Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00169-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00169-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00169-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2026-00169-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
29 de mayo de 2026
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Demandante: Construc Actividades Car S.A.S.
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 25 de marzo de 20261 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera-Subsección A, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 11 de marzo de 2026, la sociedad Construc Actividades Car S.A.S., por conducto de
su representante legal, formuló acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, igualdad, al mínimo vital, trabajo, a la buena fe y a la confianza legítima,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá,
con ocasión de la mora judicial en resolver sobre la admisión de la demanda presentada
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, dentro del proceso identificado con
el radicado núm. 11001-33-34-006-2024-00012-00.
2. Hechos
Del escrito de tutela2 y los archivos allegados a este trámite se desprenden los siguientes
supuestos fácticos:
1 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 56259015B109A74C 66C9924377D59FDB
12EA266A8D006BA0 34912893B9E341C4.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 7A39B5144C8990D6 B369DDFEC3C14F23
EEC62C749AF786D3 0AC6D8855312375E.
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
2.1. La sociedad Construc Actividades Car S.A.S fue objeto de liquidación oficial de
obligaciones por parte de la UGPP.
2.2. El 18 de enero de 2024, la sociedad formuló demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo en
mención. Este asunto correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Bogotá, bajo el radicado 11001-33-34-006-2024-00012-00.
2.3. Mediante auto del 14 de noviembre de 20253, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Bogotá inadmitió la demanda, por cuanto no se aportaron los actos
administrativos demandados con sus respectivas constancias de notificación, ni se
acreditó el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Asimismo, requirió a la
parte demandante para que demostrara el ejercicio de los recursos obligatorios en sede
administrativa. De igual forma, advirtió que la demanda no contenía la estimación de la
cuantía.
2.4. La parte actora presentó escrito de subsanación el 1° de diciembre de 2025.
2.5. La UGPP inició cobro coactivo e informó al contribuyente que el siguiente paso
consistiría en decretar el embargo de bienes y cuentas bancarias de la empresa.
2.6. Según afirmó la parte actora, a la fecha de presentación de la acción de tutela (11
de marzo de 2026), la demanda aún no se había admitido, pese a que la subsanación se
presentó oportunamente.
2.7. Mediante auto del 13 de marzo de 20264, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Bogotá remitió por redistribución el radicado en mención al Juzgado Setenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera.
2.8. A través de auto del 20 de marzo de 20265, el Juzgado Setenta Administrativo de
Bogotá-Sección Primera avocó conocimiento del proceso y rechazó la demanda, al
considerar que no había sido subsanada en debida forma.
En dicha providencia se indicó que el 31 de octubre de 2023 el asunto fue radicado ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta. No obstante, esa autoridad
judicial se declaró incompetente y remitió el expediente a los juzgados administrativos del
Circuito de Bogotá-Sección Primera. En consecuencia, el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Bogotá-Sección Primera inadmitió la demanda mediante auto del 14 de
noviembre de 2025.
En relación con la subsanación presentada, el despacho advirtió que la parte actora
allegó “copia de la Resolución No. 2022-00809 del 21 de octubre de 2022 y del Auto No.
3 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificadoEA7BF79E7A3AAAA0 AA991E6EC0556FE6
9E3B88479DD35AAA 3AA116A5F8FA9A8C.
4 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 0B011CE6DBCC3257 8876D42606E9132C
52E0E0ADD55067BB 73B7686F2D83E751.
5 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 70C05A23685AE0F3 23E9FF19C0974B78
415055670DA2A7EA A72F8FE00B1A5320.
2
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
ADO-2023-00166 del 15 de mayo de 2023 (actos demandados), junto con las respectivas
constancias de notificación. Sin embargo, la parte actora no allegó copia de la decisión
administrativa de la UGPP del 2 de agosto de 2023, identificada de la siguiente forma:
Radicado: 2023150003743271, referencia: Radicado No. 2023500501597122 del 18 de
julio de 2023, acto cuya nulidad pretende la parte actora, ni tampoco la constancia de su
notificación (…)”. Por consiguiente, concluyó que la demanda no había sido subsanada
integralmente.
De otro lado, la parte actora sostuvo en el escrito de subsanación que la conciliación
extrajudicial no constituía un requisito exigible, dado que se trataba de un asunto de
naturaleza laboral y pensional. Sin embargo, el despacho judicial consideró que el auto
inadmisorio se encontraba ejecutoriado, razón por la cual correspondía a la parte
demandante acatar lo allí ordenado. En consecuencia, estimó que la demanda no había
sido subsanada adecuadamente y que tampoco existió pronunciamiento respecto del
agotamiento de los recursos en sede administrativa.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital de los trabajadores de
CONSTRUC ACTIVIDADES CAR S.A.S.
2. Que se ordene al Juzgado 6° Administrativo del Circuito de Bogotá: (…) [a]dmitir
de manera inmediata la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
radicada hace más de 20 meses.
3. Que ordene a la UGPP: (…) [s]uspender de manera inmediata el embargo
decretado dentro del proceso de cobro coactivo, mientras el juez contencioso
decide la admisión y la medida cautelar.
4. Que se adopten medidas provisionales para evitar un perjuicio irremediable,
consistentes en ordenar la suspensión inmediata del embargo mientras se decide
esta tutela.”
La parte actora señaló que cuenta con doce trabajadores cuyos salarios dependen
directamente del flujo de caja de la empresa. En esa medida, sostiene que el embargo
de bienes y cuentas bancarias impide el pago oportuno de la nómina, de los aportes al
sistema de seguridad social y de las demás obligaciones laborales a su cargo. Asimismo,
afirma que la mora judicial ha impedido la suspensión del proceso de cobro coactivo
prevista en el artículo 835 del Estatuto Tributario, lo que le traslada al administrado una
carga que no le resulta imputable. Por consiguiente, manifiesta que la continuidad de la
empresa y el mínimo vital de sus trabajadores se encuentran en riesgo inminente.
En relación con la alegada mora judicial, refiere que las demoras superiores a seis meses
han sido consideradas irrazonables por la jurisprudencia, circunstancia que, a su juicio,
se agrava en el presente asunto, dado que habían transcurrido veintiocho meses sin que
se resolviera sobre la admisión de la demanda. Aunado a ello, sostiene que la suspensión
del cobro coactivo depende de la admisión de la demanda contencioso-administrativa, de
manera que, si el juez no adopta una decisión al respecto, el administrado queda en
estado de indefensión. Finalmente, insiste en que las medidas de embargo decretadas
3
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
afectan gravemente la posibilidad de cumplir con el pago de salarios y aportes al sistema
de seguridad social de sus trabajadores.
También se refirió a la procedencia de medidas provisionales, pues el juez podía ordenar
la suspensión inmediata del embargo mientras decidía la tutela, conforme al artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991. Ahondó en que el perjuicio irremediable consistía en el cese de
actividades de la empresa, la imposibilidad de pagar salarios, la afectación de los
trabajadores y que la UGPP podía ejecutar el embargo en cualquier momento. En
consecuencia, solicitó que se ordenara inmediatamente la suspensión de las acciones de
embargo que pudiera decretar la UGPP, mientras se decidía la acción de tutela.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 12 de marzo de 20266, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A inadmitió la tutela en
aras de que se aportara el certificado de existencia y representación legal de la sociedad
accionante. Requerimiento que fue atendido por la parte actora7.
4.2. En auto de 17 de marzo de 20268, el despacho ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A admitió la acción de tutela, tuvo como
accionado al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y le requirió
que allegara copia del expediente identificado con el radicado núm. 11001-33-34-006-
2024-00012-00.
Surtido el trámite de notificación, se recibió la siguiente intervención:
4.3. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá9 explicó que la
demanda le fue repartida el 18 de enero de 2024 y que, mediante auto del 14 de
noviembre de 2025, dispuso su inadmisión. Indicó que el 1.º de diciembre de 2025 la
parte actora presentó el correspondiente escrito de subsanación, razón por la cual el
asunto quedó en turno para ingreso al despacho.
No obstante, precisó que, mediante auto del 13 de marzo de 2026, el expediente fue
remitido por redistribución al Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá-Sección Primera, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-12372 del 29 de
diciembre de 2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y el Acuerdo
CSJBTA26-5 del 6 de febrero de 2026, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
6 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado CA272A9E2B89B97E DEC23E510DC54BFB
3CA38A92FE0B1C43 69EAD35CD09E828F.
7 Índice 00007 del expediente digital de primera instancia, certificado 4C5A01408FF10867 9A53C350233D32E7
2A31106BD027BC41 4D4C4BA12EFA18CC.
8 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 00D27BAFF0784462 BF882CD9D4DED09C
82754CC07781D8E6 A6E1D88695D5DACC.
9 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 44BCCF6B9BEEA4B6 0C8E49520A295090
2B51B92BD0B72EDE 360300117602DA24.
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional y la
vinculación del Juzgado Setenta Administrativo del Circuito de Bogotá-Sección Primera.
Sin perjuicio de ello, el secretario del referido despacho allegó copia íntegra del
expediente ordinario10.
4.4. En virtud de lo anterior, mediante auto de 24 de marzo de 202611, el despacho
ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección A
vinculó al Juzgado Setenta Administrativo del Circuito de Bogotá al trámite.
4.5. El Juzgado Setenta Administrativo del Circuito de Bogotá12 solicitó que se
negaran las pretensiones de la tutela o, en su defecto, se declarara su improcedencia por
no superarse los requisitos de procedibilidad.
Explicó el trámite surtido por el proceso hasta el momento en que asumió su
conocimiento. En ese sentido, indicó que, una vez recibido el expediente el 20 de marzo
de 2026, el aplicativo SAMAI generó una alerta en el usuario correspondiente al secretario
del despacho, quien procedió a ingresarlo al despacho para que se resolviera el trámite
procesal pendiente.
Precisó que, posteriormente, mediante auto del 20 de marzo de 2026, rechazó la
demanda por considerar que no había sido subsanada en debida forma. Agregó que
dicha providencia fue comunicada el mismo día de su expedición y que, al momento de
rendir el informe, se encontraba en curso la notificación por estado del 24 de marzo de
2026.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 25 de marzo de 202613, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Lo anterior, al considerar que con la expedición del auto del 20 de marzo de 2026 por
parte del Juzgado Setenta Administrativo de Bogotá-Sección Primera se resolvió la
situación que afectaba al accionante, pues “se adoptó la decisión que el estado – inicial
• y la realidad del trámite - no corrección de la demanda en debida forma - imponía, el
rechazo en cuanto se consideró que no se efectuó una debida corrección del escrito
inicial”.
En consecuencia, concluyó que resultaba innecesario impartir una orden de amparo
frente a una situación que ya se había superado.
10 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado 4266DEEE15E77EF3 84F866AA02D52EDA
518F2C1E7BA94EBB 0C10A9B0EB61CF18.
11 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 5D1C1D0A60DB8C0A A87ECDA9F127F125
085AD0CE44B3FC67 BA4DB5CF308A2807.
12 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado E226C9FAB3EFCC33 C75B5A2FBD80AAF4
5E47BAC22996A16B 02924E7A21A8E00A.
13 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 56259015B109A74C 66C9924377D59FDB
12EA266A8D006BA0 34912893B9E341C4.
5
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
6. Impugnación14
La sociedad accionante, por conducto de su representante legal, sostuvo que el fallo
impugnado no valoró adecuadamente las solicitudes relacionadas con la admisión de la
demanda ni las medidas cautelares requeridas, pese a la mora judicial alegada y al
perjuicio que, según afirmó, se ocasiona a los trabajadores de la empresa.
En este contexto, formuló las siguientes pretensiones:
“• Admitir de manera inmediata la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
radicada desde 2024 (o, a más tardar, desde la subsanación de diciembre de 2025).
• Suspender de forma inmediata el embargo decretado por UGPP mientras se decide
la tutela.
• Adoptar medidas provisionales para evitar perjuicio irremediable, protegiendo el
mínimo vital de los trabajadores y la continuidad de la empresa.
• Admisión y tramitación del proceso por parte del Juzgado 6° Administrativo, con
valoración fundamentada de la procedencia de la medida cautelar.”
La parte actora expuso que promovió la acción de tutela con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales frente a la demora en la admisión de la
demanda y al trámite de cobro coactivo que, en su criterio, afectaba el mínimo vital de los
trabajadores. No obstante, afirmó que, contrario a lo concluido en la sentencia recurrida,
la subsanación de la demanda y la redistribución del expediente no resolvieron la
situación denunciada, pues no condujeron a la admisión de la demanda ni a la suspensión
de las medidas de embargo. En consecuencia, sostuvo que tanto la mora judicial como
la afectación derivada del cobro coactivo subsistían.
Asimismo, reiteró sus consideraciones en torno a la mora judicial y al derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. En ese sentido, indicó que la
carencia actual de objeto por hecho superado no opera de manera automática, pues
únicamente se configura cuando cesa efectivamente la afectación alegada y cualquier
pronunciamiento judicial resulta inocuo. Sin embargo, señaló que la demanda
contencioso-administrativa continuaba sin ser admitida y que las medidas de embargo
seguían produciendo efectos sobre terceros ajenos al litigio, razón por la cual no era
posible concluir la existencia de un hecho superado.
En relación con el mínimo vital y el derecho al trabajo, sostuvo que las medidas de
embargo que recaen sobre recursos destinados al pago de nómina y aportes al sistema
de seguridad social deben observar criterios de proporcionalidad, de manera que no
comprometan el mínimo vital de los trabajadores.
Finalmente, afirmó que, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991,
procedía ordenar la suspensión provisional de las medidas de embargo mientras se
resolvía la presente acción constitucional y, de ser necesario, adoptar medidas
adicionales orientadas a garantizar el mínimo vital de los empleados.
14 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado E226C9FAB3EFCC33 C75B5A2FBD80AAF4
5E47BAC22996A16B 02924E7A21A8E00A.
6
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
En suma, manifestó que la sentencia impugnada debía ser revocada, por cuanto, en su
criterio, incurría en los siguientes defectos:
En primer lugar, señaló la configuración de un defecto fáctico derivado de la inexistencia
de notificación del auto de rechazo de la demanda. Al respecto, indicó que la notificación
aparecía registrada el 20 de marzo de 2026, pero con fecha de actuación del 24 de marzo
siguiente; que no existía constancia de fijación ni desfijación del estado; que no se allegó
copia del estado ni certificación secretarial correspondiente, y que el envío de una
comunicación al apoderado judicial no equivalía a la notificación prevista en el artículo
199 del CPACA. Por consiguiente, sostuvo que, ante la ausencia de notificación válida,
no existía ejecutoria de la providencia, ni una decisión definitiva, ni podía configurarse la
carencia actual de objeto por hecho superado.
En segundo lugar, afirmó que el rechazo de la demanda no superaba la vulneración
alegada, sino que, por el contrario, materializaba y agravaba la afectación de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso. Precisó que la
acción de tutela no solo perseguía la protección de tales derechos, sino también la
garantía del mínimo vital de doce trabajadores y la suspensión del cobro coactivo,
asuntos que, a su juicio, no fueron analizados por el tribunal de primera instancia.
Adicionalmente, alegó la configuración de defectos sustantivo y procedimental, al estimar
que el Juzgado Setenta Administrativo del Circuito de Bogotá formuló exigencias ilegales,
tales como requerir el agotamiento de la conciliación extrajudicial en un asunto
presuntamente no conciliable y exigir la aportación de un acto administrativo que no había
sido solicitado en el auto inadmisorio. A ello agregó que el despacho judicial omitió
verificar si dicho acto reposaba en el expediente administrativo.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que tales irregularidades constituían defectos
sustantivo y procedimental, así como una vulneración del precedente judicial, aunque no
identificó providencia específica alguna que hubiera sido desconocida. Igualmente, alegó
un defecto por falta de motivación, en tanto la sentencia impugnada no examinó el auto
de rechazo de la demanda, el perjuicio irremediable invocado ni la afectación al mínimo
vital derivada de la presunta ausencia de notificación.
Por último, la parte actora contrastó las pretensiones formuladas en la tutela con lo
resuelto en la sentencia de primera instancia. Así, indicó que, pese a haber solicitado la
admisión inmediata de la demanda, el tribunal declaró la carencia actual de objeto; que
no se pronunció expresamente sobre la petición de suspensión inmediata de las medidas
de embargo ni sobre la medida cautelar solicitada; que omitió resolver la solicitud de
adopción de medidas provisionales dirigidas a evitar un perjuicio irremediable,
consistente en la suspensión del embargo mientras se decidía la tutela; que no valoró la
afectación al mínimo vital y al derecho al trabajo de los empleados; y que, pese a haberse
solicitado la admisión y trámite del proceso por parte del Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Bogotá, nuevamente se declaró la carencia actual de objeto.
7
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
Mediante auto del 9 de abril de 202615, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A concedió la impugnación formulada por
la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Construc
Actividades Car S.A.S, pues fue demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado número 11001-33-34-006-2024-00012-00.
2.2. De igual forma, se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva
del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y del Juzgado Setenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera, por ser las autoridades judiciales
que tuvieron y tienen a su cargo el referido proceso.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección A que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la solicitud de tutela que interpuso la parte actora.
4. Carencia actual de objeto
La acción de tutela pierde su razón de ser cuando desaparecen los hechos que motivaron
la solicitud de amparo o cuando no es posible restablecer el derecho por haberse
consumado el daño. En tales eventos, cualquier orden que pudiera impartir el juez
constitucional deviene inocua. Esta situación ha sido definida por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como “carencia actual de objeto”.
De conformidad con el precedente constitucional, la carencia actual de objeto se
configura en tres hipótesis: i) por hecho superado, cuando cesa la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados como consecuencia de la actuación
del sujeto obligado, de modo que resulta innecesario un pronunciamiento judicial; ii) por
daño consumado, cuando la afectación a los derechos fundamentales se consolida de
15 Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 3F5E1546443EF0A8 BA9566DB52745BE1
099ABCD5D93B4459 BB2007612511A1D1.
8
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
manera definitiva antes de que el juez adopte una decisión de fondo; y, iii) por
sustracción de materia, cuando desaparece el objeto mismo de la controversia.
En lo que respecta al hecho superado, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza
al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado
se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la
misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es
decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece
la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario.
En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a
fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de
vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que
la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es
decir, voluntariamente”16
Finalmente, el alto tribunal ha reiterado que, “ante la alteración o la desaparición de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto
de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”17.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, por las razones que se expondrán a continuación.
5.1. Del trámite descrito previamente, se tiene que la parte actora formuló como
pretensiones en la acción de tutela lo siguiente:
“1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital de los trabajadores de
CONSTRUC ACTIVIDADES CAR S.A.S.
2. Que se ordene al Juzgado 6° Administrativo del Circuito de Bogotá: (…) [a]dmitir
de manera inmediata la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
radicada hace más de 20 meses.
3. Que ordene a la UGPP: (…) [s]uspender de manera inmediata el embargo
decretado dentro del proceso de cobro coactivo, mientras el juez contencioso
decide la admisión y la medida cautelar.
16
Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2020, T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T- 715 de 2017, SU-522 de 2019,
entre otras.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de 2008:
“[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación
expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado
sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia
constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en
relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la
sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.
9
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
4. Que se adopten medidas provisionales para evitar un perjuicio irremediable,
consistentes en ordenar la suspensión inmediata del embargo mientras se decide
esta tutela”.
La sociedad accionante justificó la solicitud de amparo en el hecho de contar con doce
trabajadores cuyos salarios dependían del flujo de caja de la empresa. En este sentido,
sostuvo que las medidas de embargo impedían el pago oportuno de la nómina y que la
mora judicial imposibilitaba que operara la suspensión del cobro coactivo prevista en el
artículo 835 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, manifestó que tanto la continuidad
de la empresa como el mínimo vital de sus trabajadores se encontraban en riesgo
inminente.
Asimismo, precisó que la suspensión del cobro coactivo dependía de la admisión de la
demanda contencioso-administrativa, de manera que, si el juez no adoptaba una decisión
sobre dicho aspecto, el administrado quedaba en estado de indefensión. Añadió que el
juez constitucional podía ordenar la suspensión inmediata de las medidas de embargo
mientras se resolvía la acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 7
del Decreto 2591 de 1991.
5.2. Sin perjuicio de lo anterior, esto es, de la referencia efectuada en el escrito de tutela
a los trabajadores de la sociedad accionante y a la UGPP, en calidad de vinculada, así
como de la solicitud de medidas provisionales, el a quo constitucional circunscribió el
análisis de la presunta vulneración al hecho de que no se había proferido decisión sobre
la admisión de la demanda dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-
33-34-006-2024-00012-00.
En consecuencia, tuvo únicamente como parte accionante a la sociedad demandante y
dispuso la vinculación exclusiva de las autoridades judiciales que habían conocido del
referido trámite judicial. Tales actuaciones fueron debidamente notificadas a la parte
actora.
5.3. Ahora bien, la Sala advierte que mediante auto del 20 de marzo de 202618, el Juzgado
Setenta Administrativo de Bogotá, Sección Primera, avocó conocimiento del proceso y
rechazó la demanda por cuanto no había sido subsanada adecuadamente.
En este punto, conviene recordar que las pretensiones iniciales de la tutela estaban
dirigidas a que se ordenara la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y, además, que se dispusiera frente a la UGPP “[s]uspender de manera
inmediata el embargo decretado dentro del proceso de cobro coactivo, mientras el juez
contencioso decide la admisión y la medida cautelar”. Del mismo modo, se solicitó el
decreto de medidas provisionales encaminadas a ordenar la suspensión del embargo
mientras se resolvía el trámite constitucional.
En ese contexto, las actuaciones anteriormente descritas permiten concluir que la
situación planteada por la parte actora fue efectivamente resuelta, en tanto el juzgado
18Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 70C05A23685AE0F3 23E9FF19C0974B78
415055670DA2A7EA A72F8FE00B1A5320.
10
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
competente valoró el escrito de subsanación y concluyó que procedía rechazar la
demanda. En otros términos, se surtió el trámite cuya agilización se pretendía mediante
la acción de tutela.
Por consiguiente, no resulta procedente que el juez constitucional se inmiscuya en el
contenido material de la decisión adoptada por la autoridad judicial ordinaria, como lo
pretende la parte accionante, pues ello corresponde al ámbito propio de la autonomía
judicial y cuenta con mecanismos de contradicción e impugnación dentro del trámite
ordinario, de conformidad con el artículo 243 del CPACA.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el presente asunto no corresponde a una acción
de tutela contra la providencia judicial contenida en el auto del 20 de marzo de 2026,
pues, para el momento en que se promovió la solicitud de amparo, dicha decisión aún no
existía.
Por otra parte, se observa que la solicitud de suspensión de las medidas de embargo
estaba supeditada a que el juez contencioso-administrativo decidiera sobre la admisión
de la demanda y la eventual procedencia de la medida cautelar deprecada. En
consecuencia, una vez se profirió el auto de rechazo de la demanda, se cumplió la
condición a la cual se encontraba subordinada dicha pretensión.
Finalmente, si bien es cierto que el a quo constitucional debió pronunciarse expresamente
sobre la solicitud de medida provisional, lo cierto es que ya emitió la decisión de fondo
que estimó pertinente dentro del presente trámite constitucional.
5.4. En su escrito de impugnación, la parte actora controvierte la anterior conclusión y
formula nuevas pretensiones, encaminadas a que se ordene de manera inmediata la
admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
No obstante, la Sala reitera que dicho análisis no corresponde ser desarrollado en esta
instancia constitucional, pues ello implicaría desdibujar el objeto de la acción de tutela
inicialmente presentada, hasta el punto de entender que el amparo se dirige contra la
providencia judicial contenida en el auto del 20 de marzo de 2026.
De acogerse esa postura, incluso podrían verse comprometidos los derechos de la propia
accionante, en la medida en que el análisis preliminar debería orientarse a verificar el
cumplimiento de los estrictos requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial. Ello supondría exigir una carga argumentativa que la parte actora no estaba en
posibilidad de satisfacer al momento de presentar la solicitud de amparo, dado que la
providencia judicial cuestionada aún no había sido proferida para esa fecha.
En igual sentido, la parte accionante solicita ahora que se ordene la admisión del proceso
por parte del juzgado inicialmente competente, así como la valoración de la procedencia
de una eventual medida cautelar. Sin embargo, de la revisión de los documentos
allegados al expediente no se advierte que, dentro del proceso ordinario, se hubiera
formulado de manera expresa una solicitud de medida cautelar.
11
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
Por consiguiente, sobre este punto la Sala reitera las consideraciones previamente
expuestas, en el sentido de que no corresponde al juez constitucional intervenir en
decisiones que hacen parte del ámbito propio de competencia y autonomía de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
5.5. De igual forma, la parte actora solicita ahora la suspensión inmediata de las medidas
de embargo decretadas por la UGPP mientras se decide la presente acción de tutela,
pretensión que difiere de la formulada inicialmente ante el a quo constitucional.
En efecto, la accionante precisó que promovió la tutela con el propósito de proteger sus
derechos fundamentales frente a la demora en la admisión de la demanda y al trámite de
cobro coactivo que, en su criterio, afectaba el mínimo vital. Sin embargo, sostuvo que,
contrario a lo concluido en la sentencia recurrida, la subsanación de la demanda y la
redistribución del expediente no resolvieron la problemática planteada, pues no
condujeron a la admisión de la demanda ni a la suspensión de las medidas de embargo.
En consecuencia, afirmó que la mora judicial y la afectación derivada del cobro coactivo
persistían respecto de la admisión de la demanda y de la eventual medida cautelar.
Asimismo, indicó que las medidas de embargo continuaban afectando a terceros ajenos
al litigio, razón por la cual la carencia actual de objeto no podía constituir la única
conclusión del asunto.
Al respecto, la Sala observa que la argumentación expuesta por la parte actora pareciera
orientarse a señalar que la acción de tutela también se promovió en procura de la
protección de los derechos de los trabajadores de la sociedad. No obstante, se advierte
que no se acreditó capacidad alguna para representar derechos ajenos a los propios de
la sociedad accionante, ya fuera mediante poder conferido por los trabajadores o a través
de la invocación de la figura de la agencia oficiosa, en los términos previstos en el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991.
En esa misma línea, la parte actora alegó la indebida notificación del auto del 20 de marzo
de 2026. Sin embargo, de la revisión de las actuaciones registradas en el aplicativo
SAMAI se evidencia que, mediante auto del 10 de abril de 202619, el Juzgado Setenta
Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la providencia del 20 de marzo de 2026. En
consecuencia, la Sala estima que la irregularidad alegada en torno a la notificación carece
de vocación de prosperidad, en tanto la propia accionante desplegó actuaciones
procesales dentro del trámite ordinario, lo que evidencia el conocimiento efectivo de la
decisión cuestionada.
Por otra parte, la actora insiste en que el rechazo de la demanda no superó la vulneración
alegada, pues, en sus términos, la “tutela buscaba proteger el debido proceso, el acceso
a la justicia, la igualdad, el mínimo vital de 12 trabajadores y la suspensión del cobro
coactivo, lo que no fue analizado por el tribunal”. No obstante, la Sala reitera que una
acción de tutela promovida por presunta mora judicial no habilita al juez constitucional
19 Aplicativo SAMAI, expediente 11001333400620240001200, índice 22, certificado E13AE2005F6861ED
C556C35B8ED12530 805A61644314E7C0 AE52B501C2FA7E40.
12
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
para pronunciarse sobre el contenido material de las decisiones adoptadas dentro del
proceso ordinario.
Del mismo modo, debe resaltarse que, en el marco del presente trámite constitucional, la
sociedad accionante nunca fue reconocida como representante de los trabajadores ni la
UGPP tuvo la condición de entidad accionada.
Finalmente, aunque la parte actora atribuye diversos defectos a la providencia proferida
por el Juzgado Setenta Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones
previamente expuestas la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno
respecto del contenido del auto del 20 de marzo de 2026.
5.6. Por último, la Sala observa que, en el escrito de impugnación, la parte actora insistió
en la necesidad de adoptar medidas provisionales orientadas a proteger el mínimo vital
de los trabajadores y la continuidad de la empresa.
Al respecto, debe señalarse que la Corte Constitucional, en el Auto 040 A de 200120,
precisó que “[m]ediante las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra
el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia
de una violación, ésta se torne más gravosa (…)”. No obstante, “[l]as medidas
provisionales únicamente pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la
sentencia. Lo anterior por cuanto únicamente durante el trámite o al momento de dictar
la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida. Una vez dictada la
sentencia, la protección del derecho fundamental consistirá en el cumplimiento del fallo.”.
Asimismo, señaló que “ha de tenerse presente que la urgencia y la necesidad de la
medida, corresponde evaluarla al juez al momento de dictar el fallo. Si no se adoptaron
en su momento, implica que para la autoridad judicial, el cumplimiento de la decisión es
un mecanismo de protección suficiente”.
Sin embargo, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de
medidas provisionales por las siguientes razones: (i) simultáneamente se emite la
sentencia dentro del presente trámite constitucional en donde se soluciona de fondo la
controversia; (ii) para el momento en que se resolvió la impugnación ya se había proferido
la actuación judicial que dio lugar a que el a quo constitucional declarara la carencia actual
de objeto por hecho superado; (iii) la parte actora no solo precisó, sino que amplió los
argumentos de la acción de tutela en el escrito de impugnación, pese a que pudo formular
tales planteamientos ante el juez de primera instancia, una vez se admitió la demanda, o
incluso promover solicitud de nulidad respecto de dicha providencia; en consecuencia,
de acogerse la postura planteada por la accionante, esta segunda instancia terminaría
por tramitar una nueva acción de tutela, en lugar de resolver la impugnación formulada
contra la sentencia de primera instancia; (iv) si bien en el escrito inicial de tutela se hizo
referencia a la UGPP, lo cierto es que una interpretación razonable del alcance de la
controversia era la efectuada por el a quo constitucional, esto es, circunscribir el análisis
a la presunta mora judicial derivada de la falta de decisión sobre la admisión de la
20 Auto 040 A de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
13
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00169-01
Accionante: Construc Actividades Car SAS
demanda; además, la parte actora no formuló objeción alguna frente a dicha delimitación
procesal una vez fue notificada del auto admisorio.
5.7. En consecuencia, la Sala concluye que se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto la actuación cuya emisión reclamaba la parte actora tuvo
lugar con posterioridad a la interposición de la acción de tutela y antes de la expedición
del fallo de primera instancia.
Ello implica que desaparecieron las circunstancias que sustentaban la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Por ende, la
solicitud de amparo perdió su objeto como mecanismo extraordinario de protección
judicial, de manera que cualquier orden que pudiera impartir el juez constitucional
resultaría inocua.
Por lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela que interpuso la
sociedad Construc Actividades Car S.A.S.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.