene como heredera única.

Insistió en que en su caso: (i) la reparación fue reconocida judicialmente; (ii) el
municipio de Villeta consignó los recursos y (iii) el proceso ejecutivo principal concluyó
por pago; y, aun así, no ha recibido lo que le corresponde, lo que demuestra que la
lesión actual no nace de la sentencia ni del actuar del municipio condenado, sino de
la forma en que la Defensoría del Pueblo ha dilatado el pago, lo que se traduce en una
frustración del derecho de acceso a la administración de justicia.

En relación con el proceso ejecutivo con el que cuenta, según el fallador de primera
instancia, advirtió que en su caso se requiere de la intervención del juez constitucional
porque la conducta lesiva que se alega es la «arbitrariedad administrativa en la fase
de verificación y pago» por parte de una entidad pública, la cual ha sido prolongada e
injustificada; aunado a la nueva carga impuesta que es excesiva e incluso imposible
de cumplir en términos reales. En ese contexto, consideró que el proceso ejecutivo no
resuelve el núcleo de la vulneración.

Por último, advirtió que se encuentra en condición de debilidad económica, pues es
vendedora ambulante, y el hecho que se encuentre afiliada a salud y pensión no
equivale, por sí solo, a que tenga solvencia económica, estabilidad laboral o capacidad
real para soportar indefinidamente la retención de una suma a la que tiene derecho.

Advirtió que tener en cuenta tal afiliación como prueba concluyente para negar el
mínimo vital es una lectura deshumanizada y formalista, pues sus ingresos son
inestables, no tiene bienes, ni patrimonio sólido, y depende de actividades informales
para subsistir.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de tutela promovida por la señora Amaris Martínez Kopp
contra la Defensoría del Pueblo - Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada porque en este caso no se
cumple el requisito general de subsidiariedad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) requisito
de subsidiariedad y (ii) procedencia de la acción de tutela para ordenar el pago de una
indemnización ordenada en una sentencia dictada en una acción de grupo en el caso
concreto.

(i) Del requisito de subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

(ii) Procedencia de la acción de tutela para ordenar el pago de una
indemnización ordenada en una sentencia dictada en una acción de grupo en el
caso concreto.

La señora Amaris Martínez Kopp, en ejercicio de la presente acción de tutela, pretende
que se ordene a la Defensoría del Pueblo - Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos que pague la suma de $19.835.572,53, correspondiente a la
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indemnización reconocida judicialmente a favor de la señora Rosa Esther Kopp
Becerra (madre) en la sentencia de segunda instancia de 12 de julio de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en la
acción de grupo con radicado 11001-33-31-030-2010-00577-00.

La actora sostiene que acreditó la calidad de heredera única de la causante (Rosa
Esther Kopp Becerra) y ha cumplido con las demás exigencias solicitadas por la
entidad, a pesar de ello ahora se le requiere un nuevo requisito para acceder al pago
pedido, como lo es el acuerdo entre las partes vendedora y compradora del inmueble
(incluido entre los afectados en la acción de grupo).

Al respecto, en la impugnación, la actora alega una dilación injustificada en el trámite
administrativo adelantado por parte de la Defensoría del Pueblo para lograr el pago
de la indemnización reconocida en una providencia judicial. Advierte que el nuevo
requisito exigido no se le informó de manera clara y oportuna ni se valoró la
imposibilidad real de obtener acuerdos con terceros.

Resalta que no se trata de una simple pretensión o controversia económica, sino que
se comprometen directamente derechos fundamentales por la alegada dilación en el
trámite y la nueva exigencia que resulta desproporcionada e injusta cuando ya ha
cumplido todo lo requerido por la demandada.

En primer lugar, en relación con la dilación o tardanza en el trámite administrativo, la
actora no informa las fechas en las que solicitó el pago de la indemnización ante la
Defensoría del Pueblo, tampoco indica cuáles fueron las trabas o múltiples
requerimientos que le hizo la entidad, solo se refiere a la sucesión que debió iniciar
como consecuencia de la muerte de su madre y ahora a la exigencia del acuerdo entre
las partes.

Sobre la nueva exigencia pedida por la Defensoría del Pueblo para hacer efectivo el
pago de la indemnización a favor de la actora, la Sala observa que fue en la audiencia
de verificación de cumplimiento de 23 de mayo de 2022, realizada dentro de la acción
de grupo con radicado 11001-33-31-030-2010-00577-00, que el Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá reiteró que «en aquellos casos donde hubo traspaso de la
propiedad deberán mediar los acuerdos entre las partes beneficiarias, preferiblemente
protocolizados y aportados a la Defensoría del Pueblo para que esta pueda proceder a su
pago, entre otras consideraciones».

En cumplimiento a lo anterior, la Defensoría del Pueblo, por oficio de 16 de diciembre
de 2025 dirigido a la actora, le indicó que al verificar el certificado de tradición del
inmueble identificado con matrícula No. 156-77280 encontró que: (i) en 2014, la
señora Rosa Esther Kopp Becerra vendió el inmueble a la señora Ruth Aparicio
Tavera; (ii) en ese mismo año, la señora Aparicio Tavera constituyó usufructo a favor
de la señora Amaris Martínez Kopp; (iii) el 8 de marzo de 2016, la señora Martínez
Kopp renunció al usufructo y, con ello, el dominio pleno se consolidó en cabeza de la
señora Aparicio Tavera; y (iv) en esa misma fecha, la señora Aparicio Tavera vendió
el inmueble a la señora Martínez Kopp.

En consecuencia, le indicó que, según lo determinado «por el despacho judicial en
auto de 23 de mayo de 2022, se debe aportar los acuerdos entre las partes,
preferiblemente protocolizados./ Una vez sea aportado lo solicitado se continuará el
trámite administrativo».

El anterior oficio se envió mediante mensaje de datos el 17 de diciembre de 2025 y
fue abierto ese mismo día, según se acreditó del acta de envío y entrega de mensajes
9
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00140-01
Demandante: Amaris Martínez Kopp

de datos, aportada por la Defensoría del Pueblo con la contestación de la demanda
de tutela2.

Lo anterior desvirtúa la afirmación de la actora de que la entidad no le comunicó la
nueva exigencia. Además, cabe señalar que, aunque no se informó en el escrito de
tutela, de la revisión del expediente se observa que la señora Martínez Kopp actuó
como parte demandante en la acción de grupo, como propietaria de un predio distinto
al de su madre, y está representada en ese proceso por un abogado. Y ese profesional
del derecho, como apoderado del grupo actor, asistió a la audiencia de cumplimiento
realizada el 23 de mayo de 2022, por lo que quedó notificado en estrados de las
decisiones allí adoptadas por el juzgado, incluido el requerimiento de acuerdos entre
las partes cuando exista traspaso de la propiedad.

Es relevante precisar que la pretensión de pago formulada en la demanda de tutela
se dirige únicamente respecto del predio del que era propietaria la señora Rosa Esther
Kopp Becerra (q.e.p.d.), y guarda silencio sobre la indemnización de la que ella misma
resultó beneficiaria por derecho propio, en su condición de propietaria del predio Lote
4 – Manzana F, reconocimiento efectuado mediante auto del Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá de 2 de agosto de 2019.

En ese entendido, la exigencia del acuerdo entre las partes vendedora y compradora
no es «nueva», pues el juzgado la reiteró en la referida audiencia de 23 de mayo de
2022 y no es un requerimiento pedido a discreción de la Defensoría sino de la
autoridad judicial.

Ahora bien, en cuanto a que esa exigencia resulta desproporcionada e irracional, la
actora simplemente trae suposiciones al indicar que la otra persona que debe firmar
el acuerdo «puede haber fallecido, no encontrarse ubicable o simplemente no tener voluntad
de comparecer».

De lo anterior se advierte que la actora debe cumplir el requerimiento de la Defensoría
y en caso de tener alguna dificultad, puede acudir directamente a la entidad para
informarle las razones por las que no puede hacerlo. Incluso puede dirigirse al
Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, por conducto de su apoderado, para que
la releve del cumplimiento de ese requisito y demuestre las circunstancias que se lo
impiden.

Por lo anterior, queda demostrado que la actora tiene a su alcance el trámite
administrativo para el pago, el cual ya promovió ante la entidad encargada (Defensoría
del Pueblo), quien debe verificar el cumplimiento de todas las condiciones exigidas
por el juez de la acción de grupo para efectos de entregar la suma respectiva a los
beneficiarios.

De esa manera, pese a las inconformidades que expone la actora frente a la tardanza
en el trámite administrativo adelantado por la Defensoría, la Sala no puede pasar por
alto que el ejercicio de esta acción de tutela busca como fin último el cumplimiento de
una orden judicial, que corresponde al pago de una indemnización reconocida dentro
de una acción de grupo, frente a la que se está adelantando el correspondiente trámite
administrativo.

Ahora bien, además del referido trámite administrativo, en caso de que la actora
cumpla cabalmente las exigencias de la Defensoría del Pueblo y esta no proceda en

2
Samai, índice 9 del expediente 25000-23-15-000-2026-00140-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00140-01
Demandante: Amaris Martínez Kopp

forma inmediata al pago, la jurisprudencia constitucional ha previsto que el mecanismo
idóneo para exigir el cumplimiento de ese tipo de obligaciones es el proceso ejecutivo 3,
porque «…tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere
eludir, mediante la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior remate de los
bienes del deudor, están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del
demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes»4.

Entonces, no se cumple con el requisito general de subsidiariedad porque la actora
además del trámite administrativo que está adelantando, cuenta con un mecanismo
de defensa judicial diferente a la acción de tutela, mediante el cual puede iniciar el
debate sobre el presunto incumplimiento de la orden judicial dictada en la acción de
grupo, en el entendido que la naturaleza del proceso ejecutivo es justamente verificar
el cumplimiento del fallo y determinar si los pagos efectuados a los beneficiarios están
acordes o no con la orden impartida.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar
que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para
soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir
falencias en las estrategias jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez de
tutela decidir asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.

De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agotara en debida forma el
medio de defensa administrativo y judicial que la parte demandante tiene a su alcance
para que le sean protegidos los derechos fundamentales que considera vulnerados.

Adicionalmente, la Sala no encuentra acreditado que exista un perjuicio irremediable
que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, por lo siguiente:

La Corte Constitucional ha previsto algunos criterios para determinar la existencia de
un perjuicio irremediable, así: «(…) es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los
hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales»5.

La actora asegura que el actuar de la entidad accionada transgrede sus derechos al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y al mínimo vital, pero lo cierto
es que las pruebas aportadas al expediente no dan cuenta de una situación de
especial consideración que permita la intervención del juez de tutela, pues en este
caso lo que se cuestiona es la tardanza en el pago de la condena judicial, lo cual no
es suficiente para acreditar el aludido perjuicio. Sumado a que el hecho de que sea
vendedora ambulante no demuestra por sí solo la precaria situación económica que
alega, ni demuestra que la presunta demora en el trámite administrativo adelantado
3
El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, prevé: «Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. (…)».
(negrillas de la Sala)
Aunado a ello, el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en el numeral 1° establece que las sentencias debidamente ejecutoriadas
proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias constituyen un título ejecutivo.
4
Corte Constitucional, sentencia T-329 de 1994.
5
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
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Demandante: Amaris Martínez Kopp

por la Defensoría esté causando una amenaza o vulneración de los derechos de tal
magnitud que haga impostergable la intervención del juez de tutela, como mecanismo
excepcional.

En conclusión, de los hechos y pruebas aportados al expediente no se evidencia la
configuración de alguno de los presupuestos previstos por la Corte Constitucional para
inferir que se está ante la presencia de un perjuicio irremediable.

En los anteriores términos, como se anunció, en este caso no se supera el requisito
general de subsidiariedad. En consecuencia, se impone confirmar la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la
señora Amaris Martínez Kopp.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada del 12 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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