Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00151-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
7 de mayo de 2026
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00151-01
Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 7 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00151-01
Demandante: JOSÉ ALFONSO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO
Temas: Derecho fundamental de petición. Respuesta de fondo, clara y precisa.
Deniega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 18
de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
José Alfonso Gutiérrez Ramírez pidió la protección de sus derechos fundamentales de
petición, a la igualdad y a la participación política.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a que no recibió
respuesta de fondo, clara y motivada a la solicitud de revocatoria directa de la lista de
candidatos al Senado de la República por la coalición del Pacto Histórico que elevó el 19
de febrero de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral.
2. Pretensiones
La parte actora formuló la siguiente pretensión:
1. Que se ampare el derecho fundamental de petición y al debido proceso.
2. Que se ampare el derecho fundamental a la igualdad.
3. Que se protejan los derechos políticos de participación democrática.
4. Que se ordene al Consejo Nacional Electoral resolver de fondo, de manera clara y motivada, la
solicitud de revocatoria directa presentada por el suscrito.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Manifestó el actor que el 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo la consulta interna de la
coalición del Pacto Histórico para escoger candidato presidencial y conformar las listas
de aspirantes al Congreso de la República.
Que esa colectividad previamente había aceptado someter la conformación de las listas
al Congreso de la República a los resultados de la votación obtenida en la mencionada
consulta, pero que la inscripción de la lista al Senado de la República fue alterada
respecto del orden resultante de la votación, al aplicar una <<lista cremallera>>.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00151-01
Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
El 19 de febrero de 2026, el señor José Alfonso Gutiérrez Ramírez elevó, en calidad de
coadyuvante dentro de la actuación administrativa CNE-E-DG-2026-00457, petición ante
el Consejo Nacional Electoral, para que se <<ajustar la inscripción de la lista al SENADO de
la República de la coalición “Pacto Histórico” al orden estrictamente derivado de la votación
obtenida el 26 de octubre de 2025. Dicho orden debe corresponder a los resultados de escrutinio
certificados en los formularios E-26 SEN>>.
A través de la Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral se
pronunció sobre la solicitud presentada por el actor y resolvió: << (…) ESTARSE A LO
RESUELTO en la RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0744 DE 2026, confirmada por la
RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0867 DE 2026, proferidas dentro del expediente radicado No.
CNE-E-DG-2026-000448, de conformidad con las razones expuestas en las consideraciones del
presente acto administrativo, correspondiente al expediente radicado No. CNE-E-DG-2026-
004570>>.
Se precisa que la Resolución 0744 del 2 de febrero de 2026 denegó una solicitud de
revocatoria de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República por la
coalición del Pacto Histórico, con ocasión de las elecciones que se llevarían a cabo el 8
de marzo de 2026, y la Resolución 0867 del 6 de febrero de 2026 resolvió << (…) negar el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0744 del 02 de febrero de 2026(…)>>.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El demandante señaló que el Consejo Nacional Electoral en la respuesta ofrecida a la
petición que elevó el 19 de febrero de 2026 no analizó los planteamientos que propuso,
por lo que, a su juicio, la Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026 configuraba una
respuesta evasiva, que transgredía su derecho fundamental de petición, debido a que no
se efectuó un pronunciamiento específico sobre el problema jurídico que formuló.
Que, por el contrario, el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 0779 de 2026 sí
había revocado la inscripción de otra lista derivada de la misma consulta y ordenó que se
reorganizara conforme a los resultados obtenidos en la consulta del 26 de octubre de
2025, con lo que, según dijo, se reconoció el carácter vinculante de los resultados de la
consulta y la obligación de respetar el orden derivado del voto ciudadano.
Que se configuraba un perjuicio irremediable, por cuanto el daño era inminente, debido a
que el proceso electoral continuaba su curso y el acto administrativo podía consolidar sus
efectos jurídicos dentro del calendario electoral; el perjuicio era grave, por la eventual
consolidación de un acto administrativo que desconocía los resultados de la consulta y
que afectaba principios democráticos y derechos políticos; se requería con urgencia la
intervención del juez constitucional para que el acto controvertido no produjera efectos
irreversibles y porque la protección solicitada era impostergable, puesto que una decisión
judicial posterior podría resultar ineficaz.
5. Intervenciones
El Consejo Nacional Electoral pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
y, en consecuencia, se denegaran las pretensiones del accionante. Manifestó que el
señor Gutiérrez Ramírez cuestionaba actos administrativos que se encontraban
amparados por el principio de presunción de legalidad, por lo que, a su juicio, el actor
podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para pedir la
protección de las garantías fundamentales reclamadas.
Que en el trámite de ese medio de control podía solicitar la suspensión provisional del
acto cuestionado y que, por otro lado, no se demostró el perjuicio irremediable alegado,
que hiciera procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Indicó que únicamente verificó los requisitos formales
de inscripción de candidaturas, que la revocatoria a inscripciones era una competencia
que correspondía exclusivamente al Consejo Nacional Electoral y que no existía
actuación u omisión que le fuera atribuible y que vulnerara derechos fundamentales.
La señora Dorina Hernández Palomino, representante a la Cámara del Pacto Histórico
por el departamento de Bolívar que intervino en el procedimiento administrativo en el que
se dictó la Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026, pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela porque no estaba legitimada por pasiva o que se denegaran las
pretensiones de la parte actora.
Dijo que la acción de tutela se dirigía contra las actuaciones y decisiones adoptadas por
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Que no se le
podía atribuir la presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados. Que
no se acreditó la causación de un perjuicio irremediable y que la lista paritaria y cremallera
de Pacto Histórico no desconoció la consulta interpartidista.
El señor Dagoberto Quiroga Collazos, quien dijo ser candidato dentro de la lista al
Senado de la República derivada de la consulta realizada por el Pacto Histórico, pidió
que se reconociera el carácter obligatorio del resultado de la consulta y que se ordenara
que la conformación de la lista de aspirantes correspondiera al orden de la votación
certificada por la autoridad electoral.
La señora Diana Carolina Corcho Mejía, quien dijo ser cabeza de la lista al Senado de
la República por la coalición del Pacto Histórico, solicitó denegar la acción de tutela, que
se declarara que no existió vulneración de derechos fundamentales y que se confirmara
la legalidad de la inscripción de la lista al Senado de la República por el Pacto Histórico.
Manifestó que la lista cerrada, paritaria y en cremallera con alternación de género fue una
regla previa aceptada por todos los participantes y que respetó el resultado democrático.
Que fue un acuerdo que cumplió con los requisitos correspondientes. Que la petición
presentada por el actor fue resuelta de fondo en las Resoluciones 0744 y 0867 de 2026.
6. Sentencia Impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, declaró
improcedente la solicitud de amparo, por incumplir el requisito de subsidiariedad, debido
a que contra la Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026 procedía el recurso de
reposición, con el que el actor podía exponer los reparos que expuso en la presentación
de tutela.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentó que el Consejo Nacional Electoral indujo a error al fallador de primera
instancia, porque en la audiencia pública del 4 de marzo de 2026 se informó que contra
la Resolución 1371 de 2026 no procedían recursos.
Que la contradicción entre lo dicho en la audiencia pública y lo dispuesto en la Resolución
1371 de 2026 constituía una inducción a error. Que, en todo caso, el recurso de reposición
era ineficaz, puesto que la mencionada resolución ordenó estarse a lo resuelto en otra
decisión, con una respuesta evasiva a sus argumentos, lo que, a su juicio, convertía
cualquier recurso administrativo en un ritual ineficaz para corregir la vulneración a sus
derechos fundamentales.
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
Que la decisión impugnada omitió valorar la ruptura del derecho a la igualdad respecto a
lo decidido en la Resolución 0779 de 2026. Que la respuesta ofrecida por el Consejo
Nacional Electoral a su petición fue evasiva y sin motivación.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, por cuanto no se advierte la
vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la parte actora, debido a que
el Consejo Nacional Electoral ofreció una respuesta de fondo, clara y precisa a lo
solicitado por el señor José Alfonso Gutiérrez Ramírez.
Además, no se estudiarán los argumentos presentados en la impugnación, porque se
tratan de cuestionamientos nuevos, que no fueron expuestos en el escrito de demanda
de tutela, porque de hacerlo se desconocerían los derechos de defensa y contradicción
de la parte demandada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) la subsidiariedad, (iii) derecho fundamental de petición y, (iv) el análisis del caso
concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. Sobre el requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela <<solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable>>. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
4. Derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es fundamental
y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable
al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia
para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
5. Análisis del caso concreto
Previo a resolver, la Sala empezará por referirse a los hechos probados:
El 19 de febrero de 2026, el señor José Alfonso Gutiérrez Ramírez radicó por correo
electrónico una petición dirigida al Consejo Nacional Electoral que tenía como asunto <<
COADYUVANCIA expediente radicado CNE-E-DG-2026-004570 - obligatoriedad de los
resultados de la consulta popular y sus efectos en la conformación e inscripción de listas al
Congreso de la República>>, en la que pidió:
1. PRIMERO: PRIMERA: PREVALENCIA DEL RESULTADO ELECTORAL SOBRE CRITERIOS DE
REORDENAMIENTO. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil en cumplimiento del
artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, proceda a ajustar la inscripción de la lista al SENADO de la República
de la coalición “Pacto Histórico” al orden estrictamente derivado de la votación obtenida el 26 de octubre
de 2025. Dicho orden debe corresponder a los resultados de escrutinio certificados en los formularios
E-26 SEN.
2. SEGUNDO: GARANTÍA DE PRECLUSIVIDAD Y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.
ADVERTIR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Comité Político de la Coalición que, al haber
finalizado la etapa de inscripción y encontrarse certificado el resultado en los formularios E-26 SEN,
cualquier alteración del orden de prelación constituye una violación al principio de preclusividad y una
desnaturalización de la consulta popular (Formulario E-6 y E-8). En consecuencia, se debe garantizar
el derecho fundamental a ser elegido, asegurando que el desempeño electoral individual certificado por
la autoridad electoral prevalezca sobre acuerdos internos o interpretaciones administrativas que
pretendan neutralizar el mandato soberano mediante una alternancia de género no sometida al voto
directo.
A través de la Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, se resolvió entre otras cosas: << ESTARSE A LO RESUELTO en la RESOLUCIÓN
SALA PLENA No. 0744 DE 2026, confirmada por la RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0867 DE
2026, proferidas dentro del expediente radicado No. CNE-E-DG-2026-000448, de conformidad
con las razones expuestas en las consideraciones del presente acto administrativo,
correspondiente al expediente radicado No. CNE-E-DG-2026-004570>>
Además, dispuso en su numeral quinto que <<Contra la presente Resolución procede
RECURSO DE REPOSICIÓN, el cual deberá interponerse en Audiencia de Adopción y
notificación de la decisión y tendrán plazo para radicar sustentación por escrito ante el Grupo de
Atención al Ciudadano de la Corporación a través de los correos electrónicos
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
angela.garcia@cne.gov.co y atencionalciudadano@cne.gov.co hasta las 5:00pm, del día
siguiente a aquel en que se ha celebrado la audiencia para la sustentación del recurso, una vez
surtida la notificación. >>
Explicó que, mediante escrito del 2 de febrero de 2026, con radicado número CNE-E-DG-
2026-004570, la señora Yurani Maritza Obando Muñoz presentó solicitud de revocatoria
de la lista al Senado de la República inscrita por la coalición del Pacto Histórico para
participar en las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el incumplimiento de los
resultados de la consulta interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025.
Que el señor Gutiérrez Ramírez a través del radicado CNE-E-DG-2026-006909 había
presentado escrito de coadyuvancia. Que, por auto del 16 de febrero de 2026, se avocó
el conocimiento del asunto y se decretaron pruebas, que respecto de ese auto el
movimiento político Colombia Humana y las señoras Diana Carolina Corcho Mejía y
Dorina Hernández Palomino habían advertido la existencia de una decisión previa que
resolvió el mismo asunto, contenida en las Resoluciones 0744 y 0867 de 2026.
Que revisó las decisiones mencionadas y evidenció: i) que la solicitud que dio origen al
expediente en que se dictaron esas resoluciones se fundamentó en el incumplimiento de
los resultados de la consulta celebrada en octubre de 2025, ii) que el peticionario había
solicitado la revocatoria de la lista inscrita por la coalición del Pacto Histórico al Senado
de la República y que se ordenara la reconfiguración de la mismas y, iii) que del análisis
conjunto de esas resoluciones se destacaba que, si bien el resultado de la consulta había
sido alterado para adoptar una lista cerrada de tipo cremallera, ese cambio obedeció al
acuerdo suscrito por las organizaciones políticas y en virtud del cual se convocó a la
mencionada consulta, que ese acuerdo era válido porque se adoptó en ejercicio de la
autonomía política y organizativa reconocida en los artículos 40 y 107 de la Constitución,
que fueron desarrollados en la Ley 1475 de 2011, que, además, había sido reconocido y
materializado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que, por lo anterior, era claro que existía identidad de materia entre el asunto de la
referencia con lo decidido en las Resoluciones 0744 y 0867 de 2026, por lo que ordenaría
estarse a lo resuelto en esos actos administrativos.
Ahora, la Sala observa que al expediente no se aportó constancia de notificación de la
Resolución 1371 del 4 de marzo de 2026; sin embargo, de lo dicho por el propio tutelante
se extrae que conoció la decisión ofrecida por el Consejo Nacional Electoral a su petición.
Siendo así, la Sala no encuentra que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de
la parte actora. Como se vio, el Consejo Nacional Electoral atendió la solicitud de
coadyuvancia presentada por el demandante y le indicó que previamente había resuelto
el asunto propuesto por la señora Yurani Maritza Obando Muñoz, y por el cual había
presentado solicitud de coadyuvancia, a través de las Resoluciones 0744 y 0867 de 2026,
por lo que se estaba a lo resuelto en esos actos administrativos, en los que se había
precisado que la adopción de la lista cerrada de tipo cremallera obedeció a un acuerdo
previo de la coalición del Pacto Histórico.
Para la Sala, la respuesta ofrecida por el Consejo Nacional Electoral constituye una
respuesta de fondo, clara y precisa a lo solicitado, que no puede considerarse como
petición insoluta solo porque, desde el punto de vista subjetivo del peticionario, no se
atendió como esperaba. En ese sentido, se debe advertir que las respuestas a las
peticiones no necesariamente deben ser favorables o accesibles a las pretensiones, sino
adecuadas, precisas y suficientes.
Frente al particular, es necesario recordar los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, en relación con la diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
pedido1: «(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la
posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que
se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son
formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el
uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental
(…)».
En igual sentido, en sentencia T-051 de 2023 indicó: «14. Se ha precisado que la satisfacción
del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que
conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido”2, que
se usa para destacar que “el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al
derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar
la materia de la solicitud como tal”3».
Ahora, si el demandante no se encontraba de acuerdo con la respuesta ofrecida por el
Consejo Nacional Electoral, lo propio era que presentara el correspondiente recurso de
reposición; sin embargo, el actor no acudió a ese medio de defensa con el que contaba
para proponer los reparos expuestos en esta acción constitucional.
Finalmente, la Sala advierte que el actor alegó la causación de un perjuicio irremediable;
sin embargo, no se observa su configuración. La Corte Constitucional, con relación al
perjuicio irremediable, ha dicho4:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. No porque
una decisión de la administración no sea dictada según los intereses de los administrados
debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que deba evitarse mediante la acción
de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos que establecen situaciones
desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.
Para la Sala, lo pretendido con esta acción constitucional era discutir si se había
vulnerado el derecho fundamental de petición del señor José Alfonso Gutiérrez Ramírez.
Las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión de primera instancia,
para, en su lugar, denegar las pretensiones de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:
1
Sentencia T-242 de 1993.
2
Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014, T-058 de 2018 y T-424 de 2019.
3
Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de 2019.
4 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
7
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Demandante: José Alfonso Gutiérrez Ramírez
2. Denegar la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las razones
expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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