República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2026-00203-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
Tema: tutela contra actuación administrativa. Subtema 1: conformación de las
listas para la inscripción a las elecciones al Senado de la República. Subtema 2:
improcedente. Subtema 3: subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por María Alejandra Orellano Acuña contra la sentencia
del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
1. Síntesis del caso
La señora Mariana Alejandra Orellano Acuña presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la participación política, a elegir y ser elegido y al «respeto por la
voluntad popular», que consideró vulnerados por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al efectuar la inscripción de la lista al
Senado de la República por el movimiento político del pacto histórico sin atender el
orden de la consulta popular del 26 de octubre de 2025.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
2. La señora Mariana Alejandra Orellano Acuña se afilió a la organización política
Colombia Humana desde el 25 de septiembre de 2025. Posteriormente, el 17 de
marzo de 2026, se registró como afiliada al movimiento denominado Pacto Histórico.
3. La coalición conformada entre el Pacto Histórico y Colombia Humana convocó
a una consulta popular para conformar la lista única cerrada de candidatos al
Senado de la República, bajo unas reglas previamente establecida. En este
contexto, distintos aspirantes presentaron su hoja de vida, las cuales fueron
evaluadas y remitidas a la comisión de ética para la verificación de requisitos, con
el fin de organizar la lista que sería sometida a consulta, con base en un sorteo entre
las personas habilitadas.
4. Una vez surtida la inscripción y verificación se consolidó una lista de 149
personas, las cuales quedaban habilitadas para participar en una consulta popular.
Dicho instrumento fue enviado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para
formalizar la participación de los inscritos y someter al voto ciudadano el orden de
quienes conformarían en forma definitiva la lista de aspirantes al Senado de la
República por el Pacto Histórico.
5. La consulta popular se realizó, el 26 de octubre de 2025, con la participación
del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta
última entidad, certificó el orden correspondiente al número de votos obtenidos por
cada participante.
6. El comité interno del partido Pacto Histórico, mediante Acuerdo del 5 de
diciembre de 2025, modificó «el orden resultante del voto popular y procedió a
inscribir la lista definitiva al Senado ante la Registraduría, con base en una
interpretación posterior sobre acciones afirmativas y equidad de género».
7. El Consejo Nacional Electoral resolvió solicitudes de revocatoria promovidas por
otros ciudadanos, con el fin de que se corrigiera la lista. Sin embargo, mediante la
Resolución núm. 0779 de 2026, negó el requerimiento.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
participación política, al derecho a elegir y al respeto por la voluntad popular.
2. Que se protejan también los derechos fundamentales de los electores que
participaron en la consulta popular del 26 de octubre de 2025, por tratarse de un
mecanismo democrático cuyo resultado debía ser respetado por las autoridades y por
la organización política convocante.
1
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 2, certificado núm. 7144F69A1521DB36 95EF07ED0C7D1F8D
D6C321472553CD74 4559165F13832C95.
2
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
3. Que se declare que la inscripción de la lista al Senado de la República realizada
en desconocimiento del orden definido por la consulta popular vulneró derechos
fundamentales y desconoció el carácter vinculante de ese mecanismo democrático.
4. Se ordene al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil adelantar, dentro de un término perentorio y razonable, las actuaciones
necesarias para verificar la conformidad de la lista inscrita con el resultado
certificado de la consulta popular celebrada el 26 de octubre de 2025 y, de
acreditarse la alteración denunciada, adoptar las medidas conducentes a
restablecer el orden definido por la voluntad ciudadana.
5. Como medida de protección transitoria, se ordene a la autoridad competente
abstenerse de consolidar definitivamente los efectos de la lista cuestionada mientras
se decide de fondo esta acción constitucional o mientras se adoptan las medidas
necesarias para evitar un perjuicio irremediable. […]2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, porque omitieron
advertir y corregir la modificación de la definitiva de candidatos al Senado de la
República que presentó el Pacto Histórico, pese a que el resultado de la consulta
popular del 26 de octubre de 2025 tenía carácter obligatorio y vinculante y un orden
distinto.
10. Afirmó que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que el Acuerdo
del 5 de diciembre de 2025, proferido por el Pacto Histórico desconoció que «las
medidas de equidad de género corresponden a reglas de configuración previa de la
lista y no a instrumentos para reordenar los resultados definidos por la ciudadanía
en una consulta popular ya realizada y certificada».
11. Explicó que lo anterior desconoce sus derechos como electora, en tanto la
determinación de las curules tiene fundamento en una lista modificada que no
corresponde al orden establecido por el resultado de la Consulta Popular del 2025
y respecto de la cual los electores acompañaron con su voto.
12. Agregó que actualmente se están realizando los escrutinios y vendría la
eventual expedición de credenciales con fundamento en una lista inscrita en un
orden distinto al definido por la ciudadanía en la consulta popular.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 19 de marzo de 20263, admitió
la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y, puso en conocimiento el escrito de tutela
al movimiento político Pacto Histórico y a los ciudadanos inscritos en la lista el
Senado de la República, en su condición de terceros con interés.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 4, certificado núm. BE1DD39460BED0D9 05D8173BBA1FC646
8803D97FB8EC685C AB9E5207AC2EC29B.
3
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
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2.4. Intervenciones
14. La Registraduría Nacional del Estado Civil 4 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la solicitud de amparo se dirige a
cuestionar decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, particularmente
en materia de revocatoria de inscripción de candidaturas y de control sobre los
partidos políticos, conforme lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, por lo que no le
es dable a la entidad modificar o controvertir actuaciones de otras autoridades
administrativas, debido a que gozan de presunción de legalidad mientras no sean
anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.
15.
En este sentido, explicó que su función en las consultas internas de los partidos
se limitó a la organización operativa y al apoyo logístico, sin intervenir en decisiones
internas de las organizaciones políticas. Señaló que, en la consulta del 26 de
octubre de 2025, cumplió únicamente tareas de transmisión de resultados, mientras
que el escrutinio, la resolución de reclamaciones y la declaratoria final estuvieron a
cargo exclusivo del partido, en ejercicio de su autonomía.
16. Indicó que la definición de los resultados y su uso para conformar listas es
responsabilidad propia del partido, pues la Registraduría solo verifica requisitos
formales de inscripción sin intervenir en controversias internas. En el caso concreto,
verificó los requisitos y aceptó la inscripción de la lista, acto que goza de presunción
de legalidad.
17. Asimismo, precisó que cualquier controversia sobre la validez de la inscripción
fue decidida por el Consejo Nacional Electoral mediante actos obligatorios para la
Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que no tiene competencia para
modificarlos ni resolver disputas de fondo sobre candidaturas.
18. Por otro lado, afirmó que la solicitud de amparo es improcedente, porque no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que existen mecanismos judiciales
idóneos para controvertir las decisiones del Consejo Nacional Electoral, uno de
ellos, el medio de control de nulidad electoral ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
19. Añadió que dentro del procedimiento electoral existen instancias de reclamación
ante las autoridades escrutadoras, lo que confirma la disponibilidad de vías
ordinarias de defensa.
20. Indicó que no se evidenciaba una vulneración directa de derechos
fundamentales atribuible a la Registraduría, pues esta actuó dentro del marco de
sus competencias y en acatamiento de las decisiones de las autoridades
competentes. Finalmente, afirmó que no se configura un perjuicio irremediable, ya
que la accionante no demostró una actuación irregular que constituya una situación
4
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índices 20, certificados núm. 2880720F63F3E4B1 8CCB2EA2309382D6
CDB47AF3E1BF559E 88867096BBA9631C.
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
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grave, inminente o irreversible para ella.
21. El Consejo Nacional Electoral (CNE)5, se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela, al considerar que esta resulta improcedente, en tanto no se evidencia
vulneración o amenaza de derechos fundamentales de la actora que sea atribuible
a la entidad.
22. Expuso que la actuación del Consejo Nacional Electoral, en lo relativo al registro
de las listas al Senado de la República remitidas por los partidos políticos, se ajustó
a sus competencias constitucionales y legales, en especial en lo concerniente a las
funciones de inspección, vigilancia y control de la organización electoral, así como
a la garantía del adecuado desarrollo de los procesos electorales conforme a la
normativa vigente.
23. Destacó que la entidad tiene competencia para regular, vigilar y controlar la
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, así como para decidir
sobre la revocatoria de inscripciones de candidatos; sin embargo, sus decisiones se
encuentran sujetas a control judicial por parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo cual constituye el mecanismo adecuado para controvertir su
legalidad.
24. Así pues, indicó que las inconformidades planteadas deben ser tramitadas a
través de los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por
lo que solicitó que se declare su improcedencia por no evidenciarse vulneración de
derechos fundamentales atribuible a dicha entidad.
25. Adicionalmente, planteó la falta de legitimación en la causa por activa, al
considerar que la accionante no ostenta la titularidad de los derechos cuya
protección invoca, ni actúa como representante, apoderada o agente oficiosa en los
términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
26.
El señor Dagoberto Quiroga Collazos6, en su calidad de integrante de la lista al
Senado de la República por el Pacto Histórico manifestó que comparte el interés de
la accionante, porque la tutela se encuentra respaldada en fundamentos fácticos y
jurídicos suficientes.
27. Afirmó que la acción electoral solo puede ejercerse una vez culminen los
escrutinios y se profiera la declaratoria de elección, por lo que, en su criterio,
actualmente no existe otro mecanismo judicial idóneo para evitar que la irregularidad
alegada se consolide en efectos electorales antes de que opere el control
jurisdiccional ordinario.
28.Destacó que la lista al Senado cuya inscripción se cuestiona tuvo origen en una
consulta popular realizada con apoyo de la organización electoral, cuyos resultados
5
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 12, certificado núm. A2971A71F663FEC6 EC628D5815012B42
01EFE38AA2186433 1D1199878F46C5E5.
6
Samai, exp25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 14, certificado núm. 8E7A8ED0E8AF3505 8C30587D8CF8D172
BBD95186FE3491FC A954DBB1BDD3BDBE.
5
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
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fueron certificados oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
indicación del número de votos obtenidos por cada precandidato y el orden
resultante de la voluntad popular, por lo que no podía desconocerse el carácter
vinculante de dichos resultados.
29. Así pues, indicó que la organización política no podía modificar el orden de la
lista al Senado, sustituyendo el definido por el voto ciudadano, porque esto afecta
directamente los derechos políticos tanto de los electores como de los
precandidatos.
30. Sostuvo que la modificación del orden de la lista incide directamente en la
declaratoria de elección y en la asignación de curules, lo que implica el
desplazamiento de candidatos con mayor votación a posiciones menos favorables
y el ascenso de otros con menor respaldo electoral, por lo que es evidente la
afectación concreta e inminente en la conformación de la representación política, de
modo que no se trata de un perjuicio hipotético, sino de una situación actual que
incide en la adjudicación de curules y en la expedición de credenciales.
31. Afirmó que, cuando una organización política decide someter la conformación
de sus listas a una consulta popular, la decisión tiene carácter obligatorio y no
pueden ser modificados posteriormente por el partido. En consecuencia, permitir la
alteración del resultado implicaría defraudar la voluntad de los votantes y
desconocer la naturaleza democrática del mecanismo, en contravía de lo señalado
por la jurisprudencia constitucional.
32. Frente a las acciones afirmativas y la equidad de género, indicó que estas
operan en la etapa de conformación previa de las listas, pero no pueden utilizarse
para modificar los efectos del voto una vez este ha sido certificado por la autoridad
electoral.
33. Con todo, concluyó que no se trata de una controversia interpretativa, sino de
una infracción directa que consiste en la sustitución del orden certificado por la
autoridad electoral, lo cual afecta los derechos políticos de los candidatos y
electores, razón por la cual considera procedente la intervención del juez
constitucional para evitar la consolidación de los efectos derivados de dicha
actuación.
34.
El señor Orlando Mercado Valeta7 en su calidad de integrante de la lista al
Senado de la República por el Pacto Histórico refirió que los candidatos que integran
la lista se acogieron a los acuerdos y decisiones adoptadas al interior del partico,
así como a los mecanismo democráticos y organizativos definidos por la colectividad
política.
35. Explicó que la configuración y registro de la lista se realizó conforme a las reglas
internas del partido y en armonía con la normativa legal aplicable, particularmente
7
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 21, certificado núm. DA1A9D69425E8FB2 5CE7D9170C861FAC
AB4E95212EC1426C 2E82B19E1893F70C.
6
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
la Ley 1475 de 2011, por que destacó que el ordenamiento jurídico reconoce a los
partidos políticos un amplio margen de autonomía para organizarse internamente y
adoptar decisiones sobre la conformación de sus listas.
36. Resaltó que la autonomía partidista constituye una garantía del pluralismo
político y del sistema democrático, lo que permite a las organizaciones políticas
definir sus candidatos y listas dentro del marco legal.
37. De otra parte, afirmó que la acción de tutela resulta improcedente en el presente
caso, en la medida en que no es el mecanismo judicial idóneo para controvertir
decisiones relacionadas con procesos electorales o con la inscripción de listas de
candidatos.
38. Adicionalmente, mencionó que los candidatos que integran la lista han actuado
de buena fe, confiando en la legalidad de las decisiones adoptadas por las
autoridades del partido y en el cumplimiento de los procedimientos establecidos
tanto por la normativa interna como por las autoridades electorales. En ese sentido,
indicó que su participación en la lista obedece al respeto por los acuerdos
democráticos adoptados dentro del partido, así como al cumplimiento de las reglas
aplicables al proceso electoral.
39. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela,
al no demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados. En su
defecto, pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo, ante la existencia
de otros medios de defensa judicial.
40. La señora Diana Carolina Corcho Mejía8, en su condición de cabeza de lista al
Senado de la República por la coalición Pacto Histórico, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la tutela, al considerar que no existe vulneración de derechos
fundamentales.
41.
Así pues, indicó que los partidos que integran la coalición Pacto Histórico
suscribieron previamente a la consulta del 26 de octubre de 2025 un acuerdo de
voluntades de carácter público y vinculante, en el cual se estableció que la
conformación de las listas se realizaría con base en el resultado electoral individual
de las precandidaturas, en orden descendente de votación, con el fin de garantizar
la paridad y la alternancia de género.
42. Señaló que dichas reglas fueron conocidas y aceptadas por todos los
precandidatos y por la ciudadanía, y que el resultado oficial certificado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil reflejó la voluntad popular dentro de ese
marco previamente definido.
43.En ese sentido, la lista al Senado inscrita respetó el acuerdo de voluntades,
manteniendo el orden descendente dentro de cada género y aplicando el principio
8
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 22, certificado núm. CC2AFF39C6B3E4F8 22F8B8152B105756
C0485989EACA8E52 74361C83236D8BB5.
7
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
de alternancia para garantizar la paridad, sin que ello implicara una alteración
posterior de los resultados de la consulta.
44.Destacó que el Consejo Nacional Electoral, mediante resoluciones expedidas
en 2026, analizó estos argumentos y confirmó la legalidad de la inscripción, al
considerar que el acuerdo hacía parte de las reglas previas de la consulta.
45. A partir de lo anterior, afirmó que no existe modificación del resultado de la
consulta, sino aplicación de reglas previamente aceptadas, bajo las cuales la
ciudadanía ejerció su derecho al voto.
46. Agregó que el carácter obligatorio del resultado de la consulta no excluye la
posibilidad de que los partidos definan previamente las reglas de la organización,
siempre que estas sean públicas, transparentes y respeten los derechos
fundamentales, en ejercicio de su autonomía partidista.
47. Resaltó que la alternancia de género no fue aplicada de manera posterior para
modificar el resultado, sino que hizo parte del diseño mismo de la consulta, por lo
que la voluntad popular se expresó dentro de ese esquema. Invocó estándares
internacionales en materia de acciones afirmativas y señaló que estas son
compatibles con los principios de igualdad y no discriminación y buscan promover
la participación política de las mujeres.
48. Manifestó que no existe trato discriminatorio entre distintas listas, en tanto los
supuestos fácticos son diferentes y justifican un tratamiento jurídico diferenciado,
particularmente en lo relativo a la aplicación de medidas de género.
49. En este orden, mencionó que no se vulneró el debido proceso, en tanto las
decisiones del Consejo Nacional Electoral fueron motivadas y adoptadas conforme
a las pruebas. No se afectaron los derechos a la igualdad ni a la participación
política, pues la accionante actuó en la consulta con conocimiento de las reglas y
su voto fue respetado dentro del marco previamente definido.
50.
Por otro lado, precisó que no se configura un perjuicio irremediable, ya que las
actuaciones electorales se realizaron adecuadamente y la expedición de
credenciales no genera un daño irreversible, sino que refleja la voluntad popular
expresada conforme a las reglas pactadas.
51.Los demás sujetos procesales vinculados a esta acción constitucional
guardaron silencio.
8
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
2.5. Sentencia de primera instancia
52.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 9 de abril de 20269, declaró improcedente la tutela, al
considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
53. Al respecto, indicó que en el expediente de tutela se demostró que «la
accionante acudió al Consejo Nacional Electoral» [sic] para solicitar «la revocatoria
de la inscripción de la lista» al Senado de la República por el Pacto Histórico, la cual
fue negada mediante Resolución núm. 0744 del 2 de febrero de 2026. Dicha
decisión fue confirmada a través de la Resolución núm. 0867 del 6 de febrero de
2026, y frente a la cual posteriormente se dispuso a estarse a lo resuelto mediante
la Resolución núm. 1371 del 4 de marzo de 2026.
54. De esta manera, indicó que la solicitud de amparo está dirigida a cuestionar la
legalidad de los actos mediante los cuales el Consejo Nacional Electoral decidió no
revocar la inscripción de la lista al Senado del Pacto Histórico, así como la
conformación misma de esta.
55. Por lo anterior, consideró que la accionante tiene la posibilidad de acudir a los
medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad electoral
para controvertir esos actos o cuestionar los actos de elección, en cuyos escenarios
puede solicitar medidas cautelares para proteger sus derechos.
56. Añadió que no se demostró que esos mecanismos ordinarios no sean eficaces
o idóneos ni que exista un perjuicio irremediable que justifique la tutela. Además, la
discusión sobre la legalidad de actos administrativos y la conformación de listas
corresponde al juez natural de lo contencioso-administrativo.
57. Reiteró que se no advierte la existencia de un perjuicio irremediable, pues no se
acreditó una afectación grave o inminente que no pueda resolverse por las vías
ordinarias. También destacó que la accionante al momento de vincularse a la
colectividad política suscribió los documentos con los que aceptó someterse a las
reglas internas del movimiento político, incluidas las decisiones sobre la
conformación de la lista, alternativas para garantizar la paridad de género de los
candidatos al Congreso de la República.
2.6. Impugnación
58. La parte actora presentó impugnación10 en contra de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. En su escrito,
indicó que la providencia impugnada resolvió la procedencia de la tutela desde una
perspectiva formal y restrictiva, sin advertir que en el presente asunto comprometió
9
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00 índice 25, certificado núm. A1978BF86CB30E2A B1AFF6690E95B5AE
DE87D8B6A9866F2C 2AD27C391FFCC02A.
10
Samai, exp. 25000-23-15-000-2026-00203-00, índice 31, certificado núm. B52A90EBCC76B869 9BE691DAB48AADD9
DD099CEE652FC07C C1434E79AD35E875.
9
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
la fuerza vinculante de una consulta popular, el principio democrático, la igualdad
electoral y la confianza legítima del elector.
59. Argumentó que no se pretende desplazar al juez contencioso-administrativo ni
sustituir la acción de nulidad electoral, sino impedir que se consolide un orden de
prelación dentro de la lista al Senado del Pacto Histórico que, a primera vista,
aparece fundado en el desconocimiento del resultado obligatorio de la consulta
popular celebrada el 26 de octubre de 2025, oficialmente certificada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil
60. A su juicio, la decisión impugnada le otorgó un efecto excesivo a la afiliación
posterior de la accionante al Pacto Histórico, pues, en su criterio, la aceptación de
estatutos internos no puede implicar renuncia a derechos fundamentales o
convalidación de la eventual alteración de un resultado democrático vinculante.
61. Así pues, consideró que el juez de primera instancia no resolvió de manera
suficiente la tensión constitucional entre autonomía partidista, alternancia de género
y obligatoriedad del resultado de la consulta popular. Tampoco examinó de fondo la
inconsistencia en la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a listas derivadas
de la misma consulta popular del 26 de octubre de 2025, particularmente la
diferencia de trato entre la lista al Senado y la lista a Cámara de Representantes
por Bogotá.
62. Por otro lado, mencionó que la tutela fue presentada como mecanismo
transitorio y urgente, con el propósito de evitar que se comprometan su derecho a
elegir y ser elegido ante el desplazamiento con el que resultó afectada por la
modificación de la lista definitiva al Senado de la República por el Pacto Histórico.
Esto, además de evitar que el control judicial ordinario resulte tardío frente a una
afectación constitucional ya en curso.
63. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y,
en su lugar se acceda al amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
64. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 9 de
abril de 2026, proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
10
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
3.2. Legitimación en la causa
65. La legitimación en la causa por activa de la señora Mariana Alejandra Orellano
Acuña está acreditada, porque se encuentra afiliada a la colectividad política del
Pacto Histórico y, por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró vulnerados.
66. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, debido a
que fueron las autoridades que desarrollaron el proceso electoral, en el que, a juicio
de la accionante se afectaron sus derechos fundamentales.
3.3. Problema jurídico
67. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil vulneraron los derechos al debido proceso,
a la igualdad, a la participación política y a elegir y ser elegido de la parte actora en
lo que respecta al acto de inscripción de candidatos al Senado de la República por
la colectividad política del Pacto Histórico?.
68.Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿el escrito de amparo
supera el requisito de procedibilidad de la tutela de la subsidiariedad?.
69. Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; ii) competencia del Consejo Nacional Electoral y la autonomía de los
partidos políticos y, iii) el caso concreto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
70. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez11.
71. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable12; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en
entredicho […]»13.
11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
12
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
13
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
11
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Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
3.4.1. Competencia del Consejo Nacional Electoral y la autonomía de los
partidos políticos
72. Según los artículos 264 y 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional
Electoral es una autoridad electoral que tiene dentro de sus funciones ejercer la
inspección, vigilancia y control de la organización electoral en el país, velar por el
«cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de
la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en
condiciones de plenas garantías», y las demás que le confiera la ley.
73. En línea con lo mencionado, el artículo 6 de la Ley 30 de 1994 «Por la cual se
dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras
disposiciones», prevé lo siguiente:
Artículo 6. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos
políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad
están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y
mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política.
En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y
autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a
bien tengan nacionalmente
74. La referida norma establece que los partidos y movimientos políticos podrán
organizarse libremente, siempre y cuando cumplan con la Constitución y las leyes,
defiendan y difundan los derechos humanos como sustento de la convivencia
pacífica y propendan a lograr y mantener la paz, marco en el cual establecerán sus
propios estatutos.
75. Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 30 de 1994, prevé lo que sigue:
Artículo 7. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los
partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier
ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión,
podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias
a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las
decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo
las mismas normas.
[…].
76. Lo anterior significa que los partidos y movimientos políticos se encuentran
sometidos al principio de obligatoriedad, lo que implica que su organización,
funcionamiento y toma de decisiones deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto
en estos instrumentos normativos internos, los cuales a su vez deben sujetarse al
orden constitucional y legal vigente.
12
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Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
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77. En ese sentido, cualquier actuación de las directivas que desconozca o
contravenga sus propios estatutos constituye una vulneración directa del orden
jurídico interno del partido, así como de los principios de legalidad y debido proceso
que deben regir su actividad.
78. Adicionalmente, la norma prevé un mecanismo de control, en tanto establece
que todo ciudadano puede impugnar, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
adopción de la decisión, aquellas cláusulas estatutarias o decisiones que resulten
contrarias a la Constitución, la ley o las disposiciones del Consejo Nacional
Electoral. Esto refuerza la naturaleza vinculante de los estatutos y garantiza su
sujeción a un marco superior de legalidad.
79.
Acorde con lo dicho, el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011 indica que el
funcionamiento de estos deberá estar ajustado a los principios de «transparencia,
objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus
programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes
y en sus estatutos».
3.5. El caso concreto
80. La señora Mariana Alejandra Orellano Acuña presentó tutela con la pretensión
principal de que se protejan sus derechos como electora y, en consecuencia, se
declare que la lista al Senado de la República reportada por la colectividad política
del Pacto Histórico y registrada por el Consejo Nacional Electoral para las
elecciones del 8 de marzo de 2026, se efectuó de manera irregular, por cuanto
desconoció el orden de los candidatos que se presentaron para la consulta popular
que se realizó el 26 de octubre de 2025.
81. En concreto, la accionante manifestó que el Consejo Nacional Electoral omitió
ejercer adecuadamente sus deberes de vigilancia y control al registrar una lista de
candidatos al Senado de la República que fue posteriormente modificada sin
respetar el orden original definido para la consulta popular del 2025, lo cual, en su
criterio, desconoce el carácter vinculante y obligatorio de la voluntad popular.
82.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199114
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso15.
14
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
15
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
13
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83. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables16.
84. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la señora Mariana Alejandra
Orellano Acuña se afilió a la colectividad política del Pacto Histórico desde el 25 de
septiembre de 2025. Lo anterior implica el respeto y sujeción de la actora por los
estatutos y las decisiones del movimiento.
85. También está demostrado en el expediente de tutela que las directivas del Pacto
Histórico, en atención a lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Resolución núm. 2151 del 1 de junio de
2019, del Consejo Nacional Electoral, sobre la conformación de listas con
observancia de los principios paridad, alternancia y universalidad, procedió a
expedir el Acuerdo del 5 de diciembre de 2025, en cuya clausula primera indicó lo
siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: El objeto del presente acuerdo consiste en la
conformación de una coalición entre los partidos y movimientos políticos firmantes para
la inscripción de una lista única y cerrada de candidaturas al Senado de la República
en la circunscripción ordinaria, para el período constitucional 2026–2030. La lista será
integrada de conformidad con los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre,
adoptando el orden y la composición con alternancia de género contenidos en el
acuerdo de consulta, los cuales son acogidos en su totalidad por las colectividades que
conforman el Pacto Histórico.
Parágrafo: Para la modificación de la lista al Senado, se expedirán los avales
modificatorios, los cuales serán suscritos integralmente por los partidos avalistas de los
candidatos sobre los cuales se solicite dicho acto jurídico, mismas que serán radicadas
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por el secretario General de cualquiera
de los partidos signatarios del aval modificatorio.
86.
En este orden, las inconformidades de la parte actora relacionadas con la
modificación de la lista de candidatos al Senado de la República por el movimiento
del Pacto Histórico, con ocasión de la decisión adoptada por la colectividad en el
Acuerdo del 5 de diciembre de 2025, en un principio, podían ser objeto de
impugnación en los términos previstos en el artículo 28 de los estatutos internos17
de la agrupación política.
87. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la tutelante, también tenía la
posibilidad de cuestionar el Acuerdo del 5 de diciembre de 2025, a través del
16
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
17
Artículo 28°. Mecanismos de impugnación de decisiones. Las decisiones de carácter directivo, administrativo o de
gobierno tomadas al interior de cualquier mecanismo de gobierno, salvo del Congreso Nacional, y en caso de que sea
improcedente una reposición inmediata en términos de saneamiento de los procedimientos o de ponderación oportuna de
circunstancias sobrevinientes, serán impugnables ante el órgano inmediatamente superior.
Las impugnaciones deberán radicarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la realización
del acto en el que se adoptó la decisión.
14
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mecanismo de impugnación dispuesto en el artículo 7 de la Ley 30 de 1994, el cual
establece que: «cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional
Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades
de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas».
88. De acuerdo con lo anterior, la accionante contaba con instrumentos de
naturaleza administrativa para cuestionar las actuaciones adoptadas de manera
interna por la colectividad política y, que, en su criterio, no se encontraban ajustadas
al ordenamiento Constitucional y legal.
89. En este sentido, la Sala considera que le correspondía a la señora Mariana
Alejandra Orellano Acuña impugnar la decisión que tomó el movimiento político del
Pacto Histórico, como quiera que al interior de dicha colectividad se concertó la
decisión de ajustar el orden de la lista de candidatos al Senado de la República, que
hoy cuestiona la accionante vía tutela. Esto, con el fin de que dicha entidad o incluso
el Consejo Nacional Electoral resolvieran de fondo sus inconformidades y reparos.
90. No obstante, revisado el expediente de tutela, se observa que la accionante no
presentó requerimiento alguno ante la colectividad política o ante el Consejo
Nacional Electoral, en la cual hubiese manifestado su inconformidad con la
determinación de la lista alternada de candidatos al Senado de la República por el
Pacto Histórico, por lo que no es aceptable que pretenda subsanar dicha situación
a través del ejercicio de esta solicitud de amparo.
91. En este sentido, es preciso advertir que el juez de tutela no puede desconocer
la estructura y el ordenamiento jurídico establecido por el poder legislativo con la
distribución de competencias entre las distintas entidades estatales, en virtud del
principio democrático de separación de poderes, el cual tiene como una de sus
funciones, «racionalizar la actividad del Estado y el ejercicio de ese poder político,
mediante la instauración de órganos especializados, autónomos, independientes y
con competencias definidas por la Constitución y la Ley»18.
92. En todo caso, es pertinente indicar que la señora Mariana Alejandra Orellano
Acuña también podía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para
controvertir la decisión que en su momento hubiese podido tomar el Consejo
Nacional. Lo anterior, no obsta para que acuda al medio de control de nulidad
electoral para cuestionar las posibles irregularidades ocurridas con la elección de
los candidatos al Senado de la República por el momento político del Pacto
Histórico, que, en su criterio, desconocieron los parámetros legales y
constitucionales al momento de su inclusión e inscripción en la lista definitiva de
aspirantes a la mencionada corporación pública.
93. Al respecto, conviene precisar que el medio de control de nulidad electoral es
un instrumento idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13919 de la Ley 1437
18
Corte Constitucional, sentencia C-332 de 2017.
19
«ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto
popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas
15
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de 2011 (CPACA), la tutelante puede solicitar que se deje sin efectos los actos
administrativos que definen la elección de los candidatos.
94. Dicho escenario judicial es el espacio adecuado para que el juez administrativo
estudie y analice si se presentaron inconsistencias en la actuación que derivó en la
inscripción y posterior elección de los aspirantes como lo plantea la accionante en
el escrito de tutela, en la medida en que permite cuestionar los fundamentos,
motivos y razones de orden legal y reglamentario que sustentaron las respectivas
designaciones.
95. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las
órdenes necesarias con el fin de restablecer el orden jurídico que eventualmente se
haya alterado con las decisiones adoptadas por la autoridad accionada.
96. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares.
Al respecto, los artículos 229 y 230 ibidem establecen lo siguiente:
Artículo 229. Procedencia de Medidas Cautelares. En todos los procesos declarativos
que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de
la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada,
las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo
con lo regulado en el presente capítulo.
Artículo 230. Contenido y Alcance de las Medidas Cautelares. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y
deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes
medidas: […]20.
97. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección»21.
98.Conviene reiterar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales sean
de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones
públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones
o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección.
El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en
el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los
mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998».
20
Se transcribe incluso con errores.
21
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
16
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
resueltos por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir al amparo constitucional.
99. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, como bien lo
indicó el juez de primera instancia, es improcedente, en el entendido de que el
agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no sólo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino
un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de defensa.
100. Es pertinente aclarar que la solicitud de amparo tampoco procede como
mecanismo transitorio, pues los argumentos planteados por la accionante para
justificar la procedibilidad de la tutela no identifican un hecho concreto que configure
una grave amenaza o una vulneración inminente de los derechos fundamentales de
la accionante.
4. Conclusión
101. En consecuencia, dado que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, la Subsección confirmará la sentencia del 9 de abril de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Mariana Alejandra Orellano Acuña.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
17
Radicado: 25000-23-15-000-2026-000203-01 (5784)
Accionante: Mariana Alejandra Orellano Acuña
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otro
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
18
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