Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00228-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2026-00228-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00228-01
Accionante: Edilberto Calderón González
Accionados: Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá y Otra
Tema: Derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital,
pago de pensión de jubilación. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Edilberto Calderón
González, en nombre propio, en contra de la sentencia del 14 de abril de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por
el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Administradora Colombiana
de Pensiones-Colpensiones con la providencia del 14 de abril de 2026 en el proceso
de acción de tutela, al que se le asignó el radicado número 25000-23-15-000-2026-
00228-00
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante la Resolución 009362 del 30 de diciembre de 1994 fue reconocido
como beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud del Ministerio
de Salud, y la Nación y el Distrito Capital asumieron la deuda correspondiente en el
96,97% y 3,02% respectivamente y en julio de 2002 completó 20 años de servicio,
por lo cual, el 1o de noviembre de ese mismo año se le reconoció pensión de
jubilación por parte de por un Agente Interventor de la Superintendencia Nacional
de Salud.
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Del año 2002 al 2017, el Estado debió continuar realizando los aportes necesarios
para completar 1.841 semanas, pero esta obligación no se refleja adecuadamente
en sus semanas cotizadas. Así mismo, Colpensiones no registró el aporte de
diciembre de 1994 en la historia laboral, presuntamente para evitar la aplicación del
artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el aumento del 15,6 % en la tasa de reemplazo.
Además, se indicó que fueron incluidos registros de supuestos aportes a nombre
del Centro Hospitalario San Juan de Dios (1995–2001) y de la Fundación San Juan
de Dios (2002–2006), a pesar de que para ese tiempo ya se había reconocido al
demandante una pensión de jubilación convencional vitalicia.
El 24 de marzo de 2021, Colpensiones radicó un proceso de lesividad en su contra,
basándose en el reconocimiento de solo 1.132 semanas cotizadas, buscando la
devolución de mesadas pensionales pagadas al aquí accionante; el cual se tramita
en el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá.
Considera que la admisión del proceso de lesividad genera descuentos que afectan
gravemente su mínimo vital y dignidad, en especial, por su condición de adulto
mayor y sujeto de especial protección constitucional, ya que cuenta con 70 años a
la fecha.
PRETENSIONES
Solicitó, que se tutelen sus derechos fundamentales invocados y se ordene:
«1. Al Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá, efectuar la vinculación del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como litisconsorte necesario al proceso
de lesividad identificado con el número 11001-33-35-019-2021-00084-00, con el
objeto de que certifique los giros de su pasivo entre 1982 y 2017.
2. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones -, que realicen el cruce de cuentas necesario para
garantizar el pago del 100 % de la mesada pensional de jubilación vitalicia, con base
en sus 35 años de servicios y aportes acreditados entre 1982 y 2017, asumiendo
Colpensiones el 80 % y el Fondo el 20 %.
3. Ordenar la devolución de los aportes efectuados entre el 1.º de junio de 2015 al
31 de agosto de 2019, debidamente indexados.
4. Compulsar copias en contra de la abogada Angélica Cohen Mendoza, por
eventual fraude procesal y por la modificación de la historia laboral.»
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de marzo de 2026, se admitió la demanda, se notificó a las autoridades
accionadas y se vinculó al Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente (ESE),
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Superintendencia Nacional de Salud y Fondo del Pasivo Prestacional del Sector
Salud, como terceros interesados en el asunto.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá, refirió que el proceso de
lesividad fue inicialmente recibido en marzo de 2021, pero se declaró la falta de
competencia y se remitió a los juzgados laborales. Posteriormente, tras un conflicto
de competencia entre despachos, la Corte Constitucional en marzo de 2022
determinó que el caso debía ser conocido por el Juzgado 19 Administrativo de
Bogotá, que recibió el expediente en junio de 2025.
Luego, en septiembre de 2025 se inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en
octubre del mismo año, y finalmente, admitida y notificada en febrero de 2026; refirió
que actualmente el proceso se encuentra activo, que ese despacho no ha incurrido
en mora judicial y desarrolla su actividad con la garantía del debido proceso.
Colpensiones argumentó que la acción de tutela es improcedente por ser un
mecanismo subsidiario, ya que el accionante dispone de vías administrativas y
judiciales adecuadas para discutir su pensión. Señala que no se evidencia
vulneración actual o inminente de derechos fundamentales ni un perjuicio
irremediable que justifique la tutela, y que ser adulto mayor no la hace procedente
automáticamente.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que la acción de tutela es
improcedente en su contra y que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya
que no es responsable del reconocimiento y pago de mesadas pensionales, ni de la
corrección de la historia laboral, funciones que corresponden a Colpensiones o al
empleador según la Ley 100 de 1993.
También afirma que no se cumple el requisito de subsidiariedad, porque el
accionante dispone de otros mecanismos judiciales adecuados y no se ha
demostrado un perjuicio irremediable.
Además, señala que no ha vulnerado derechos fundamentales, ya que no se han
presentado solicitudes ante esa entidad ni se ha pedido la emisión de bono
pensional por parte de Colpensiones.
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia del 14 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues se presentó
paralelamente al proceso de lesividad, que se encuentra en curso.
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Señaló el Tribunal, que las pretensiones solicitadas deben resolverse dentro del
proceso original, que no es dable al juez constitucional emitir pronunciamiento sobre
lo pedido, porque estaría desconociendo las competencias del juez natural.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia al considerar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no aplicó el principio «Iura Novit Curia» frente a hechos que, según
él, fueron omitidos; de igual manera, que el Ministerio de Hacienda omitió el «Bloque
de legalidad» al no tener en cuenta los artículos 61 al 64 de la Ley 715 de 2001, y
que, de haberlos cumplido, se habría garantizado el pago de su pensión.
Trae a colación la cosa juzgada, citando una sentencia del Consejo de Estado de
10 de mayo de 2007, afirmando que esta decisión protege su derecho de forma
definitiva y desvirtúa de manera categórica la decisión del Tribunal; así mismo,
expone que «el impago si constituye perjuicio irremediable…». Y otros alegatos que
no resultan coherentes ni comprensibles.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala decidir en segunda instancia sobre la tutela solicitada, para
lo cual abordará los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II)
requisito de subsidiariedad; y III) análisis del caso concreto
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad
Al respecto, en el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 se señala
como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de competencias delineada
en la Constitución Política.
Por lo tanto, la exigencia de la subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela; frente a eso la Corte Constitucional
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estableció que se deben cumplir las siguientes exigencias que: a) el actor no
disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados o b) existiendo otro medio de defensa judicial,
se presente uno de dos eventos: i) que el mecanismo no sea idóneo o eficaz para
el amparo de los derechos afectados o ii) que la tutela se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable 1.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante considera que la admisión y trámite de una demanda de
lesividad interpuesta por Colpensiones en su contra, en la que se argumenta que
no tiene los requisitos para la pensión y que debe devolver las mesadas que la han
sido pagadas desde el reconocimiento, vulnera sus derechos fundamentales.
La primera instancia declaró improcedente la acción, por el carácter subsidiario del
mecanismo constitucional, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de acudir a
otros medios defensa, y que las pretensiones aquí expresadas debe resolverlas el
Juzgado donde se tramita el proceso referido por el señor Edilberto Calderón
González.
Esta Sala comparte la providencia de primera instancia, pues es cierto que el
demandado en el proceso de lesividad, aquí accionante, puede ejercer su derecho
de defensa en dicho proceso y que es al Juzgado donde se tramita, a quien le
corresponde definir si se debe vincular o no a las entidades cuya vinculación se
pretende y cualquier otra petición relativa a dicho asunto.
Al respecto, conviene aclarar que el ordenamiento jurídico asigna competencias a
las diferentes autoridades judiciales y las que corresponden al Juez de tutela están
limitadas por las de otras autoridades, de manera que no le está dado al juez
constitucional intervenir en asuntos que se tramitan ante ellas.
En este caso, no se observa siquiera que el accionante haya elevado alguna
petición al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, y que esté
pendiente de resolver, por lo que no es pertinente examinar alguna presunta mora
judicial ni otra circunstancia que pudiera generar la vulneración de algún derecho
fundamental de los invocados.
En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por la Subsección b de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
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Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
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Rad icad o: 25000-23-15-000-2026-00228-01
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 14 de abril de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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