RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00149-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo en la acción de tutela, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su lugar, dispónese: 1º) Amparánse los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Laurencio Caballero Berbeo y déjase sin efectos, la providencia proferida el 16 de febrero de 2026 por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante la cual se abstuvo de abrir el incidente de desacato. 2º) En consecuencia, ordénase al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a emitir una nueva decisión respecto de la solicitud de apertura del incidente de desacato, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00149-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de abril dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Demandante: LAURENCIO CABALLERO BERBEO
Demandado: JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
EXPEDIDA EN INCIDENTE DESACATO. ACCEDE AL
AMPARO

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia proferida por el juzgado accionado, mediante
la cual se abstuvo de abrir incidente desacato en contra de Colpensiones porque, en el supuesto
cumplimiento de una orden de tutela, le negó nuevamente el reconocimiento de la pensión de
vejez. La Sala revocará la decisión que negó las súplicas de la demanda y, en su lugar, accederá
al amparo por encontrar configurado el defecto fáctico alegado.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la sentencia
del 11 de marzo de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
Proceso, acceso a la administración de justicia, Seguridad Social, igualdad y
vida digna del señor LAURENCIO CABALLERO BERBEO contra del JUZGADO
VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia”. (Negrillas y
mayúsculas fijas del original - archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2026, el señor Laurencio Caballero Berbeo
promovió proceso de acción de tutela en contra del Juzgado 25 Administrativo del Circuito

2
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

Judicial de Bogotá para que le sean amparados los derechos fundamentales del debido
proceso, igualdad, vida digna, mínimo vital y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 24 de febrero de 2026, que
se abstuvo de abrir incidente en contra de Colpensiones.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Prestó el servicio militar como miembro de la Policía Nacional en la Escuela de Policía
General Santander desde el 23 de enero de 1971 al 8 de agosto de 1976, en un tiempo
total de servicio de 5 años, 6 meses y 15 días, equivalentes a 285 semanas, según
certificación expedida por dicha autoridad y que fue aportada.

Pese al tiempo servido a la Policía Nacional antes señalado, esa autoridad solo certificó
para efectos de la pensión mediante el certificado CETIL no.
202203800141397000400358 del 31 de marzo de 2022, como tiempos servidos
únicamente del 11 de junio de 1974 al 6 de agosto de 1976, de modo que omitió el tiempo
que laboró entre el 23 de enero de 1971 al 10 de junio de 1974.

2) Mediante petición identificada con radicado 2023_18553137 del 14 de noviembre de
2023, solicitó nuevamente ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez, por ser beneficiario del régimen de transición y con la norma más favorable, esta
es, el Decreto 758 de 1990.

3) Mediante Resolución SUB 65547 del 27 de febrero de 2024, se resolvió de manera
desfavorable su solicitud, entre otras razones, porque no se podían acumular los tiempos
públicos cotizados con la Policía Nacional desde el 11 de junio de 1974 al 8 de agosto de
1976.

4) Contra esa decisión presentó los recursos de reposición y, en subsidio de apelación,
sin embargo, fue confirmada, por Resoluciones nos. SUB 126918 del 25 de abril de 2024
y DPE 11801 del 17 de junio de 2024.

3
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

5) Promovió acción de tutela1 en contra de Colpensiones en la que solicitó la protección
de sus derechos del debido proceso, igualdad, mínimo vital, vida digna y seguridad social,
porque se le negó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez en los términos del
Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta la acumulación de los aportes mixtos realizados
a las cajas de previsión públicas y al ISS o Colpensiones, de conformidad con las
sentencias SU-769 de 2014, SU-057 de 2018, SL1981-2020, SU 317/2021, SU-446 de
2022 y SU-218 de 20242.

6) Mediante providencia del 14 de noviembre de 2025, el Juzgado 25 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela por falta de
subsidiariedad y ante la inexistencia de un perjuicio irremediable.

7) Impugnó esa decisión con base en que Colpensiones por más trece años le ha negado
el reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el Decreto 758 de 1990, en
desconocimiento de que: i) no debe exigirse cotizaciones exclusivas al ISS hoy
Colpensiones y ii) que no es obligatoria la afiliación al ISS antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993.

8) En esos términos lo ha explicado la Corte Constitucional, quien ha señalado que para
aplicar el mencionado régimen las cotizaciones no tienen que ser exclusivas en el ISS,
sino que es posible acumular los tiempos de servicios con entidades públicas,
independientemente de si la afiliación a dicho instituto se dio con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

9) Puntualmente, precisó que la Policía Nacional omitió en el CETIL incluir 173.56
semanas en su historia laboral, que corresponden al lapso comprendido entre el 23 de
enero de 1971 al 10 de junio de 1974, las cuales sumadas a los tiempos cotizados al ISS
hoy Colpensiones (852), acumulan un total 1.025 semanas, motivo por el cual sí le asiste
el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez prevista en el Decreto 758 de

1
El proceso se registró con el número de radicación no. 11001-33-35- 025-2025-00436-00.
2
Las pretensiones de esa otra acción fueron “1. TUTELAR a mi favor el derecho constitucional fundamental
del DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, MINIMO VITAL, VIDA DIGNA y SEGURIDAD SOCIAL, consagrados
en los artículos 1, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política.
2. En consecuencia, le sea ordenado a COLPENSIONES reconocer y pagar la Pensión de Vejez, a partir
del cumplimiento de los 60 años de edad; sin dilaciones por el cobro del tiempo total servido ante la Policía
Nacional, del 23/01/1971 al 08/08/1976.
3. Me sea reconocido y pagado el retroactivo pensional, en los términos ordenados por la Corte
Constitucional”.

4
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

1990 y que de acuerdo con el literal a) del artículo 45 de la Ley 1861 de 2017, el servicio
militar obligatorio se computa para acceder a la pensión de vejez y otras prestaciones.

10) En sentencia del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la decisión y, en su lugar, amparó su derecho fundamental de
seguridad social, en consecuencia, le ordenó a Colpensiones realizar un nuevo análisis
de su derecho pensional, teniendo en cuenta las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional que habilitan la sumatoria de tiempos mixtos, según el Decreto 758 de
19903.

11) En cumplimiento de esa orden, Colpensiones emitió la Resolución SUB 408816 del
23 de diciembre de 2025, sin embargo, negó nuevamente el derecho reclamado, pues
insistió en que solo acreditó 852 semanas.

12) Contra esa decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación
con sustento en que la resolución que supuestamente pretendía cumplir con el fallo de
tutela fue expedida con desconocimiento de la certificación del 19 de septiembre de 1977,
aportada desde que promovió la acción de tutela y que daba cuenta de que, en realidad,
prestó sus servicios desde el 23 de enero de 1971 hasta el 8 de agosto de 1976, para un
total de 5 años, 6 meses y 15 días, tiempo que era computable para su pensión, no
obstante, tales recursos fueron nuevamente resueltos de manera desfavorable, con base
en los mismos argumentos empleados para negar el derecho inicialmente.

13) Promovió un incidente de desacato en contra de Colpensiones ante el Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por considerar que no tuvo en cuenta todos
los tiempos realmente prestados, como lo ordenó el fallo que amparó sino que se negó
nuevamente la prestación reclamada4.

3
“1°. REVOCAR la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por el
Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para en su lugar amparar el derecho
fundamental a la seguridad social del señor Laurencio Caballero Berbeo, y como consecuencia de ello
ordenar a Colpensiones que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia,
realice un nuevo análisis de su derecho pensional teniendo en cuenta las sentencias de unificación
de la Corte Constitucional, en las cuales ha sido el criterio que para aplicar el Decreto 758 de 1990
se pueden sumar los tiempos de las cajas de previsión públicas y las del ISS o Colpensiones, lo cual
no implica para la accionada que deba tomar una decisión en algún sentido”. (Negrillas de la Sala).
4
“INCUMPLIMIENTO GRAVE
A la fecha no existe un ACTO ADMINISTRATIVO emitido por COLPENSIONES que, en palabras de la
orden de tutela emitida “...realice un nuevo análisis de su derecho pensional teniendo en cuenta las
sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en las cuales ha sido el criterio que para aplicar el

5
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

14) Mediante auto del 16 de febrero de 2026, el juzgado se abstuvo de abrir el incidente
de desacato por considerar que Colpensiones cumplió la orden de tutela, en tanto expidió
la Resolución SUB 408816 del 23 de diciembre de 2025, mediante la cual realizó un
nuevo estudio del derecho pensional del actor y estableció, con fundamento en el
certificado de CETIL, que los periodos señalados por el actor sí fueron tenidos en cuenta.

15) Interpuso recursos de reposición y apelación, pero fueron rechazados por el juzgado
porque eran improcedentes, mediante auto del 24 de febrero de 2026.

Fundamento de la vulneración

El accionante invocó un defecto fáctico, con sustento en que el juzgado accionado dio
por cumplido el fallo de tutela sin verificar su ejecución material, en la medida que no
verificó que existía una prueba determinante que fue analizada y valorada en el fallo de
tutela –la certificación de la Policía Nacional que acreditaba más de cinco años de
servicio–, el cual precisamente ordenó que se “realice un nuevo análisis de su derecho
pensional teniendo en cuenta las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en
las cuales ha sido el criterio que para aplicar el Decreto 758 de 1990 se pueden sumar
los tiempos de las cajas de previsión públicas y las del ISS o Colpensiones”, sin que dicha
certificación que daba cuenta de mayores tiempos de servicios haya sido considerada
por Colpensiones al momento de presuntamente cumplir con la orden de tutela, de ahí
que el defecto se configuró porque el juzgado únicamente se limitó a constatar la
expedición de la Resolución SUB 408816 del 23 de diciembre de 2025, sin analizar si
esta incorporaba el nuevo estudio ordenado de manera completa ni si valoró dicha
prueba.

Decreto 758 de 1990 se pueden sumar los tiempos de las cajas de previsión públicas y las del ISS o
Colpensiones, ”Esto es, COLPENSIONES burla y desconoce el precedente constitucional, las pruebas y la
misma legislación; puesto que, una vez más hace el mismo estudio, sin tener en cuenta el real tiempo
de servicio certificado por la Policía Nacional; esto es, certificado por el mismo empleador que,
claramente se lee fue entre el 23 de enero de 1971 al 8 de agosto de 1976, según se evidencia en la
certificación adjunta.
Solo tiene en cuenta lo certificado en el formato CETIL por la PONAL; no obstante, el literal f) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993 ordena que, se deben tener en cuenta todos los tiempos servidos
con entidades públicas.
A continuación, reproduzco normativa que me es favorable, al incluir todos los tiempos servidos a
la POLICIA NACIONAL y que COLPENSIONES debe tener en cuenta al momento de definir mi
derecho a la pensión digna y si, considera que la PONAL debe responder por tiempos no incluidos
en el CETIL, tiene herramientas legales y jurídicas para reclamar dichos tiempos servidos a la
PONAL”.

6
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

Asimismo, invocó un “defecto sustantivo o procedimental”, porque, a su juicio, se
aplicaron de manera indebida las normas del Decreto 2591 de 1991, bajo una
interpretación formalista del cumplimiento del fallo, ya que la autoridad judicial consideró
suficiente la mera expedición de un acto administrativo, sin verificar si este satisfacía el
contenido material de la orden, lo cual, en su criterio, configuró un exceso de ritualismo
manifiesto y desconoció la obligación de garantizar la efectividad de las decisiones de
tutela.

Igualmente, alegó un desconocimiento del precedente, en la medida en que el juez
accionado no exigió la aplicación de las sentencias de unificación relativas a la sumatoria
de tiempos en materia pensional, como se ordenó en el fallo del tribunal que precisamente
revocó la decisión del juzgado de negar el amparo y le ordenó a Colpensiones realizar
un nuevo estudio de su derecho pensional considerando para ello todos los tiempos de
servicios acumulados, ni tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre la finalidad
del incidente de desacato como mecanismo para asegurar el cumplimiento efectivo de
los fallos de tutela.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29
CP), al Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 CP), a la Seguridad
Social (Art. 48 CP), a la Igualdad (Art 13 CP), a la Vida Digna (Art 1 CP), al
Mínimo Vital (Art 53 CP), los cuales han sido vulnerados por el Juzgado 25
Administrativo de Bogotá al proferir el auto del 24 de febrero de 2026 (y su
antecedente del 16 de febrero de 2026), dentro del trámite de incidente de
desacato.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO el Auto del 24 de febrero de 2026 (que
rechazó los recursos) y el Auto del 16 de febrero de 2026 (que se abstuvo de
abrir el incidente de desacato), emitidos por el Juzgado 25 Administrativo de
Bogotá en el proceso con radicado 11001-33-35-025-2025-00436-00.

TERCERA: ORDENAR al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá que, en un
término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a la APERTURA
FORMAL del Incidente de Desacato solicitado por el suscrito, con el fin de
verificar el cumplimiento material, real y efectivo de la sentencia del 11 de
diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con análisis y pronunciamiento sobre el total del tiempo servido en la PONAL.

CUARTA: ORDENAR al juzgado accionado que, dentro del trámite de desacato,
valore de manera integral y sustancial la certificación de la Policía Nacional
(PONAL) del 19 de septiembre de 1977, la cual acredita el tiempo de servicio

7
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

desde el 23 de enero de 1971 hasta el 8 de agosto de 1976, en total de 5 años,
6 meses y 15 días; para determinar si COLPENSIONES realmente incluyó este
tiempo en el nuevo estudio ordenado por el Tribunal.

QUINTA: ADVERTIR a Colpensiones que el cumplimiento de la orden judicial
no se satisface con la simple expedición de un acto administrativo formal
(Resolución SUB408816 del 23/12/2025), sino con la aplicación efectiva del
precedente de unificación sobre sumatoria de tiempos públicos y privados, tal
como lo dispuso el superior funcional; lo cual, me garantiza el derecho al cumplir
los 60 años de edad y por cumplir con las 1000 semanas en cualquier tiempo,
al tenor de lo exigido por el Decreto 758/90 y el desarrollo jurisprudencial.

SEXTA: ORDENAR la remisión de copia de la presente actuación al Consejo
Seccional de la Judicatura, con el fin de que se inicie un trámite de Vigilancia
Judicial Administrativa sobre el despacho accionado, por el actuar del Juez
dentro del Proceso Rad 11001-33-35-025-2025-00436-00 y la renuencia
injustificada para tramitar el incidente de desacato, lo cual constituye una
dilación desproporcionada que afecta la eficacia de las decisiones judiciales.

SEPTIMA: ORDENAR la compulsa de copias de todo lo actuado ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que se investigue la conducta
del titular del despacho por la presunta comisión de faltas disciplinarias
relacionadas con el incumplimiento de los términos legales y la omisión de sus
deberes funcionales (Art. 153 de la Ley 270 de 1996 y Ley 1952 de 2019), al
negarse a dar trámite a un mecanismo constitucional de cumplimiento”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 6 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela y ordenó la
notificación al titular del Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el
fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
(índice 04 de Samai).

Sentencia de primera instancia

A través de fallo del 11 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo por superados los requisitos generales
procedencia de la acción de tutela cuando se atacan providencias expedidas en
incidentes de desacato, sin embargo, negó el amparo por considerar que Colpensiones
sí dio cumplimiento a la orden impartida en cuanto realizó un nuevo estudio de la situación
pensional del actor, mediante la Resolución SUB 408816 del 23 de diciembre de 2025,
en la que analizó su caso a la luz del Decreto 758 de 1990.

8
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

El hecho de que la entidad hubiera negado nuevamente la pensión no implicaba un
desacato a la orden, dado que el fallo de tutela no ordenó adoptar una decisión en un
sentido específico.

Adicionalmente, sostuvo que lo pretendido por el actor en el incidente de desacato, esto
es, que se tuviera en cuenta el tiempo servido en la Policía Nacional entre el 23 de enero
de 1971 y el 8 de agosto de 1976, excedía el alcance de la orden judicial, ya que ese
aspecto no fue objeto de análisis ni decisión en la sentencia de tutela del 11 de diciembre
de 2025.

Finalmente, concluyó que el juzgado accionado actuó conforme a derecho al abstenerse
de abrir el incidente de desacato mediante providencia del 16 de febrero de 2026, por
cuanto en dicho trámite solo correspondía verificar el cumplimiento de lo estrictamente
ordenado en el fallo y no aspectos adicionales que no fueron objeto de pronunciamiento
expreso por parte del juez constitucional.

Impugnación

El impugnante sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en un defecto fáctico,
por tener por acreditado el cumplimiento del fallo proferido el 11 de diciembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con base en la sola expedición de la
Resolución SUB 408816 del 23 de diciembre de 2025, ya que la orden judicial no se
limitaba a la emisión de un acto administrativo, sino que exigía un nuevo análisis del
derecho pensional conforme con la jurisprudencia constitucional sobre la acumulación de
tiempos, lo cual no se cumplió, dado que la resolución reprodujo los argumentos de
decisiones anteriores y omitió incluir en el cómputo todo el tiempo realmente servido en
la Policía Nacional por más de cinco años.

En esa medida, se desconoció el principio de cumplimiento material de las sentencias de
tutela, pues el juez se limitó a verificar la existencia formal del acto administrativo, sin
constatar si este satisfacía el contenido sustancial de la orden judicial, lo cual
desnaturaliza el control del desacato y permitiría a las autoridades simular el
cumplimiento de las decisiones judiciales mediante actuaciones meramente formales.

Asimismo, desconoció los hechos previamente establecidos por el propio tribunal en la
sentencia del 11 de diciembre de 2025, en la cual se tuvo en cuenta la certificación de la

9
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

Policía Nacional que acreditaba el tiempo de servicio entre el 23 de enero de 1971 y el 8
de agosto de 1976, prueba determinante para el reconocimiento del derecho pensional y
que no fue objeto de análisis sustancial por Colpensiones ni por el juez accionado.

De otra parte, alegó el desconocimiento del precedente constitucional, en cuanto la Corte
ha admitido la procedencia de la tutela frente a decisiones adoptadas en el trámite de
desacato cuando no se verifica el cumplimiento material de la orden o se vacía de
contenido el fallo, lo cual, en su criterio, ocurrió en este caso que no se abrió el incidente,
pese a la falta de cumplimiento real.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de los autos del 16 y 24 de febrero de 2026, que se abstuvieron de abrir un

10
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

incidente de desacato debido al presunto incumplimiento de un fallo de tutela y
rechazaron unos recursos contra esa determinación, respectivamente.

En primera instancia, el a quo negó el amparo por considerar, entre otros aspectos, que
no se demostraron los defectos invocados.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, amparará los derechos del debido
proceso y la seguridad social del actor, con base en los siguientes argumentos:

Previamente a analizar si se configuró el defecto fáctico, la Sala hará unas precisiones
sobre la procedencia de la acción de tutela cuando se atacan providencias proferidas en
el marco de los incidentes de desacato, así:

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias proferidas
en incidentes de desacato

En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte Constitucional
estableció que la procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales
proferidas en el curso de un incidente de este tipo es excepcional y que depende de si
está configurada la vulneración al debido proceso de las partes.

Sobre el particular, sostuvo que el juez constitucional que asuma el conocimiento de una
acción de tutela dirigida a cuestionar una providencia dictada en el curso de un incidente
de desacato solo está autorizado para examinar el respeto del debido proceso en el
trámite.

En ese orden, no puede el juez revisar, cuestionar y/o modificar la decisión ni el alcance
o el contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez primigenio pues, se trata
de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa juzgada, de suerte
que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de
estudio.

En la referida sentencia, además, la Corte Constitucional compiló así los requisitos que
se deben cumplir para que proceda la acción de tutela contra providencias proferidas en
el trámite incidental de desacato:

11
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio”.

De conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial en cita, en el sub examine la
acción de tutela cumple los requisitos de procedencia porque i) la providencia que se
abstuvo de abrir incidente de desacato en contra de Colpensiones se encuentra
ejecutoriada y en firme; ii) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles
al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; iii) se cumplió con
el requisito de la inmediatez5; iv) no se atacó una sentencia de tutela y la parte actora
identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que estimó transgredidos, además, se alegó la configuración de unos defectos
puntuales frente a la providencia que puo final trámite del desacato.

Y, asimismo, v), el caso reviste relevancia constitucional, en tanto se encuentra
comprometido el derecho fundamental a la seguridad social del actor, cuya efectividad
depende del cumplimiento material del fallo de tutela proferido el 11 de diciembre de 2025
y esta circunstancia adquiere mayor entidad si se tiene en cuenta que tiene 73 años de
edad, lo que lo ubica en condición de sujeto de especial protección constitucional, frente
al cual el juez debe aplicar un estándar reforzado de protección.

Superados los requisitos generales de procedencia, la Sala anuncia que, por razones
metodológicas, únicamente, analizará el defecto fáctico, por ser este suficiente para
sustentar la orden de amparo y, en todo caso, los demás se enfilan a demostrar lo mismo,

5
La decisión fue notificada el mismo día en que fue expedida y la acción de tutela el 5 de marzo siguiente,
es decir, dentro del término de los 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha catalogado como
razonable.

12
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

esto es que, hubo una indebida valoración de cumplimiento de la orden de tutela del 11
de diciembre de 2025.

Recuento fáctico y probatorio relevante

1) A partir del análisis integral del expediente, la Sala advierte que, desde la acción de
tutela inicial, el actor expuso que prestó sus servicios en la Policía Nacional entre el 23
de enero de 1971 y el 8 de agosto de 1976, para un total de cinco (5) años, seis (6) meses
y quince (15) días, equivalentes a aproximadamente 285 semanas, y que dicho tiempo
no fue plenamente reflejado en su historia laboral.

2) Esta afirmación no se limitó a un dicho, sino que fue respaldada con prueba
documental idónea, consistente en la certificación del 19 de septiembre de 1977 expedida
por la Policía Nacional, la cual obra en el expediente, no fue tachada ni controvertida por
la accionada y da cuenta de la existencia de un periodo laboral cierto, verificable y
jurídicamente relevante para efectos del reconocimiento pensional.

3) Sin embargo, también se encuentra acreditado que en el certificado CETIL no.
202203800141397000400358 del 31 de marzo de 2022 no fue incorporado el periodo
comprendido entre el 23 de enero de 1971 y el 10 de junio de 1974, circunstancia que
fue la que precisamente se discutió en la acción de tutela inicial, como lo reconoció el
actor, y tal omisión del CETIL fue lo que generó una disminución sustancial en el número
de semanas contabilizadas por Colpensiones.

4) Dicho planteamiento fue reiterado por el actor en sede de impugnación contra el fallo
del 14 de noviembre de 2025, en la cual insistió en que, de ser incluido el tiempo
efectivamente laborado de conformidad con en la certificación del 19 de septiembre de
1977 expedida por la Policía Nacional, alcanzaría el número de semanas exigidas para
acceder a la pensión de vejez.

5) Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
11 de diciembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia, amparó el derecho
fundamental de seguridad social del accionante y ordenó a Colpensiones realizar un
nuevo análisis de su situación pensional, conforme con la jurisprudencia constitucional
sobre la acumulación de tiempos de servicio y considerando todo el tiempo efectivamente
laborado por el actor.

13
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

6) En cumplimiento de dicha orden, Colpensiones expidió la Resolución SUB 408816 del
23 de diciembre de 2025, mediante la cual efectuó un nuevo estudio de la situación
pensional del actor; sin embargo, del contenido de dicho acto administrativo se desprende
que la autoridad mantuvo inalterado el número de semanas cotizadas (852 semanas), sin
incorporar ni analizar de manera sustancial el tiempo de servicio certificado por la Policía
Nacional, limitándose a reproducir el resultado de evaluaciones anteriores.

7) Ante esta situación, el actor promovió incidente de desacato, en el que puso de
presente que Colpensiones no había dado cumplimiento material al fallo de tutela, por
cuanto no se había realizado un nuevo análisis que integrara la totalidad del tiempo de
servicio acreditado; no obstante, el juzgado accionado se abstuvo de abrir dicho incidente
bajo una consideración meramente formalista que se expidió un acto de cumplimiento.

8) Explicado lo anterior, de entrada, la Sala advierte que no comparte las conclusiones a
las que arribó el a quo constitucional porque, si bien dicha autoridad judicial consideró
que Colpensiones dio cumplimiento a la orden impartida, lo cierto es que dicha conclusión
parte de una comprensión meramente formalista del cumplimiento del fallo de tutela, por
las razones que se explicarán seguidamente:

9) En efecto, mediante la sentencia de 11 de diciembre de 2025 se ordenó lo siguiente:

“1°. REVOCAR la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025) por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, para en su lugar amparar el derecho fundamental a la
seguridad social del señor Laurencio Caballero Berbeo, y como consecuencia
de ello ordenar a Colpensiones que en el término de cinco (5) días siguientes a
la notificación de esta providencia, realice un nuevo análisis de su derecho
pensional teniendo en cuenta las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional, en las cuales ha sido el criterio que para aplicar el Decreto
758 de 1990 se pueden sumar los tiempos de las cajas de previsión
públicas y las del ISS o Colpensiones, lo cual no implica para la accionada
que deba tomar una decisión en algún sentido”. (Negrillas de la Sala).

10) Aunque, como es natural, la sentencia del 11 de diciembre de 2025 no ordenó el
reconocimiento de la pensión de vejez en un sentido específico (y no podía hacerlo), sino
la realización de un nuevo análisis conforme con la jurisprudencia constitucional sobre
acumulación de tiempos de servicios, dicho mandato implicaba necesariamente la
valoración integral del tiempo de servicio alegado y acreditado por el actor, que fue
justamente el punto central de discusión en aquella ocasión, en la que se debatió si este
tenía derecho a que se revisara su expediente administrativo y se realizara un nuevo

14
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

estudio de su situación pensional porque se encontró que, efectivamente, Colpensiones
no estaba teniendo en cuenta todos los tiempos de servicios que prestó6 y que se
encontraban plenamente acreditados sobre la base de que, a juicio de dicho Fondo
Pensional, no se podían acumular, según lo verificado por esta Sala.

11) Incluso, se advierte que en la propia sentencia de tutela, al efectuar la relación de los
hechos probados, el tribunal hizo referencia expresa a la Certificación del 19 de
septiembre de 1977, mediante la cual se acreditó el tiempo total de servicio prestado por
el actor en la Policía Nacional, situación que evidencia que dicho elemento probatorio fue
considerado relevante dentro del análisis que sustentó la orden impartida y que constituyó
una de las razones por las cuales se concluyó que restaban tiempos de servicios que no
habían sido considerados al momento de negarle el derecho pensional.

12) En ese sentido, a partir del análisis del expediente se observa que la autoridad judicial
accionada tuvo por acreditado el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de
tutela, con fundamento en la expedición de la Resolución SUB 408816 del 23 de
diciembre de 2025, que negó nuevamente el derecho a la pensión con fundamento en la
certificación del CETIL que no daba cuenta del tiempo total que laboró para la Policía
Nacional, así:

“2.3. Caso Concreto

En el caso concreto esta instancia judicial encuentra acreditado que la entidad
accionada ha dado cumplimiento a la orden impartida en el numeral primero de
la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en el
entendido que la accionada procedió a realizar un nuevo estudio de
conformidad con la disposición del Alto Tribunal, que en su clausulado dispuso
así mismo:

(...) realice un nuevo análisis de su derecho pensional teniendo en cuenta
las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en las cuales ha
sido el criterio que para aplicar el Decreto 758 de 1990 se pueden sumar
los tiempos de las cajas de previsión públicas y las del ISS o
Colpensiones, lo cual no implica para la accionada que deba tomar una
decisión en algún sentido. (...)

Además revisando el acervo probatorio se demuestra que en la Resolución
SUB408816 de 23 de diciembre de 2025, si se tiene en cuenta el periodo:

6
“La Sala revocará la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que por ser el accionante un adulto mayor
y en aras de garantizarle su derecho a la seguridad social, Colpensiones debe realizar un nuevo análisis
de su derecho pensional teniendo en cuenta las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en
las cuales se ha fijado el criterio que para aplicar el Decreto 758 de 1990 se pueden sumar los tiempos de
las cajas de previsión públicas y las del ISS o Colpensiones”.

15
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

Contrario a lo que manifiesta el actor es su memorial de incidente.
Conforme a las anteriores precisiones, este Estrado considera que se dio
cumplimiento al fallo de tutela del once (11) de diciembre de dos mil veinticinco
(2025), pues se procedió a realizar un nuevo análisis pensional”.

13) A partir de lo anterior, la Sala advierte que la conclusión a la que arribó el juzgado
accionado se sustentó en la premisa según la cual el periodo alegado por el actor había
sido efectivamente valorado por Colpensiones al momento de expedir la Resolución SUB
408816 del 23 de diciembre de 2025.

14) Sin embargo, dicha inferencia no encuentra respaldo en el material probatorio obrante
en el expediente, pues, el análisis efectuado por la autoridad judicial se apoyó en la
información contenida en el certificado CETIL no. 202203800141397000400358 del 31
de marzo de 2022, el cual únicamente da cuenta del tiempo de servicio comprendido
entre el 11 de junio de 1974 y el 8 de agosto de 1976, y a pesar de que la prueba invocada
por el actor daba cuenta de unos periodos mayores que no fueron considerados.

15) En ese orden, la Sala encuentra que el juzgado accionado partió de una premisa
fáctica equivocada, al asumir que el tiempo total alegado por el actor había sido valorado
por la entidad accionada, cuando en realidad el documento en el que fundamentó su
decisión no reflejaba la totalidad del periodo efectivamente laborado.

16) En contraste, en el expediente obra la Certificación del 19 de septiembre de 1977,
aportada desde la acción de tutela inicial, la cual acredita que el actor prestó sus servicios
en la Policía Nacional desde el 23 de enero de 1971 hasta el 8 de agosto de 1976, esto
es, por un lapso superior al reconocido en el certificado CETIL del 31 de marzo de 2022.

17) De este modo, la Sala advierte que la verificación del cumplimiento del fallo de tutela
no se efectuó a partir de la totalidad del acervo probatorio disponible, sino con base en
un documento que daba cuenta de manera parcial del tiempo de servicio, lo que condujo
a una conclusión errónea acerca del supuesto cumplimiento de la orden judicial.

18) Bajo este entendido, no puede tenerse por satisfecho el mandato impartido en la
sentencia de tutela del 11 de diciembre de 2025, en la medida en que Colpensiones no
realizó un análisis integral del derecho pensional del actor que incorporara la totalidad del

16
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

tiempo de servicio acreditado y, el juez del desacato, al avalar dicha actuación, omitió
verificar el cumplimiento material de la orden impartida.

19) En esas condiciones, no resulta acertado afirmar que la pretensión del actor en el
incidente de desacato, relativa a la inclusión del tiempo servido en la Policía Nacional
entre el 23 de enero de 1971 y el 8 de agosto de 1976, excedía el alcance de la orden
judicial, pues dicho aspecto no constituye un elemento nuevo o ajeno al fallo de tutela,
sino que hizo parte esencial del debate planteado desde la acción inicial y fue
determinante para la decisión adoptada por el juez constitucional.

20) Por consiguiente, la verificación del cumplimiento de la orden no podía limitarse a
constatar de manera meramente formal la expedición de un nuevo acto administrativo,
pues si bien el tribunal no ordenó el reconocimiento de la pensión, sí dispuso
expresamente la realización de un nuevo estudio a partir de la constatación de que
existían tiempos no inicialmente contabilizados, de modo que el juzgado debía evaluar el
cumplimiento material de dicha orden, lo que implicaba verificar si el nuevo análisis
incorporó efectivamente el tiempo de servicio adicional acreditado, conforme las
consideraciones de la presente sentencia de tutela y a las pruebas allegadas.

21) En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, porque la decisión cuestionada se fundó en una valoración probatoria
incompleta e irrazonable, por cuanto desconoció una prueba determinante que no
satisfizo el contenido sustancial del fallo de tutela.

22) Finalmente, la Sala advierte, en cuanto a las pretensiones encaminadas a ordenar la
remisión de copias al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial, pues la acción de tutela no constituye el mecanismo judicial previsto
para promover actuaciones de vigilancia administrativa o investigaciones disciplinarias
contra funcionarios judiciales, máxime cuando para esos efectos el actor puede acudir
directamente ante las autoridades competentes, a fin de que valoren tales
inconformidades en el marco de sus funciones.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

17
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00149-01
Actor (a): Laurencio Caballero Berbeo
Acción de tutela

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo en la acción de tutela,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su lugar, dispónese:

1º) Amparánse los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del
señor Laurencio Caballero Berbeo y déjase sin efectos, la providencia proferida el 16 de
febrero de 2026 por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante la cual
se abstuvo de abrir el incidente de desacato.

2º) En consecuencia, ordénase al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a emitir una nueva decisión respecto de la solicitud de apertura del incidente de
desacato, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.