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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00227-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00227-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de abril de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-15-000-2026-00227-01 Demandante: Dagoberto Quiroga Collazos Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00227-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00227-01
Accionante: DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Irregularidad en la confirmación
y registro de la lista cerrada de candidatos al Senado de la República
por el Pacto Histórico. Incumplimiento del requisito de la
subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Dagoberto Quiroga Collazos, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia de 13 de abril de 2026 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de marzo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la
participación, a elegir y ser elegido y “el respeto a la soberanía”, supuestamente
vulnerados por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
igualdad, participación política, elegir y ser elegido, así como el principio democrático y la
soberanía popular del suscrito y de manera refleja, los derechos de los electores que
participaron en la consulta popular del Pacto Histórico celebrada el 26 de octubre de 2025.

SEGUNDA. Declarar que la alteración posterior del orden resultante de la consulta popular
para la inscripción de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico, a partir del segundo
renglón, desconoce el carácter obligatorio de los resultados de la consulta y vulnera los
derechos fundamentales invocados.

TERCERA. Ordenar a las autoridades accionadas que se abstengan de fundar la
declaratoria de elección, la asignación de curules y la expedición de credenciales respecto
de la lista al Senado del Pacto Histórico, a partir del segundo renglón, en un orden de
prelación distinto al que resulte de los resultados oficiales de la consulta popular del 26 de
octubre de 2025, certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
CUARTA. Ordenar, como medida transitoria mientras la jurisdicción contencioso
administrativa decide el medio de control correspondiente, que las autoridades accionadas

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00227-01
Demandante: Dagoberto Quiroga Collazos

se abstengan de producir efectos jurídicos definitivos fundados en el orden alterado de la
lista inscrita.

QUINTA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral que profiera una decisión de fondo, clara,
expresa, congruente y suficientemente motivada sobre el problema jurídico relativo a la
obligatoriedad de la consulta popular y a la imposibilidad de alterar sus resultados
mediante decisiones organizativas posteriores”.

2. Hechos

El demandante relató que el Pacto Histórico convocó a los precandidatos
interesados en inscribirse en la consulta interna para conformar la lista única cerrada
de candidatos al Senado de la República.

Afirmó que de la convocatoria resultaron habilitados 149 participantes, quienes
fueron sometidos a un sorteo para organizar la lista que sería sometida a consulta,
la cual fue entregada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para someterla al
voto popular y que en este escenario se decidiera el orden definitivo de los
candidatos.

Indicó que el 26 de octubre de 2025 se realizó la consulta interna con el apoyo del
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes
posteriormente certificaron los resultados y que, se evidenció que obtuvo 23934
votos, por lo que ocupó así el puesto número 26 en la lista cerrada.

Señaló que la lista definitiva se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil, pero en ella se desconocieron los resultados de la consulta, pues se aplicación
de unas medidas de equidad de género que se adoptaron para redistribuir el orden
de los integrantes y que debieron implementarse para una configuración previa de
la lista, modificaciones que fueron aceptadas por la mencionada entidad y el
Consejo Nacional Electoral.

Aseguró que varios ciudadanos solicitaron la revocatoria, con el fin de que se
realizaran las respectivas correcciones a las listas, ajustándose al resultado de la
consulta, sin embargo, mediante Resolución núm. 0779 de 2026, el Consejo
Nacional Electoral ordenó recomponer el orden de la lista de los candidatos a la
Cámara de Representantes, mas no la del Senado.

Finalmente, los comicios para elegir a los integrantes del Senado de la República
se realizaron el 8 de marzo de 2026, y agregó que las autoridades electorales para
el momento de interposición de la acción de tutela aún no habían declarado la
elección ni la asignación de curules correspondientes a la lista cerrada.

3. Fundamentos de la acción

El actor mencionó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, pues la lista cerrada que se sometió a consulta no fue organizada
con un criterio de alternancia o mediante la denominada “lista cremallera”, sino que
se estructuró por sorteo y en condiciones de igualdad de oportunidades entre los
preseleccionados, y que quien ocupara el segundo en la consulta como
precandidato presidencial, encabezaría la lista al Senado de la República.
Sostuvo que con la alteración de los resultados al momento de inscribir la lista se
desplazaron a los candidatos con mayor votación a posiciones inferiores, mientras
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Demandante: Dagoberto Quiroga Collazos

que otros con menor electorado fueron ubicados en posiciones favorables, de tal
suerte que el actor pasó del puesto 26 al 34, perdiendo la elegibilidad como senador
a pesar de su caudal electoral.

Indicó que las autoridades demandadas aceptaron la modificación del orden de la
lista que eligió el electorado de la consulta, para lo cual, resaltó que los artículos 5
al 7 de la Ley 1475 de 2011 establecen que las consultas de participación
democrática para adoptar decisiones internas y escoger candidatos, y que sus
resultados son obligatorios para el partido, movimiento, coalición o grupo
significativo de ciudadanos que las convoque.

Refirió que “cuando una organización política decide someter al voto ciudadano la
conformación de una lista cerrada, la competencia para definir el orden de los
candidatos deja de ser orgánica y pasa a ser democrática. En tal escenario, el orden
certificado por la autoridad electoral constituye la manifestación objetiva de la
voluntad popular, y no puede ser sustituido por una decisión organizativa posterior”.

Indicó que en las sentencias C-089 de 1994, C-490 de 2011 y C-089 de 1994 de la
Corte Constitucional, así como los fallos de 19 de enero de 2017 y 4 de agosto de
2016 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, establecieron que los resultados
de las consultas populares son obligatorios y no se pueden desconocer.

Resaltó que las reglas de equidad de género operan antes de la conformación de
la lista y esto no autoriza la alteración de los resultados de la consulta.

Por último, manifestó que la acción de tutela se promueve como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, “sin desconocer que existe el medio
de control de nulidad electoral ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

La profesional adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial pidió
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no es el
mecanismo adecuado para resolver controversias relacionadas con la legalidad de
un acto administrativo. Agregó que los mecanismos de impugnación de decisiones
son los que fueron adoptados por los órganos de dirección de los movimientos y
partidos políticos en sus estatutos, a los cuales debe acudir el actor.

4.2. Respuesta de la registraduría Nacional del Estado Civil

El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud
de amparo, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales de los
demandantes, además que carece de legitimación en la causa por pasiva

Resaltó que las inconformidades del demandante fueron trasladadas al Consejo
Nacional Electoral, entidad que, en ejercicio de sus competencias, resolvió la
solicitud de revocatoria mediante la Resolución núm. 0744 de 2026, en el sentido
de negar dicha solicitud, decisión que posteriormente fue reiterada mediante la

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Resolución núm. 0867 de 2026, decisiones que son susceptibles de reproche
mediante el medio de control de nulidad electoral.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en fallo de 13 de abril de 2026, declaró la improcedencia de la acción
de tutela, bajo el argumento de que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.

Afirmó que un ciudadano acudió ante las autoridades accionadas para solicitar la
revocatoria de inscripción de las listas al Senado de la República por el Pacto
Histórico, la cual fue negada por el Consejo Nacional Electoral, mediante
Resolución núm. 0744 del 2 de febrero de 2026, confirmada en la Resolución núm.
0876 de 6 de febrero de 2026, y que a su vez fueron ratificadas por medio de la
Resolución núm. 01371 del 4 de marzo de 2026. Agregó que actualmente existen
unos actos administrativos de carácter definitivo que dilucidaron en sede
administrativa los señalamientos que ahora, por vía de tutela, el señor Dagoberto
Quiroga Collazos pretende sean resueltos.

Indicó que la acción de tutela también resulta improcedente habida cuenta de que
contra dichos actos administrativos debe acudirse a los medios de control ordinarios
establecidos en la Ley 1437 de 2011, los cuales no se acreditó que hayan sido
promovidos, o que, habiéndolos ejercido, resultaren ineficaces. En especial,
teniendo en cuenta que, como se señaló, la parte actora visibilizó los efectos de
una medida institucional adoptada por el Pacto Histórico en el marco de las
elecciones legislativas de 8 de marzo de 2026, que presuntamente lo perjudicó de
cara a su expectativa de acceder a la investidura de Senador de la República,
situación en la cual es el juez de lo contencioso administrativo quien debe analizar
la legalidad de tales decisiones y consecuencias.

Por último, manifestó que la solicitud de amparo tampoco acreditó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable como condición indispensable para la intervención del juez
constitucional, además de la presunta alteración de un orden de elegibilidad que,
como se anticipó, debe analizarse desde su faceta de legalidad por el juez natural.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Dagoberto Quiroga Collazos impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se revoque, al considerar que la acción de tutela sí cumple con el requisito de
subsidiariedad porque no existía un acto administrativo demandable.

Afirmó que el requisito de la subsidiariedad debe valorarse desde la existencia real,
concreta, actual y eficaz del medio de defensa al momento de la amenaza o
vulneración, no a partir de una acción eventual o futura, en este caso, ese medio
judicial todavía no había nacido jurídicamente.

Resaltó que la inscripción de una lista de candidatos no constituye un acto definitivo
de elección, sino un acto preparatorio o de trámite dentro del proceso electoral, por
lo que el medio de control de nulidad electoral no estaba habilitado.

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Señaló que frente al acto de inscripción el mecanismo no era la nulidad electoral,
sino la actuación administrativa electoral adelantada ante el Consejo Nacional
Electoral, dentro de la cual se promovió la revocatoria de la inscripción, es decir,
que se agotó el medio de defensa.

Indicó que “se acudió a la tutela porque, al momento en que la amenaza era cierta
e inminente, la nulidad electoral todavía no podía promoverse. La tutela no se
interpuso para sustituir al juez electoral natural, sino porque al momento de la
vulneración no existía aún acto definitivo de elección, y por tanto no existía todavía
medio judicial electoral actual y eficaz”. Agregó que la acción de tutela se presentó
como un mecanismo transitorio y que estaba demostrado el perjuicio irremediable,
por lo que la solicitud de amparo debió concederse.

Para terminar, manifestó que no se le puede castigar por no haber promovido una
nulidad electoral contra un acto inexistente, ni por no haber demandado
judicialmente un acto preparatorio cuyo control inmediato correspondía a la
revocatoria de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral lo que resulta una
carga imposible o jurídicamente improcedente, aunado al hecho de que la
subsidiariedad no puede transformarse en una barrera para la procedencia de la
solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 25 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 13 de abril de 2026 de la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la
acción de tutela por no superar el requisito de la subsidiariedad, y si debe acceder
al amparo constitucional en los términos propuestos por la parte actora.

3. El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
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siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

De acuerdo con el referido marco jurídico, la Corte Constitucional ha estimado que
en los casos en que aun así existan medios principales de defensa judicial, la
jurisprudencia de esa Corporación reconoce dos excepciones a la improcedencia
del recurso de amparo por subsidiariedad, (i) cuando existiendo otro medio de
defensa judicial el accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, pero
éste no tiene la idoneidad o virtualidad para conjurar el perjuicio irremediable, para
lo cual el amparo procederá de manera transitoria1 o, (ii) cuando si bien existe otro
medio de defensa judicial, éste no es eficiente ni eficaz para proteger los derechos
fundamentales invocados, caso en el cual la tutela procede de manera definitiva.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Dagoberto Quiroga Collazos interpuso acción de tutela contra el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a
la participación, a elegir y ser elegido y “el respeto a la soberanía”, los cuales
considera vulnerados por la modificación del orden del listado de candidatos al
Senado de la República por parte de la coalición del Pacto Histórico con
posterioridad a los resultados de la consulta popular.

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 13 de abril de 2026, declaró la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que el demandante cuenta con los medios de control
ordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011, más aún cuando no acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable como condición indispensable para la
intervención del juez constitucional.

El demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual señaló que no se le podía
imponer la obligación de demandar un acto inexistente y que el acto de inscripción
solo es un acto preparatorio, mas no definitivo. Adicionalmente, mencionó que la
acción de tutela se interpuso como mecanismo transitorio y que estaba configurado
el perjuicio irremediable.

De conformidad con lo anterior y de la revisión de los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela y la impugnación, la Sala advierte que la acción de tutela resulta
improcedente, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, como pasa a
explicarse:

Del estudio de las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se observa que
el objeto la acción de tutela en estudio se centra en el hecho de que la lista cerrada
de candidatos al Senado de la República por parte del Pacto Histórico se modificó
con posterioridad a la consulta interna y que esto le restó posibilidad de resultar

1
Sentencia T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Dagoberto Quiroga Collazos

electo por quedar en un puesto más abajo de lo que se había establecido en un
principio. Sin embargo, la solicitud de amparo fue radicada, de acuerdo con los
archivos que aparecen en Samai, el 25 de marzo de 2026, es decir, con
posterioridad a la fecha en que se adelantó el ejercicio electoral (8 de marzo de
2026).

Por consiguiente, la Sala evidencia que en la actualidad se expidieron las actas de
escrutinio general y los actos que acreditan la elección de las personas que
aspiraban a una curul como congresistas para el periodo 2026-20302, razón por la
cual existen actos definitivos relacionados con las personas que integran la lista
cerrada al Senado de la República por parte del Pacto Histórico y que estaban en
un puesto de elegibilidad de acuerdo al número de votos adquiridos y de curules
otorgadas en virtud de la cifra repartidora.

Es decir, en la actualidad ya se definió y creó una situación jurídica a los integrantes
de la mencionada lista que, se reitera, en atención al número de votos y la cifra
repartidora, tienen derecho a una curul en el Senado de la República para el periodo
2026-2030.

Así las cosas, la Sala considera que es a través del medio de control de nulidad
electoral regulado en el artículo 1393 de la Ley 1437 de 2011, dentro del término de
caducidad previsto por el legislador, que el demandante puede desvirtuar la
presunción de legalidad de la que gozan el acto de inscripción y que declararon la
elección de los integrantes de la lista del Senado de la República por el Pacto
Histórico.

Al respecto, la Corte Constitucional, a partir de lo previsto en el artículo 86 superior,
ha señalado respecto del carácter subsidiario de la acción de tutela, que no es el
medio llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de
ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes4.

Ahora bien, el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

2
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 7 de junio de 2018, radicado núm. 11001-03-28-000-2018-00062-00, reiterado
en el auto de 11 de octubre de 2019, radicado núm.: 11001-03-28-000-2019-00045-00, en los que se indicó que “los actos
expedidos en función electoral también pueden clasificarse en actos de trámite y actos de definitivos. Así pues, en asuntos
electorales el acto que contiene la decisión definitiva del electorado es el tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer
vacantes, los cuales se constituyen como verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del artículo 139 del
CPACA, pasibles de ser controlados, únicamente, por la vía de la nulidad electoral según las voces de la norma en comento.
Por el contrario, serán actos de trámite o preparatorios todos aquellos proferidos en el devenir del procedimiento electoral,
distintos de los de elección, nombramiento o llamamiento y los cuales no son pasibles de control judicial de forma autónoma.
En efecto, lo que ocurre es que los actos de trámite o preparatorios serán controlados al examinar el acto definitivo. Así lo ha
colegido la Sección Quinta en diversas oportunidades en las que ha controlado los actos que precedieron a la elección cuando
estudia los cargos de la demanda que se presenta contra la designación”.
3
ARTÍCULO 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En
elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o
irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El
demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el
acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante
la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.
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Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014.
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Por lo anterior, se debe precisar que el alegato relacionado con la declaratoria de
elección, la asignación de curules y la expedición de credenciales podrían
efectuarse con fundamento en un orden distinto al establecido por el voto
ciudadano, no constituye un perjuicio irremediable, pues al momento en que se
había presentado la demanda de tutela ya se habían expedido los actos
administrativos definitivos relacionados con la elección para el Senado de la
República y la asignación de curules y la expedición de credenciales son actos
posteriores a los escrutinios y que constituyen una consecuencia de los actos que
declararon la elección.

En consecuencia, no se puede considerar que este argumento demuestre una
amenaza pronta a suceder o un perjuicio grave, que amerite la adopción de medidas
para restablecer algún derecho al demandante, más aún cuando se ejerció el
mecanismo constitucional cuando se tenía pleno conocimiento de los resultados de
la contienda electoral y los candidatos que conformaban la lista cerrada del Pacto
Histórico que obtuvieron una curul.

Aunado a lo anterior, se reitera que el medio de control de nulidad electoral es el
mecanismo idóneo y eficaz para resolver las inconformidades mencionadas por el
señor Dagoberto Quiroga Collazos respecto de la conformación de la lista cerrada
del Senado de la República por el Pacto Histórico, en el cual existe la posibilidad de
solicitar la suspensión provisional como medida cautelar regulada en los artículos
229, 231 y 277 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, esta Sala considera que
en el presente asunto no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable
ni la procedencia de la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.

En ese orden de ideas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto el accionante contó con la posibilidad de ejercer
el medio de control de nulidad electoral, con el fin de cuestionar la conformación de
la lista cerrada al Senado de la República por el Pacto Histórico y la elección de
aquellos que conformaron la mencionada lista.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 13 de abril de 2026 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 13 de abril de 2026, dictada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las
razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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