RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00231-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00231-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00231-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 16 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00231-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 16 de
abril de 20261 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo constitucional

Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas interpusieron acción de tutela2 con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad material, a la dignidad humana
y a la protección de los derechos de los niños. Consideraron que tales prerrogativas
resultaron vulneradas con ocasión del amparo de pobreza decretado en el marco del
proceso 25899-33-33-001-2023-00568-00 por el Juzgado Primero Administrativo de
Zipaquirá, así como por la presunta sustracción de un archivador que contenía la totalidad
de los documentos que pretendían hacer valer como material probatorio en dicho litigio.

1.2. Hechos

1.2.1. Mónica Álvarez Cortés y Juan Carlos Pimentel Salinas manifestaron que fueron
despojados de su vivienda ubicada en Chía y que, desde el 5 de abril de 2024, han tenido
que residir en “paga diarios” 3 en la ciudad de Bogotá. Indicaron que su caso se encuentra

1 Obra en el certificado 703056BD7CCB55C1 7479D558A2D8FF32 DC6993DC8D473046 2499BD47B140E1D3,
índice 23 del expediente 25000-23-15-000-2026-00231-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Obra en el archivo DEMANDA_26_3_2026, 10_42_11 a. m del certificado CB596154636810A4

D092D48296577FD9 9FF5B87FB5D43512 309156D722863AC2, índice 2, ibid.
3 Folio 2, ibid.

2
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el radicado 110539.
Asimismo, señalaron que, en el marco de una diligencia de desalojo del inmueble,
funcionarios que actuaban en cumplimiento de un mandato judicial les sustrajeron un
archivador que contenía la totalidad de los documentos que pretendían hacer valer como
prueba.

Por la anterior razón, interpusieron una denuncia 4 ante la Fiscalía Segunda Local de
Zipaquirá, identificada con el NUNC 110016099149202415160. No obstante, el
archivador no ha sido recuperado, en la medida en que la investigación correspondiente
se encuentra inactiva.

1.2.2. Con ocasión de los referidos hechos, solicitaron el reconocimiento de amparo de
pobreza5 y la designación de un defensor de oficio, con el propósito de interponer una
demanda de reparación directa contra la Alcaldía Municipal de Chía, al manifestar que
integran una familia en condición de vulnerabilidad.

1.2.2.1. El 4 de diciembre de 2023 6 , el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá
concedió el amparo de pobreza y designó como curador ad litem al abogado Jonathan
Merchán Rojas y, como suplente, al abogado Carlos Ernesto Castañeda Arévalo.

1.2.2.2. Mediante auto del 20 de septiembre de 2024 7 , la referida autoridad judicial
requirió al abogado Jonathan Merchán Rojas, luego de que, pese a haber aceptado el
cargo de curador ad litem, la parte actora informara sobre su abandono del asunto.
Posteriormente, tras recibir la respuesta del profesional del derecho, en providencia del
22 de noviembre de 2024 8 se dispuso correr traslado a los interesados y reiterar el
requerimiento al citado apoderado.

4 Obra en el archivo PRUEBA_26_3_2026, 10_43_30 a. m.. del certificado CB596154636810A4
D092D48296577FD9 9FF5B87FB5D43512 309156D722863AC2, índice 2, ibid.
5 Obra en el certificado B8E6E1E95F2C9BAE 159ACB0B4E2C82F0 6419E093351B4A6E 87E5C353AF61B217,

índice 1 del expediente 25899333300120230056800 de los Juzgados Administrativos de Zipaquirá.
6 Obra en el certificado 0DFCC5ADD99C9F8A FE9A44F7F92D1698 B42ED839A63DAAC2 58AB283D41E8C4F6,

índice 4, ibid.
7 Obra en el certificado BDCBB242CD5A00C0 892E11B29BBE8D5A 276E966760D0234B 4E83C68E645F2F24,

índice 9, ibid.
8 Obra en el certificado 5A99D87DE2BA62EB 4B2543504A8B6FDB 3D6EF9F3892F5FFA 66F889400CA9D6E3,

índice 13, ibid.

3
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

1.2.2.3. Surtido el trámite anterior, mediante providencia del 19 de diciembre de 20249 se
relevó del cargo al abogado Jonathan Merchán Rojas, se ordenó compulsar copias y se
designó al profesional del derecho Carlos Ernesto Castañeda Ravelo.

1.2.2.4. Posteriormente, el 28 de abril de 202610, con ocasión del memorial presentado
por Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, en el que informó sobre un posible conflicto de
intereses derivado de la tutela 25000-23-15-000-2026-00231-00 —esto es, la
actualmente examinada—, se corrió traslado a los interesados para que, si lo estimaban
pertinente, se pronunciaran al respecto.

1.2.2.5. Como consecuencia, el 15 de mayo de 202611, el Juzgado Primero Administrativo
de Zipaquirá dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de relevo presentada por el abogado Carlos
Ernesto Castañeda Ravelo, en su calidad de curador ad litem designado dentro del
presente trámite de amparo de pobreza, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: ACLARAR que la fecha correcta del memorial presentado por el
abogado Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, al que se hizo referencia en el auto del
28 de abril de 2026, corresponde al 5 de septiembre de 2025 y no al 5 de septiembre
de 2026, como allí se indicó por error involuntario.

TERCERO: REQUERIR a la señora Mónica Álvarez Cortes y al señor Juan Carlos
Pimentel para que, dentro del término de diez (10) días, contado a partir de la
notificación de esta providencia, presten la colaboración necesaria al abogado Carlos
Ernesto Castañeda Ravelo, en su calidad de curador ad litem, suministrándole la
información y los documentos que tengan a su alcance y que guarden relación con
los hechos por los cuales pretenden promover el medio de control de reparación
directa.

CUARTO: ADVERTIR a los beneficiarios del amparo de pobreza que la concesión de
dicha figura no los releva de su deber de colaboración con el profesional designado,
por lo que deberán atender oportunamente sus comunicaciones, mantener
actualizados sus datos de contacto y suministrar información completa, veraz y
organizada sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo, sin que ello
implique trasladarles cargas técnicas propias de la representación judicial.

QUINTO: REQUERIR al abogado Carlos Ernesto Castañeda Ravelo para que,
vencido el término concedido a los solicitantes, adelante, dentro del marco de su
autonomía profesional, las gestiones que estime procedentes para definir el curso de
la actuación encomendada, sin perjuicio de los deberes de diligencia, comunicación
y orientación que le corresponden como curador ad litem designado judicialmente.

9 Obra en el certificado 7727157D3C7CBC9F 24CA1DF129DA96CE D2B278C3F1134D78 AEA05A4412BA9DF3,
índice 19, ibid.
10 Obra en el certificado 46325A0BF279EE09 A1CAAA505892CA96 D1BAA76C51BB5093 A1579BDDACDC9E7B,

índice 30, ibid.
11 Obra en el certificado 34905FB332C72092 48A0A525002C10CA 6CA3CAF1E9904BD3 5FB942F91A62BC16,

índice 39, ibid.

4
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

SEXTO: ORDENAR al abogado Carlos Ernesto Castañeda Ravelo que, dentro de los
quince (15) días siguientes al vencimiento del término concedido a los solicitantes,
rinda informe al Despacho sobre las gestiones adelantadas para el cumplimiento del
encargo, las comunicaciones sostenidas con los beneficiarios del amparo de
pobreza, la información recibida y el estado de la actuación encomendada.

SÉPTIMO: ADVERTIR al curador ad litem que la designación efectuada comporta
el deber de asumir de manera diligente, activa y técnica el encargo conferido, sin
perjuicio de que pueda informar oportunamente al Despacho cualquier circunstancia
objetiva, sobreviniente e insuperable que impida su cumplimiento.

OCTAVO: ADVERTIR a los intervinientes que, en caso de evidenciarse el
incumplimiento injustificado de las cargas de colaboración, comunicación o gestión
derivadas de esta providencia, el Despacho podrá adoptar las medidas procesales,
disciplinarias o de dirección que resulten pertinentes.

NOVENO: Por Secretaría, comuníquese esta providencia al abogado Carlos Ernesto
Castañeda Ravelo y a los solicitantes Mónica Álvarez Cortes y Juan Carlos Pimentel,
a los correos electrónicos y canales de contacto que obren en el expediente”12.

1.3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora sostiene que sus derechos fundamentales se vieron afectados por las
siguientes razones:

1.3.1. Luego de que el primer curador ad litem no realizara ninguna actuación procesal y
de que el abogado Carlos Ernesto Castañeda Ravelo fuera designado en el cargo, este
se comunicó con los demandantes y les indicó que Mónica Álvarez Cortés debía solicitar
directamente las pruebas ante la Alcaldía de Chía. Tal circunstancia implicó una
transferencia de la carga procesal, sin tener en cuenta que ella carece de formación
jurídica y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

Lo anterior, en razón de que Juan Carlos Pimentel Salinas es una persona con
discapacidad mental, mientras que Mónica Álvarez Cortés es una mujer cabeza de
familia, responsable del sostenimiento económico del hogar mediante la venta ambulante
y sin capacidad económica para contratar asesoría jurídica. Asimismo, refirieron que sus
hijos menores de edad fueron separados de su custodia por orden judicial.

De esta manera, consideraron que instruir a la familia para que realizara personalmente
gestiones procesales de carácter técnico ante entidades ubicadas en un municipio

12 Folios 9 – 10, ibid.

5
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

distinto al de su residencia no resultaba una directriz razonable, pues condujo a la
inactividad procesal, al vencimiento de términos y a la imposibilidad de estructurar la
demanda de reparación directa.

1.3.2. En relación con la sustracción del archivador, se indicó que, durante la diligencia
de desalojo del inmueble, se designó al personero municipal de Chía como garante de
los bienes de la familia. Bajo esa custodia, desaparecieron los documentos y varios
bienes del hogar, entre ellos fotografías del cerramiento ilegal, trámites adelantados en
ejercicio del derecho de petición y la orden del IDUVI a la Policía Ambiental, entre otros.

Se precisó que dichos documentos y bienes nunca fueron entregados formalmente a la
familia y que la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá no ha adelantado una investigación
efectiva al respecto.

1.4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA — SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE CADUCIDAD. Que este Honorable
Tribunal ordene la suspensión del término de caducidad de la acción de reparación
directa — Radicado 25899333300120230056800 — mientras persistan las causas
de imposibilidad material imputables al Estado: inacción de abogados de oficio, hurto
de pruebas sin investigar, y daño continuado. La suspensión debe mantenerse hasta
que (a) la Fiscalía recupere el archivador con los documentos sustraídos o certifique
su irrecuperabilidad, y (b) el nuevo abogado de oficio haya solicitado y recibido la
prueba trasladada de las entidades correspondientes.

SEGUNDA — ORDEN A LA FISCALÍA DE RECUPERAR EL ARCHIVADOR. Que
este Honorable Tribunal ordene a la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá — NUNC
110016099149202415160 — activar inmediatamente la investigación por el hurto del
archivador sustraído el 5 de abril de 2024 bajo custodia judicial en la Carrera 14G
No. 9-04 de Chía, y realizar todas las diligencias necesarias para recuperar el
archivador con la totalidad de los documentos y folios contenidos en él. La Fiscalía
debe rendir informe al Tribunal dentro de los 10 días siguientes sobre las medidas
adoptadas y el resultado de las diligencias.

TERCERA — ORDEN AL JUZGADO DE ZIPAQUIRÁ. Que este Honorable Tribunal
ordene al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá designar inmediatamente un
nuevo abogado de oficio con orden expresa de posesionarse y realizar la primera
actuación procesal dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, bajo
apercibimiento de compulsación de copias disciplinarias. Asimismo, que el juzgado
deje constancia expresa en el expediente de las cuatro causas de suspensión de
caducidad documentadas.

CUARTA — ORDEN A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Que este Honorable
Tribunal ordene a la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá supervisar activamente

6
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

la actuación del nuevo abogado de oficio designado e informar al Tribunal cada 15
días sobre las actuaciones realizadas, hasta que se interponga la demanda de
reparación directa.

QUINTA — ORDEN A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA. Que este Honorable
Tribunal ordene a la Personería Municipal de Chía rendir informe detallado sobre (a)
su actuación como garante judicial el 5 de abril de 2024, (b) el inventario de bienes
que tomó bajo su custodia, (c) el paradero del archivador y los documentos
sustraídos, y (d) las razones por las cuales los bienes de la familia no fueron
entregados directamente sino dejados en poder de un tercero, obligando a la familia
a pagar para recuperarlos.

SEXTA — PRUEBA TRASLADADA. Que este Honorable Tribunal ordene como
prueba trasladada para el proceso de reparación directa copia de todos los
documentos relacionados con la ocupación ilegal del espacio público en la Carrera
14G entre calles 9 y 9a de Chía que reposen en los archivos de: (a) Alcaldía Municipal
de Chía, (b) Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chía — IDUVI, (c) Policía
Ambiental de Cundinamarca, (d) Personería Municipal de Chía, y (e) Iluminaciones
de la Sabana S.A.S.

SÉPTIMA — CONSTANCIA PARA LA CIDH. Que la presente decisión — y su
cumplimiento o incumplimiento — sea reportada por los accionantes a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos — Radicado N.° 110539, caso Familia
Pimentel Álvarez vs. República de Colombia, como hecho nuevo en el expediente
activo.”13.

2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1. Mediante auto del 26 de marzo de 2026 14 , el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados,
al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, a la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá,
a la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá y a la Personería Municipal de Chía; y, en
calidad de terceros con interés, a la Alcaldía Municipal de Chía, al Instituto de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Chía – IDUVI, a la Policía Ambiental de Cundinamarca, a la
empresa de Iluminaciones de la Sabana S.A.S. y a Carlos Ernesto Castañeda Arévalo15.

2.2. La parte demandante solicitó como medida cautelar16 la suspensión del conteo del
término de caducidad para interponer la demanda de reparación directa, así:

13 Folios 6 – 7 del archivo DEMANDA_26_3_2026, 10_42_11 a. m. del certificado CB596154636810A4
D092D48296577FD9 9FF5B87FB5D43512 309156D722863AC2, índice 2 del expediente 25000-23-15-000-2026-
00231-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
14 Obra en el certificado 623AB12E67CE111A C54A52D92DB6D7F6 289BE1262FF452C9 40A3767195AD071B,

índice 4, ibid.
15 Los soportes de notificación obran en el índice 7, ibid.
16 Obra en el certificado 6063F7227CE71CDE 3833B62FF9CEFB50 1DA4A0E2BA3040F0 F040BCC84E46041E,

índice 8.

7
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

“Con fundamento en el artículo 7.° del Decreto 2591 de 1991, los accionantes
solicitamos al Honorable Tribunal ordenar, como medida cautelar urgente e
inmediata, lo siguiente:

Ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá que, a partir de la
notificación de la presente medida cautelar y hasta tanto este Honorable Tribunal no
disponga lo contrario, suspenda el conteo del término de caducidad de la acción de
reparación directa radicada bajo el número 25899333300120230056800, dejando
constancia expresa de dicha suspensión en el expediente, habida cuenta de que el
inminente vencimiento de dicho término es consecuencia exclusiva de omisiones
imputables al Estado colombiano y no a los accionantes.

La medida cautelar debe mantenerse vigente hasta que se cumplan, de manera
acumulativa, las siguientes condiciones:

Primera condición: El nuevo abogado de oficio que designe el juzgado se haya
posesionado y haya realizado al menos una actuación procesal efectiva en el
expediente.

Segunda condición: La Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá haya certificado ante el
Tribunal el estado de la investigación NUNC 110016099149202415160 y haya
informado si el archivador con las pruebas es recuperable o definitivamente
irrecuperable.

Tercera condición: El nuevo abogado de oficio haya solicitado y recibido la prueba
trasladada de las entidades correspondientes — Alcaldía de Chía, IDUVI, Policía
Ambiental y Personería Municipal de Chía”17.

2.3. El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía —IDUVI—18
manifestó que la parte actora no especificó el radicado bajo el cual habría presentado
peticiones ante la entidad. Indicó que, tras realizar la correspondiente verificación en sus
bases de datos, no encontró documentos relacionados con los hechos expuestos.
Adicionalmente, sostuvo que carece de competencia para suspender los términos de
caducidad de una acción contencioso-administrativa, así como para atender las demás
pretensiones formuladas, por lo que solicitó su desvinculación del trámite.

2.4. La Personería Municipal de Chía19 informó que, frente a las peticiones elevadas por
la parte actora, dio respuesta el 26 de junio de 2024, en el sentido de que debía proceder
con el retiro de sus bienes y enseres en la bodega indicada, por lo que consideró
acreditada una gestión continua y diligente en la salvaguarda de sus intereses. Asimismo,
puso en conocimiento que el delegado del Ministerio Público que acompañó la diligencia
recibió amenazas por parte de Juan Carlos Pimentel Salinas, al punto de presentar

17 Folio 3, ibid.
18 Obra en el certificado 6CF73364A9BDBC08 CDFE6B31454D49C8 28B87CC58025658A E193EE6E01BAE59B,
índice 9.
19 Obra en el certificado C4F0814697F2C228 E99E8AF6ED036A0E 584AF052B5E11E43 48241D32C6AF1608, índice

10.

8
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de injuria y calumnia. Con
fundamento en lo anterior, afirmó que el hurto del archivador no ocurrió, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y sostuvo que no se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable.

2.5. La Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá20 manifestó que no encontró registro
que acredite que los actores hubieran acudido ante la entidad para solicitar asesoría u
orientación en relación con los hechos descritos en la demanda de tutela. Asimismo,
indicó que la designación, posesión, vigilancia disciplinaria y control de los abogados de
oficio en los procesos judiciales corresponde exclusivamente al despacho que los
nombra, mientras que el control disciplinario es competencia del Consejo Superior de la
Judicatura y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En consecuencia, solicitó su
desvinculación, al considerar que no existe mérito para imputarle vulneración alguna de
derechos fundamentales.

2.6. El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá 21 , tras rendir informe sobre las
actuaciones adelantadas en relación con la solicitud de amparo de pobreza, consideró
que no existe sustento para afirmar la vulneración de alguno de los derechos
fundamentales invocados, en la medida en que sus decisiones han garantizado las
prerrogativas superiores de los interesados y se han adoptado conforme a las
particularidades del caso.

2.7. El abogado Carlos Ernesto Castañeda Ravelo 22 desmintió que, desde el 12 de
febrero de 2025, no hubiera realizado actuación alguna. Señaló que el 11 de febrero de
2025 la actora le informó que había solicitado la práctica de pruebas que serían remitidas,
por lo que estimó que, a partir de ese momento, la carga de actuar recaía en ella. En su
criterio, dicha circunstancia también desvirtúa la alegada incapacidad de gestión de la
interesada. Adicionalmente, indicó que nunca recibió las pruebas acordadas, cuya
tramitación estaría a cargo de la accionante. Precisó que la comunicación se interrumpió
por la pérdida de contacto con la demandante, quien no volvió a responder por ninguno
de los canales habilitados.

20 Obra en el certificado 6294764CE5C2684E 9072F69C912D7551 7906198D7A0BB2EF 5B31D65E5EC44D5F,
índice 11.
21 Obra en el certificado 4CC3FC00706C9D8E C979F21346BF93E4 279913B8018C5013 0D5C20C1563F076D,

índice 12.
22 Obra en el certificado 95E4544ACBCC743B 32235821D90F5AC5 A4CBDB2F48396E4B 79D2B094E24BF085,

índice 13.

9
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

2.8. La parte demandante 23 aportó comunicaciones provenientes del IDUVI y de la
Inspección de Policía Urbanística y Ambiental, las cuales fueron recuperadas con
posterioridad a la interposición de la acción de tutela, al encontrarse almacenadas en un
dispositivo de memoria digital. Con dichos documentos, pretendió evidenciar la
contradicción en la que habrían incurrido las referidas entidades en sus respuestas, lo
que, a su juicio, demuestra bien que la información fue eliminada o suprimida del sistema
de gestión documental, o que la búsqueda realizada resultó insuficiente o superficial.

Sumado a lo anterior, sostuvo que se encuentra ante un daño continuado que se ha
ocasionado desde el año 2015, razón por la cual el término de caducidad de la acción de
reparación directa no puede contabilizarse desde esa fecha, sino desde el momento en
que cese la conducta. Asimismo, advirtió sobre una posible revictimización y
criminalización en su contra.

2.9. La Defensoría del Pueblo – Regional Cundinamarca 24 manifestó que no tiene
conocimiento directo de los hechos narrados en la acción de tutela y que el cumplimiento
de las pretensiones formuladas es ajeno a sus competencias, en particular en lo relativo
a la designación de abogados de oficio. En consecuencia, solicitó que se declare su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

2.10. El municipio de Chía25 manifestó que no vulneró derecho fundamental alguno y que
carece de competencia para ejecutar las pretensiones formuladas, razón por la cual
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.11. La parte accionante presentó un memorial de contradicción26 mediante el cual, en
relación con el IDUVI, sostuvo que quedó plenamente demostrado que lo afirmado por
dicha entidad carecía de veracidad, en tanto acreditó la existencia de la petición con
radicado 20150000100653. Asimismo, afirmó que la Personería Municipal de Chía
adoptó una postura similar, al indicar que las víctimas del daño no cuentan con pruebas.

23 Obra en el certificado 6A85FAFEBB7A4385 BB5B1D654AC3BBFF CCC28DF6C316EF43 A4AE36E01128D6C2,

índice 14.
24 Obra en el certificado 19E71964AC2F70A9 9631AE254D570E31 1B64664438583FD7 A4DFDB49EE04B5FB,

índice 15.
25 Obra en el certificado 0E3E23F85B660544 DCCBFFDFB0AB2411 175676E1156BC0A2 9843FBA7F6B785C4,

índice 16.
26 Obra en el certificado CA01387421400A35 1F24135E69C38FB7 1E41388B14501181 4F76B1DEC81D1F06, índice

17.

10
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

También enfatizó que la interposición de una denuncia por parte de un funcionario de la
Personería Municipal de Chía materializó su advertencia en el sentido de que sus
actuaciones serían objeto de criminalización.

En relación con la contestación del Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, aclaró
que, si bien la descripción de las actuaciones procesales efectuadas por ese despacho
es correcta, no se abordó la ausencia del resultado esperado. En efecto, transcurridos 22
meses desde la concesión del amparo de pobreza, ningún abogado ha interpuesto la
demanda de reparación directa prevista, razón por la cual atribuyó dicha situación al
Estado y al abogado Carlos Ernesto Castañeda Arévalo.

Por otro lado, recordó que, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Política
y el artículo 9 de la Ley 24 de 1992, la Defensoría del Pueblo tiene la función de interponer
acciones de tutela en nombre de las personas en situación de indefensión. En ese
sentido, requirió expresamente lo siguiente:

“Primera. Requerir a la Personería Municipal de Chía — en la persona de su
representante legal DANIEL ALEXANDER MOYANO PEÑA y del funcionario JUAN
SEBASTIÁN CALA CASTAÑEDA — para que en el término de veinticuatro (24) horas
se ratifiquen bajo la gravedad del juramento en cada una de las afirmaciones
contenidas en su contestación del 06 de abril de 2026, conforme a lo descrito en la
Sección III del presente memorial.

Segunda. Valorar como indicio grave de criminalización la querella penal por injuria
y calumnia — NUNC 25175600039020241220 — interpuesta por el funcionario JUAN
SEBASTIÁN CALA CASTAÑEDA contra los accionantes, habida cuenta de que ese
mismo funcionario es quien acompañó la diligencia cuestionada, suscribió el acta de
la misma, y figura simultáneamente como querellante penal contra quienes
denuncian esos hechos.

Tercera. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá que informe el
estado actual de las actuaciones del abogado CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA
ARÉVALO desde su posesión el 12 de febrero de 2025, las medidas adoptadas por
el despacho ante su inacción de más de trece meses, y el cronograma para la efectiva
interposición de la demanda de reparación directa.

Cuarta. Exhortar a la Defensoría del Pueblo — Regional Bogotá para que evalúe el
ejercicio de su función constitucional de interposición de acciones de tutela y
representación judicial en favor de la familia Pimentel Álvarez, dada su condición de
sujeto de especial protección constitucional múltiple y acumulada.

Quinta. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación para que investiguen si la querella penal interpuesta por el
funcionario de la Personería contra los accionantes constituye una maniobra de
obstrucción al ejercicio de derechos fundamentales y de intimidación procesal en
perjuicio de sujetos de especial protección constitucional.

11
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

Sexta. Tener presente que los accionantes cuentan con acervo probatorio
debidamente custodiado fuera del territorio colombiano, cuya existencia ha sido
notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del
Expediente N.° 110539, y que ese acervo será aportado en el momento y canal que
ofrezcan garantías procesales independientes de la Fiscalía General de la Nación”27.

2.12. En escrito adicional, la parte demandante28 cuestionó las actuaciones del abogado
designado como su curador, al afirmar que tenía la obligación de brindarle representación
técnica, sin que el hecho de que su cliente no pudiera o no supiera colaborar en la gestión
extinguiera dicho deber. Asimismo, reprochó que no hubiera presentado ningún escrito
frente a las entidades vinculadas y sostuvo que, de haberlo hecho, habría encontrado
pruebas como la orden de recuperación del espacio público de 2015, entre otros
documentos, los cuales también fueron hallados por los accionantes y a partir de los
cuales, en su criterio, la demanda de reparación directa ya podía estructurarse.

Por otro lado, reiteró que su imposibilidad para allegar pruebas se relacionó con la
sustracción de su archivador y con las barreras institucionales que, en su criterio, le han
sido impuestas. Asimismo, sostuvo que la existencia de un dominio de internet mediante
el cual intentó iniciar la venta de empanadas no constituye prueba suficiente de que
contara con los conocimientos empresariales o jurídicos necesarios para desvirtuar su
situación de vulnerabilidad. En este punto, precisó que la acción de tutela fue redactada
con apoyo externo, dado que ningún integrante de su núcleo familiar posee formación
jurídica. En consecuencia, elevó las siguientes solicitudes:

“Primera. Tener por contradicha la contestación del abogado CARLOS ERNESTO
CASTAÑEDA RAVELO con los argumentos expuestos en el presente memorial, y
valorar que su defensa no desvirtúa la inacción procesal de trece meses
documentada en el expediente.

Segunda. Ordenar al abogado CASTAÑEDA RAVELO que informe bajo la gravedad
del juramento cuántas solicitudes de información formuló directamente al IDUVI, a la
Alcaldía Municipal de Chía, a la Policía Ambiental de Cundinamarca y a Planeación
Municipal de Chía durante el tiempo que estuvo a cargo del proceso de amparo de
pobreza — con indicación de fechas, radicados y respuestas obtenidas.

Tercera. Verificar directamente en la base de datos de la Cámara de Comercio que
Alethia SAS no existe como persona jurídica constituida, y valorar en consecuencia
que el argumento de Castañeda sobre la sofisticación empresarial de la accionante
carece de sustento fáctico verificable.

Cuarta. Tener presente que la imposibilidad de Mónica Álvarez Cortés de entregarle
las pruebas al curador no es imputable a negligencia de su parte, sino a la conducta

27 Folios 4 – 5, ibid.
28 Obra en el certificado AAB993A789BF216F E2AE93E68CA13C41 8F6097320298B988 BBB84F48141A9107, índice

18.

12
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

del Estado colombiano que ocultó, hurtó o negó el acceso a esos documentos —
como lo acreditan los memoriales de intervención que obran en el expediente sobre
el IDUVI y la Personería Municipal de Chía.

Quinta. Valorar que la vulnerabilidad múltiple y acumulada de la familia Pimentel
Álvarez — certificada judicialmente mediante el amparo de pobreza concedido por el
mismo juzgado que designó al curador — impone sobre ese curador una diligencia
reforzada que no fue ejercida, y que esa omisión es imputable solidariamente al
Estado que lo designó”29.

2.13. Por último, la parte accionante solicitó30 lo siguiente:

“Frente a la Alcaldía Municipal de Chía

1. Mantener la presunción de veracidad de los hechos afirmados contra la Alcaldía,
pese a su contestación extemporánea, y valorar el antecedente de Andrés Carne de
Res como prueba de discriminación por condición socioeconómica contraria al
artículo 13 de la Constitución Política.

2. Declarar la responsabilidad del Municipio de Chía como persona jurídica de
derecho público por la omisión de sus entidades en ejecutar la orden de recuperación
del espacio público emitida en 2015, con conocimiento institucional acreditado desde
esa fecha.

Frente a la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá

3. Tener por ciertos y definitivamente probados los hechos denunciados contra la
Fiscalía: existencia del NUNC 110016099149202415160, inactividad investigativa de
más de dieciséis meses, e imposibilidad material de los accionantes causada por esa
inacción.

4. Ordenar a la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá que en el término de cuarenta y
ocho horas informe ante este Despacho el estado actual de la investigación bajo el
NUNC 110016099149202415160, con indicación de todas las actuaciones realizadas
desde su radicación el 22 de septiembre de 2024.

Frente a la Policía Ambiental de Cundinamarca

5. Tener por ciertos los hechos afirmados contra la Policía Ambiental: recepción de
la orden del IDUVI, omisión en su ejecución durante más de nueve años, y falla del
servicio imputable al Estado.

6. Ordenar a la Policía Ambiental que informe el estado actual del cerramiento en la
Carrera 14G entre calles 9 y 9a de Chía y las razones por las cuales la orden del
IDUVI de 2015 no fue ejecutada.

Frente al conjunto del expediente

9. Proceder a resolver de fondo con fundamento en los hechos probados por
presunción legal, los documentos aportados en los memoriales de intervención, y las
contradicciones documentadas entre las contestaciones recibidas y la realidad
acreditada en el expediente.

29 Folios 6 – 7, ibid.
30 Obra en el certificado 5149BA34E071F186 CAF089149DC7171A BB724A5C36953575 AF14939FEA929E30, índice

20.

13
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

10. Valorar el patrón de silencio y negación coordinada de nueve entidades
convocadas como evidencia del patrón sistemático de obstrucción al acceso a la
justicia que sustenta las pretensiones de esta tutela y que está siendo documentado
ante los organismos internacionales de derechos humanos. Nueve entidades
convocadas. Ninguna contradicción efectiva de los hechos centrales. Las que
contestaron los negaron sin desvirtuarlos. Las que no contestaron los dejaron
probados por ministerio de la ley. El Estado colombiano, como unidad jurídica, no ha
podido sostener ante este Honorable Tribunal una sola razón válida para que esta
familia siga sin justicia. Ese es el expediente. Esa es la verdad. Y la Constitución
ordena que este Despacho la proteja”31.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de abril de
202632, amparó los derechos fundamentales invocados y dispuso:

“2.º) ORDÉNESE al Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Zipaquirá que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, proceda a dar traslado a las partes del referido proceso del informe
presentado por el apoderado designado por amparo de pobreza y dentro de los cinco
(5) días siguientes al vencimiento del término de dicho traslado, emita la decisión
judicial que corresponda.

3.°) NIÉGUESE el amparo del derecho fundamental de petición, conforme a lo
motivado en esta providencia.

4.°) NIÉGUESE la medida provisional solicitada por la parte accionante, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de este proveído”33.

El a quo constitucional delimitó el litigio a los reproches relativos a la ausencia de una
representación jurídica material y efectiva dentro del proceso con radicado 25899-33-33-
001-2023-00568-00, así como a la presunta inactividad de varias autoridades frente a las
peticiones formuladas por los actores.

Así, respecto de lo primero, señaló que su análisis no debía versar sobre los informes o
las razones de la gestión del abogado, ni sobre si la parte prestó o no la colaboración
necesaria, sino en constatar la existencia de una inactividad prolongada e injustificada
dentro del trámite del amparo de pobreza. En ese sentido, evidenció que dicho proceso
fue archivado el 19 de diciembre de 2024, sin que mediara pronunciamiento judicial que
justificara tal determinación ni decisión expresa que diera cuenta del cumplimiento o del

31 Folios 6 – 7, ibid.
32 Obra en el certificado 703056BD7CCB55C1 7479D558A2D8FF32 DC6993DC8D473046 2499BD47B140E1D3,
índice 23, ibid.
33 Folios 24 – 25, ibid.

14
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

fracaso del objeto perseguido por dicha figura. Esto, pese a que se verificó que la última
actuación correspondió a un informe presentado por el abogado el 5 de septiembre de
2025, sin que, transcurridos seis meses, se hubiera corrido traslado a la parte
demandante.

Por otro lado, consideró que, si bien se afirmó que varias autoridades no habrían dado
respuesta a las solicitudes formuladas por la parte actora, lo cierto es que con la demanda
de tutela no se aportaron los documentos que acreditaran la interposición de dichas
peticiones. Asimismo, aunque obra copia de la denuncia por el delito de hurto, esta resultó
insuficiente para demostrar la ausencia de gestión por parte de la Fiscalía Segunda Local
de Zipaquirá o que los interesados hubieran elevado solicitudes encaminadas a obtener
información sobre sus actuaciones.

4. Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte accionante presentó impugnación 34. Alegó
que no se tuvo en cuenta que, contrario a lo afirmado por el IDUVI, sí existió un escrito
identificado con el radicado 20263000007581, lo que evidenciaría la inexactitud de la
información suministrada por dicha entidad al indicar que en su sistema ORFEO no se
encontró registro alguno. En ese sentido, sostuvo que los documentos aportados
demostraban que la entidad sí tuvo conocimiento del cerramiento ilegal del inmueble.
Finalmente, reiteró que la parálisis procesal no fue atribuible a la familia actora, sino al
Estado.

Estimó que el fallo de primera instancia incurrió en error al no ordenar la remoción de su
abogado y la designación de un nuevo curador, pues consideró que, si la autoridad
judicial demandada decide mantenerlo en el cargo, la situación de inacción se perpetúa
y no existe garantía de que la demanda de reparación directa sea efectivamente
presentada.

Además, sostuvo que se le negó la protección de su derecho fundamental de petición,
sin valorar que las pruebas que reposaban en su archivador fueron sustraídas mientras
se encontraban bajo custodia judicial.

34 El 28 de abril de 2026. Obra en el certificado 79DD4BEB9A738EC4 1C0CF1B912882079 6252B2B8FB3CBF12

EB4379F25A97D4B9, índice 27.

15
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

Asimismo, reprochó que no se hubiera aplicado la presunción prevista en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991 frente al silencio de la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá,
así como que no se hubiera valorado el trato discriminatorio por parte del alcalde de Chía,
dado que, en el caso de Andrés Carne de Res en ese municipio, el propio mandatario
encabezó personalmente operativos de recuperación del espacio público.

También censuró que no se hubiera suspendido el conteo del término de caducidad del
medio de control, ya que este no puede correr eficazmente cuando el titular del derecho
se encuentra en imposibilidad material de ejercer la acción judicial. En este punto, señaló
que el Estado no puede beneficiarse de la imposibilidad generada por él para extinguir el
derecho de acción de la víctima.

En su alzada, indicó haber aportado la comunicación oficial del IDUVI Chía del 17 de julio
de 2015, radicado 2015000010065; la comunicación oficial de la Inspección de Policía
Urbanística y Ambiental de Chía del 3 de diciembre de 2015, n.º 193 IPUA — 2578-15; y
la respuesta oficial del IDUVI dentro de la tutela en primera instancia, radicado n.º
20263000007581 del 27 de marzo de 2026, las cuales, en su criterio, evidencian el
conocimiento institucional del cerramiento ilegal.

Finalmente, solicitó:

“PRIMERA. REFORMAR el fallo de primera instancia en los aspectos que se señalan
a continuación, confirmando en todo lo demás la concesión del amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración
de justicia.

SEGUNDA. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá que, dentro
de los cinco días siguientes a la notificación del fallo de segunda instancia: (i)
remueva del cargo al curador ad-litem Carlos Ernesto Castañeda Ravelo; (ii) designe
un nuevo curador ad-litem con orden de posesionarse dentro de las 48 horas
siguientes; y (iii) fije un plazo máximo de treinta días calendario para la presentación
de la demanda de reparación directa.

TERCERA. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá que
compulse copias disciplinarias contra el doctor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.

CUARTA. CONCEDER el amparo del derecho de petición respecto de las entidades
que guardaron silencio en el proceso de tutela — Fiscalía Segunda Local de
Zipaquirá, Policía Ambiental de Cundinamarca, aplicando la presunción de veracidad
del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y ordenando a dichas entidades responder
formalmente las solicitudes de los accionantes.

16
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

QUINTA. ORDENAR a la Personería Municipal de Chía que, dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del fallo de segunda instancia, se ratifique bajo la gravedad
del juramento en cada una de las afirmaciones contenidas en su contestación del 30
de marzo de 2026 — en particular en la afirmación de que el hurto del archivador
nunca ocurrió — con advertencia expresa de que cualquier incompatibilidad entre
esa ratificación y el acervo probatorio custodiado fuera de Colombia será puesta en
conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Relator
Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición.

SEXTA. ORDENAR a la Fiscalía Segunda Local de Zipaquirá que, dentro de los diez
días siguientes a la notificación del fallo de segunda instancia, active la investigación
bajo el NUNC 110016099149202415160, informe las actuaciones realizadas hasta la
fecha, y rinda informe al Consejo de Estado sobre las medidas adoptadas — con
advertencia de que la omisión continuada será reportada a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como elemento adicional de la violación del
deber de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana.

SÉPTIMA. ORDENAR al IDUVI Chía que, dentro de los diez días siguientes a la
notificación del fallo de segunda instancia, certifique el estado actual del proceso de
recuperación del espacio público en la Carrera 14G entre calles 9 y 9ª de Chía,
iniciado mediante su propia comunicación del 17 de julio de 2015, y las razones por
las cuales dicho proceso no fue ejecutado durante más de once años.

OCTAVA. PRONUNCIARSE sobre el trato discriminatorio del Alcalde Municipal de
Chía documentado en el antecedente de Andrés Carne de Res, como vulneración
del artículo 13 de la Constitución Política en su dimensión de igualdad material frente
a sujetos de especial protección constitucional.

NOVENA. COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación para que investiguen si la respuesta del IDUVI
Chía de fecha 27 de marzo de 2026 configura los delitos de falsedad ideológica en
documento público y fraude procesal, así como la falta disciplinaria gravísima de la
funcionaria firmante — y reportar ese hecho al Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición como elemento del patrón sistemático documentado en el Expediente N.°
110539 ante la CIDH.

DÉCIMA. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Chía que, dentro de los treinta días
siguientes a la notificación del fallo de segunda instancia, adelante las diligencias
necesarias para la recuperación efectiva e integral del espacio público en la Carrera
14G entre calles 9 y 9a de Chía, incluyendo: (i) la demolición o remoción del
cerramiento ilegal instalado por los vecinos de la vía; (ii) la restitución de los andenes
suprimidos; (iii) la recuperación del salón comunal convertido en vivienda particular;
y (iv) la restitución de los jardines y zonas comunitarias usurpadas; todo conforme a
la licencia de urbanismo N.° UN 004 de 1992 y la Escritura Pública N.° 1728 del 31
de diciembre de 1992 que certifican el carácter público de esa vía, y según la orden
que el propio IDUVI emitió en julio de 2015 y que la Alcaldía incumplió durante más
de once años. Esta pretensión no es extrapetita — es la consecuencia directa e
ineludible del amparo del derecho fundamental al espacio público consagrado en el
artículo 82 de la Constitución Política, cuya vulneración continuada el Consejo de
Estado tiene la obligación de cesar en forma inmediata.

UNDÉCIMA. DECLARAR que el término de caducidad de la acción de reparación
directa no ha corrido eficazmente en perjuicio de los accionantes durante el período
comprendido entre el 5 de abril de 2024 — fecha del hurto del archivador bajo

17
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

custodia judicial — y la fecha en que quede en firme el fallo de segunda instancia,
por cuanto durante todo ese período existió una imposibilidad material absoluta de
ejercer la acción imputable exclusivamente al Estado colombiano, en aplicación del
principio impossibilium nulla obligatio est y del principio de no exigibilidad de
conductas imposibles reconocido por el Consejo de Estado y por el estándar
interamericano fijado en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Corte IDH,
1988): el Estado no puede invocar el transcurso del tiempo cuando él mismo fue el
obstáculo que impidió a la víctima actuar dentro de ese término”35.

5. Trámite de la acción de tutela para la segunda instancia

Mediante auto del 6 de mayo de 202636 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3. Cuestión Previa

La Sala observa que, si bien en el auto admisorio de la acción de tutela se ordenó vincular
a Iluminaciones de la Sabana S.A.S., no obra en el expediente la constancia de su
notificación. No obstante, como en el fallo de primera instancia no se impartió orden
alguna en relación con dicha sociedad y la impugnación tampoco se refirió de manera
concreta a sus actuaciones, esta Subsección dispondrá su desvinculación.

35 Folios 8 – 10, ibid.
36 Obra en el certificado C338C3A038281BA4 1A9860AB4B25F0BE BB4F7639F112E201 FF8BFC03C54C82A9,
índice 29.

18
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

4. Verificación de los requisitos de procedibilidad en relación con las actuaciones
surtidas durante el trámite del amparo de pobreza y la designación del curador ad
litem

4.1. La Corte Constitucional, en repetidas ocasiones37, ha indicado que la carencia actual
de objeto se configura cuando, frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela,
cualquier orden emitida por el juez se torna inane. Específicamente, esta figura ocurre
cuando se presenta un daño consumado 38 , un hecho superado 39 o una situación
sobreviniente40.

4.2. En el caso concreto, la parte tutelante imputó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la inacción del curador ad litem designado dentro del proceso con
radicado 25899-33-33-001-2023-00568-00. En consecuencia, tras el correspondiente
análisis efectuado por el juez constitucional de primera instancia, se ampararon tales
derechos y se ordenó al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá continuar con el
trámite respectivo.

Dentro de lo solicitado en la impugnación, la parte demandante requirió la designación
de un nuevo curador y la compulsa de copias respecto del abogado que actualmente
ejerce dicho cargo. No obstante, con posterioridad a la notificación de la sentencia de
primera instancia, la autoridad judicial demandada profirió los autos del 28 de abril de

37 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.
38 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez

no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro.
Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional. M.P. Alexei Julio Estrada.
39 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta
inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las
sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. En lo relacionado con la terminación de la
afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
40 Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección solicitada

no se hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque la nueva situación
no da lugar a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad
de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de
2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P.
Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.

19
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

202641 y del 15 de mayo de 202642, mediante los cuales se pronunció sobre la continuidad
del curador ad litem.

4.3. En consecuencia, resulta palmario que la autoridad judicial demandada ha
desplegado nuevas actuaciones dentro del proceso, lo que impide a este juez
constitucional impartir una orden encaminada a salvaguardar los derechos
fundamentales de la parte tutelante en relación con los reproches formulados frente al
trámite del amparo de pobreza aquí examinado, en tanto dicha medida carecería de
eficacia. Por lo anterior, esta Sala declarará la configuración de una situación
sobreviniente.

5. Verificación de los requisitos de procedibilidad en relación con la supuesta
vulneración del derecho de petición

5.1. De conformidad con la delimitación del litigio realizada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, la solicitud de amparo también versó sobre la presunta inactividad de
varias autoridades frente a las peticiones formuladas por los actores, en especial aquellas
dirigidas a lograr la recuperación de un archivador en el que se encontraban las pruebas
que pretendían emplear para sustentar la demanda de reparación directa.

5.2. Respecto del requisito lógico-jurídico necesario para la procedibilidad de la acción
de tutela, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por el
constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección inmediato,
efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 1º
del Decreto 2591 de 199143. Esta protección “consistirá en una orden para que aqu[e]l
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”.

En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el “amparo
constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación

41 Obra en el certificado 46325A0BF279EE09 A1CAAA505892CA96 D1BAA76C51BB5093 A1579BDDACDC9E7B,

índice 30 del expediente 25899333300120230056800 de los Juzgados Administrativos de Zipaquirá.
42 Obra en el certificado 34905FB332C72092 48A0A525002C10CA 6CA3CAF1E9904BD3 5FB942F91A62BC16,

índice 39, ibid.
43 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.

20
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o
vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”44. Lo anterior, en tanto “(…) para
que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden
lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos
fundamentales existan (…)” 45 , ya que “sin la existencia de un acto concreto de
vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la
cual proteger al interesado (…)”46.

Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de
vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta improcedente.

5.3. Esta Sala encuentra que la demanda tuitiva no invocó explícitamente la vulneración
de su derecho de petición; pese a ello, el juez constitucional de primera instancia examinó
su supuesta violación y la parte accionante, en la impugnación, reprochó la inacción de
varias autoridades, así como pretendió demostrar que estas sí tuvieron conocimiento de
los hechos relacionados con el cerramiento ilegal y la pérdida de su vivienda.

5.4. Entonces, resulta claro que la demanda de tutela no señaló con precisión frente a
cuál solicitud concreta se habría vulnerado el derecho fundamental de petición. Aunque
se aportó copia de la denuncia por el presunto hurto del archivador y, en la impugnación,
se hizo referencia a varios documentos que no fueron anexados, lo cierto es que ninguno
de estos elementos resulta suficiente para acreditar el ejercicio del derecho de petición
encaminado a la recuperación de los documentos extraviados o a la solicitud de
información respecto del trámite de la denuncia.

5.5. En efecto, lo que se logra verificar es que distintas autoridades tuvieron conocimiento
de los hechos que sustentarían la eventual demanda de reparación directa, pero no la
existencia de una solicitud específica que hubiera sido ignorada o resuelta de manera
insuficiente.

5.6. Por lo tanto, resulta evidente que, respecto de las demás entidades demandadas, no
se cumplió con el requisito lógico-jurídico, en la medida en que ni siquiera se precisó cuál

44 Sentencia T-130 de 2014.
45 Ibid.
46 Ibid.

21
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

fue la petición o el trámite frente al cual debía examinarse la eventual vulneración del
núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

5.7. Así mismo, no se dará aplicación a la presunción prevista en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991 frente a las entidades que no contestaron, toda vez que dicha disposición
no exonera a la parte interesada de la carga de demostrar los hechos que pretende hacer
valer. Sin embargo, como ya se indicó, no existió una imputación específica respecto de
alguna actuación que pudiera dar lugar a la vulneración del derecho fundamental de
petición.

5.8. Aunado a lo anterior, respecto de las demás pretensiones formuladas por la parte
accionante en su impugnación, esta Subsección confirmará la decisión del a quo en
cuanto negó la suspensión del cómputo del término de caducidad del medio de control.
Lo anterior, por cuanto se trata de un asunto que deberá ser definido por el juez
contencioso-administrativo al momento de ejercer la correspondiente acción, sin perjuicio
de que, dentro de su argumentación, la parte demandante invoque la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra, con el fin de procurar la flexibilización de dicha
figura.

5.9. Finalmente, esta Subsección se abstendrá de pronunciarse sobre el supuesto
antecedente relacionado con el restaurante Andrés Carne de Res, debido a que no
constituyó un cargo planteado en la demanda de tutela. En caso de que llegue a
considerarse como un precedente vinculante, deberá ser puesto en conocimiento del juez
competente dentro del medio de control de reparación directa.

6. En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo supera los requisitos generales de procedibilidad ya estudiados, razón por la cual,
se modificará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

22
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00231-01
Accionante: Mónica Álvarez Cortés y otro
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y otros

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 16 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.